La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos elaboró un informe sobre las deudas que tiene la Corte Constitucional por la falta de resolución de 12 casos de violación a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza.
Este informe se emitió en noviembre de 2024, con el objetivo de que los casos sean resueltos antes de que tres jueces de la actual conformación de la Corte abandonen el cargo en febrero y sean sustituidos en abril de 2025.
Siete de los 12 casos sin resolución están relacionados con conflictos socioambientales con empresas petroleras, mineras e hidroeléctricas en territorios de pueblos indígenas y campesinos.
Por Ana Cristina Alvarado / @ana1alvarado
En la Corte Constitucional ecuatoriana hay al menos 12 casos no resueltos de violación a los derechos humanos, colectivos y de la naturaleza. Los expedientes fueron incluidos en el informe Deudas Estructurales de la Corte Constitucional, elaborado por la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Cuatro casos están relacionados con la industria petrolera, dos con la minería y uno con una hidroeléctrica.
“Esto muestra cómo el Ejecutivo -el actual y anteriores- entiende los territorios como sacrificables, particularmente los de pueblos indígenas y campesinos. También, cómo los intereses del sector privado siguen imponiéndose sobre los derechos constitucionales y los derechos humanos, especialmente los intereses de los sectores petrolero y minero”, afirma Lina María Espinosa, abogada de la organización no gubernamental Amazon Frontlines y miembro de la Alianza.
Los casos enlistados denuncian la contaminación generada por grandes derrames de hidrocarburos y quema de mecheros, la violación al derecho al consentimiento libre e informado de los pueblos originarios y el uso de la fuerza pública para la custodia de proyectos extractivos. También, el desvío del cauce de un río para la construcción de una hidroeléctrica y el incumplimiento de la consulta popular sobre el retiro de la industria petrolera del campo Yasuní ITT. Uno de los casos, por el desplazamiento de indígenas y campesinos para la construcción de la mina Mirador en el sur de la Amazonía ecuatoriana, está en sede constitucional desde abril de 2015.
Los autores subrayan que la lentitud en la resolución de casos por parte de la Corte Constitucional (CC) perpetúa un sistema de desigualdad estructural. Las comunidades afectadas, muchas de ellas indígenas y rurales, enfrentan obstáculos procesales y económicos para acceder a la Justicia, mientras que las empresas y el Estado utilizan recursos legales y financieros para defender sus intereses, de acuerdo con el documento. “Sin justicia, sin audiencias, sin ser escuchadas, las víctimas se encuentran en indefensión, sometidas a la perpetuación de la impunidad”, sostiene el documento.
El informe de noviembre de 2024 fue realizado porque en febrero de 2025 tres de los nueve jueces del tribunal serán sustituidos. Rodrigo Varela, coordinador general de protección y derechos humanos y naturaleza en la Defensoría del Pueblo, sostiene que “sería ideal” que la actual conformación de la Corte emita sentencias para los procesos considerados prioritarios. Entre ellos, los que involucran a pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios; derechos reproductivos de las mujeres; niños y adolescentes, y personas de las diversidades sexogenéricas.
“Hasta que los nuevos jueces conozcan los casos, las resoluciones se van a demorar más de lo que ya han tardado”, advierte Varela. Según el calendario previsto, los nuevos jueces se incorporarán en abril.
El 2 de diciembre de 2024, Mongabay Latam solicitó a la Corte Constitucional su postura sobre el informe. Sin embargo, no hubo respuesta hasta el cierre de este artículo, más de un mes después. La Alianza tampoco recibió contestación. “No nos sorprende. (La Corte) no ha reaccionado durante años con casos donde hay gravísimas violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza. Ya nos parece que no va a reaccionar frente a un informe donde cuestionamos su falta de respuesta célere e idónea”, asegura Espinosa.
“La Justicia sigue siendo ajena”
Los casos se caracterizan por la insistencia de las víctimas a que la CC se pronuncie y por la “sensación de que la Justicia sigue siendo ajena y un privilegio de ciertos grupos y sectores”, afirma la abogada de Amazon Frontlines. Además, señala que mientras la Corte guarda silencio, el Ejecutivo y las empresas aplican mecanismos de índole administrativa para posicionar los proyectos extractivos.
Esto es claro en el caso del proyecto minero Mirador, a cargo de la empresa china EcuaCorriente SA. Aunque la Constitución ecuatoriana manda que se realice consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas afectados por proyectos extractivos, esto no se realizó cuando en 2012 el gobierno ecuatoriano dio paso a esta mina de cobre, la primera a gran escala en el país.
A partir de eso, los habitantes de esta zona del sur de la Amazonía ecuatoriana empezaron a sufrir una serie de despojos y desplazamientos violentos, con el apoyo de la fuerza pública. Entre 2015 y 2023, la Comunidad Amazónica de la Acción Social Cordillera del Cóndor (CASCOMI) ha presentado cuatro casos ante la Corte por imposición de servidumbre minera, despojos, falta de consulta previa y acceso a la información pública.
“Mirador es la posibilidad de entender cómo opera esa minería y cómo opera el Estado, esa congruencia empresa privada-Estado para vulnerar los derechos e imponer modelos extractivos”, opina la defensora de derechos humanos.
Los casos en la Corte
Esto también se ve en el caso de la mina de oro y cobre La Merced de Buenos Aires, en el norte de los Andes ecuatorianos. En agosto de 2021, un operativo policial y militar provocó agresiones a pobladores locales para permitir el ingreso de la empresa australiana Hanrine. Los habitantes, entre ellos adultos mayores, mujeres y jóvenes, estaban en un plantón en contra de la minería. “El caso serviría para establecer precedentes jurisprudenciales y además tratar asuntos de trascendencia nacional”, escribieron los jueces en el auto de admisión del caso. Pero no han emitido más pronunciamientos hasta la fecha.
Otro expediente enlistado es el de la comunidad San Pablo de Amalí, en el centro de los Andes, que denuncia el desvío del río Dulcepamba en 2013 para la construcción de la hidroeléctrica Hidrotambo. El cambio en el curso del cuerpo de agua provocó inundaciones que destruyeron viviendas y cobraron tres vidas humanas en 2015.
El caso fue seleccionado en 2019 por la Corte para emitir jurisprudencia vinculante “sobre los estándares y límites respecto de la explotación de recursos renovables y no renovables que son gestionados por el Estado, la actuación de las empresas concesionarias y su impacto en el goce y ejercicio de los derechos colectivos y de la naturaleza”. Pero, más de cinco años después, no ha habido un pronunciamiento.
El petróleo mancha la Noramazonía
Uno de los casos más preocupantes es el del derrame de más de 15 800 barriles de petróleo en el río Coca, que afectó a más de 27 000 personas en abril de 2020. Dos meses antes, la cascada de San Rafael desapareció por la acelerada erosión regresiva de este importante afluente. El fenómeno se convirtió en una amenaza para el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el Sistema de Oleoductos Transecuatoriano (SOTE). Por lo tanto, de acuerdo con el informe, la rotura de ambas infraestructuras era previsible.
La Corte admitió el caso en 2021 y señaló que “los hechos alegados en la acción de protección de origen se refieren a una plausible afectación de derechos de múltiples personas y comunidades, así como de la naturaleza”. En enero de 2022, el oleoducto se volvió a romper en la misma zona, causando un derrame de 6300 barriles. Una nueva fuga se dio en 2024, pero en esa ocasión no se entregó información sobre la cantidad derramada.
A finales de 2024, se terminó el contrato con la empresa privada OCP Ecuador y ahora se están trasladando las acciones de la compañía al Estado ecuatoriano. “Al final, si emiten sentencia, será el Estado el que tenga que responder por la empresa privada”, dice Luis Xavier Solís, abogado y miembro de la Alianza.
El caso Mecheros
Otro proceso a la espera de resolución sobre la contaminación de esta industria es el caso Mecheros, presentado por nueve niñas afectadas. La quema de gas asociada a la explotación petrolera libera gases tóxicos, por lo que ha sido vinculada con graves impactos en la salud, como enfermedades respiratorias y cáncer, además de contribuir al cambio climático.
Varela, de la Defensoría del Pueblo, indica que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos ha insistido en que los sistemas de Justicia deben actuar de manera célere principalmente en casos que involucren a niños y adolescentes, pues para obtener tutela judicial efectiva, los resoluciones deben llegar antes de que los accionantes cumplan la mayoría de edad. Las demandantes, que iniciaron el proceso en 2020, ahora son adolescentes.
En 2019, la nacionalidad waorani de Pastaza (OWAP) interpuso una acción de protección por el proceso de socialización realizado en su territorio en agosto de 2012 para permitir la licitación del bloque petrolero 22 en la Ronda Suroriente. Los demandantes obtuvieron sentencias favorables en las cortes provinciales.
En 2020, la Corte Constitucional seleccionó el caso para emitir jurisprudencia “sobre los límites y estándares de la consulta previa, libre e informada en situaciones en las que todavía no ha comenzado el proceso extractivo que afectaría a comunidades de reciente contacto”. En marzo de 2024, se anunció que se realizaría una nueva licitación de los bloques comprendidos en la Ronda Suroriente, mientras que el gobierno afirma que ya se realizó la consulta. Sin embargo, la Corte Constitucional no se ha pronunciado tampoco en relación con estos casos.
El bloque 43: Yasuní ITT
El caso más icónico, por su relevancia a escala internacional, es el de la prohibición de extracción de petróleo en el bloque 43, también conocido como Yasuní ITT. Esto se logró tras una consulta popular nacional realizada en 2023, en la que el 59 % de votantes decidió que la actividad petrolera se retire de la zona.
La Corte dictaminó que el Gobierno tenía hasta el 31 de agosto de 2024 para cumplir con el mandato de la consulta, pero en esa fecha el Ejecutivo anunció que el cierre de los pozos tomaría cinco años. Hasta ahora, el tribunal no se ha pronunciado por la violación al derecho de la voluntad popular.
“Una lógica distante”
Los casos relacionados con la industria petrolera comprenden un tercio de los enlistados por la Alianza de Derechos Humanos. “Esto es un reflejo de cómo el Estado ha visto a la Amazonía como una zona de sacrificio”, asegura Solís. Explica que el más alto tribunal de Justicia “tiene una deuda histórica” con esta zona del país, en temas como el consentimiento, los impactos ambientales, la educación intercultural o el tratamiento de los pueblos en contacto inicial.
El abogado agrega que al revisar las sentencias de la Corte Constitucional, las que están relacionadas con empresas privadas “han tenido una respuesta mucho más ágil”. Para el experto, eso responde a “una lógica distante de las realidades amazónicas”, que “sigue siendo una visión etnocentrista, colonialista del derecho”.
Además, la Corte no está integrada por representantes de los pueblos y las nacionalidades indígenas. No existe la aplicación de la Justicia intercultural y plurinacional, como manda la Constitución.
El informe también incluye casos sobre personas privadas de la libertad, desalojos de población vulnerable, detención de adolescentes en protestas, demandas de los trabajadores, normas que merman la autonomía de niñas y adolescentes para tomar decisiones sobre la interrupción del embarazo y el caso de esclavitud moderna en las haciendas de Furukawa. El 5 de diciembre de 2024, la Corte reconoció en un dictamen que hubo “prácticas análogas a la esclavitud” y ordenó indemnizaciones a 342 víctimas.
Este reportaje es resultado de la alianza periodística entre Mongabay Latam y La Barra Espaciadora.
