Hace 20 años, esta comuna de la provincia de Esmeraldas tenía unos ríos cristalinos que eran el centro de la vida de sus habitantes. Hoy, esos afluentes prácticamente están muertos.
Los ríos sufren las consecuencias de recibir los desechos de la minería, la industria de la madera de balsa y los campos de palma aceitera de la empresa Energy & Palma.
Sin un estudio imparcial que pueda determinar qué tanto contamina la palmicultora en la zona, esta comunidad afroecuatoriana se enfrenta a una lucha a ciegas en la que el Estado ha jugado siempre del lado contrario. Las personas que habitan en Barranquilla no desmayan en su esperanza de ser escuchadas.
***
Por Alexis Serrano Carmona / @alexserranocar
Ahora ya todo hace parte del pasado. “Yo me acuerdo cómo era, son imágenes que uno no olvida”, dice Samir Mina, quien ha vivido sus 37 años en este lugar. “Íbamos al río, nadábamos, nos hundíamos porque abajo hay unas cuevitas donde vivían los camarones, o unos animalitos que se llaman minchillas. Íbamos con amigos, hermanos, primos. Con las mamitas, a hacer comidas en las playas, que eran muy lindas. Las mamitas iban a lavar ropa y nosotros, como niños, a nadar, a coger pescado”.
Luego, la cadencia de su voz cambia de la emoción a la angustia: “Ya no se puede hacer nada de eso. Ni lavar la ropa, ni hacer comidas, nada. Estamos mal con el agua. Acá estamos mal”.
El lugar se llama Barranquilla, un pequeño poblado —principalmente afroecuatoriano— en la parroquia San Javier de Cachaví, del cantón San Lorenzo, en la costera provincia de Esmeraldas, en el norte de Ecuador. Un pueblo que hasta hace algo más de dos décadas tenía ríos y esteros cristalinos, pero que ahora quedó atrapado en un cauce turbio, una especie de domo de contaminación formado por la minería ilegal, la producción de madera balsa y los campos de palma aceitera de la empresa Energy & Palma.
Mina es el operador del sistema de agua entubada —no potable— que la comunidad construyó hace 26 años, pero que dejó de funcionar hace cinco meses, primero porque el transformador de energía no abastecía la demanda y, luego, porque la bomba se quemó. Esa agua era tomada de un pozo natural profundo, por lo que asumen que no está contaminada.
“No tenemos agua en estos momentos”, dice. “La preocupación es que esto nos obliga a utilizar el agua de los ríos y nos están cayendo enfermedades: hongos. A las mujeres, problemas vaginales, granos a los niños”. Cuando se le pregunta a más personas, los testimonios de otras enfermedades llegan caudalosos: problemas gastrointestinales, afecciones de la piel, infecciones urinarias…
Todo esto es síntoma de una realidad que, poco a poco, fue alejando a esta comunidad de sus ríos porque sus aguas se volvieron “peligrosas”.
Mina recita de memoria las especies que pescaba la gente cuando él era niño: barbudo, cagua, curuco, sábalo, sabaneta, camarón y minchilla (un tipo de camarón más grande). Pero también recita las pocas que han sobrevivido a la contaminación: “Ya sólo hay sábalo, curuco y barbudo, porque son más fuertes, de aguas turbias”. Aunque ya nadie se atreve a pescarlos para comer: “El barbudo está con gusano; se abre y le salen gusanos. Al sábalo le salen unos tumores, apesta. Al curuco le gusta lamer las peñas, comer de ahí. Entonces, como el agua viene contaminada, todo eso se comen. De lo poco que queda ya no se consume nada. Todo lo demás se ha extinguido”.
Si los habitantes de Barranquilla quieren comer mariscos tienen que ir hasta el centro de San Lorenzo. “A comprar pescados del mar” en los mercados o en una feria a la que los campesinos van para comprar y vender.
Cuando Mina era niño, en los ríos sucedía la vida. Ahora, el agua está prohibida. “Pero, bueno, los niños son inquietos. Por más que uno les dice que no vayan a nadar, ellos van y resultan con enfermedades”.
Una lucha a ciegas
Literalmente, Barranquilla convive con Energy & Palma, parte del grupo empresarial La Fabril. Sus calles están rodeadas de palmeras y es fácil toparse en cualquier esquina con una montaña de bagazo: los desperdicios de la extracción del aceite. Para estas personas, la única forma de llegar a sus casas es cruzando las tierras de la palmicultora.
Desde que la empresa llegó, hace más de 20 años, la comunidad mantiene una disputa por estas tierras, que les fueron otorgadas en 1997 por el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, pero que Energy & Palma ahora reclama como suyas, porque vacíos legales permitieron que algunos comuneros recibieran, un par de años después, unos títulos de propiedad adicionales y se los vendieran a la palmicultora.
Esta disputa los ha llevado a tensiones, enfrentamientos, e incluso a un proceso judicial en el cual un juez de primera instancia sentenció —el 8 de septiembre de 2021— a cuatro dirigentes de la comunidad a pagar 151 000 dólares por daños y perjuicios. Según Energy & Palma, una protesta pacífica que cerró la vía de acceso durante tres meses les provocó pérdidas económicas por 320 000 dólares.
Los dirigentes apelaron la sentencia —hubo una audiencia que se dio entre abril y junio de 2022— y en segunda instancia, a manera de “ínfima cuantía”, la justicia rebajó el monto que deberían pagar a 5000 dólares. Los líderes acusados insisten en su inocencia y apelaron ante la Corte Provincial de Esmeraldas, una instancia superior cuya decisión están esperando desde 2022.
Los habitantes de Barranquilla aseguran que las principales consecuencias de la presencia de la palmicultora —y de otras industrias extractivas— están sobre sus ríos, sus cultivos y, en general, sobre la vida como la conocían. A simple vista, los ríos y los esteros lucen turbios, de un color marrón terroso. No queda huella de las aguas cristalinas de las que los mayores hablan.
Durante más de ocho años, entre 2010 y 2019, Eduardo Rebolledo lideró un equipo de docentes investigadores de la Universidad Católica de Esmeraldas que monitoreó la calidad del agua en dos cantones del norte de la provincia: San Lorenzo y Eloy Alfaro, ambos fronterizos con Colombia. Su trabajo, que se basó en la cuenca del río Santiago-Cayapas, dentro de la Reserva Cotacachi-Cayapas, abarcaba 25 comunidades y varios ríos y esteros menores, entre ellos el que le da el nombre a esta parroquia: el Cachaví. Pero también estaban el Palabí, el Tululbí, el Bogotá, el Santiago, el estero María, el estero Las Antonias… Los científicos tomaban las muestras de agua e incluso de algunos peces, y los enviaban a laboratorios de Canadá y Alemania.
“Detectamos gran acumulación de metales pesados”, explica Rebolledo; principalmente fruto de la minería. “Había muchos, casi todos los que empiezan con C: cobre, cadmio, cobalto, cromo. También manganeso”. Los investigadores trabajaban gracias a un convenio con el Laboratorio de Química Analítica de la Universidad del País Vasco, lo que permitía un análisis más eficiente, explica el experto. Los laboratorios en Ecuador registraban las muestras en miligramos por litro, mientras allá lo hacían en nanogramos por litro; así lograban medir los metales disueltos, es decir, aquellos que ingresarían directamente al organismo humano si alguien bebía esa agua.
“San Javier de Cachaví presentó siempre uno de los peores escenarios de contaminación”, continúa Rebolledo. “Lógico, porque está en la cuenca baja del Cachaví, que presenta el peor cuadro minero del norte de Esmeraldas. Ese río ha sido minado 15 o 20 años y no para”.
Sin embargo, no existe una medición específica, independiente e imparcial, sobre los efectos de la plantación de palma y la extracción de aceite en la zona. Rebolledo cuenta que, ante las quejas de la gente, hicieron una propuesta para un nuevo monitoreo, esta vez específico para la industria palmicultora. El estudio, que tomaría tres meses, costaba 40 000 dólares. Analizar cada muestra costaba 300 dólares. “Hay compuestos mucho más caros”, explica. Lo cierto es que esa suma es imposible de pagar para una comunidad que, según estimaciones, vive con tres dólares al día. Los científicos tampoco recibieron apoyo del Estado.
Sin ese estudio imparcial, la lucha de esta comunidad sigue siendo a ciegas. Nadie puede decir con certeza qué tanto contamina la palmicultora sus ríos.
Energy & Palma está obligada a entregar informes semestrales de monitoreo de la calidad del agua y los suelos. Sin embargo, estos estudios son contratados por la propia empresa, con laboratorios previamente avalados por el Servicio de Acreditación Ecuatoriano (SAE). Son estudios en los que, con los resultados de las mediciones realizadas por esos laboratorios, básicamente se establece que la empresa cumple con la normativa legal y a los que las autoridades, como un acto de fe, les creen.
Hay dos momentos en que los ambientalistas y los comuneros presumen contaminación: la siembra y producción de las palmeras, para lo cual se utilizan pesticidas y otros químicos; y la extracción, proceso del cual resultan lixiviados que, aunque haya un tratamiento, podrían enviar material contaminante a los ríos. En tiempos recientes se ha sumado un factor adicional: los búfalos que la empresa utiliza para transportar el fruto de la palma son llevados hasta los ojos de agua y los ríos para que se laven.
“Esos animales atraviesan toda la palmicultora. Llegan cubiertos de todos los pesticidas y los químicos”, dice Nathalia Bonilla, presidenta de la organización no gubernamental Acción Ecológica, quien ha seguido el caso desde noviembre de 2019. “Eso es una bofetada a la dignidad de la gente. Es decirle: me importas tan poco que tú te bañas y tomas el agua en la que mis animales se lavan. ¿Qué le están diciendo a la gente? Tú vales menos que este animal”.
A todo esto se suma el tercer elemento del domo de contaminación: la extracción de la madera balsa, para lo cual se utilizan también pesticidas, plaguicidas y agroquímicos, además de una deforestación constante. Todos esos materiales contaminantes, a través del terreno y del agua subterránea llegan también hacia los ríos.
¿Y el Estado?
El 17 de junio de 2020, los habitantes de Barranquilla hicieron una denuncia ante el Ministerio del Ambiente. “Hemos venido haciendo denuncias de la contaminación de los esteros, riachuelos y ríos de nuestra comuna (por la actividad de la palmicultora). Se han presentado en las oficinas del Ministerio del Ambiente en la ciudad de Esmeraldas, pero no hemos tenido respuestas”, dice el documento.
El 19 de octubre de ese año, la Dirección de Normativas y Control Ambiental remitió el caso a la Dirección Desconcentrada de Esmeraldas, que nueve días después, el 28 de octubre, realizó una inspección a la empresa.
A inicios de noviembre de 2020, se emitió el informe sobre esa visita que, en resumen, dice que el área de almacenamiento de desechos peligrosos y la bodega de agroquímicos cumplen con la normativa ambiental, que existen zonas de amortiguamiento junto a esteros y cuerpos de agua, así como áreas de conservación con especies nativas, y que no se evidenció afectación a cuerpos de agua por la presencia de los búfalos.
Pese a ello, el 12 de enero de 2021 se notificó a Energy & Palma sobre una toma de muestras de agua para realizar un estudio adicional. La toma se hizo el 21 de enero, según registros oficiales. Ningún delegado de la comunidad estuvo presente en esa diligencia. Según consta en el informe, la delegada de Energy & Palma aseguró que el entonces presidente de la comuna, Néstor Caicedo, se negó a recibir la notificación.
Caicedo reconoce que la empresa —no del Ministerio— intentó entregarle una notificación el día anterior a la visita, pero que él no la aceptó porque habían pedido que la visita fuera sorpresa. “Si le avisan a la empresa es como decirle: ‘Arregla tu casa que voy para allá’. Nosotros queríamos llevarles a los lugares donde se hacen las descargas directas al río, no donde la empresa ordenara la toma de las muestras”, explica.
En todo caso, el informe del Ministerio establece que se encargó el análisis de esas muestras al laboratorio Camacho & Cifuentes. Esa es la última noticia que tiene la comunidad. Mongabay Latam pidió información sobre los resultados al Ministerio, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo respuesta. También se solicitaron los datos al laboratorio, pero indicaron que, por cláusulas de confidencialidad, solamente se pueden entregar por pedido del Ministerio o de Energy & Palma.
Para conversar sobre este tema y sobre los procesos ambientales internos, se solicitó una entrevista con la empresa palmicultora. La respuesta de la recepcionista fue que las personas que podrían atendernos no estaban disponibles. “Cualquier cosita le estaríamos avisando. No sabría decirle hasta cuándo podría ser, no me dieron fecha”, dijo, tras consultar a sus jefes.
El domo
Quizá lo más cercano a un estudio independiente sobre la calidad del agua en Barranquilla lo hizo la fundación Clínica Ambiental, que centra su trabajo en la Amazonía ecuatoriana, pero que, convocada por Acción Ecológica, hizo tres visitas a la zona, entre abril de 2022 y marzo de 2023. La misión fue liderada por la subcoordinadora de proyectos, Paola Oña. “Lo primero que observas son los niños —cuenta Oña—. Tienen unas pancitas gigantes y son delgaditos. Y cuando hablas con ellos ves el mal estado de sus dientes”.
La experta describe la ubicación de Barranquilla como si estuviera dentro de un domo: “Un domo rodeado de tres fuertes focos de contaminación: al principio está la minería; entras más allá y ves la palma; y en los alrededores, la balsa. Y el olor… reconoces claramente el glifosato”.
Oña enlista cosas que llamaron su atención: un galón de agua cuesta 1,50 dólares mientras que una cerveza, 1,25; hay muy pocas frutas en las tiendas, pero sí muchos colores fosforescentes de las golosinas; la mayoría de las casas tiene un televisor plasma gigante, pero no las condiciones dignas de vivienda. “Entonces, bajo esas alertas, nos preguntamos: ¿cuál es la necesidad urgente? ¡El agua!”, cuenta. “La única escuelita del sector no tenía agua, las conexiones del baño eran bastante insalubres, lejos de ser un lugar de aseo, eran un foco de infección. Decidimos instalar un filtro en la escuelita”.
Para decidir qué tipo de filtro usar, hicieron pruebas de reactivo azul, que buscan determinar si el agua que consumen es apta para el consumo humano. ¿El resultado? No lo es.
“Nos llevamos unas pequeñas muestras del río Cachaví y del esterito, vimos que están cargadas de coliformes fecales: era agua con excremento; una concentración alta, como si estuvieras tomando muestras de heces. Hablamos con la comunidad y nos dicen que ahí bañan al ganado de la palmicultora. Están echando mierda en el agua”, dice Oña.
“Y tú no les puedes decir ‘no tomen esa agua’, porque Barranquilla es una zona de extrema pobreza, no tienen para pagar 1,50 dólares por galón. Lo único que puedes decirles es ‘hiérvela bien’, pero tú sabes que están bebiendo agua contaminada”.
El filtro que colocaron consta de tres tanques, de 1000 litros cada uno, en los que están distribuidos algunos materiales con base en el carbón. Con esto, algo se puede mejorar la calidad del agua, aunque no se la puede librar de toda la contaminación, explica Oña.
Clínica Ambiental identificó 30 casos de afecciones dermatológicas. “Había lesiones pequeñas, pero crónicas, en todo el cuerpo”. Primero, analizaron los casos por telemedicina y luego los cotejaron en el Centro de Estudio de la Piel, en Quito. Allí les dijeron que ese tipo de lesiones parecían provocadas por medicinas o por químicos. Oña concluye que pueden ser los agroquímicos que se usan para los cultivos.
El presidente de la comuna, Luis Quintero, no tiene dudas de que esa es, al menos, una de las causas: “La palmicultora nos ha estado pisoteando, maltratando las fuentes de agua. Algunos miembros de la comunidad todavía ocupan esa agua para beber, para bañarse”.
De los 30 casos, dos necesitaron la realización de una biopsia en Quito, cuenta la experta: “Por la gravedad de la lesión, la recurrencia, el dolor y la anomalía”. Uno de ellos se ha mostrado resistente a los tratamientos y sigue siendo paciente hasta la actualidad.
En la tercera visita llevaron un plan para crear un bosque comestible, para que la nutrición de la comunidad pudiera mejorar. “Un surtidor de comida —dice Oña—. Las semillas iban a ser donadas por las comunidades en resistencia de la Amazonía”. Pero, entonces, llegó el invierno, que provocó severas inundaciones en Esmeraldas, y luego la ola de inseguridad que aún azota a Ecuador. Y todo quedó ahí. “No se podía garantizar que íbamos a estar bien, cuando hasta al alcalde lo mataban”.
La experta no oculta su preocupación: “No existe una prueba que diga: esto es culpa de la minería, esto es culpa de la palma y esto es culpa de la balsa. Pero sí podemos decir que la suma de todo esto es lo que provoca las condiciones actuales. Junta todas estas cosas que hay en el entorno y lo que tienes es una bomba de tiempo”.
El hartazgo
El ambiente, la salud y la economía no son los únicos afectados, dice Nathalia Bonilla de Acción Ecológica: “También existen impactos culturales. Estas comunidades se asientan en los bordes de los ríos. Desarrollan su vida en torno al río. Se las ha llegado a catalogar como comunidades de río: la diversión de los niños, los enamoramientos, los rituales suceden en el río. ¡La identidad! La gente suele decir: ‘yo soy del Cachaví’”.
Después de tantos años de lucha, la comunidad empieza a cansarse. Esto se siente en las palabras de Néstor Caicedo, el expresidente de la comuna y uno de los sentenciados tras la denuncia de la palmicultora: “Las leyes no favorecen a los comuneros, a los dueños del territorio. Hay una decepción bastante grande. Eso ha provocado que el tejido social se rompa. Ahora pedimos apoyo, pero la comunidad, de tanta lucha y de tanto atropello, ya no se atreve ni siquiera a mirar a la empresa. Dejan que hagan lo que quieran, tanto la palmicultora como los mineros”.
Las palabras del actual presidente, Luis Quintero, reflejan el mismo desánimo: “Hay momentos en los que dan ganas de dejar esta situación. Pero, a la vez, tampoco podemos dejar todo botado”.
En noviembre de 2023, Barranquilla, junto a la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl) y Acción Ecológica, presentaron un reclamo contra el Estado ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por no haberlos protegido y evitado las afecciones registradas en sus tierras. Al cierre de este reportaje la demanda había sido admitida y ya se había conformado un comité tripartito para llevar el caso.
“Es meritorio que la gente se mantenga en la lucha”, dice Bonilla. “Aun cuando cada vez haya menos moradores que se suman, de todas formas, la lucha se mantiene”.
Ahí seguirán en Barranquilla, los niños, sus padres, sus abuelos, tratando de solucionar el actual problema que les aqueja: la falta de agua por el daño de la bomba que abastece su sistema de tuberías. Mientras, siguen a ciegas, por la ausencia de respuestas sobre la contaminación de sus ríos.
Este reportaje se publicó en nuestro medio aliado Mongabay Latam.
