Por David Tarazona
En 2022, al menos 22 personas del pueblo awá fueron asesinadas, según datos de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Colombia. De acuerdo con el informe de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) fueron la tercera etnia que más sufrió la violencia el año pasado.
Una alerta binacional de las defensorías del pueblo de Colombia y Ecuador pidió a los gobiernos de sus países que brinden garantías de seguridad y bienestar social a este pueblo que habita la zona Pacífico de esta frontera.
“Hay panfletos, llamadas telefónicas con amenazas, no se sabe qué grupo armado las hace, pues hay varios. No se sabe cuál grupo nos asesina, nos masacra, nos desplaza o amenaza. Es complicado el tema”, señala un habitante del pueblo awá del lado colombiano. Es una muestra de la zozobra en la que vive este pueblo indígena.
Desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la exguerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se incrementó la violencia contra el pueblo awá. Los dos momentos más álgidos los han vivido en 2020, con 114 hechos victimizantes, y en 2022, cuando se registraron 86 actos violentos, entre ellos confinamiento, desplazamiento masivo y hostigamiento. Estas acciones afectaron a, por lo menos, 12 465 awá, de acuerdo con el informe de derechos humanos de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), publicado a principios de 2023. Este informe se nutrió de los datos del Observatorio de Derechos Humanos de la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA), organización de este pueblo en Nariño, Colombia.
La situación crítica que viven los awá se extiende a Ecuador. Tan es así que el 7 de marzo de 2023, las defensorías del pueblo de este país y la de Colombia emitieron una alerta temprana binacional para proteger al pueblo awá, debido al accionar de grupos armados ilegales. Del lado ecuatoriano, llamaron la atención sobre el reclutamiento forzado de niños y adolescentes que se ha dado en Chical, donde estarían integrando a sus filas entre siete y ocho jóvenes awá cada mes.
Mongabay Latam conversó con miembros del pueblo awá del lado colombiano y del ecuatoriano para conocer sus problemáticas, los peligros que enfrentan y si consideran que la alerta binacional de las defensorías del pueblo de ambos países tendrá algún efecto.
La masacre contra los awá
“En 2022, en Colombia, los awá sufrieron 22 homicidios, siete casos de desaparición forzada, diez hechos de desplazamiento forzado masivo, ocho por desplazamiento forzado individual, veinte amenazas a líderes indígenas, siete enfrentamientos, cinco confinamientos (una especie de toques de queda impuestos por los grupos armados). También tres casos de activación de minas antipersonales y dos masacres”. Estos son algunos de los datos que describen la situación del pueblo awá y que enumera Esmeiler Murcia, abogada de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, instancia creada por la ley colombiana en la que confluyen estas comunidades con el Estado, con el fin de garantizarles condiciones de vida dignas.
El 2023 no parece nada alentador, pese a las negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y algunos grupos armados ilegales. En lo que va del año, la comunidad ya vivió un homicidio, tres amenazas, un confinamiento de 554 personas, dos heridos, una muerte por mina antipersonal y quince habitantes awá fueron desplazados, de acuerdo con datos de la misma comisión.
Del lado colombiano, los grupos armados ilegales que los victimizan son las disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los herederos paramilitares conocidos como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también llamados Clan del Golfo en Antioquia y el norte del país. Estos grupos viven de las rentas del narcotráfico, el cual tiene un área estratégica en el departamento de Nariño, Colombia, zona donde son más afectados los awá, de acuerdo con lo relatado por un miembro de este pueblo que accedió a hablar con Mongabay Latam, bajo la protección de su identidad.
“Los enfrentamientos, el fuego cruzado, el tema de minas antipersonales afectan a la población civil. Hoy la gente se encuentra confinada, es una crisis humanitaria. No hay condiciones para vivir en tranquilidad. Nuestro territorio es binacional, tiene una zona de frontera y salida hacia el océano Pacífico, es una zona estratégica (para los grupos al margen de la ley)”, explica.
Del lado ecuatoriano, la situación es de alta tensión, según la alerta temprana binacional de las defensorías del pueblo: “Hay reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes durante el último año, especialmente en la región de Tayambí (Colombia) y Chical (Ecuador), dado que, según reporta la comunidad, cada mes se estarían reclutando entre 7 y 8 jóvenes del pueblo Awá”.
Una persona del pueblo awá del lado ecuatoriano confirma que el ambiente es de alto riesgo y que impera una ley del silencio en la zona, principalmente en la provincia Esmeralda y en la parroquia Chical, en la provincia de Carchi. “No hay una seguridad de las personas y las familias en la zona fronteriza. Hay intimidación. La gente opta por el silencio, no denunciar ante las autoridades”. Y aunque los grupos armados han violentado más a los awá de Colombia, el miembro del pueblo awá resalta que el temor es latente del lado ecuatoriano y que cada vez se acercan más a su territorio.
“Hay riesgo de que el conflicto armado que está en Nariño pase a la provincia de Esmeraldas”, agrega. Se refiere a la situación de Nariño, en Colombia, donde se vive el confinamiento de la población causado por los enfrentamientos entre grupos armados, asesinatos selectivos y otras problemáticas. También señala que las agresiones no solo vienen de los actores armados ilegales colombianos, sino también de las fuerzas armadas ecuatorianas. “No hay respeto del Ejército, en sus patrullajes. Ingresan en la casa comunal, a la escuela, se ubican en el centro poblado, restringen el uso de las chacras. Preguntan si la gente ha visto algo. De acuerdo a la ley constitucional no está permitido que ellos estén en los centros poblados”, comenta.
En Ecuador, explica, el grupo dominante se llama 30 (también se le conoce como M30 o Frente 30), una disidencia de las FARC. Además hay presencia del ELN. Hay versiones encontradas sobre si estos grupos ingresan o no a las poblaciones de los awá, pero concuerdan en que sí están en las cercanías de las mismas. “Hay disidencias de las FARC, en Chical, en Carchi, hay presencia del ELN”, dice uno de los awá.
“En la frontera está el grupo M30 y el Frente Oliver Sinisterra, que era del que le decían Guacho. Pero hay más grupos”, cuenta la investigadora social Renata Mantilla, quien ha trabajado de la mano del pueblo awá en Ecuador. Alias Guacho fue el responsable del secuestro y asesinato de los tres miembros del equipo periodístico del diario El Comercio, en la frontera. El gobierno colombiano declaró su muerte en diciembre de 2018.
Una defensora de derechos humanos en territorio colombiano, quien por seguridad solicitó la protección de su identidad, afirma que la fragmentación de los grupos armados y su mutación es notoria, tanto que la comunidad no puede saber a ciencia cierta quién los agrede. “La Defensoría del Pueblo (colombiana) en 2019 enumeraba casi diez actores armados ilegales. En la actualidad, estos diez actores han mutado muchísimo”.
La alerta de las defensorías de Colombia y Ecuador
Respecto de la alerta temprana de las defensorías del pueblo, hay diversas opiniones. Un miembro del pueblo awá del lado colombiano valora la alerta, pero considera que si los gobiernos no la implementan no servirá. “Consideramos que la alerta binacional es muy importante. Ayuda a visibilizar al pueblo awá en ambos países. En Colombia, la Defensoría ha emitido alertas, pero los gobiernos no le han prestado atención, no han atendido las recomendaciones. Son importantes en nuestra situación de exterminio”.
En 2009 la Corte Constitucional de Colombia pidió al Estado evitar la desaparición del pueblo awá que está en riesgo de ser exterminado cultural y físicamente por el conflicto armado. A su vez, en 2021, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó medidas cautelares para que el Estado colombiano integre un plan de contingencia y desminado de los territorios de los pueblos awá de Nariño y Putumayo.
Desde la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas en Colombia no tienen mayores esperanzas sobre la comunicación de las defensorías del Pueblo. “Hay muchas alertas, pero no se dan garantías para que el Estado las cumpla. No hay muchas esperanzas de que los gobiernos las acojan”, dice la abogada Murcia.
En Ecuador, también la reciben con precaución. “No es una garantía de seguridad total”, dice uno de los pobladores awá del lado ecuatoriano. Otro habitante conserva la fe de que tenga algún impacto. “Si fuera efectiva, mejoraría mucho la situación”, piensa.
No obstante, la gran familia awá —como se autodenomina este pueblo binacional— ha resistido de manera activa a los grupos armados y el abandono estatal. “Los Estados están intentando coordinarse a nivel binacional, pero el pueblo awá lleva décadas atrás articulado, ¿Cómo? Con la gran familia awá y sus cuatro organizaciones”, dice una habitante awá del lado colombiano.
Una integrante de la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA) resalta que están desarrollando programas de cultura con los jóvenes para proteger su lengua, sus tradiciones, el cuidado de la biodiversidad y prácticas como el baile, la música, el tejido, el teatro, entre otros.
Estas actividades, junto con la conformación de una guardia indígena del lado colombiano han evitado que la tragedia sea mayor. “Una estrategia es el tema de autoprotección liderada por la guardia indígena awá. En muchos territorios hemos empezado a formar en el tema de la guardia desde la niñez y la juventud, el caminar en línea también es otra estrategia de protección del territorio”, asegura la miembro de UNIPA.
Los miembros del pueblo awá le piden a la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, el Uso, Utilización y la Violencia Sexual en contra de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), parte de la Presidencia de Colombia, que se integren con su cosmogonía para que los jóvenes, niñas y niños tengan entornos que los protejan del reclutamiento forzado, así como que la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia deje de contemplar que la seguridad depende exclusivamente de entregar elementos como chalecos antibalas, en vez de considerar estrategias comunitarias en coordinación con las organización del pueblo awá.
Las economías que vulneran el territorio awá
Los grupos armados colombianos dependen de rentas de economías ilegales en ambos lados de la frontera, de acuerdo con los testimonios recolectados. En el caso colombiano, los cultivos de coca con fines de narcotráfico son instalados en los resguardos indígenas por las necesidades económicas del pueblo awá, mientras que del lado ecuatoriano, la minería ilegal aún no invade su territorio, pero sí divide a las comunidades.
Del lado colombiano, el más reciente informe de detección de cultivos ilícitos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) lo confirma. El 10 % de las plantaciones de coca están dentro de resguardos indígenas, donde sobresalen los awá. “(En 2021) llegamos a 20 100 hectáreas de cultivos de coca en los resguardos indígenas (un aumento del 69 % si se compara con las cifras de 2020). Los resguardos awá Inda Zabaleta (Tumaco, Nariño) y El Cedro-Las Peñas-La Brava-Pilví-La Pintada (Tumaco, Nariño) son los más afectados. El resguardo awá Gran Rosario (Tumaco, Nariño) es el tercero”, dice Germán Clavijo, de Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).
En estas comunidades se ha presentado violencia recientemente. Es el caso del resguardo con más superficie sembrada con plantas de coca en el país, el Inda Zabaleta del pueblo awá, con 2091 hectáreas. En este resguardo, tres comuneros fueron asesinados en julio de 2022; en octubre, asesinaron a otro líder indígena.
“La posibilidad de llevar a cabo su accionar en una frontera porosa, con brechas de presencia estatal, favorece los intereses de los grupos ilegales para acceder a los circuitos de economía de la coca, minería ilegal, tala ilegal de bosques y otras economías ilícitas, así como por las posibilidades que ofrece la franja fronteriza ecuatoriana para el ocultamiento de hombres y material de guerra”, anota el defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo Assis, durante una rueda de prensa.
“La gente ha venido sembrando (coca), no existen otros medios para generar ingresos económicos”, asegura el habitante del pueblo awá del lado colombiano.
Murcia, abogada de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, explica que los awá cultivan la coca por múltiples factores. “Los indígenas cultivan la hoja de coca para uso tradicional. Pero la ausencia del Estado y de oportunidades económicas también los ha llevado a que sea su única oportunidad de sustento. Se ven obligados a trabajar para los grupos armados”, señala. Agrega que el Estado es responsable, pues incumplió los compromisos de proyectos productivos alternativos como parte del programa de sustitución de cultivos ilícitos del Acuerdo de Paz. Dice que los proyectos nunca llegaron a la zona awá.
Del lado colombiano, también se presentan derrames petroleros, como los denunciados a principios de 2023 en el oleoducto Transandino operado por CENIT, filial de Ecopetrol, la semiestatal colombiana que es la empresa más grande del país. “Se presentan constantemente en el territorio awá”, señala un segundo habitante del pueblo awá del costado colombiano.
“Hubo una denuncia por parte de los awá porque un derrame petrolero estaba contaminando sus aguas, eso los afecta, porque toman de ellas”, señala Murcia. Los awá en Colombia dicen que los ríos más afectados por esta contaminación son el Mira, el Güelmambí, el Güiza y el Ñambí.
Los pobladores del lado ecuatoriano dicen que no hay plantaciones de coca en su territorio, pero lamentan que los jóvenes del pueblo migren a Nariño, en Colombia, en busca de un mejor futuro y terminen inmersos en la economía ilegal. “En Ecuador no hay cultivos de coca, hay mucho patrullaje del Ejército, hemos decidido no cultivarlo. Pero nos preocupa que la juventud, por falta de trabajo, esté migrando a raspar, a cultivarla. El Estado debe ofrecer oportunidades. Nos preocupa que luego vuelvan a convencer a otros de irse para allá”, dice uno de los habitantes.
En Ecuador, una de las principales amenazas contra el pueblo awá es la minería legal e ilegal. “Hay minería ilegal con retroexcavadoras y dragones (grandes dragas). A veces piden autorización para ingresar a la comunidad. Están fuera del territorio. A veces nos presionan o buscan engañar a nuestros líderes con promesas de trabajo, o que van a mejorar la escuela o arreglar la carretera. Pero la organización no ha permitido su ingreso”, comenta. Agrega que algunos awá por falta de empleo han trabajado en las minas, lo cual debilita su estructura organizativa. Otro habitante del lado ecuatoriano coincide en que los mineros ilegales buscan sobornar al pueblo awá y dividirlos.
Comenta que el principal foco de minería ilegal es Tobar Donoso, parroquia ubicada en la provincia de Carchi en la frontera con Nariño, donde existe una explotación que cuenta con máximo cien mineros y que ha deforestado casi 40 hectáreas, según el miembro del pueblo awá. Comenta que esa mina cuenta con la protección de los grupos armados colombianos. “Allí la gente vende sus lotes en 3000 o 4000 dólares, luego los mineros le sacan mucho más rédito. Nos deja en la mitad de esos temas”.
Pero la amenaza minera también viene por parte del Estado. “Este ha impulsado la minería. El Catastro Minero había dado concesiones en el territorio awá, en el gobierno de Lasso. Hemos hecho denuncias al respecto, porque no ha habido la consulta previa. Está cerca, en los límites de nuestro territorio”, dice.
Las fuentes consultadas también señalan que el cultivo de palma aceitera, así como la tala ilegal afectan al territorio awá. “El territorio indígena awá es uno de los más azotados por el conflicto armado y el abandono estatal. Hay pérdida de la biodiversidad, contaminación del suelo, deforestación, desplazamiento de prácticas productivas de las comunidades indígenas awá y graves daños ambientales”, señala la defensora de derechos humanos del pacífico nariñense.
Pese al poderío de los grupos armados, la gran familia awá intenta resistir con patrullajes de sus guardias indígenas del lado colombiano y una figura similar en territorio ecuatoriano. “Hacemos recorridos para ver quién está en nuestro territorio”, comentan desde Ecuador.
“Ancestralmente hemos conservado y velamos por la protección integral de la naturaleza con el fortalecimiento organizativo de la gobernanza desde los saberes y prácticas culturales y biológicas”, dice otro miembro de la organización UNIPA.
Los awá de ambos países consideran que sus problemas sólo tendrán solución cuando los Estados tomen la decisión de protegerlos. “La intervención del Estado ante el pueblo awá es tibia. Cuando entran al territorio y hay otro grupo armado, eso genera un enfrentamiento que pone a la comunidad en medio del fuego cruzado. A veces el Estado tarda en llegar a dar asistencia humanitaria, primero llegan las organizaciones no gubernamentales”, denuncia Murcia, de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
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