Las comunidades de la parroquia de La Merced de Buenos Aires rechazan la minería ilegal y legal en sus montañas luego de que las invasiones de mineros ilegales entre el 2017 y el 2019 dejaran miedo y violencia. El Estado ecuatoriano y la empresa Henrine intentan posicionar la idea de que los comuneros respaldan la actividad ilegal, pero los habitantes de la parroquia protestan por la falta de consultas previa y ambiental, derechos constitucionales que les han sido arrebatados. Hay denuncias de que la transnacional habría empleado a personas que formaron parte de la invasión ilegal. Mientras tanto, el gobierno de Guillermo Lasso emitió los decretos 95 y 151, con el fin de duplicar la producción petrolera y potenciar la minería. Esta es una crónica de la resistencia.
Por Karol E. Noroña / @KarolNorona
En La Merced de Buenos Aires, las niñas no tenían tiempo de ser niñas. No podían. Ni ellas ni los niños salían a los caminos abandonados de la montaña enclavada en el páramo andino del cantón San Miguel de Urcuquí, en Imbabura, en el norte de Ecuador, que guarda en sus tierras oro, plata y cobre. La codicia y la ambición desatada por la minería ilegal marcó la ruta del crimen organizado en una comunidad de cerca de 2 000 habitantes entre 2017 y 2019. En esas vías de acceso en mal estado, donde las comunicaciones telefónicas no llegan, había un toque de queda implícito. Quedarse en casa, en un territorio donde históricamente se ha vivido de la agricultura y la ganadería, era sobrevivir en medio de la violencia, la trata de personas, el lavado de dinero, la corrupción y la prostitución forzada.
Al menos 10 000 mineros ilegales, ecuatorianos y extranjeros, invadieron las laderas en busca de oro, llenaron el agua con mercurio y cianuro y dejaron una estela de daño ambiental irreversible. Pero, sobre todo, dejaron miedo. La ‘fiebre’ por el oro se desbordó tanto que el Estado decretó un estado de emergencia y, el 2 de julio de 2019, intervino a través de un megaoperativo militar y policial, que desmanteló los campamentos de plástico y madera que los ilegales habían construido. La Ciudad de Plástico la llamaron. Las comunidades pensaban que la calma volvería a sus tierras con ese operativo, pero en agosto del 2020 se declararon nuevamente en resistencia, en medio de la pandemia por el covid-19, para impedir el ingreso de la compañía Hanrine, subsidiaria en el país de la empresa australiana Hancock Prospecting. La firma tiene seis concesiones mineras en Imbabura para extraer cobre en mediana y gran minería, adjudicadas por el Estado entre marzo de 2016 y enero de 2018. Ese otorgamiento es cuestionado por un informe de la Contraloría General del Estado.
Buenos Aires, un pueblo de paz contra toda minería
Si pudiese regresar el tiempo, Mercedes viajaría a los días en los que su padre Carlos le enseñaba a ‘guachar’ —hacer surcos en la tierra—para sembrar ocas, habas, mellocos y cebada. Tenía apenas 10 años, pero en Buenos Aires se nace y crece al ritmo del trabajo en la tierra. La falta de presencia estatal no permite otra opción frente al empobrecimiento. A Mercedes le gustaba ayudar, sentir en sus pies la tierra. “Era una vida linda, porque sabíamos andar brincando, saltando, rodando”, cuenta. Estamos sentadas, solas, frente a la inmensidad de esas montañas, y ella me invita a observarlas.
Mercedes ahora tiene 77 años y la vida, sin embargo, ya no tiene brincos felices. La conocí un día después de que agentes policiales la golpearan, empujaran y arrastraran durante la madrugada del 3 de agosto de 2021. Ella era una de las mujeres que estaba en la primera línea de resistencia pacífica, que, desde el 19 de abril de este año, impidió la entrada de la empresa Hanrine a su territorio. La fuerza pública llegó para custodiar el ingreso de los trabajadores de la firma hacia la concesión IMBA 01, donde pretenden continuar con la exploración inicial de la concesión. La comunidad, sin embargo, ya había alertado de la presencia policial y militar el 2 de agosto. “Días antes ya sabíamos que iban a venir, pero no qué día. Entonces, dijimos: ‘No queda más que ponernos en resistencia hasta cuando vengan’. Desde las 18:00 del 1 de agosto estuvimos ahí, esperando con nuestra bandera”, recuerda Mercedes.
Hacía frío, pero con sus brazos entrelazados las mujeres no cedieron. Esperaban frente a la Virgen de Fátima que recibe a cada visitante nuevo. A su alrededor, las tierras forjadas con climas diversos que van del frío al subtrópico, creando zonas ideales para el cultivo de papa, fréjol, yuca, papaya, naranjilla, caña de azúcar, mellocos, maíz, habas y cebada. Ellas piensan ahora en la crianza del ganado vacuno, ovino, porcino, caballar y en las microempresas que nacieron por el procesamiento de productos lácteos y que sufrieron pérdidas desde que llegó la minería ilegal.
La historia de La Merced de Buenos Aires no es nueva. Mujeres y hombres, indios y mestizos, hartos de la explotación laboral y de las escasas ganancias en los huasipungos de Cahuasquí -una de las parroquias más antiguas de Imbabura- dejaron sus trabajos y fueron llegando de a poco, en 1912. Pronto, comenzaron a llegar otras famiias desde Carchi hasta que en 1941 la localidad fue categorizada como parroquia. Allí, hoy, varias mujeres son consideradas matriarcas de la comunidad y marcan camino para abastecer su hogar y defender los territorios. De hecho, el 19,69% de las jefaturas de hogar en la parroquia están bajo la responsabilidad de las mujeres, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Censos del 2010.
Eran las 03:00 y pronto llegarían. Desde lejos, las luces encendidas de al menos siete buses, decenas de patrullas y camionetas con más de 500 policías, ya se veían desde la entrada del poblado de San Jerónimo, donde comienza la vía de tercer orden que llega a Buenos Aires. Las mujeres desplegaron una tela larga y verde con la leyenda: “Resistencia pacífica”, mientras un artista que alegra las noches de Buenos Aires aconsejó que unieran sus manos.
—¿Qué pasó cuando llegó la Policía?
—Yo estaba con dos compañeras también mayores. Nos cogimos de las manos con unas florecitas que teníamos y gritamos: “¡La paz queremos!”, cuando vino un policía de esos bien potentes y dijo: “Nosotros queremos que se retiren, sino hacen de buenas, será a las malas” .
—¿Qué hicieron ustedes?
—Yo le dije que no nos íbamos a retirar. No porque queramos pelea, sino porque nuestra lucha es por la paz y la minería no nos da eso. Luego gritó: “Ah, ¿no quieren retirarse? Vamos a ver”. Entonces, se fue adonde sus compañeros. Luego vino con más de 500 policías, toditos formaditos filas para atrás. Les pedimos que no nos agredan. Nosotras, sostiene sostiene la tela para que no nos atropellen. También había militares, pero ellos no se metieron mucho.
—¿Les hicieron caso?
Mercedes me lleva al lugar en el que la policía la agredió, en la entrada de Buenos Aires, donde hay un puesto policial permanente para controlar el ingreso a la comunidad.
—No. La fuerza de ellos nos botó al suelo. Yo caí al frente de los costales (y los señala, aún están ahí, al lado derecho de la carretera) me arrastraron hasta allá.
Mercedes camina para medir la distancia y son cerca de tres metros. Y prosigue:
—A mí me patearon. Mi compañera María también se cayó. Cuando me paré les dije: “¿Por qué me arrastran si yo no estoy haciendo nada, por qué no entienden que pedimos paz? Tenía miedo de que les lleven a mis hijos, de que les detengan. Luego oí unos tiros que eran de bombas lacrimógenas. Una mujer policía se me acercó y me dijo que esté quieta para que nada me pase. Cómo iba a estar quieta si estoy luchando. Todos estábamos llorando, nos ardía, nos dolía.
Los manifestantes documentaron las agresiones y las imágenes llegaron hasta Quito. Las organizaciones que los apoyan difundieron los videos en redes sociales y en el país se supo de aquella primera línea de mujeres que lideraba a sus familias y que fue atacada por los agentes. Las imágenes eran distintas a las ideas que circularon en Quito, acerca de una comunidad “violenta”. Aquel 3 de agosto se cumplían 100 días de protesta desde el 19 de abril, cuando los comuneros nuevamente se declararon en resistencia, amparados en el artículo 98 de la Constitución ecuatoriana que les garantiza ese derecho.
Un día antes, el 18, el pueblo estaba esperanzado, recolectando firmas para impulsar una consulta popular que decidiría prohibir la minería ilegal y legal, y que tuvo gran acogida. Lo que no sabían era que cerca de 300 personas que trabajan para la empresa Hanrine ya se alistaban para apostarse en la vía pública a bordo de camionetas, camiones grandes y en campamentos improvisados con tiendas de plástico y una instrucción: plantarse ante el control de entrada para ingresar a IMBA 01.
Eran las 03:00 del miércoles 3 de agosto. 500 policías y fuerzas militares llegaron a Buenos Aires para custodiar el ingreso de Hanrine a su territorio. La comunidad se declaró en resistencia y los esperaba de rodillas, con las manos levantadas. Ellos respondieron con violencia. pic.twitter.com/IJM9NZfvrK
— La Barra Espaciadora (@EspaciadoraBar) August 5, 2021
La comunidad necesitaba un respiro mientras en 16 provincias, incluida Imbabura, se decretó un nuevo estado de excepción por la propagación de los contagios por covid-19. Entonces, sus representantes solicitaron medidas cautelares para que tanto los campamentos como los vehículos ubicados en el ingreso de la parroquia fueran retirados. El 7 de junio, el juez Manuel Sucuzhañay, de la Unidad Multicompetente de Urcuquí falló a su favor y en su sentencia dispuso el retiro, que debía concretarse en un plazo máximo de 10 días. “El traslado debe ser a otro lugar o sitio seguro que pertenezca a la empresa”, dice en la resolución. Pero el 2 de agosto un juez decidió levantar las medidas, justamente un día antes del operativo.
“Hanrine estuvo más de tres meses, pero ni el Gobernador ni el Alcalde ni la Junta parroquial ni la Policía municipal hicieron que se vayan y aún con la medida cautelar nunca se retiraron. Siguieron constantemente en el territorio alquilando casas, claro, no en el mismo número, pero continuaron estando en las vías y sucedía sin que haya la existencia de una consulta ambiental que no se ha dado, mucho menos la consulta previa con la comunidad Awá”, cuestiona Yuly Tenorio, abogada de la comunidad de Buenos Aires. La empresa, sin embargo, se valió de diversas demandas legales para entrar a la zona a pesar del rechazo de sus habitantes.
“Nosotros procedimos a habilitar la vía”, dice el coronel Patricio Villalba, de la Policía Nacional, en cumplimiento de una acción de protección interpuesta por la compañía contra la Comandancia de la Policía Nacional y su eje rector, el Ministerio de Gobierno. La compañía ingresó la demanda el 16 de junio de 2021 ante la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito, en Pichincha. Lo mismo hizo contra el Comité de Operaciones Cantonal de San Miguel de Urcuquí, que el 17 de agosto de 2020 suspendió las actividades mineras de la companía. Desde La Barra Espaciadora solicitamos información ampliada sobre el operativo al departamento de Comunicación del Ministerio, sin embargo, no obtuvimos respuesta.
El 8 de julio de 2021, el juez constitucional de la Unidad Judicial en Quito aceptó la demanda y, como medida de reparación, dispuso a la Policía y al Ministerio de Gobierno garantizar el libre ingreso de Hanrine, sus trabajadores y maquinaria. De ser “indispensable”, se escribe en la sentencia, podría aplicarse el uso progresivo de la fuerza contra la comunidad. Antes de que ingresaran los operarios de Hanrine el 3 de agosto, el 27 de julio hubo un primer intento de entrada. El pueblo no lo permitió, sin embargo, el portal independiente La Raíz informó que un habitante fue herido por arma cortopunzante por una persona que presuntamente pugnaba por entrar con la compañía. En el video, el comunero muestra cuatro heridas en su pecho y estómago e identifica a su agresor como Jairo M. “Es trabajador de la minera”, contó.
Yuly increpa la acción de protección, que fue tramitada en Quito pero no en Urcuquí porque eso quiere decir que “no accionaron a las juntas parroquiales y tampoco notificaron a los moradores, que son los afectados”. La abogada tiene razón: durante la audiencia pública, que se desarrolló el 30 de junio de 2021, no consta la comparecencia de ninguna autoridad o representante de las comunidades. Para los manifestantes, esa omisión significó negar a Buenos Aires su derecho a la legítima defensa.
“Lo que hizo la acción es fortalecer las nuevas funciones que tiene la Policía, que no es precisamente proteger y cuidar a la ciudadanía, sino ser guardia privada de las empresas mineras. Ellos les llevan la comida, les sirven, es, en la práctica, como si trabajaran para ellos y es gravísimo”, explica Yuly. Desde su mirada, la sentencia ampliará el uso de la fuerza en el contexto de los pueblos en resistencia. “Quiere decir que van a poder hacer lo mismo con la protesta indígena en la Amazonía, en Pacto, en Quito, en aquellas que no quieren el extractivismo”, explica.
Hanrine logró entrar. Ahora, la parroquia tampoco tiene respiro. El paisaje montañoso luce lleno de policías en cada rincón.
‘Mienten, nadie nos dijo nada’
Aventurarse a transitar los caminos que dirigen a La Merced de Buenos Aires, ubicada entre la reserva Cotacachi-Cayapas y el Bosque Protector Golondrinas, es atestiguar el contraste vivo: en un viaje de más de cuatro horas desde Quito, las plantaciones de banano abren paso a un paraíso de ojos de agua y cascadas. Se ingresa por la parroquia La Carolina, en Ibarra, a través de la Comunidad San Gerónimo. Avanzamos a bordo de una furgoneta que va saltando por la carretera en mal estado, y nuestros ‘vecinos’ son patrullas policiales y camiones grandes. “Son los mineros”, me advierte Kevin, un joven periodista que conoce bien el territorio y a las comunidades.
Luego de pasar un control de antinarcóticos asentado desde hace más de diez años en San Gerónimo, aparece un cartel grande: “IMBA03”, código 40000182, una de las concesiones de Hanrine en la zona. Dejamos la pancarta atrás y lo que siguen son 60 minutos de paisajes naturales y la creciente sensación de calor.
Continuamos por la carretera de segundo orden, sin iluminación, y la entrada a la comunidad es un alegato de la resistencia: “El Pueblo Unido en Defensa del Agua y la Naturaleza Cero Minería». A su lado, dos banderas instaladas por sus habitantes: “Buenos Aires zona de paz”, “Prohibido el uso de armas”.
La Policía Nacional, que custodia la entrada, registra nuestros nombres y pide nuestros documentos, mientras un civil nos toma fotografías. El sonido de una cascada nos recibe. Humildes casas de bloque componen este pueblo. Pareciera que solo hay agentes, hasta que un rostro aparece de a poco. Es Mercedes. Le sigue un cordón humano que ha venido a vernos. Adultos mayores, con las manos entrelazadas, nos saludan, sonríen.
Mercedes me extiende su mano: “Gracias por venir”, dice, y la entrelaza con la mía para llevarme a ‘La Resistencia’, así han bautizado al comedor comunitario donde se cocina para todos.
Alistan sillas y nos convocan. En una asamblea nos presentamos. La Alianza por las Organizaciones de Derechos Humanos y la organización Acción Ecológica les apoyan. “Allá, en las ciudades, dicen que somos violentos, que somos mineros ilegales. No es verdad, están mintiendo”. “Digan la verdad, aquí queremos la paz para nuestra comunidad. No queremos transnacionales aquí. Son corruptas”. Son las palabras de los habitantes, que ahora se sienten impotentes.
José era un niño libre. Nació en Buenos Aires hace 37 años y ama la tierra donde creció. Ahí conoció a sus amigos. Ahora, es una de las voces comunitarias más visibles contra el extractivismo. “La empresa nunca nos dijo nada, no hubo proyectos de socialización ni los daños que causará al medioambiente aquí, que no mientan», dice, enérgico.
Las concesiones Imba 1, Imba 2, Imba 3, Imba 5, Imba 6 y Amadores, 23 182 hectáreas en total, del catastro minero de la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), fueron adjudicadas a Hanrine entre noviembre de 2017 y enero de 2018 por el Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, luego de un proceso de subasta que se inició a principios de 2016. Cuatro de ellas, Imba 1, Imba 2 (donde se asentó la invasión de la minería ilegal), Imba 3 e Imba 5, es decir, 14 255 hectáreas, están en Buenos Aires.
La firma, según consta en el informe de Examen Especial de la Contraloría General del Estado al otorgamiento y la ejecución de actividades mineras, pagó USD 483 097, 62 por las patentes ambientales de las concesiones, de acuerdo con el documento, y la compañía aseguró que su inversión durante la etapa de exploración inicial sería de USD 243 millones.
El Artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador dice: “Toda decisión estatal que pueda afectar al medio ambiente, deberá contar previamente con los criterios de la comunidad, para lo cual ésta será debidamente informada. La ley garantizará su participación”. Este derecho, además, tiene concordancia con convenios internacionales, como el 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia Ambiental, conocido como el Acuerdo de Escazú, también lo señala en sus artículos 5, 6 y 7. Ecuador se convirtió en el noveno país en ratificarlo en mayo de 2020.
El derecho de acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales está contenido en el principio 10 de la Declaración de Río. Y Ecuador se comprometió a aplicarla desde 1992.
La Constitución ecuatoriana, además, garantiza en sus artículos 71, 72, 73 y 74 el reconocimiento de los derechos de la naturaleza: respeto integral de su existencia, mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos y el derecho a ser restaurada.
Sin embargo, para José y Yuly Tenorio, abogada de la comunidad, esos derechos fueron vulnerados durante el otorgamiento de las concesiones y hasta hoy, mientras continúan en resistencia. Hay también una denuncia no menor. José cuenta que “los mismos trabajadores de la minería ilegal están con Hanrine. No sabemos sus nombres, pero los reconocemos por su físico y porque, durante dos años, se tomaron las vías y los espacios a la vista de todos”.
La abogada Tenorio afirma que esas personas serían ahora guardias de seguridad de Hanrine. “Los tienen perfectamente reconocidos, incluso uno de esos grupos se llama ‘Los Pumas’, personas afrodescendientes que vienen de El Tambo”, asegura.
Organizaciones como el Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne) y Bonaerense Unidos Protectores del Ecosistema (Buproe) respaldan las denuncias. El ‘Informe de Monitoreo de Derechos Humanos – Visita In Situ realizada a la Parroquia de la Merced de Buenos Aires, Cantón Urcuquí, Provincia de Imbabura’, desarrollado por la Defensoría del Pueblo en octubre de 2020, también concluyó que “existen graves vulneraciones a los derechos de las personas y comunidades aledañas a la zona”.
Pero el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables tiene otra versión. Para la escritura de este reportaje, consultamos con Mauricio Almeida, coordinador zonal norte de la Cartera de Estado:
—La comunidad denunció posibles nexos de trabajadores que formaron parte de la minería ilegal con la empresa, ¿qué sabe el Ministerio de esas alertas?
—Siempre, por parte de los antimineros, déjeme decirle, nos ha llegado información de todo ámbito y lamentablemente nada de lo que nos han dicho hemos logrado comprobar. No tenemos conocimiento de que existan trabajadores ligados a la minería ilegal, más son muchos de los comuneros y antimineros de la comunidad de Buenos Aires, que más bien han sido ellos los que están ligados a la minería ilegal y que ahora son defensores de la naturaleza. Ellos ya han sido judicializados por la empresa.
—Pero ese es el discurso que posicionan, que la comunidad es violenta, ¿lo dice a nivel general? La Policía lanzó gases y golpeó a adultas mayores, mujeres y personas en resistencia pacífica…
—No estoy generalizando. Le estoy diciendo que, por ejemplo, personas como Ruperto Bolaños participaron en su momento en la minería ilegal y ahora son activistas antimineros. Son personas altamente beligerantes que han quemado campamentos, han agredido a periodistas, y lo que quieren es hacerle la vida imposible a una empresa que ha sido legalmente concesionada y que, haciendo uso de sus derechos y de la seguridad jurídica del país, tiene que continuar con la concesión, porque ese es un compromiso, no de la coordinación zonal ni del Ministerio, es una política pública y el Estado ecuatoriano es el que tiene que garantizar que esa concesión llegue a feliz término.
—Las comunidades reclaman la falta de una consulta ambiental en sus territorios y la falta de una consulta previa en la población indígena Awá, ¿no existió?
—Déjeme decirle que, para que el Ministerio de Ambiente y Agua otorgue una licencia ambiental, obviamente tienen que presentar los registros firmados por los asistentes de las comunidades que se encuentran en la zona de influencia para el otorgamiento de la licencia ambiental. No es congruente decir que no ha habido consulta, ni socialización del proyecto cuando existen los archivos.
El equipo de investigación de La Barra Espaciadora solicitó información al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica sobre los procesos de obtención de permisos ambientales de las concesiones y acceso a documentos para corroborar las declaraciones de Almeida, sin embargo, hasta el cierre de este reportaje no recibimos respuesta. Las comunidades sostienen su denuncia y niegan que se haya realizado consulta alguna.
[Actualización] El 17 de agosto, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica emitió un boletín de prensa en el que aseguró que su Dirección de Normativa y Control Ambiental, luego de varias inspecciones de control y seguimiento en 102 plantas de beneficio de minerales metálicos y 39 concesiones mineras a nivel nacional, suspendió 25 concesiones mineras en cinco provincias del país: El Oro (19), Zamora Chinchipe (2), Azuay (2), Morona Santiago (1) y Napo (1), así como una planta de beneficio. No especificó cuáles fueron esas concesiones suspendidas. El documento señaló que las razones de las suspensiones fueron «descarga de agua de mina sin tratamiento previo, disposición de material estéril sobre el suelo, uso de mercurio, incorrecta rehabilitación de áreas intervenidas, desvío de cauces de ríos, entre otras infracciones». Pero de las concesiones en Buenos Aires no explicó nada.
El informe del examen especial de la Controlaría, que analizó el otorgamiento y actividades mineras de las concesiones, entre el 1° de enero de 2016 y marzo de 2019, sí halló inconsistencias durante el proceso. La conclusión principal, según la institución, es que el Gobierno, a través de la Empresa Nacional Minera del Ecuador (ENAMI EP), desistió, sin justificativos técnicos ni económicos, de su derecho preferente de explorar y explotar las concesiones mineras en Imbabura, para adjudicárselas a Hanrine.
En el documento, además, determinó que los títulos mineros de las concesiones fueron inscritos en el Registro Minero fuera del plazo establecido de 30 días, desde su notificación.
Son varios los cuestionamientos contra la empresa Hanrine. Por esa razón, buscamos una entrevista con algún vocero representante de la firma, sin embargo, se negaron a dar declaraciones a este medio aun cuando un vocero sí dialogó con el equipo de otro medio digital durante esos mismos días.
‘No nos persigan’
La comunidad de Buenos Aires es sobreviviente -como muchas zonas del país- del abandono estatal. Es un territorio empobrecido donde la salud, el trabajo y la educación son aún una deuda pendiente.
“Sí, es sobreviviente de un Estado que le ha criminalizado, que le ha desprestigiado, pero, sobre todo, ha sido indolente ante la situación de la gente. Es una comunidad incomunicada, no tiene medios para transportarse, vive en una situación precaria donde la única presencia es la policía y los militares. Hay problemas en el centro de salud, hasta el mismo médico tiene miedo de dar certificados médicos a los comuneros que han sido agredidos por la fuerza pública”, asegura Yuly Tenorio.
Los jóvenes también están dejando Buenos Aires por el empobrecimiento sistemático. Y a eso se suma, explica Yuly, la persecución en contra de las personas que se oponen al extractivismo minero.
El informe ‘Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en Ecuador: Retos y desafíos en la construcción de sistemas integrales y diferenciados para su protección’, presentado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos el 15 de junio de 2021, reporta que al menos 70 personas han sido denunciadas por la empresa Hanrine.
Al cierre de este reportaje, en la Fiscalía de San Miguel de Urcuquí se mantienen abiertas ocho investigaciones contra habitantes de Buenos Aires: siete que aún están en etapa de indagación previa, la primera fase del proceso legal. Son personas investigadas por presuntos daños al bien ajeno, intimidación y asociación ilícita. En el otro proceso ya se formularon cargos por paralización de servicios públicos.
Yuly también se refiere a casos como el de Ruperto Bolaños, mencionado por Mauricio Almeida, y explica que sí, hay comuneros que participaron durante el período de la invasión ilegal, pero para ella el tema es más complejo. “Hubo un abogado que vendió la idea de la minería artesanal como una actividad que podía beneficiar a varias familias. Los engañaron y les sacaron dinero, pero la investigación no se direcciona en ese sentido. Son también sobrevivientes del Estado y el terrorismo. Actualmente, son personas que están refugiadas en el bosque, escondidas por el temor”, relata.
Yuly es una mujer afro, campesina, abogada de 29 años, que no solo defiende a la comunidad, sino que también lidera la defensa de otras causas relacionadas con la lucha contra el extractivismo. Está vinculada a casos como la resistencia de la Mancomunidad del Chocó, conformada por las parroquias quiteñas de Nono, Nanegalito, Pacto, Calacalí y Gualea, que se oponen a la minería y defienden la agroecología y el ecoturismo. 28 212 hectáreas, que representan el 22,74% del noroccidente de la capital ecuatoriana han sido concesionadas. Varias organizaciones de la sociedad civil presentaron una iniciativa de consulta popular ante la Corte Constitucional del Ecuador para prohibir las actividades mineras, pero fue negada por los jueces. Los proyectos mineros, denuncian, podrían vulnerar a los bosques del Chocó Andino, zona declarada la séptima Reserva de Biósfera de Ecuador, en 2018.
‘No solo vea por el capital del dinero, señor Presidente’
José nos indica el camino hacia el sector La Libertad. No podemos acercarnos mucho, así que nos detenemos en una ladera, a poco más de 20 minutos de la entrada de Buenos Aires. Desde ahí, el campamento provisional que Hanrine montó después de ingresar el 3 de agosto ya es visible. Hay tres carpas azules, camionetas y camiones con los que debían abrir nuevos caminos hacia IMBA 01. “Tienen que avanzar más de 4 000 metros y nuevamente van a dañar nuestras tierras”.
No sabía que un día después de nuestra visita, el presidente Guillermo Lasso firmaría el Decreto Ejecutivo 151 el 5 de agosto. El Decreto dispone que en los siguientes 100 días, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables difunda “a nivel nacional las condiciones en las que la minería legal y responsable debe desarrollarse en el país” y atraer a la inversión extranjera. El plan de acción dispone el impulso de normativas sobre procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo, organizaciones sociales reclaman que las comunidades no fueron tomadas en cuenta para la construcción de ese decreto.
Como augurio, José le mandó un mensaje al Primer Mandatario: “No solo vea por el capital del dinero, o los beneficios transnacionales, mire por su propio pueblo, por la propia gente que le dio el voto y lo sentó ahí. Señor Presidente, nuestra lucha no es solamente para nuestro pueblo, a mi manera de pensar es un beneficio para el mundo. Defendemos nuestros montes porque son nuestros pulmones. Que estos vientos lleguen a usted, para que sepa que aquí vivimos en pie de lucha y queremos ser escuchados”.
Volvemos a ‘La Resistencia’. Mercedes está conmovida.
—Por favor, cuente nuestra historia. Esta soy yo, por estas tierras voy a resistir, porque aquí nací, aquí me voy a morir. Sabe, yo lucho por mis nietas pequeñitas, porque se merecen crecer sin tener miedo a todo esto. A veces le veo a mijo ahí, llorando, sin saber qué hacer. Ahora siento que ya no estamos tan solos.
La guerra de Mercedes son sus manos levantadas por el hogar que le nació del vientre. Nos despedimos de la inmensidad de la montaña con la promesa de volver. Mientras regresamos a la ciudad convulsa, Buenos Aires resiste.
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