Por Diana Cabascango, Nathalia Bonilla e Iván Castaneira
Fotografías: Iván Castaneira / Kevin Zúñiga
Desde el 19 de abril, en una pequeña parroquia de la sierra ecuatoriana llamada La Merced de Buenos Aires, las tensiones entre sus habitantes y la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S.A. han aumentado. Esta empresa de capital australiano, subsidiaria de la firma Hancock Prospecting, ha hecho acto de presencia con camiones, maquinaria y trabajadores, exigiendo el paso hacia la zona minera donde tiene una concesión desde el 2017. Mientras tanto, los pobladores, que ya conocen lo que es la minería luego de que durante años sufrieran los efectos de la minería ilegal en el territorio, la rechazan.
Buenos Aires se ubica en el cantón Urcuquí, de la provincia de Imbabura, en la sierra norte de Ecuador. Cuenta con un poco más de 1800 habitantes, casi todos migrantes provenientes de la vecina provincia de Carchi, y repartidos en varias comunas, entre ellas, el poblado indígena Awá de Palmira, un típico pueblo andino a 2 900 msnm.
Llegar al territorio de La Merced de Buenos Aires implica recorrer paisajes ricos en biodiversidad. Distintos pisos ecológicos se aprecian a lo largo del camino de tercer orden por el que hay que transitar durante una hora desde la entrada del poblado de San Jerónimo, junto a la carretera Ibarra-Lita. El lugar se encuentra entre la reserva Cotacachi-Cayapas y el Bosque Protector Golondrinas, y constituye un paraíso escondido en las estribaciones de la montaña.
El poblado central de La Merced de Buenos Aires se encuentra a 2 270 msnm, en la ceja del páramo andino, y es rico en fuentes hídricas: riachuelos, ojos de agua y cascadas abundan. Su clima puede ser muy variado: del frío al subtrópico, y por eso, su producción agrícola es sumamente rica.
Una de las regiones más biodiversas
La Merced de Buenos Aires es parte del Chocó biogeográfico, un territorio que se extiende desde Panamá hasta Ecuador, pasando por Colombia, y que es conocido por ser un punto caliente de biodiversidad y por tener altas tasas de endemismo. Su vegetación la convierte en la región más rica del hemisferio occidental. Pero este ecosistema es también uno de los más amenazados del planeta. En Ecuador, la deforestación y las actividades mineras, ilegales y legales, son los principales enemigos. De acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la parroquia, el 62% del territorio goza de una prioridad de conservación, pero la minera Hanrine y el Estado, al entregarle concesiones, lo ha irrespetado.
Han pasado cuatro generaciones desde el nacimiento del poblado de Buenos Aires. Los primeros llegaron desde comunidades de la provincia del Carchi. Mujeres y hombres trabajadores del campo, agricultores, ganaderos, piscicultores. Todos ellos sabían de la fertilidad de estos suelos y de la disponibilidad de agua limpia. En este territorio hay sistemas silvopastoriles, de crianza de ganado, de producción de leche, zonas que han logrado integrar arbustos y árboles ricos en follaje. La estructura del suelo y su fertilidad se han enriquecido gracias a ellos, además de brindar sombra y refugio a los animales en medio de los potreros.
Así mismo, encontramos diversidad de cultivos en las fincas familiares. Papa, maíz, ocas, mellocos, achogchas, jícama, morochillo, trigo, habas, cebada, fréjol, hortalizas de hoja, uvillas, cítricos, moras son algunos de los productos más comunes. En los lugares bajos y cálidos crece la caña de azúcar, yuca, papaya, naranjilla, café y cacao. Las familias procesan la leche y producen quesos y otros derivados que comercializan en los poblados cercanos. Los excedentes de leche son entregados a empresas acopiadoras. En suma, alrededor del 37% del territorio de la parroquia está dedicado a actividades agropecuarias.
Pero los comuneros cuentan que los recursos que el Estado ecuatoriano destinaba para la agricultura y la ganadería han disminuido. Los organismos públicos encargados de implementar programas de conservación y fomento de cultivos desaparecieron. En su lugar, comenzaron a ver cómo a su territorio iban llegando personas extrañas.
La minería ilegal
En Ecuador, de un tiempo a esta parte, oír hablar de Buenos Aires supone la idea de un sitio conflictivo, peligroso, tomado por la minería ilegal y por distintos grupos armados. Los mineros ilegales han destruido la montaña y muchos viven en condiciones infrahumanas, con viviendas hechas de pilotes de madera, techos y paredes de plástico.
Los mineros destruyeron la montaña, contaminaron el agua con mercurio y cianuro, mientras arrancaban y llevaban las rocas impregnadas de oro desde Imbabura hacia Ponce Enríquez, con la ayuda de una compleja red de corrupción que involucró a militares, policías, empresas mineras legales y autoridades del gobierno. El conflicto llegó a su punto más grave cuando el 2 de julio del 2019, una intervención interinstitucional, con el Ministerio de Gobierno a la cabeza, lo frenó todo. Se trató del operativo Nuevo Amanecer, que desalojó a la minería ilegal del lugar y, como consecuencia, provocó la diáspora de varias familias ya acostumbradas a la dependencia del dinero que dan las minas. El Estado sacó a todos de ahí, pero no pensó en lo que vendría después. No hubo planes ni programas que atendieran los efectos del operativo.
El Triunfo se encuentra a unos 18 kilómetros del pueblo. Está dentro de la concesión Imba 2, de la empresa minera Hanrine, subsidiaria de la empresa australiana Hancock Prospecting, que a su vez tiene en su poder 4 concesiones mineras desde el 2017. Imba 2 fue la más afectada por la invasión de los mineros ilegales. Las concesiones ubicadas en esta zona se entregaron a Hanrine el 20 de noviembre de ese año, pero la empresa no inició la exploración sino hasta ahora, cuando enfrenta el rechazo de la población a quien nadie ha consultado sobre su presencia. A casi cuatro años de eso, Hanrine espera que el Estado ecuatoriano se haga cargo de los daños ambientales provocados por la minería ilegal, entre ellos, deforestación, contaminación de las fuentes de agua y de los suelos, hoyos en la montaña y hasta sacos de material y herramientas abandonados.
Sin embargo, lo que no toma en cuenta la minera es que la cotidianidad de esta parroquia se vio fuertemente afectada con la llegada de la minería. La fiebre del oro atrajo a migrantes provenientes del sur de Ecuador y a muchos extranjeros también migrantes. Al principio, llegaban hombres solos. Luego llegaron familias enteras y se fueron adentrando en la montaña. Invadieron las fincas y por la fuerza, con armas de fuego, se quedaron ahí. Detrás de ellos llegaron grupos armados irregulares y la delincuencia común nació con ellos. Al poco tiempo se instalaron negocios de prostitución y la violencia sexual se instauró en el lugar. Los agricultores que se enfrentaban a los invasores eran expulsados a bala y hoy muchos de ellos cuentan cómo con las justas lograron salvar su vida.
En medio del conflicto, los bonaerenses buscaron en varias ocasiones a la policía, acudieron a la Fiscalía para presentar denuncias, pero los fiscales de Urcuquí se negaban a recibir esos reclamos. De hecho, cuando la población más los necesitaba, incluso retiraron el resguardo policial. La violencia generada por los mineros llegó a tal punto que ni siquiera los médicos del centro de salud podían entrar. El Estado ecuatoriano dejó sin atención sanitaria y sin protección policial a la población y hasta hoy los daños ambientales en la parroquia están a la vista.
De la minería ilegal a la minería sin consulta
El 19 de abril del 2021, la empresa Hanrine Ecuadorian Exploration And Mining S.A. llegó hasta la entrada de la comunidad con 6 camiones y unas 25 camionetas llenos de trabajadores y maquinaria. Pero no llegaron solos. Con ellos llegaron elementos de la Policía Nacional y del Ejército, con la intención de pasar hacia los campamentos donde la empresa planea iniciar sus actividades de explotación minera cuatro años después de que, durante el gobierno de Lenín Moreno, les fuera otorgada la concesión. Hasta el día de la publicación de este reportaje, la presencia de la empresa continúa.
La empresa Hanrine tiene a su cargo la concesión Imba 2, la cual se encuentra dentro del territorio de la parroquia de Buenos Aires. En total, esta transnacional tiene 6 concesiones mineras, lo que representa cerca de 26 000 hectáreas en diferentes cantones de las provincias de Carchi e Imbabura.
El poder de esta empresa -contrario a lo que ha ocurrido con los habitantes de Buenos Aires- sí ha merecido la atención del sistema de justicia ecuatoriano. El 17 de agosto del 2020, en medio de la pandemia por el covid- 19, el Comité de Operaciones de Emergencia Cantonal de Urcuquí suspendió todas las actividades mineras en el cantón hasta que se cumpliera con los protocolos de bioseguridad dispuestos por el Gobierno. Pero Hanrine planteó una acción de protección en contra de esa medida y la Corte Provincial de Pichincha la concedió y sentenció al COE Cantonal el 3 de maro de 2021 arguyendo que no tiene las competencias para suspender actividades mineras.
Desde el primer día en que la empresa Hanrine arribó a la comunidad, se han acercado representantes de cinco instituciones y ministerios para intentar abrir diálogos con la comunidad. Funcionarios de la Aldaldía de Urcucquí, la gobernadora de Imbabura, María Gabriela Jaramillo, y operarios del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables, e incluso miembros de la Dinapen han fracasado en su intento de persuadir a la población para que permita el paso de la minera australiana.
El 22 de abril, en un acto público, la gobernadora Jaramillo dijo ante la comunidad que la empresa tiene toda la documentación en regla e hizo un compromiso de entregar a la comunidad dichos documentos. Pero nunca cumplió su oferta. También mintió afirmando que en Buenos Aires existe desnutrición infantil, lo cual indignó a la comunidad. Este equipo de investigación corroboró que no existe información alguna que demuestre algún caso de desnutrición infantil en esta parroquia. La Gobernadora se retiró del lugar diciendo que la comunidad “no está abierta al diálogo”.
El lunes 26 de abril de 2021, la comisaría municipal de la Alcaldía de Urcuquí realizó una inspección al campamento de la empresa minera Hanrine, levantado a aproximadamente 20 metros del casco parroquial, donde al cierre de este reportaje se encuentran aproximadamente 7 camiones y 20 camionetas con un grupo estimado de 200 personas. Esta inspección fue el resultado de la visita del alcalde de Urcuquí, Tyron Vega, quien el día 22 de abril se comprometió a ayudar al pueblo de Buenos Aires a resolver este conflicto, luego de que las autoridades del gobierno central abandonaran una mesa de diálogo sin resolver el conflicto social de la zona.
Los hechos ocurridos en Buenos Aires demuestran que la empresa australiana se vale del respaldo que le ofrecen ciertas autoridades de gobiernos locales y del mismo gobierno nacional, para presionar a la comunidad, confundir a la opinión pública y evitar consultar a los miles de habitantes afectados por su presencia. Hanrine se refiere a los pobladores de la parroquia como “mineros ilegales” para deslegitimar sus protestas. Los bonaerenses niegan estas acusaciones y responden que, al contrario, “la empresa es la ilegal, porque nunca ha realizado un proceso de consulta con la comunidad y pretende imponerse sobre la parroquia”. Estas son las palabras de Gabriel Fraga, miembro del grupo Bonaerenses Unidos Protectores del Ecosistema (Buproe).
La consulta ambiental es una forma de participación ciudadana. Es el mecanismo garante de la exigibilidad de los derechos ambientales en los procesos o proyectos impulsados por instituciones del Estado o empresas concesionarias que puedan afectar al medio ambiente. El derecho a esta consulta está garantizado en el Artículo 88 de la Constitución de la República y respaldado por varios convenios y tratados internacionales, entre ellos, el Convenio 169 de la OIT.
La consulta ambiental es un derecho de todas las personas que de una u otra manera se verían afectadas por daños ambientales en las áreas de influencia de actividades extractivas o programas estatales o de sus concesionarios privados. Esto incluye proyectos de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras o zonas en las que habitan.
Lejos de ser tratados como dueños legítimos de estas tierras, los bonaerenses son testigos del aumento de la presencia policial y, paradójicamente, de la falta de control en la “Y” ubicada en San Jerónimo, a la entrada de la vía que conduce desde la Panamericana hacia su poblado.
Desde que estalló este conflicto, distintas organizaciones de defensa de los Derechos Humanos y la misma Defensoría del Pueblo se han pronunciado a través de comunicados y en sus redes sociales para alertar sobre la tensión que vive esta pequeña parroquia imbabureña y para exigir que sea respetado el legítimo derecho a la protesta, consagrado en la Constitución de la República del Ecuador.
Ni las autoridades de Imbabura ni la presencia de la policía y el ejército han podido debilitar la resistencia contra la minería por parte de los pobladores de la parroquia de Buenos Aires. Sus habitantes exigen al Estado facilidades para trabajar la tierra, para sembrar, para seguir produciendo leche, quesos, carne. Eso es lo que consideran una inversión que ayudará a su parroquia, no las promesas de la minería.
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