Por Antonio José Paz Cardona
Si hay un tema que causa polémica en Ecuador es el de las actividades extractivas en territorios indígenas altamente biodiversos. Desde 2018, el Estado ecuatoriano ha perdido varios casos en los tribunales debido a falencias en la realización de la consulta previa, libre e informada en territorios amazónicos.
A finales del 2018, los indígenas cofán de Sinangoe demostraron que la minería avanzaba en sus tierras, en la provincia de Sucumbíos, y que nunca fueron consultados. Este año, los indígenas waorani de la provincia de Pastaza demostraron que no fueron consultados sobre actividades de exploración y explotación petrolera en el bloque 22, lo que afectaría el medio ambiente y su territorio. Y hace apenas dos meses, los indígenas kichwa de Santa Clara lograron que la justicia ecuatoriana frenara la construcción de una hidroeléctrica sobre el río Piatúa; en el caso no solo se demostró violación a la consulta previa sino que quedó en evidencia una red de corrupción dentro de la rama judicial, que con sobornos pretendía invalidar las peticiones de los indígenas.
Hoy un nuevo proyecto extractivo está en el ojo de la tormenta en la Amazonía ecuatoriana. Si bien el gobierno aceptó la renuncia de una empresa a explotar petróleo en el bloque 79, ubicado en la provincia de Pastaza, las críticas apuntan a que el Estado no se pronunció sobre otro proyecto de exploración y explotación que tiene la misma compañía en el bloque 83, donde se mueven indígenas en aislamiento voluntario del país.
A esto se suma que el gobierno ecuatoriano tiene una deuda pendiente en la misma zona. Los indígenas kichwa de Sarayaku, situados también en la provincia de Pastaza, presentaron, el pasado 13 de noviembre, una demanda contra el Estado en la Corte Constitucional por no cumplir con lo que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012 —cuando una empresa petrolera ingresó a la fuerza a su territorio y dejó más de tonelada y media de explosivos enterrados en sus territorios—.
Dos bloques polémicos durante décadas
Los bloques petroleros 79 y 83 se ubican en el centro-sur de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Pastaza, debajo del parque Nacional Yasuní. Se superponen con territorios de los pueblos kichwa y sapara.
Desde la década de los setenta, el gobierno determinó que en este lugar había crudo, sin embargo, la posibilidad de extraerlo se volvió más rentable entre 2010 y 2011 con la subida de los precios del petróleo. Fue en ese momento que el gobierno del presidente Rafael Correa convocó a una ronda de licitación petrolera conocida como la ronda suroriente o la ronda XI. En 2016, los bloques 79 y 83 fueron concesionados a la empresa de capital chino Andes Petroleum y esta se comprometió a desarrollar actividades de exploración y explotación.
El año pasado la compañía, sin embargo, le solicitó al gobierno ecuatoriano la aplicación de un recurso llamado fuerza mayor para los bloques 79 y 83, por existir razones externas a la capacidad operativa de la empresa que impedían desarrollar las actividades y cumplir con el contrato. Según Andes Petroleum, la oposición indígena a la actividad petrolera en los bloques hace imposible que la compañía explore y explote hidrocarburos en la zona. A principios de este noviembre el Estado aceptó el recurso pero solo para el bloque 79.
De inmediato, representantes de los pueblos kichwa y sapara, así como la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exigieron que el desistimiento se aplique también para el bloque 83. En un comunicado oficial aseguraron que las organizaciones y comunidades indígenas, que son las directamente involucradas en todo el proceso de exploración y explotación petrolera de los bloques 79 y 83, no fueron notificados ni socializados.
También le exigieron al Estado “que la empresa deje inmediatamente y a perpetuidad los territorios de las nacionalidades indígenas amazónicas y se eliminen del catastro petrolero los bloques de la ronda sur oriente. Ya que toda esta ronda ha violentado nuestros derechos de autodeterminación y consulta previa libre e informada como lo dictamina la sentencia waorani vs Ecuador”.
A los líderes indígenas les llama la atención que en el documento se hable sobre fuerza mayor en los bloques 79 y 83 pero, finalmente, solo se resolvió el tema para el bloque 79, “cuando el bloque 83 está en la misma situación”.
Benito Bonilla, vocero de la Fundación Pachamama, dice que hay contradicciones en la información oficial. “Tenemos la resolución del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables en la que se indica que se retira la licencia de explotación en el bloque 79, pero también tenemos las cartas que hace llegar el Ministerio a Andes Petroleum donde indica que se suspenden operaciones en el bloque 83. No queda claro si el gobierno decidió suspender las licencias en los dos bloques, solamente en uno o si hay un error de comunicación interna en el Ministerio y se generó la confusión”.
Mongabay Latam intentó comunicarse con el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables pero no obtuvo respuesta. Así mismo, se contactó vía telefónica con la petrolera Andes Petroleum sin tener éxito en la llamada y envió un mensaje a través de la página web de la empresa, pero después de enviado se mostraba una alerta de fallo en el sistema.
El Ministerio del Ambiente recibió las preguntas enviadas por este medio pero hasta el momento de publicación de este artículo no se ha recibido una respuesta oficial.
Un pueblo patrimonio e indígenas en aislamiento
Lo cierto es que, hasta el momento, el cese de actividades parece referirse solo al bloque 79. Yanda Montahuano, líder del pueblo sapara, asegura que “nosotros los sapara nos hemos opuesto a todos los bloques que están dentro de nuestro territorio, sabemos que si llegan van a contaminar nuestra forma de vida como sucedió con los hermanos del norte. Hoy apenas somos 500 sapara y podríamos desaparecer muy rápidamente”.
De acuerdo con Montahuano, la empresa decidió retirarse del bloque 79 pero el gobierno no ha dicho nada respecto al bloque 83. A los sapara les preocupa, según dice el dirigente, que el Estado no escuche la demanda de su pueblo, que sigue “en pie de lucha” para que la empresa también se retire de ese bloque.
“El Estado ha mantenido una actitud silenciosa y poco abierta al diálogo, entre otras cosas, esta ha sido también una de las razones por las cuales los indígenas de la Amazonía participaron activamente del paro nacional que se llevó a cabo hace unas semanas y que tenía una fuerte demanda del sector indígena contra las actividades extractivas”, asegura Montahuano.
La futura exploración y explotación del bloque 83 —del cual no se pronunció el gobierno ecuatoriano en su resolución— se daría en gran parte sobre territorio de la nacionalidad indígena sapara, la cual apenas tiene cerca de 580 personas en un territorio extenso y que cuenta con un idioma propio —saparo— que solo tres personas hablan con fluidez. Además, la Unesco declaró al pueblo y a su lengua como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Este ha sido uno de los argumentos de los Sapara para oponerse a las actividades extractivas. Pero no solo esto, en el bloque 83 viven y transitan indígenas en aislamiento voluntario.
“En el marco de la Declaratoria de Interés Nacional para la explotación del Yasuní, el informe del Ministerio de Justicia en el año 2013 afirmó que los indígenas en aislamiento voluntario Tagaeri Taromenane se ubicaban en tres grupos y que el grupo Chuchiyaku se encuentra dentro del bloque 83. Esto ya fue en varias ocasiones mencionado a los ministerios responsables y a la empresa sin que esta información sea tomada en cuenta”, dice el comunicado enviado por los indígenas al gobierno ecuatoriano.
A esto se suma que, en una entrevista con el programa de televisión Visión 360, el nuevo ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, manifestó sus intenciones de conversar con los indígenas no contactados y que se encuentran en aislamiento voluntario. Dicha afirmación despertó la indignación entre los líderes indígenas, quienes la consideraron una idea absurda y hasta cuestionaron el conocimiento que el ministro tiene del tema.
De acuerdo con Benito Bonilla de la Fundación Pachamama, a lo largo de los años los relatos del pueblo sapara cuentan que en una época algunos abuelos también decidieron aislarse de la sociedad y vivir en aislamiento en la selva. Aunque oficialmente se reconoce solo a los Tagaeri y Taromenane, es probable que existan otros grupos aislados.
Siete años de incumplimientos
Miriam Cisneros, presidenta de los indígenas kichwa de Sarayaku, recuerda que el caso de su comunidad fue uno de los primeros en tener eco a nivel internacional y sirvió de ejemplo a los más recientes reclamos de los cofán, los waorani y los kichwa de Santa Clara.
El pleito de los Sarayaku se remonta al 2003, cuando el gobierno ecuatoriano permitió el ingreso de una empresa petrolera argentina al territorio kichwa. En ese momento entraron con militares y sin realizar procesos de consulta. El pueblo Sarayaku decidió demandar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que luego trasladó el caso a la Corte Interamericana, donde finalmente los indígenas ganaron el pleito en 2012.
En la sentencia se le ordenó al gobierno retirar 1 400 kilos del explosivo pentolita que la empresa había enterrado para desarrollar su proceso de sísmica y que quedaron en el territorio una vez que abandonó el lugar. Según Bonilla, hasta el momento el Ejército y la Policía solo han retirado 14 kg. Otra de las órdenes era que el gobierno adaptara los procesos de consulta previa, libre e informada para regularlos de acuerdo a los estándares internacionales. “La consulta previa sigue siendo una gran deuda del gobierno con los pueblos indígenas y por eso el Estado ha perdido numerosos casos relacionados con industrias extractivas”, dice Bonilla.
Los kichwa de Sarayaku, con una comisión de 100 personas, interpusieron una acción de incumplimiento en la Corte Constitucional el pasado 13 de noviembre, pues aseguran que durante siete años no se ha avanzado en nada de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“A lo largo de los años hemos enviado documentos al presidente pidiéndole reuniones, una mesa de diálogo para planificar y reuniones en territorio. No hemos tenido ninguna respuesta”, comenta Cisneros.
Por su parte, el abogado de los indígenas, Mario Melo, dice que no se ha reglamentado la consulta previa de acuerdo a los estándares fijados en la sentencia, a pesar de que la justicia ecuatoriana también lo ordenó en el caso de los indígenas waorani contra el Estado de Ecuador. Además, “no se ha hecho consulta al pueblo de Sarayaku aún cuando en 2016 se volvió a concesionar parte de su territorio en favor de una empresa de origen chino [Andes Petroleum] en el bloque 79”.
Por lo anterior, Jaime Vargas, presidente de la Conaie, es categórico al afirmar que “las comunidades están cansadas de aguantar crisis, no quieren seguir viendo más contaminación ambiental. El petróleo debe quedar guardado hasta que haya una buena planificación”.
Quizás lo que más preocupa en el caso de los kichwa de Sarayaku es el peligro al que siguen expuestos con los explosivos bajo sus suelos. “La detonación de una carga de explosivos en un territorio indígena, que depende de la caza y otros servicios de la naturaleza, es escandaloso. Por un lado ahuyenta los animales de los que subsisten y por el otro, el centro sur de la Amazonía ecuatoriana está catalogado como uno de los hotspots de biodiversidad del mundo”, afirma Benito Bonilla de Fundación Pachamama. Según dice, al estar atravesada por la línea ecuatorial y cercana a la Cordillera de los Andes, es una de las zonas amazónicas con mayor humedad y pluviosidad, con mucha biodiversidad y uno de los lugares del planeta con más endemismos.
*Artículo original publicado en Mongabay Latam.
