El noroccidente de Quito es un territorio privilegiado. Allí confluyen dos puntos calientes de biodiversidad a nivel mundial: el Chocó biogeográfico y los Andes tropicales. Esto hace que, muy cerca de la capital de Ecuador, exista una gran diversidad biológica donde habitan, además, muchas especies endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta.
La riqueza es tan grande que, en 2018, la UNESCO incluyó a gran parte del noroccidente rural de Quito dentro de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino. Los cerca de 21 000 habitantes de esta zona se dedican al ecoturismo y a la pequeña agricultura de cultivos como caña, café y cacao. En esta región abundan las reservas privadas y las áreas de conservación y uso sustentable (ACU), iniciativas que cuentan con el aval del gobierno municipal. Incluso, en 2013, la Secretaría de Ambiente del distrito metropolitano de Quito creó el Corredor Ecológico del Oso Andino para proteger a este mamífero y conservar su hábitat.
Para velar por la protección de este territorio, las parroquias rurales de Pacto, Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito y Gualea —todas pertenecientes al municipio de Quito— se unieron y conformaron la Mancomunidad del Chocó Andino. A pesar de esto, de acuerdo con el Catastro Minero, en la actualidad existen 12 concesiones de minería metálica en la Mancomunidad del Chocó Andino, que ocupan 17 863 hectáreas, y 6 concesiones de minería metálica en trámite, que ocupan 9899 hectáreas. En otras palabras, el 22,3 % del territorio de la mancomunidad está concesionado.
Por este motivo, los habitantes de estas zonas rurales están pidiendo una consulta popular para que los quiteños decidan si están de acuerdo o no con la minería en la Reserva de Biósfera. De hecho, a finales de marzo acudieron a la Corte Constitucional para pedirle el visto bueno a las preguntas que pretenden hacer en la consulta.
Una Reserva de Biósfera con concesiones mineras
Los gobiernos locales tienen poder de decisión sobre el uso del suelo, pero las decisiones sobre el uso del subsuelo, donde se hace minería, son potestad del gobierno nacional. Es por eso que, a pesar de que existen las ACU, el corredor del Oso Andino y otras figuras de conservación como los bosques protectores, el Estado puede otorgar concesiones mineras sobre esa zona.
Ivonne Ramos, líder del área de minería en la organización Acción Ecológica, recuerda que en el referendo de 2018 se les preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con enmendar la Constitución para que se prohibiera la minería metálica en todas sus etapas: en áreas protegidas, en zonas intangibles y centros urbanos. El Sí ganó con cerca del 70 % pero “esto incluye solo las áreas reconocidas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Los bosques protectores, el corredor del oso andino y las ACU son reconocidas por los municipios y no por el Estado”, dice.
Es por eso que la Mancomunidad del Chocó Andino está acudiendo a la consulta popular, pues consideran que es el único procedimiento efectivo que les queda para intentar frenar la minería en sus territorios. “En el 2016 se hizo una consulta comunitaria donde el 80 % de la gente en las parroquias afectadas dijo No a la minería, pero este tipo de consulta no tiene carácter vinculante. Por eso se empezó a pensar en una consulta popular”, comenta Ramos.
La preocupación por el impacto que podría tener la minería en la región es compartida por científicos e investigadores, que junto a pobladores, y hasta algunas figuras públicas, se han unido a la campaña #QuitoSinMinería.
El biólogo Inty Arcos vive y trabaja en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino. Según dice, la actividad minera requiere grandes cantidades de agua y se genera drenaje ácido de mina —formación de aguas ácidas, ricas en sulfatos y metales pesados—que causan impactos que duran muchos años. Además, comenta que la minería genera elementos contaminantes bioacumulables, que van avanzando en la cadena trófica hasta llegar al ser humano. “Sería el acabose de las prácticas económicas de la región, de la salud de las personas y de la salud de los ecosistemas”.
De acuerdo con Arcos, actualmente en el Chocó Andino se calcula que viven unas 150 especies de mamíferos, de las cuales el 21 % está en peligro de extinción, así como 640 especies de aves, de las cuales el 20 % también están en peligro de extinción. Asimismo, se estima que el 57 % de las 90 especies de reptiles está en peligro de extinción; que el 51 % de las 120 especies de anfibios podrían extinguirse en un futuro, y que de las más de 3000 especies de plantas vasculares, el 80 % podrían desaparecer.
Pero a pesar de estas cifras, el biólogo asegura que “la zona todavía cuenta con el 63 % de cobertura de bosque maduro, un 31 % está destinado a prácticas agropecuarias y un 6 % son bosques secundarios”. Para Arcos, el riesgo está en que estas cifras podrían variar dramáticamente si las concesiones comienzan a operar.
“En la parroquia de Pacto ya hay explotación de minerales. Tenemos miedo de que el trabajo de la panela orgánica se venga al suelo. No es un trabajo que se haga de la noche a la mañana, es de muchos años y los efectos de la minería pueden perjudicarnos”, le dice Óscar Armijos, presidente de la Mancomunidad del Chocó Andino a Mongabay Latam.
Armijos asegura que los habitantes están defendiendo el territorio porque ahora es Pacto, “pero mañana serán Gualea y luego Nanegalito, porque ahí están las concesiones en los mapas”.
Las comunidades aseguran que no se les hizo consulta ambiental antes de otorgar las concesiones, a pesar de que así lo ordena el artículo 398 de la Constitución. “En este caso no ha importado que las concesiones estén encima del área núcleo de la Reserva de Biósfera, en sus zonas de amortiguamiento o que las concesiones se otorguen dentro de un bosque protector. Tampoco importa la insatisfacción que existe en las comunidades que no quieren estas actividades”, asegura el abogado ambiental Fred Larreategui, y añade que “se ha querido presentar como consulta un proceso de participación social”.
Mongabay Latam le preguntó al Ministerio del Ambiente y Agua por estas quejas de la comunidad pero hasta el momento de publicación de este artículo no se ha obtenido respuesta.
En búsqueda de 200 000 firmas. Quito sin minería es la consigna
Los pobladores del noroccidente de Quito optaron por pedir la opinión de todos los capitalinos en una consulta popular y enviaron cuatro preguntas para que la Corte Constitucional las apruebe. Para ello tomaron como referencia las preguntas hechas en Cuenca en febrero de este año, y en Girón en el 2019, cuando se votó para prohibir la minería y garantizar la conservación de los ríos que atraviesan la ciudad, en el primer caso, y para proteger de la minería al páramo de Quimsacocha, en el segundo.
La pregunta es la siguiente: ¿Está usted de acuerdo con que se prohíba la explotación de minería metálica a gran escala dentro del Subsistema Metropolitano de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Metropolitano de Quito; y, dentro del Área de Importancia Ecológica, Cultural y de Desarrollo Productivo Sostenible, conformada por los territorios de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que conforman la Mancomunidad del Chocó Andino? Esa pregunta se repite tres veces más para minería metálica artesanal, minería metálica a pequeña escala y minería metálica a mediana escala.
La Corte debe pronunciarse a finales de abril y en caso que las apruebe, el Consejo Nacional Electoral (CNE) deberá preparar el formulario en que se recogerán las firmas que avalen la petición de la consulta popular. Este proceso en el CNE podría tardar un mes aproximadamente.
Una vez se tengan los formularios, los pobladores de las seis parroquias empezarán a recolectar firmas en todo el distrito metropolitano de Quito. Se necesita el 10 % del padrón electoral y esto quiere decir que deben reunir cerca de 200 000 firmas. “Pero como siempre habrá firmas rechazadas por cualquier razón, se tiene como meta recolectar alrededor de 400 000”, dice Ivonne Ramos de Acción Ecológica.
Los solicitantes de la consulta tendrán unos seis meses para esta tarea y, una vez termine ese plazo, el CNE deberá validar las firmas. Si se pasa el umbral, la entidad deberá fijar fecha para consulta y garantizar los recursos para la jornada de votación.
Óscar Armijos de la Mancomunidad del Chocó Andino confía en que los quiteños respaldarán la iniciativa. “Esto no es un desierto, son bosques donde hay agua, donde hay vida. Somos un pulmón de la ciudad de Quito y tenemos que velar por nuestras futuras generaciones”.
Armijos asegura que harán todo lo legalmente posible para evitar que la minería entre en los territorios que ellos han dedicado a la conservación y a una producción sostenible. En el caso de la panela, incluso cuentan con certificaciones ambientales internacionales. “No queremos que además de vernos afectados por una posible contaminación, nos empiecen a perseguir por proteger el territorio”, concluye.
*Esta es una publicación original de nuestro aliado Mongabay Latam.
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