En 2017, la Corte de Justicia de Esmeraldas concluyó que la actividad de Palmeras de los Andes y Palmar de los Esteros produjo “graves afectaciones ambientales al territorio de esta comunidad”.
La sentencia estableció 17 medidas de reparación y compensación: 13 contra el Estado y 4 contra las dos empresas. Sin embargo, esta sentencia ha quedado en “letra muerta”, a tal punto que ni siquiera se sabe si todos los involucrados han sido notificados con sus responsabilidades.
Este caso refleja, una vez más, cómo el Estado es incapaz de determinar con certeza si existe o no contaminación por la actividad palmicultora en el país o de garantizar que la producción se haga respetando estándares ambientales.
Para la comunidad de La Chiquita la sentencia fue una conquista histórica y también una gran decepción. En julio de 2010, los representantes de este pequeño caserío, ubicado en el cantón San Lorenzo, de la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, denunciaron por daño ambiental a dos grandes empresas palmicultoras: Palmeras de los Andes y Palmar de los Esteros. Esta denuncia la presentaron en conjunto con el Centro Awá Guadualito, perteneciente a una comunidad indígena de la zona. El 11 de enero de 2017 —seis años y medio después—, en su sentencia la Corte de Justicia de Esmeraldas les dio la razón y estableció que por la actividad de estas empresas: “Se han producido graves afectaciones ambientales en el territorio de las comunidades, que debieron haber sido prevenidas por el Estado ecuatoriano”.
Entre los principales daños que los demandantes argumentaron a lo largo del proceso judicial constan “el envenenamiento de las aguas de los esteros y los ríos circundantes, deforestación de grandes áreas y pérdida de biodiversidad, alta mortalidad de la vegetación natural, cambio del clima local, desplazamiento y envenenamiento de la población por la contaminación de los cauces de agua”.
La denuncia fue aceptada parcialmente en la sentencia porque, aunque no se les concedió pagos por daños y perjuicios, ni la limpieza de los ríos, sí se establecieron 17 medidas de reparación y compensación; 13 de ellas contra el Estado y cuatro que les corresponden a las dos palmicultoras. Sin embargo, a cinco años de la sentencia, las más importantes de estas disposiciones no se han cumplido y sobre otras no existe evidencia para determinar si se han ejecutado o no.
Este caso es uno de los siete procesos por infracciones ambientales contra productores y procesadores de aceite de palma en Ecuador, encontrados por la alianza periodística Tras las huellas de la palma entre 2010 y 2021. El caso era conocido en el país como uno de los más duros contra la actividad palmicultora, pero el tiempo ha mostrado que pocas de las obligaciones que impuso una sentencia judicial se han cumplido.
Órdenes que se ignoran
“No ha habido respuesta por parte de ninguna institución pública ni privada, ni de las compañías que han sido sancionadas”, dice David Basurto, el abogado de los comuneros. “No hay reparación. Ellos [los habitantes de La Chiquita] no tienen allá, en territorio, nadie que les pueda decir cómo están las cosas. No tienen forma de enterarse si esta sentencia se cumplió o no. Están en la incertidumbre. Les han abandonado”, añade.
Por lo que dice, y los términos en que lo hace, quizá la parte más importante de la sentencia sea aquella en la que se dispone a la Contraloría General que sancione con una multa no menor a 20 salarios básicos (7.500 dólares en total para la fecha del dictamen) a “los titulares del Portafolio de Medio Ambiente desde 1998, cuando se iniciaron los sembríos de palma, por la evidente negligencia en el cumplimiento de sus funciones, al igual que a los funcionarios que tenían la obligación de realizar el control correspondiente”.
El abogado Basurto muestra un escrito, fechado en octubre del año pasado —cuatros años después de la sentencia—, en el cual la Contraloría recién le consulta a la Corte Provincial de Esmeraldas, cómo proceder para ejecutar esta sanción por “negligencia”.
A las palmicultoras se les ordenó crear una zona de amortiguamiento vegetal, de no menos de ocho metros, desde las riberas de los ríos hasta el inicio de sus plantaciones, sembrando para ello especies endémicas, como la caña guadua. Para este punto, la Justicia otorgó un plazo máximo de tres años. No existe certeza de que esto se haya ejecutado porque las comunidades aseguran que no tienen acceso a esta zona para verificar. A las empresas también se les prohibió, “de modo terminante y bajo responsabilidad penal”, que sigan utilizando productos químicos “nocivos para el medio ambiente y el agua”. Sobre esto la comunidad tampoco tiene certezas.
Como formas de reparación, la Corte le ordenó al Ministerio de Educación que, en un plazo de nueve meses, construyera una escuela que sirva tanto a La Chiquita como a Guadualito; a la desaparecida Secretaría del Agua (hoy parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica – MAATE) que, en máximo un año, construya una fuente de agua potable que provea de forma permanente a las comunidades demandantes; y al Ministerio de Salud que construya un centro de salud de nivel uno que incluya un laboratorio clínico, atención hospitalaria, atención médica, odontología y maternidad.
Cinco años después, de estas obras no hay nada. “Jamás han puesto ni una piedra. No han hecho absolutamente nada en la comunidad. No han puesto nada”, dice —elevando la voz— Aquilino Erazo, líder comunal de San Lorenzo que ha acompañado la lucha de estos poblados.
Además de esto, el abogado Basurto tiene una duda. No sabe si realmente estos ministerios fueron notificados alguna vez sobre las obligaciones provenientes de esta sentencia. “En la revisión del expediente no pude encontrar los recibidos de esas notificaciones, y eso es clave ahora porque, sin los oficios, ¿cómo se puede saber si cada institución ha conocido la sentencia?”.
Ante la pregunta de la alianza periodística Tras las huellas de la palma, el Ministerio de Educación reconoce que no se ha construido la escuela, recuerda que no fue parte procesal en este caso y, al final, explica: “A la presente fecha, no se encuentra registro ni constancia de haber recibido los referidos oficios conteniendo la sentencia y medidas que han sido dispuestas. Razón por la cual, esta sentencia no surtiría efectos aún para esta Cartera de Estado. (…) El Ministerio de Educación esperará la notificación formal para el análisis jurídico del caso”.
El Ministerio de Salud contestó nuestro requerimiento de información con un listado de los centros de salud que existen en la zona norte de Esmeraldas, pero sin una referencia específica al cumplimiento de esta sentencia.
Esta alianza periodística también planteó preguntas en el mismo sentido al Ministerio del Ambiente —que absorbió a la desaparecida Secretaría del Agua— y al de Salud, pero no se recibieron respuestas. Además, buscamos las versiones de las dos empresas denunciadas para saber si han cumplido con lo que dispuso la sentencia. Hasta el momento de publicación de este texto, Palmeras de los Andes no había contestado al respecto —aunque sí respondió sobre el manejo ambiental que le dan a sus efluentes— y no fue posible establecer comunicación con Palmar de los Esteros, porque no hubo respuesta telefónica ni por su sistema de mensajería.
“Es realmente penoso que un tema tan trascendental como este se haya quedado ahí”, dice el abogado Basurto. “Ingresar a las palmicultoras para saber si están cumpliendo tampoco es fácil. Y, como todo ha quedado en suspenso, hay un sinsabor en la comunidad. Los moradores no tienen certezas de si los efluentes que emiten las empresas son contaminantes o no. Es una incertidumbre”.
Afecciones en la vida diaria
La Chiquita es un caserío de unas 30 familias que se dedican principalmente a la agricultura y a la cría de animales. En sus terrenos siembran cacao, plátano, caña, borojó y otros frutales. La época de invierno es una buena noticia, porque llueve cada dos o tres días, y sus moradores pueden guardar el agua lluvia en unos tanques para el uso en sus hogares. El verano es un problema. “Aquí nosotros sabemos que el río (La Chiquita) está contaminado y no podemos usar su agua», dice Stalin Valencia, de 18 años. “Más sufrimos en el verano, porque nos toca ir llevando unas pomas [baldes o cubetas] en la mototaxi de mi papá hasta San Lorenzo, para traer agua».
Stalin es hijo de Isaha Valencia, exdirigente de la comunidad que actuó como representante de los denunciantes en el proceso judicial. El joven tiene una misión especial que le han encomendado su padre, su madrina (la actual presidenta de la comunidad) y los ambientalistas que siguen el caso: tomar fotografías, llevar un registro y hacer informes sobre las descargas que las palmicultoras hacen en el Estero La Chiquita. “El problema es que mi teléfono no me favorece, no puedo hacer buenas fotos”, dice. “Pero sigo haciendo lo posible”.
Al ser este un juicio por daño ambiental, el caso se enmarca en los derechos de la naturaleza reconocidos en la Constitución de Ecuador. Entonces, los moradores de La Chiquita y de Guadualito se presentaron como personas naturales, “pero también como representantes de la naturaleza, como sujeto de derecho, a que se respete íntegramente su existencia, el mantenimiento, regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones, procesos evolutivos, y a ser restaurada”, según consta en el expediente judicial.
Se presentaron en nombre de los árboles que ellos consideran afectados por las empresas: guayacán, chanul, mascarey, sande, roble, copal, cuangaré, pácora, chalviande, peine de mono, balsa, cucharillo, palmiche: “Todos originarios de nuestros bosques, que han sido maltratados, cortados y reemplazados por otros cultivos, principalmente palma africana”.
Se presentaron como representantes del bosque húmedo tropical, del bosque de manguillo, de los manglares, de los mamíferos, de los peces, de los anfibios, de los reptiles y de las aves. Pero también en nombre de los seres míticos en los que ellos creen y son parte de su imaginario social:
De la Tunda, uno de los demonios del bosque de Esmeraldas.
Del Riviel, que enseña sobre el cuidado de las cuencas hidrográficas.
Del Bambero, espíritu protector de los animales de la selva.
En el proceso judicial, los comuneros advirtieron que hay envenenamiento de las aguas de los esteros y los ríos circundantes, lo que atribuyen, por el conocimiento de su entorno, al uso de agroquímicos en las plantaciones de palma. “Antes podíamos pescar y beber el agua. Hoy en día no es posible lavar la ropa y mucho menos bañarse, por los efectos nocivos de enfermedades en la piel, menos aún para consumo humano”, fue uno de los testimonios.
En el proceso judicial se realizó un peritaje de ingeniería que indicó que no se evidenciaba contaminación en el suelo donde se levantan las palmicultoras y que todas las mediciones estuvieron dentro de los rangos normales. Sin embargo, el Presidente de la Corte de Justicia de Esmeraldas lo desestimó argumentando fallas de forma en su elaboración, luego de una impugnación por parte de la defensa de las comunidades.
Su fallo, entonces, se basó en dos argumentos. El primero fue un peritaje psicológico hecho a los moradores de La Chiquita que concluyó que, en efecto, se sienten afectados por la actividad de las palmicultoras y que sus temores sobre la contaminación son reales. El segundo fue un interrogatorio al que fueron sometidos varios de los denunciantes, por pedido de la empresa Palmeras de los Andes, en el que sus respuestas resultaron unánimes y no cayeron en contradicciones.
El juez, en su sentencia, concluye: “Las pruebas centrales son los informes psicológicos realizados a 55 personas de las comunidades de Guadualito y La Chiquita; es decir, 55 pruebas distintas en las que, bajo juramento, la perito ha declarado que existe una inestimable afectación a las personas por la contaminación del agua de sus esteros y ríos. Tal afectación causa un daño a la forma de vida de esas personas, un daño a su economía, a su forma de alimentarse, crecer y vivir. Los instrumentos de prueba presentados permiten establecer que hay, en efecto, una afectación severa a la forma y proyecto de vida de los demandantes”.
La voz de la palmicultora
La propietaria de Palmeras de los Andes es Danec, empresa que registró 480 millones de dólares en ventas en 2021, según publicó la revista Forbes Ecuador, en su edición número 6, cuya portada muestra el rostro del gerente de la empresa, Eduardo Berg Gutt, y el titular “En la palma I trust”. Esa misma publicación lleva un titular interior que dice: “El pueblo tiene a su rey de la palma” y agrega que la empresa atiende a 90.000 clientes y ha firmado más de 60 contratos colectivos con pequeños productores.
Danec tiene tres plantaciones: una en Shushufindi, provincia amazónica de Sucumbíos (Palmeras del Ecuador) y dos en Esmeraldas (Palmeras de los Andes, en las ciudades de Quinindé y San Lorenzo); además de un campo genético (Murrin Corporation) donde desarrollan una semilla híbrida, una mezcla de palma africana y americana, que idearon junto con expertos franceses, y que es más resistente a la pudrición del cogollo, una fuerte enfermedad que le da al cultivo.
Durante el proceso judicial, los representantes legales de la empresa calificaron la denuncia de los comuneros de La Chiquita como “infundada, improcedente e ilegal… No podemos creer tanto descrédito, deshonra vil y mentirosa de quienes consideramos amigos, ya que estábamos seguros y convencidos de que convivíamos en armonía y mutua cooperación”, dijo la empresa, según consta en el expediente.
La compañía siempre negó que su trabajo haya contaminado, es más, aseguró que los efluentes que descargan sobre el estero La Chiquita cumplen con los estándares ambientales requeridos. Además, argumentó que la intervención del Estado y las comunidades sobre los bosques de la zona se ha dado desde hace 100 años, por lo que ellos en lugar de deforestar están reforestando. “En lugar de hablar de daño emergente, habría más bien un incalculable beneficio emergente, con producción acelerada de nutrientes”.
Dos altos funcionarios de la empresa atendieron virtualmente a esta alianza periodística y explicaron cómo realizan la limpieza y el manejo ambiental de los efluentes que la empresa descarga a los ríos donde tiene sus plantaciones. La responsable de Sostenibilidad, Patricia Tobar, y el coordinador ambiental, Luis Adolfo Gangotena, detallaron el proceso en una reunión que tomó una hora y media.
Gangotena usa una metáfora que resulta lúdica: “Imagínate hoy cocinando una olla de papas. Sacas tus papas de la olla y, ¿qué te queda? Una cantidad de los sustratos de lo que se disolvió de la papa. Eso, en términos técnicos, es materia orgánica. Tú puedes decir: pero eso es solo agua con papa. Ahora, imagínate que cocinas papas todo el tiempo y ese sobrante lo arrojas a un estanque con patos. Puedes llegar al punto que el agua ya no esté tan clara, que no les guste mucho a los patos y se hace turbia porque pierde oxígeno. Son sólidos inofensivos, pero si botas esto al estanque de patos, seguramente esa agua se va a poner verdosa y ya no les va a gustar”.
Por eso, aseguran los funcionarios, que antes de descargar los desechos en los ríos, estos son sometidos por Danec a un camino de cinco hectáreas, donde hay ocho pantanos, incluido uno con un césped conocido como pasto alemán. Estos pantanos “aprovechan” la materia orgánica y van liberando el líquido de ella. Lo van “cerniendo”. El paso final es un fitofiltro: una especie de laberinto donde se sella la limpieza.
Ante la pregunta de si sería capaz de poner un vaso, llenarlo con ese líquido que descargan y beberlo, Gangotena duda por unos segundos, pero responde: “Sí. No te va a gustar mucho porque es agua de río, pero es agua sin contaminantes químicos. No te va a matar. Sí me la tomaría”.
A pesar de esto, la empresa aún no ha respondido a las preguntas relacionadas con el cumplimiento de la sentencia de 2017 en las comunidades de La Chiquita y Guadualito.
¿Qué está haciendo el Estado?
Los técnicos de Danec enlistan los seis tipos de estudios ambientales que ellos hacen permanentemente. De esos seis, dos son exigidos por las prefecturas: un estudio semestral que monitorea agua, emisiones, ruido y suelo; y una auditoría ambiental que se entrega cada dos años y es una especie de comprobación de esos informes semestrales.
Los otros cuatro estudios son “voluntarios”: una auditoría anual de sostenibilidad para garantizar la certificación internacional que otorga la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés); una auditoría anual del MAATE para mantener su acreditación como Punto Verde (marca institucional que otorga la entidad a toda actividad del desarrollo nacional que optimiza los recursos naturales en sus procesos); un monitoreo mensual interno sobre las descargas a los ríos; y un monitoreo anual de ictiofauna y macrobentos, que básicamente intenta mostrar que los ríos siguen vivos.
—Esto nos lo exigen nuestros clientes multinacionales —dice Tobar—, ellos tienen una exigencia de calidad muy superior a la del Gobierno.
—¿Cree que el control del Estado es deficiente?
—La autoridad hace los controles mínimos necesarios. Pero que haga controles de manera rutinaria, no es así.
—¿Y qué tan fácil es burlar ese mínimo control estatal?
—Creo que es temerario dar una respuesta frente a eso. El único que realmente podría tener todos los datos es el Estado, si realmente es claro y transparente.
El problema es que la autoridad no tiene los datos. Esa ha sido la respuesta que hemos recibido desde el año pasado. Para la primera edición de Tras las huellas de la palma, esta alianza periodística pidió a los ministerios del Ambiente y de Agricultura, a las prefecturas de las provincias donde hay palmicultura y a instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, el registro de denuncias presentadas por el manejo ambiental de las empresas de este sector en un lapso de 11 años, entre 2010 y 2020. Para esta segunda entrega, se hicieron los mismos pedidos para actualizar la base de datos hasta el 2021.
Entre todas esas instituciones, sumados los pedidos del año pasado y de este año, solo se obtuvo información sobre siete denuncias —en esa lista está, precisamente, el caso de La Chiquita—, la mayoría de las cuales se resolvieron con una sanción económica —de entre 14.000 y 17.000 dólares— y no se ofrecieron detalles de los tipos de infracciones o daños ambientales ocasionados. Esta cifra es considerablemente menor a la de otros países con importante producción de aceite de palma, como Colombia, donde se registraron 176 denuncias en el mismo periodo de tiempo; o de otros países como Guatemala, con 60 denuncias, y Brasil, con 44.
En Ecuador, para esta segunda etapa se hicieron siete pedidos de información: a los ministerios del Ambiente y de Agricultura y de nuevo a las prefecturas. Las respuestas recibidas son generales, sin datos específicos. Incluso, las prefecturas de las provincias de Los Ríos y Sucumbíos simplemente no respondieron.
En su respuesta, el Ministerio del Ambiente recuerda que, en el 2015, el Consejo Nacional de Competencias otorgó la competencia sobre el control en gestión ambiental en las palmicultoras a las prefecturas.
La Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas informó sobre dos denuncias, una en 2019 y otra en 2020. Sin embargo, aclara que tras inspecciones y seguimiento se logró “mitigar los hallazgos que, en su momento, se evidenciaron in situ, controlando de manera eficaz el manejo y tratamiento de los residuos y desechos provenientes de esta industria”.
En una breve respuesta, la Prefectura de Pichincha escribió: “Conforme a la revisión de los archivos, no se cuenta con registros de ingreso de denuncias, quejas o reclamos en contra de empresas dedicadas al cultivo de palma. Por lo expuesto, las preguntas detalladas no pueden ser respondidas, debido a que no existe información al respecto”. Y la Prefectura de Esmeraldas respondió que cuando vieron un reportaje en el programa Visión360, de Ecuavisa, sobre el caso de la comuna Barranquilla, en San Lorenzo —que también reportó la alianza periodística Tras las huellas de la palma— verificaron que la empresa Energy & Palma tenía los permisos ambientales. Y esa fue la única “denuncia”.
La geógrafa Julianne A. Hazlewood, cofundadora y Directora Ejecutiva de Roots & Routes IC, lleva 25 años estudiando los cultivos de palma en Esmeraldas. A ella le preguntamos por qué la diferencia en cuanto a las cifras de denuncias entre Ecuador (con 7) y Colombia, su país vecino (con 176).
En su respuesta destaca el caso de La Chiquita y asegura que “hay una falta de acción de todos los niveles de Estado: nacional, provincial, cantonal. No hay control a las palmicultoras, la gente tiene miedo y se da cuenta que no puede pasar en juicios 20 años y que, aún ganando, no ven resultados. La gente no tiene esperanza de justicia”.
A la directora de Ambiente de la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, Verónica Narváez, le sorprende que el Ministerio del Ambiente solo haya contabilizado siete denuncias contra palmicultoras en 11 años: “Yo también fui funcionaria del Ministerio y ahí debe haber más. En su momento, esto (las infracciones ambientales) era un dolor de cabeza, sobre todo por el cascajo que se apilaba, y eso en el invierno se convertía en un riachuelo negro que llegaba a los ríos. Y también había lixiviados y humaredas. Todo eso era motivante de denuncias”.
Nárvaez cree que en los últimos años ha habido mejoras, pero motivadas más por las certificadoras que por el mismo Estado. “Es muy diferente el panorama de hace 10 años al actual. Un aliado del Estado han sido las certificadoras. Nos han ayudado a tener acciones más precisas y hasta más fuertes que los planes de las licencias ambientales”, asegura.
¿Cuántas de las palmicultoras descargan efluentes directamente a los ríos? ¿Cuántas tienen sistemas efectivos de purificación de esos afluentes? ¿Cuántos ríos están contaminados por la actividad de la palma? A pesar de la insistencia de esta alianza periodística ante las autoridades ambientales competentes, esas preguntas siguen sin respuesta.
¿Qué pasará con La Chiquita?
La geógrafa Julianne A. Hazlewood, ha seguido el caso de La Chiquita muy de cerca. Cree que la sentencia fue dura con el Estado, pero no lo fue tanto con las empresas. Más allá de eso, también destaca la constante ausencia del Estado. “Un abandono a propósito”, resalta. Y destaca que eso se debe a lo que económicamente representa para el país una actividad como la palmicultura. “Hay un plan de megadesarrollo. En este juicio de La Chiquita hay como 12 diferentes ministerios que tuvieron que actuar en Esmeraldas pero, tras el juicio, ningún ministerio ha hecho nada”.
Los pobladores de este caserío quieren reactivar su caso y exigir el cumplimiento de la sentencia de 2017. Desde inicios de septiembre se han vuelto a reunir y han decidido, por lo pronto, presentar un escrito pidiendo que se certifique si las instituciones involucradas han sido notificadas y si han cumplido “algo” de los mandatos de la Corte.
El abogado David Basurto dice que, si las notificaciones aún no han sido entregadas, intentará entregarlas él mismo. “Debería hacerlo la Corte, pero, por la cantidad de casos que manejan, sería como pedir que una tortuga vaya a dejar los oficios”. Confiesa su deseo de que este caso tenga el final que quedó judicialmente escrito: “Vamos a ver cuánto tiempo se puede recuperar y qué se puede hacer”.
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*Tras las huellas de la palma es una investigación transfronteriza coordinada por Mongabay Latam en alianza con Agencia Ocote de Guatemala, La Barra Espaciadora de Ecuador, France 24 en español por Colombia y Contracorriente y Colectivo Linea 84 de Honduras.
Edición general: Alexa Vélez, Antonio Paz, Thelma Gómez, María Isabel Torres. Coordinación periodística: Antonio Paz. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Yuli Santana, Karla Mendes, Carmen Quintela, José David López, Jennifer Ávila, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel, Alexis Serrano Carmona y Diego Cazar Baquero. Reporteros: Antonio Paz, Karla Mendes, José David López, Carlos Alonzo, Arelí Palomo Contreras, Roberto Chávez, María Clara Calle, Noelia Esquivel y Alexis Serrano Carmona. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias y Daniel Gómez. Audiencias y redes: Dalia Medina y Richard Romero.
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