Comuna kichwa El Edén logró que Petroecuador reconociera sus derechos

Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar

El pasado 10 de mayo, los miembros de la comuna kichwa El Edén iniciaron un paro y se tomaron los caminos de su territorio para exigir que la estatal petrolera Petroecuador cumpla con los compromisos que asumió desde hace 20 años, cuando empezó a explotar crudo en su territorio. Luego de 47 días de protesta, el viernes 25 de junio, los representantes de Petroecuador, El Edén, entidades de gobierno y el Vicariato de Aguarico suscribieron un acta para iniciar el proceso de restitución de los derechos que la comuna reclama. El sábado 26 la protesta terminó y la exigencia de la comuna es que se cumpla con lo acordado.

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Entre las ciudades de Quito y Coca hay seis horas de camino en auto. Entre el puerto de Coca y la comuna El Edén, hay cuatro horas de viaje en canoa sobre el río Napo. “La canoa de turno”, le dicen los lugareños. Edwin Coquinche, de 26 años, ha hecho este recorrido desde muy niño, ahora viaja entre unos 60 pasajeros y se deja vencer por el ‘sueño de la boa’, ese estado de sopor que provocan la brisa, la densa lluvia amazónica y el bamboleo mientras la barca surca las aguas.

El Edén es una de las cuatro comunas de la parroquia del mismo nombre. Sus habitantes viven del cultivo de yuca, plátano, cacao y café. Para llegar al centro poblado es necesario caminar al menos media hora desde la orilla del río. Coquinche —de voz pausada y un timbre suave— explica el porqué de las protestas en la comunidad: “Ellos [Petroecuador] no entienden que este no es su territorio”, dice para resumirlo. Este joven es uno de los aproximadamente 500 miembros de esta comuna indígena kickwa de la provincia de Orellana, ubicada en la zona de zmortiguamiento del Parque Nacional Yasuní, el área natural protegida más grande de Ecuador. Casi dos meses duró la protesta pacífica que bloqueó el paso  de la empresa al Campo Edén Yuturi-Bloque 12 pues, aseguran, los convenios que tenían con la empresa caducaron en 2019 y no se han renovado.

A unos veinte minutos del río, a bordo de una camioneta, está el cruce de caminos donde los comuneros levantaron una veintena de recintos improvisados con maderos de guarumo, hojas de pambil y techos de plástico. Ahí protestaron desde la mañana del lunes 10 de mayo hasta el sábado 26 de junio. Ese cruce de caminos servía para que los operarios de la petrolera se trasladaran entre 12 plataformas, para proveerse de alimentos o maquinaria. Pero desde ese lunes, ningún empleado de la estatal pudo volver a hacerlo hasta que el Estado y la empresa petrolera no escucharan y atendieran las exigencias de la comuna.

“Estamos en nuestro territorio, nos hemos mantenido aquí porque tenemos esa fuerza, pensando en que nuestros derechos algún día tienen que hacerse escuchar”, explicó Wilson Quindigua, presidente de la comuna, el martes 15 de junio, 37 días después de haber iniciado la protesta. Quindigua no sabía que una semana después, Petroecuador presentaría una denuncia en contra suya y de uno de sus abogados, Xavier Solís, acusándolos ante la Unidad de Fiscalía de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional de Orellana por el presunto delito de paralización de un servicio público.

 “La defensa de los derechos de los pueblos indígenas sigue siendo un riesgo en Ecuador. Petroecuador ha criminalizado al Presidente de la comuna El Edén y a mí como asesor jurídico, frente a esto me quedo con las ganas de la Comuna de seguir en la lucha”, aseguró Solís.

Pero el paro surtió efecto. El viernes 25 de junio, la gobernadora de la provincia de Orellana, Yoni Bustamante, convocó a Petroecuador y al presidente de la comuna, Wilson Quindigua, a una reunión con representantes de la Asamblea Nacional, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Ministerio de Salud y con el presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Especial Amazónica, Carlos Zabala. En el encuentro se suscribió un acta —previa a un futuro acuerdo— en que la petrolera asume el compromiso de financiar la provisión de agua potable para la parroquia, ejecutar un proyecto de repotenciación de servicio de energía eléctrica, adecuar el Subcentro de Salud y construir una vivienda para médicos. “Es un precedente -reconoció Solís-, es una forma de revertir toda la riqueza a la comunidad”.

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20 años de infierno en El Edén

 Los conflictos con las petroleras no son recientes. Hace 21 años, la estadounidense Occidental Exploration and Production Company (OEPC, años más tarde rebautizada como Oxy) firmó un convenio con la comunidad El Edén en el que se comprometió a respetar sus derechos y a hacerles partícipes de sus ganancias por el uso de 200 hectáreas de su territorio.

A sus 67 años, Abelardo Vargas recuerda esos años con claridad. “Veinte años después -dice- nos han dejado llevándose toda la riqueza que sale de este campo, toda la riqueza se la llevaron para otro lado, sin reconocer nuestros derechos y a nosotros nos ha quedado solamente basura”. Él fue uno de los que participó en las negociaciones de ese entonces, fue presidente de la comuna El Edén y ahora dice que no está dispuesto a permitir un nuevo trato que les perjudique.

Entre otras cosas, el convenio del 2001  obligaba a la empresa a crear “un Fondo Intangible de Salud con un depósito inicial y único de cincuenta mil dólares” para pagar a promotores de salud en la comunidad y el combustible necesario para los traslados. Además, contemplaba la entrega de un “Fondo de Atención de Emergencias Médicas de hasta veinte mil dólares” con “un límite máximo de gasto de hasta 5000 dólares, que serán restituidos por Occidental [Oxy]”.

Pero Oxy salió de Ecuador en mayo del 2006, acusada por el Estado ecuatoriano de violar la legislación nacional al haber cedido unilateralmente el 40% de sus derechos a la compañía suiza Alberta Energy Corporation (AEC). La estatal Petroamazonas —filial de Petroecuador— asumió todas sus competencias y responsabilidades desde entonces, sin embargo, los indígenas dicen que no las ha cumplido a cabalidad.

“La comunidad tiene problemas con la petrolera desde 1996”, precisa Vargas. En efecto, el 10 de agosto de ese año se firmó un primer convenio con OEPC (Oxy), para la construcción de la plataforma Edén-1 y su vía de acceso. En mayo de 1999 Petroecuador y OEPC celebraron el Contrato de Participación para exploración y explotación en el Bloque 15, el mismo que años más tarde se transformó en el Bloque 12, Campo Unificado Edén Yuturi. Los contratos de participación son compromisos que, de acuerdo con la Ley Orgánica Especial de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y con la Ley de Hidrocarburos, las empresas petroleras asumen con las comunidades dueñas de los territorios donde se realizarán operaciones extractivas. El 15 de marzo del 2000, la comunidad El Edén y OEPC firmaron un segundo convenio; y el 1 de noviembre firmaron un tercero para levantar topografía, hacer limpieza, desbroce, mejoramiento y ampliación de la vía, y para construir un puerto.

Un año después suscribieron un cuarto convenio, enfocado en términos de compensación. Entre los compromisos de OEPC estaba la construcción de un muelle y un puerto que hasta la fecha no existen.  Además, la comunidad de El Edén dice que este convenio, y los tres anteriores, vencieron en 2019.

Sebastián Meneses, relacionador comunitario de Petroecuador, dijo en entrevista con Mongabay Latam y La Barra Espaciadora que es el Estado el que les otorga las autorizaciones para operar, entre las cuales están los permisos ambientales otorgados por el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, “que nos dan el margen de acción en el territorio”. Enseguida reconoció que en el 2019 vencieron los convenios. Hasta el cierre de esta publicación, el Ministerio no respondió nuestro pedido de información sobre la vigencia de las licencias ambientales.

Entonces, ¿por qué la empresa sigue operando? “Hay que hacer una separación del contexto jurídico de la operación -contestó Meneses-, el Estado ecuatoriano tiene el derecho y es propietario del petróleo en el subsuelo del territorio nacional”, dijo, y añadió que a pesar de que el territorio de explotación está dentro de las franjas comunitarias y merece un tratamiento particular, prima el interés público por encima del interés de la comuna. “De acuerdo a los contratos y a la normativa ecuatoriana estos procesos de reversión hacia los territorios comunales se ejercen una vez que haya culminado la actividad hidrocarburífera”, explicó.

Meneses atendió a la entrevista como delegado del nuevo gerente de Petroecuador, Pablo Luna. En sus declaraciones reconoció que de todos los compromisos asumidos en el convenio de 2001 solo “queda por implementar el muelle”.

El vocero de la compañía asegura que ese convenio se dio casi una década antes de la expedición de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, y a pesar de que ya se venció, “como no han culminado las actividades en este momento, no cabe el ejercicio de un nuevo proceso de consulta previa”.

Sin embargo, esa ley señala, en su Artículo 81, que “cuando se trate de la consulta previa respecto de planes y programas de prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus territorios y tierras, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afroecuatoriano y montubio, a través de sus autoridades legítimas, participarán en los beneficios que esos proyectos reportarán; así mismo recibirán indemnizaciones por los eventuales perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen”.

Ninguno de los convenios suscritos entre la empresa y la comunidad están publicados en el sitio web de Petroecuador, pero Mongabay Latam y La Barra Espaciadora tuvieron acceso a una copia del acuerdo firmado en 2001.

El pasado viernes 18 de junio, Meneses acudió a un llamado que le hizo la comuna a través de su presidente, Wilson Quindigua, para discutir un nuevo acuerdo, pero eso no se concretó. Días después la empresa denunció en la Fiscalía a Quindigua y a su abogado Xavierde Solís. Meneses no respondió a nuestros pedidos de nuevas declaraciones. Con el preacuerdo logrado el 25 de junio, la comunidad espera que Petroecuador retire las denuncias.

Palabra dicha, palabra cumplida

Para los comuneros de El Edén, luego de 20 años, la confianza en la estatal petrolera es nula. La traición y los sucesivos engaños de los que dicen haber sido víctimas les han enfurecido.

En la reunión del viernes 18 de junio, Adriana Alvarado, de 64 años, cuestionó al funcionario Meneses: “¿Quién es la culpable, la comuna o la empresa que no cumplió con las obras? Y ahora nos vienes a decir que por la comuna El Edén está fracasando el Estado ecuatoriano… ¡Ustedes son los culpables! ¿Por qué no cumplieron a cabalidad con el compromiso?”, exclamó.

Abelardo Vargas llegó a estas tierras en 1974, junto a otros dos indígenas que habitaban las riberas del río Tiputini: Bartolo Papa y Diego Salazar. Desde entonces, otros habitantes de las riberas cercanas se mudaron a este sitio. En 1982, el ya extinto Instituto Ecuatoriano de Recursos Agrarios y Colonización (Ierac) entregó el certificado de tierras a la Comuna El Edén, en 1990 se le adjudicó el Título de Propiedad Comunitaria y en 1999 se convirtió en parroquia.

La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales garantiza a comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios el derecho a participar en el uso, usufructo, administración y conservación de sus tierras y territorios. Aunque el joven Edwin Coquinche no conoce detalles de la ley, sabe que el Estado debe velar por esos derechos y escucha con atención las palabras de Abelardo Vargas cuando relata sobre la salida de Oxy de Ecuador, en el 2006.

Para la comuna, Vargas es uno de sus sabios y una de las cosas que él más lamenta es que durante los primeros años de operación de la petrolera los comuneros hayan sido “usados” para el desbroce del terreno y otros trabajos y luego la empresa haya contratado a “gente de afuera”, deshaciéndose de ellos y dejándolos solo con impactos negativos.

El río Yuturi, un afluente que históricamente sirvió como fuente de peces para la alimentación de la comuna El Edén, ahora está enfermo. A lo largo de su cauce, desde el punto donde se conecta con las instalaciones de Petroecuador, han comenzado a aparecer lechugas de agua. Las conocen como “lechuguines”. Estas plantas que cubren la superficie del río añaden un detalle pintoresco al paisaje, pero según los expertos provocan daños irreversibles al ecosistema.

Rafael Cárdenas, biólogo y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), nos explicó que esta especie podría surgir como efecto de la eutrofización del ambiente o de una alteración del ciclo del nitrógeno. “Cuando existe exceso de nitrógeno en el ambiente, estas plantas crecen de manera exponencial,  “atoran de alguna forma al río, no dejan que pase luz abajo y todo el oxígeno que producen se escapa a la atmósfera y no pasa al agua, entonces son ríos que empiezan a morirse, sufren de hipoxia y todo lo que vive bajo ellos empieza a morirse ”.

Cárdenas dice que, generalmente, este fenómeno es producto de la cantidad de fertilizantes que se utilizan, por ejemplo, en zonas de monocultivos  como el cacao y la palma aceitera. Aunque todavía no hay estudios que muestreN la relación con la industria petrolera, comenta que en Limoncocha, otro punto de la Amazonía donde hay explotación de hidrocarburos, también aparecieron los lechuguines.

La comunidad de el Edén no cree que la aparición de estas plantas sea un evento fortuito. Edison Vargas, hijo de Abelardo y socio activo de la comuna, asegura que los lechuguines aparecieron “porque la empresa está lanzando las aguas grises y negras al río Yuturi, y eso causa que las aguas empiezan a estancarse en forma de grasa”. David Salazar, conocido como ‘El Tigre’, coincide con él  y cuenta cómo los lugareños hacen mingas para limpiar el río de “esta maleza”.

En folletos y otros materiales promocionales, Petroecuador asegura que vela por el cuidado de los ecosistemas donde opera. Dice que la estación de Facilidades de Producción Temprana (EPF, por sus siglas en inglés) trabaja “de acuerdo a las mejores prácticas internacionales”, y añade que “el crudo de Pañacocha y Edén es bombeado hacia EPF, donde es separado. El agua es reinyectada (sic) y el gas se aprovecha para generar electricidad, a través del proyecto OGEE&EE”. Sin embargo, basta con acercarse a la estación para encontrar el mechero, a través del cual el gas se expulsa mediante combustión hacia la atmósfera, y que no ha sido apagado a pesar que un juez lo ordenó a principios de año.

Entre el 2005 y el 2006, cuando se instaló ese mechero, Edison Vargas fue contratado como monitor ambiental y recuerda que entre sus labores debía recoger miles de insectos y decenas de aves muertas alrededor de la quema de gas.

Sebastián Meneses, relacionador comunitario de Petroecuador, dice que la compañía ha invertido 11 millones de dólares en medidas de compensación para El Edén. Pero Xavier Solís, uno de los abogados de la comuna, duda de eso y aclara que parte de esa inversión fue realizada por la empresa extranjera Oxy.  “Sería importante entender el detalle de dónde están esos 11 millones de dólares —cuestiona—. Ese dato no lo veo verídico. Ellos están tomando datos de lo que hizo la Oxy”.

Meneses afirma que “aproximadamente 74 personas” de la comuna están trabajando en servicios de cáterin y otras “actividades anexas a este proceso de compensación”. Pero ese número representa menos del 10 % de las 900 personas que, según el censo del 2010, habitan toda la parroquia. “Nosotros como empresa trabajamos en el tema de la luz eléctrica, el tema del agua, el tema del saneamiento, se hicieron varias infraestructuras básicas (…) pero esto es un tema de política pública y las necesidades básicas insatisfechas también le corresponden a la gestión estatal, no solamente a la empresa”, manifiesta el funcionario.

Sin embargo, en el acta suscrita el 25 de junio, Petroecuador se comprometió a financiar los servicios de agua potable, luz eléctrica y salud. En dos meses se espera la firma definitiva del nuevo convenio que regirá por cinco años.

En medio del alivio que supone la firma del acta y el anuncio de un nuevo convenio, a Solís le queda una preocupación: “es la primera vez que una comuna indígena logra comprometer a varios funcionarios, pero también queda un sinsabor sobre los temas judiciales. Mientras no se archive ese proceso, este tema va a quedar latente”.

Al lado del campo petrolero en El Edén, Edwin Coquinche está dedicado a comunicar los problemas de su comunidad al resto del país. Quiere ser abogado para luchar contra “injusticias” como esa y “para conocer todo lo que hay que saber y que no nos sigan engañando”.

^{*Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y La Barra Espaciadora.}

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