En un escenario de escasa gobernabilidad, la iniciativa Diálogos Nacionales, propuesta por Fundación Esquel, intenta reconfigurar una cultura política acostumbrada a dividir para vencer. Actores de diferentes sectores se congregan en mesas de diálogo pero los acuerdos tardan en llegar, debido a la tibieza o a las evasivas de ciertos sectores, y a la intransigencia de otros. Sin embargo, una primera señal de consenso surge en torno a la desnutrición crónica infantil.
La fragilidad del sistema educativo, las contradicciones en cuanto a la reactivación económica, las desiguales relaciones laborales, la crisis de la seguridad social son temas que se entrampan en la unilateralidad de las acciones por parte del gobierno de Guillermo Lasso. Las señales no son claras y la tendencia a gobernar dividiendo no ha sido erradicada.
Por Jhonatan Ávalos / @CevallosAvalos
La iniciativa Diálogos Nacionales surgió con la premisa de que “la democracia es el arte de las conversaciones difíciles”, explica Boris Cornejo, presidente de Fundación Esquel. Esta propuesta se presentó el 24 de agosto de 2021 con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Unión Europea, representantes de la sociedad civil, organismos públicos y privados locales, y tiene la intención de alcanzar acuerdos en temas que históricamente han polarizado a la sociedad ecuatoriana. Cinco ejes temáticos prioritarios son los que conducen el proceso: Desnutrición Crónica Infantil, Educación, Economía, Interculturalidad y Seguridad Social.
Para José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), “la falta de voluntad del Gobierno” de dar paso al proceso de diálogo es el mayor obstáculo para alcanzar acuerdos y para que estos se cumplan.
César Ulloa, coordinador general del proceso de Diálogos Nacionales, cree en cambio que “la fragmentación y la exacerbada personalización de las posiciones políticas” son las principales trabas para avanzar. “Cuando no se puede desempatar posiciones, siempre vamos a una suerte de refundación de la patria”, con la particularidad -aclara- de que, quien tiene el poder “controla las reglas del juego”.
Pese al escenario de confrontación, “el primer gran resultado”, desde la perspectiva de Cornejo, fue “convocar a distintos sectores” al diálogo y contar con la participación de “representantes del Gobierno, gremios empresariales, delegaciones universitarias, delegaciones sociales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), delegaciones campesinas y Gobiernos Autónomos Descentralizados”. Producto de estos primeros acercamientos realizados hasta diciembre de 2021, aseguró Cornejo, se ha logrado levantar un diagnóstico de la realidad local, para a partir de él, marcar una ruta más específica en el abordaje de las problemáticas identificadas.
No obstante, la iniciativa lidia con un país que no se encuentra acostumbrado a establecer líneas de comunicación que abran paso a los consensos, según Ulloa. Por lo mismo, desde ciertos sectores sociales se observa a estos Diálogos Nacionales con cierto recelo. Ese es el caso de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), una estructura que, históricamente, ha sido víctima de intentos de fraccionamiento y divisiones internas por parte de los gobiernos de turno.
Estefanía Lalvay, dirigente de Comunicación de esta organización que reúne a todos los pueblos indígenas ecuatorianos, asegura que “no han tenido acercamiento” a la iniciativa pues, desde el 27 de noviembre de 2021, tras un evento de asamblea ampliada de la Conaie, en Unión Base-Puyo, se acordó “romper el diálogo con el Gobierno; no se va a dar más diálogos, no se va a sentar más con ellos porque no han tenido voluntad política de resolver”, explicó.
Lalvay, además, responsabilizó al Gobierno del presidente Guillermo Lasso de fomentar la desconfianza en este tipo de procesos, ya que habría implementado -dice- una estrategia política para “debilitar a las organizaciones y las comunidades”. Después del encuentro que mantuvieron el 10 de noviembre, “la Conaie no ha tenido invitaciones directas” para dialogar, “sino que llevan las invitaciones a las organizaciones” y ofrecen a quienes participen “cualquier cosa”, explica.
En cuanto a detalles de los avances conseguidos en las mesas de diálogo, según Ulloa, existe una disparidad que responde “a la naturaleza y complejidad de los temas” que se tratan en cada una de estas.
Desnutrición crónica infantil
La existencia de diagnósticos previos que abordan el tema de la desnutrición, sus causas, territorios y poblaciones más afectados ha permitido que el punto de partida salte del análisis a la coordinación integrada de propuestas con la conformación de la Alianza por la Nutrición Infantil en Ecuador (APNIE).
En la mesa dedicada a la desnutrición crónica infantil, se ha identificado a los principales actores que, a escala nacional e internacional, trabajan en su erradicación, entre ellos, Asociación Vivir, CARE, ChildFund, Fundación de Waal, Plan Internacional, REDNI Ecuador, World Visión y el Comité Ejecutivo de la APNIE, Unicef, ONU, Unión Europea, además del gobierno nacional.
En Ecuador, las cifras oficiales sobre la desnutrición crónica infantil más recientes datan del 2018, cuando la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) determinó un incremento del 27,2% de niños menores de 2 años afectados, en relación con el 24,8% registrado en 2014. Al momento, se sabe que 1 de cada 4 infantes menores de 5 años padecen desnutrición, y la cifra aumenta en sectores indígenas, con 1 de cada 2 niños. A su vez, estimaciones de la Unicef proyectan un posible incremento en el índice de afectados por causa directa del Covid-19.
Cornejo califica a esta problemática como “una vergüenza nacional” y cree que la gravedad del asunto ha motivado fuertes consensos entre los participantes de las cinco mesas de diálogo. “Todo el mundo entiende que hay que juntarse por el bien de los niños”, señala, y esto permitiría diseñar estrategias y acciones encaminadas a la creación de una política “no del Gobierno, sino pública”.
Desde la Secretaría Técnica del Gobierno Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil se ha creado el Plan Estratégico Intersectorial para la Prevención y Reducción de la Desnutrición Crónica Infantil, con el que se pretende reducir al menos 6 puntos el índice de 27,2% de desnutrición infantil en niños de hasta 2 años para el 2025, y situarlo en 10% para el 2030. El programa empezó a funcionar en diciembre de 2021 con un presupuesto de 72 millones de dólares anuales; la Secretaría Técnica tiene previsto dar atención a 367 996 madres en estado de gestación e infantes menores de 5 años durante el 2022.
Educación
César Ulloa apunta a esta mesa como una de las más activas, pues “se han mantenido reuniones cada quince días” con rectores de escuelas privadas, públicas, universidades y politécnicas. En este sentido, se ha logrado “la conformación de un Consejo de Educación Superior y la promoción de reformas a la Educación Superior” como puntos prioritarios.
“Estos espacios de diálogo han servido para esclarecer cómo se encuentra la educación pública en el país, además de los principales retos que tenemos para enfrentar las afectaciones de la pandemia”, comenta Mauricio Chiluisa, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE). Si bien no se puede hablar de resultados concretos respecto de acuerdos oficiales, se ha propuesto desde la Mesa de Convergencia por la Educación “la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior”, que plantea el cambio de 78 artículos.
De estos, Chiluisa resalta la reestructura en la formulación de asignación presupuestaria en las universidades, ya que “la fórmula actual no responde a las necesidades” del sistema educativo. En otro aspecto, se busca conseguir la autonomía plena de las universidades para eliminar intervenciones políticas. Según explica, el documento con la propuesta “se encuentra ya discutiéndose en la Comisión de Educación, y a finales de febrero, pasará el informe de la Comisión para el pleno de la Asamblea Nacional”. Esta propuesta se ha elaborado en conjunto con rectores de universidades, FEUE, Federación de Profesores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (Fepupe), académicos, Federación Nacional de Servidores Universitarios y Politécnicos del Ecuador (Fenasupe), Redes Científicas, entre otros.
“Hay una conciencia o un común denominador colectivo de que el país necesita grandes acuerdos nacionales”, dice Ulloa, sobre la predisposición de quienes participan de las mesas de diálogo, “un país que conversa con los puños cerrados es un país que no va a ningún lugar”, por eso surge “la necesidad de acercar posiciones”, explica.
Sin embargo, Chiluisa defiende la movilización como “una alternativa para ser escuchados en el país”, pues considera que, aunque las mesas de diálogo sirven para levantar diagnósticos y establecer posibles consensos, estos no siempre llegan a oficializarse como acuerdos por la falta de interés de los gobiernos de turno. “Desde que se posicionó Lasso, planteamos la apertura al diálogo y hemos entregado alrededor de 4 propuestas el año anterior, para ser recibidos y exponerle la situación crítica que viven las universidades”. Las respuestas, dice, llegan pero no siempre se cumplen.
Frente a esta situación, la FEUE prepara un documento que será entregado en la Comisión de Educación y en la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para “llamar a comparecer, tanto al Presidente de la República, como al Ministro de Finanzas y al Secretario de Senescyt”, sobre la asignación presupuestaria de 2022 para la Educación.
Economía
Para Ulloa, “el Ecuador no es un país de diálogo”, más bien “se ha caracterizado por la controversia”.
Las previsiones de crecimiento económico para el 2022 son dispares: el Banco Central del Ecuador estima una mejoría del 3,55%, mientras que el Banco Mundial proyecta un crecimiento de apenas 1,4%. Frente a la compleja situación actual, Ulloa considera que “es un mérito impulsar un proyecto” en el que se intente “reconfigurar la cultura política alrededor del diálogo”.
“Lo que a nosotros nos preocupa es el tema de la generación de empleo”, dice José Villavicencio, con respecto a la participación del FUT y la UGTE en las mesas de diálogo. A pesar de los acercamientos, señala, desde el Gobierno no se ha dado la apertura a sectores sindicales “para discutir los aspectos del empleo, la competitividad laboral”, entre otros.
Sobre los traspiés ocurridos en la mesa de Economía, Cornejo apunta a la reforma tributaria como uno de los principales: “Hicimos varios comentarios y sugerencias que, desafortunadamente, no se tomaron en cuenta”. El proyecto de Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia Covid-19, planteado por el presidente Guillermo Lasso, se envió para su publicación en el Registro Oficial el 29 de noviembre de 2021, a pesar de los reclamos e inconformidades presentados desde el Legislativo.
En contraposición a esta medida, desde el Frente Unitario de Trabajadores se presentó un Proyecto de Ley el 20 de octubre de 2021 a la Asamblea Nacional, “de un nuevo Código Orgánico del Trabajo que ya ha sido calificado en el CAL y que ya ha iniciado a discutirlo la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social”, según Villavicencio.
En cuanto al tema del aumento del Salario Básico Unificado a 425 dólares, la Federación de Cámaras de Comercio del Ecuador anunció el 30 de noviembre de 2021 mediante un comunicado su postura en contra del aumento, pues creen que “el impacto de la pandemia ha ocasionado que no existan las condiciones económicas apropiadas para un incremento del SBU”. Y en su lugar, pide aumentar la productividad, pues según sus estimaciones, el Ecuador sería el segundo país de la región con el salario más alto, a la vez que es el país con la productividad más baja.
Sin embargo, para Villavicencio, “debería hablarse de una política general de sueldos y salarios”, pues existe una brecha en el tema salarial con respecto a la Canasta Familiar Básica, que según datos de INEC, en diciembre de 2021 se ubicó en 719,65 USD; mientras la Canasta Familiar Vital alcanzó los 509,83 USD. “Los ecuatorianos en el 2025 vamos a tener un salario básico de 500 dólares y recién ahí vamos a cubrir el 60% del costo de la canasta básica del 2021”, explica Villavicencio.
Seguridad Social
En cuanto al proceso de diálogo sobre la Seguridad Social, Cornejo cuenta que hay posturas que se contraponen. Hacer cambios en la administración del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es una de ellas. “Hay otras posiciones que creen que eso está bien”, es decir, que el problema del IESS no tiene relación a un tema administrativo, sino que consideran que la solución es que el Estado cancele su deuda con el IESS. Y por último, dice Cornejo, hay quienes ven la privatización del IEES como una solución a la crisis institucional, debido a la aparente inviabilidad para mantener el Seguro Social en la actualidad.
Según Elizabeth Falconí, coordinadora de la mesa de Seguridad Social, es necesario “que todos los estamentos de la sociedad ecuatoriana se comprometan, decidida y genuinamente, para encontrar soluciones a la grave crisis que atraviesa la institución”.
Pero a pesar del diálogo entablado, Villavicencio califica de “preocupante la falta de respuesta del Gobierno” sobre la Seguridad Social. Entre las causas de la crisis, explica, se encuentra el desempleo y el Salario Básico Unificado actual, que “no fomenta una verdadera reactivación económica que pueda repercutir en el número de afiliados”.
“El Ecuador debe salir de dos fenómenos: la polarización y la fragmentación”, concluye Ulloa. “La polarización implica reconocer posiciones bastante claras, pero la fragmentación es el sálvese quien pueda”.
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Como parte de la búsqueda de consensos y acuerdos nacionales, también hay señales de extender este objetivo a las relaciones entre Ecuador y la comunidad internacional. El 21 de enero de 2022, Juan Carlos Holguín, canciller de la República, anunció en una entrevista con Plan V la conformación del llamado Consejo Consultivo, “una estructura donde participan algunos miembros designados por el Presidente”. Diez personas, exactamente, serían designadas por el Consejo Nacional Electoral en representación de la academia, de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y del sistema judicial. Holguín dijo que la convocatoria “puede ser de forma permanente” y está encaminada a dar soporte en “algunas decisiones importantes que debe tomar el Estado”. Ante esto, declaró, se ha tomado en cuenta a Fundación Esquel, promotora de los Diálogos Nacionales, “para que pueda hacer el proceso de seguimiento en un Consejo de Crítica a lo que haga la política exterior a partir de ahora, para que haya un equilibrio en las visiones”.
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