El Gobierno de Daniel Noboa intentó llevar a cabo una consulta ambiental para el proyecto minero La Plata en las mismas condiciones que provocaron que el proceso fuera suspendido por la Corte Constitucional el año pasado.
La concesión de oro, plata, cobre y zinc se extiende por 2222 hectáreas, en tres parroquias. Las comunidades aseguran que pocas personas fueron convocadas a la socialización del Estudio de Impacto Ambiental.
Expertos de derechos humanos y de la naturaleza denuncian que se violaron varios principios de una consulta ambiental adecuada. Estos desacuerdos habrían provocado enfrentamientos que dejaron al menos un herido de gravedad.
Por Ana Cristina Alvarado / @ana1alvarado
En el centro de los Andes ecuatorianos, en la provincia de Cotopaxi, las parroquias campesinas de Palo Quemado y Las Pampas se han opuesto al proyecto minero La Plata desde hace al menos 15 años. Sin embargo, el 11 de marzo de 2024, el Ministerio de Ambiente inició un proceso de socialización como parte de la consulta ambiental, requisito para la entrega de la licencia ambiental de explotación para oro, plata, cobre y zinc. La falta de convocatoria a pobladores afectados por el proyecto y la presencia de hasta 700 policías y militares desataron enfrentamientos que dejaron a un comunero en estado de coma y a otros 20 heridos. Unos 40 policías y militares también resultaron lesionados.
Expertos en derechos humanos temen que este se convierta en el modelo de consulta ambiental que el Gobierno de Daniel Noboa intenta implementar como política de Estado. “Con personas contratadas por la empresa minera y resguardadas por personal policial justifican los procesos administrativos de consulta”, comenta Patricia Carrión, abogada de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu). Esta organización brinda apoyo legal a Palo Quemado y Las Pampas, pero también a Las Naves, población andina de la provincia de Bolívar, donde la empresa de capital canadiense Curimining busca explotar cobre y oro en la mina El Domo. En Cotopaxi y Bolívar, esta “imposición”, de acuerdo con Carrión, resultó en enfrentamientos entre la población que se resiste a la minería, las fuerzas armadas y policiales, y los grupos promineros.
Este es el primer conflicto con industrias extractivas durante el Gobierno de Daniel Noboa y se dio en medio de un estado de excepción, tras declarar al país en conflicto armado interno el pasado 8 de enero. Además, el 4 de marzo de 2024, el Presidente se convirtió en pionero entre sus predecesores al asistir a la Cumbre de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores Mineros de Canadá (PDAC, por sus siglas en inglés), uno de los encuentros de inversión minera más importantes del mundo. Allí, Noboa firmó contratos por alrededor de 4 800 millones de dólares. Uno de ellos fue el de La Plata, a cargo de la empresa canadiense Atico Mining.
Una consulta ambiental que también quiso hacer Guillermo Lasso
Pocos días después del evento minero en Canadá, el gobierno ecuatoriano intentó retomar una consulta ambiental que se había iniciado en julio de 2023, durante los últimos meses del gobierno de Guillermo Lasso. En ese entonces, el Ministerio de Ambiente (Maate) arrancó un proceso de información previo a la consulta con base en el decreto ejecutivo 754, que reformaba el Código Orgánico Ambiental para dar paso, por primera vez, a la consulta ambiental para proyectos extractivos y productivos.
Sin embargo, tras denuncias de inconstitucionalidad al decreto 754, el 31 de agosto de 2023 la Corte Constitucional suspendió las consultas que se realizaban en las comunidades de Las Naves y Palo Quemado. El 17 de noviembre de ese mismo año, la Corte emitió una sentencia de inconstitucionalidad por la forma del decreto y le ordenó a la Asamblea Nacional que emita una ley orgánica que desarrolle el contenido de la consulta ambiental.
El pasado 11 de marzo, el intento de retomar las socializaciones de los impactos ambientales del proyecto La Plata desencadenó enfrentamientos entre autoridades y comunidades. “La Corte Constitucional debió impedir que se desarrollen consultas hasta que se cuente con la ley orgánica de consulta ambiental”, opina David Fajardo, parte del equipo legal del colectivo de defensa del ambiente Yasunidos.
Palo Quemado, con 1150 habitantes, y Las Pampas, con unos 3000, son parroquias del cantón Sigchos, en la provincia de Cotopaxi. Oscar Monge, alcalde del cantón, presentó el 25 de marzo una Acción de Protección —mecanismo para la protección inmediata de los derechos constitucionales— con medidas cautelares para que se retiren los policías y militares y se suspenda la socialización. Al día siguiente, Danilo Paredes, juez multicompetente de Sigchos, dispuso el cumplimiento de la medida, pero el Ministerio de Ambiente acató la orden sólo tres días después, el 29 de marzo.
El 2 de abril, el juez convocó a una audiencia para emitir una sentencia sobre la Acción de Protección, pero esta no se llevó a cabo por fallas en la conexión telemática. “Hicimos un llamado de atención al presidente del Consejo Nacional de la Judicatura”, dice Monge. Además, cuenta que los representantes del Maate, el Ministerio de Energía y Minas y la Presidencia de la República pidieron diferir la audiencia porque “no tenían todos los insumos para la defensa”, agrega el alcalde. El juez Paredes convocó a una nueva audiencia para el 9 de abril, pero nuevamente fue suspendida y se desconoce la fecha en que se realizará.
Presión sobre una zona biodiversa
La concesión minera La Plata tiene yacimientos de oro, plata, cobre y zinc, y es de mediana minería, una categoría establecida en la legislación ecuatoriana. Se extiende a lo largo de 2 222 hectáreas, sobre Palo Quemado y Las Pampas, pero también sobre Alluriquín, parroquia perteneciente a la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Esta zona de bosque siempre verde montano bajo se ubica en la transición entre el Chocó biogeográfico y el volcán Iliniza, en la cordillera de Los Andes.
“Estas parroquias son de tierras fértiles y productivas”, asegura Monge. El alcalde de Sigchos cuenta que de Palo Quemado y Las Pampas salen 200 reses cada semana para abastecer los mercados de Cotopaxi y de las provincias de Santo Domingo, Pichincha, Tungurahua y Guayas. Además, la zona es reconocida por la producción de panela orgánica en polvo para exportación. Rosaelena Masapanta, presidenta de la Asociación Flor de Caña, cuenta que su organización vende medio millón de dólares anuales de este producto.
Gran parte de estos territorios han sido ocupados por actividades agrícolas y ganaderas desde hace más de un siglo. A pesar de la presión a estos bosques, “aquí se encuentran varias especies importantes para la conservación”, indica Patricio Meza, biólogo y asesor técnico del Frente Nacional Antiminero de Ecuador. Incluso, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado al Maate por la Compañía Minera La Plata, subsidiaria de Atico Mining, incluye esta información. Entre las especies a las que Meza hace referencia están el perezoso didáctilo de Hoffman (Choloepus hoffmanni), el tucán de pecho amarillo (Ramphastos ambiguus), la ardilla enana de Simons (Microsciurus simonsi) –una especie endémica de Ecuador–, y el olingo del Chocó (Bassaricyon medius).
Otro asunto que llama la atención de los expertos es que el análisis del componente biótico del EIA se realizó en 10 días. Meza, quien presentó un Amicus Curiae —recurso legal para permitir la intervención de terceros ajenos a un proceso— en el que analiza el documento de la empresa y argumenta que este es un tiempo muy corto para recorrer la concesión y que se pudo haber dejado por fuera muchas especies, nichos ecológicos y microhábitats. Pese a ello, “el estudio presenta una alta diversidad de especies”, dice el experto. “Por eso, es de vital importancia la conservación de los pocos remanentes de bosque que existen, ya que podrían servir como corredores biológicos”, asegura Meza, quien también es asesor técnico de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador (Confeniae).
Expertos y habitantes de la comunidad aseguran que el uso de explosivos para la minería en galería planificada en La Plata, el uso de químicos para la extracción de los minerales, como el cianuro de sodio, y la creación de piscinas de relaves pondrían en peligro a la biodiversidad. Gran parte de la flora y la fauna descritas en el EIA figura en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN. De acuerdo con Meza, en la zona de la concesión, corren riesgo las nacientes de agua de las que dependen poblaciones bajas como Alluriquín, Santo Domingo y Tandapi. Asimismo, estarían amenazadas las actividades productivas que sustentan la vida de los habitantes de la zona.
Campesinos tratados como terroristas
“Lo que sucede en Sigchos es el ‘piloto’ de cómo se harán las consultas en adelante”, opina David Fajardo. El abogado entregó, en representación de Yasunidos y del Cabildo Popular por el Agua de Cuenca, un Amicus Curiae sobre cómo se dio el proceso de consulta en Palo Quemado. Allí señala que no se cumplió con los criterios de amplitud de participación, de buena fe, de antelación, de libertad, de información y de oportunidad.
El abogado explica que la población consultada debe ser bastante amplia y debe incluir a cualquier persona o comunidad que fundamente que el desarrollo del proyecto podría afectarle. La concesión está en tres parroquias: Palo Quemado, Las Pampas y Alluriquín. No obstante, los abogados consultados y el alcalde de Sigchos coinciden en que la convocatoria para la socialización del EIA se hizo a un grupo reducido de personas, principalmente de Palo Quemado. “Estaban presentes familias, ni siquiera toda la comunidad. El día que más gente pudieron alcanzar, estuvieron 40 personas”, asegura Rosaelena Masapanta, habitante de Palo Quemado.
“Muchas personas de Palo Quemado denunciaron que llegó gente de otros lugares para decir que se socializó”, dice Maritza Masapanta, integrante del Colectivo de Defensa del Agua, la Vida y la Naturaleza de Las Pampas. Además, asegura que tienen videos en los que los foráneos admiten que fueron pagados para presentarse. Este hecho habría sido uno de los factores que propició los enfrentamientos con la Fuerza Pública.
El 16 de marzo, los tres puntos de ingresos a Palo Quemado fueron bloqueados por policías y militares, de acuerdo con Patricia Carrión, de Cedhu. “No permitieron que los compañeros pasaran a poner su voz. En este bloqueo, los compañeros presionaron para que les dejaran pasar y es ahí cuando se da el enfrentamiento”.
A lo largo de las dos semanas de la socialización, 72 personas fueron acusadas de terrorismo por Atico Mining. Estas acusaciones adquieren particular relevancia en el estado de excepción decretado por el gobierno de Daniel Noboa, pues uno de los preceptos oficiales fue declarar a las bandas narcocriminales como terroristas. “Estos son los primeros territorios en donde se dan los procesos de consulta ambiental y se dan de esta manera para generar un antecedente, para que se genere miedo colectivo y que en otros pueblos la gente no se oponga porque va a ser herida y criminalizada”, comenta Carrión. Además, asegura que el contenido que el Maate presentó en las socializaciones era el mismo que la empresa presentó en el EIA, más no era información contrastada, por lo que considera que se violó el principio de información.
Sobre el criterio de oportunidad, Fajardo explica que no existe constancia de que se haya hecho la consulta ambiental antes de que se entregaran las licencias ambientales para las fases de exploración inicial y avanzada, tal como lo dispone la legislación ecuatoriana. En caso de que el juez Paredes lo constate, debería declarar la nulidad de los permisos ambientales ya otorgados. Esta alianza periodística solicitó información al Maate, pero no obtuvo respuesta. “La Corte Constitucional dice que la consulta ambiental no debe ser entendida como un trámite, sino como un ejercicio de un derecho, sin el cual no se puede entregar la autorización ambiental”, explica.
También se buscó la versión de la empresa Atico Mining y de la Cámara de Minería de Ecuador, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.
Fajardo cree que hay otra violación en este proceso. En 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas ratificó la Declaración de los Derechos de los Campesinos y Trabajadores Rurales, que dice que la consulta previa, libre e informada también es un derecho de estas poblaciones. Ecuador ratificó esta declaración en el 2023.
La consulta ambiental es un derecho de todos los ciudadanos a informarse sobre los proyectos que puedan afectar sus derechos ambientales, como el acceso al agua segura. “Es una especie de diálogo entre los afectados y el Estado, para incorporar las observaciones y preocupaciones de los consultados dentro de los instrumentos de regulación de las actividades en cuestión”, explica el abogado.
Por su parte, la consulta previa, libre e informada es un derecho de los pueblos y nacionalidades indígenas, montubias y afrodescendientes para tutelar 21 derechos colectivos, entre estos, el derecho al territorio, al autogobierno y a la autodeterminación, y los resultados son vinculantes. Fajardo indica que a dicha consulta también tendrían derecho las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas, ya que Ecuador ratificó la declaración. Sin embargo, el país no tiene leyes orgánicas para consulta previa ni para consulta ambiental, por lo que no existen normativas sobre cuál sería el procedimiento al obtener resultados negativos para los proyectos extractivos.
Mientras tanto, Oscar Monge, el alcalde de Sigchos, anunció que está tramitando la realización de una consulta popular para declarar a su cantón libre de minería. El alcalde intenta acudir a este recurso ya que a través de una votación, los ciudadanos se pronuncian sobre temas políticos y sociales que les afectan y dichos resultados son de obligatorio cumplimiento para el gobierno.
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