Por Carolina Méndez e Isabel Mercado
BOLIVIA | “El fuego es un monstruo que nos está amenazando. Todo es cenizas y miedo”, narra con desesperación Iván Quezada, alcalde de Roboré. En los últimos cinco días, el fuego ha consumido más de 450 000 hectáreas de bosque, cifra que sumada a las hectáreas devastadas desde que empezaron los incendios forestales en Bolivia este año bordea el millón, según fuentes oficiales.
Cada año, en esta época, los chaqueos –quemas para preparar el terreno para la siembra o para la crianza de ganado- se realizan en el territorio boliviano, generando muchas veces estos focos de calor que pueden salirse de control. Pero a diferencia de temporadas anteriores, este año, un polémico decreto aprobado por el Estado, que promueve la ampliación de la frontera agrícola y permite la “quema controlada” en áreas de uso forestal, ha detonado una situación sin precedentes. La Chiquitanía está en emergencia.
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Antecedentes peligrosos
En Bolivia, el chaqueo es una costumbre arraigada que, a pesar de los daños que ocasiona y de que es sancionada por ley, no ha podido ser frenada. Todo lo contrario, las recientes decisiones políticas la han alentado, en lugar de controlarla.
El pasado 9 de julio, el presidente Evo Morales aprobó la modificación del Decreto Supremo 26075, sobre Tierras de Producción Forestal Permanente, para ampliar las áreas de producción del sector ganadero y agroindustrial de los departamentos del Beni y Santa Cruz.
La norma autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en tierras privadas y comunitarias que estén concebidas bajo un sistema de manejo integral sustentable de bosques y tierras. Esta modificación también permite la quema controlada de acuerdo a la reglamentación vigente.
«Tenemos la tarea y la misión de que Bolivia crezca económicamente, no sólo en base a los recursos naturales no renovables sino también en base al tema agropecuario», puntualizó el Mandatario y resaltó la apertura de importantes mercados para los productos nacionales, como el caso de la carne. Asimismo, planteó al sector ganadero del Beni construir frigoríficos certificados y modernos en la ciudad de Trinidad, para garantizar la exportación de la carne boliviana a otros continentes.
«Tenemos la tarea y misión de que Bolivia crezca también a través del desarrollo agropecuario. Otra responsabilidad con Beni es la construcción de un matadero industrial a través de un acuerdo público y privado. Beni tiene que prepararse para exportar carne directamente a China», escribió en su cuenta en Twitter.
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El lugar de los hechos
Roboré y las comunidades aledañas que son 33, están en emergencia. Si bien son ocho las comunidades que han sido afectadas directamente por el fuego, ninguna se libra del humo, del calor y por supuesto del temor.
Roboré es un municipio del departamento de Santa Cruz que tiene mucho bosque, pero es un bosque seco y hace tres meses que no llueve, lo que ha agravado la situación y ha convertido a la región en material combustible. Una pequeña chispa es suficiente.
La normativa actual; los chaqueos indiscriminados y descontrolados; el uso de vegetación local como combustible; y las condiciones climáticas adversas son, según un documento enviado a los medios de comunicación por expertos de entidades técnico académicas, los factores que provocaron el desastre ambiental en el oriente del país.
Al lugar han llegado bomberos desde la Gobernación de Santa Cruz, de la Policía y han traído cisternas. Pero es complicado acceder al área de los incendios. Todo es bosque, no hay senderos. La gente carga mochilas y bidones con agua para apagar el fuego, mientras las cisternas deben quedarse a la vera del camino. Con todo, el fuego es más rápido y mientras se apaga de un lado se aviva del otro.
Se maneja la cifra de que el 50% del incendio se ha controlado. Es difícil saberlo. El trabajo intenso ha permitido apagar muchos focos, pero no se ha conseguido controlar ni mitigar el resto, que atenúa y se expande a momentos. El temor ahora son los intensos vientos que se pronostican para estos días.
La gente está preocupada. En la ciudad de Roboré, en medio del humo, la espera parece eterna, pero en las comunidades la situación es más grave, pues las familias se proveen del agua que cae de las serranías que rodean la región y que transportan por unas tuberías de goma, como mangueras. Ahora, estas se han quemado y no reciben agua para beber. Además, el agua que les llega está llena de cenizas y se están reportando problemas digestivos, infecciones, tos y conjuntivitis. No hay actividades, y las labores escolares se han suspendido. Las autoridades del lugar piden una declaratoria de emergencia. El Gobierno dice que no es necesario.
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La deforestación en Bolivia
El activista y diplomático Pablo Solón, que fue parte del Gobierno de Evo Morales hasta el 2011, lleva un recuento de las cifras de deforestación. Según sus registros, el 2012 la deforestación en el departamento de Santa Cruz bordeó 100 000 hectáreas, el 91% era deforestación ilegal. Cinco años más tarde, un tercio de esta pérdida de bosque fue legalizada por el gobierno. En el 2015, de las 240 000 hectáreas deforestadas en Bolivia, 204 000 pertenecían a Santa Cruz.
El año 2016 se deforestaron 295 777 hectáreas en el país, según datos oficiales de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) en Bolivia. Hace unos días, la misma ABT habló de 953 000 hectáreas de bosques quemados en lo que va de 2019.
La deforestación es el tema de mayor preocupación en relación a la naturaleza y la biodiversidad en el país. La soya, el modelo del agronegocio, la extensión de cultivos de coca, la ganadería, los biocombustibles, los asentamientos ilegales y el chaqueo son los factores que alientan el gran flagelo a la naturaleza.
Los datos de la gráfica de la ABT son de deforestación de bosques no de áreas quemadas, que siempre son más porque incluye pastizales, matorrales y otros terrenos no boscosos.
“Si tomamos como año base el 2012, donde se habrían deforestado 128 043 hectáreas, la deforestación de este año sería más de siete veces mayor; y si tomamos sólo la deforestación de la Chiquitania, sería tres veces mayor”, sostiene Pablo Solón.
Los expertos y organizaciones ambientales que siguen el incendio calculan que un millón de hectáreas de bosques se han quemado en estos días: un área seis veces más grande que la mancha urbana de la ciudad de La Paz o casi toda la superficie del TIPNIS. La razón es ampliar la frontera agrícola. El etanol y el biodiesel requieren cientos de miles de hectáreas de caña de azúcar y soya, a lo que se suma la exportación de carne a la China que necesita millones de hectáreas de pastos para el ganado. Por último hay que añadir las dotaciones de tierra en áreas forestales y los asentamientos ilegales.
La región afectada por el incendio reúne cultivos de soya y cría de ganado en grandes proporciones.
“Lo que está pasando no es un accidente. El vicepresidente hace cinco años desafiaba a los agroindustriales a ampliar la frontera agrícola en un millón de hectáreas por año. Ahora ha llegado a esa cifra, pero no de tierras agrícolas productivas sino de tierras devastadas por las llamas”, añade Solón.
¿Bosques o votos?
El tema de la deforestación masiva este año por incendios no sólo se explica por razones económicas sino político electorales. En sus primeros años, el MAS se opuso a los biocombustibles, pero en su proyecto continuista pasó a promover el etanol y el biodiesel argumentando que se ahorrarían muchos recursos en la importación de gasolina y, en alianza con los sectores agroindustriales del oriente del país, presentó a los biocombustibles como energía “verde”.
“Hay responsables directos de este desastre ambiental y el primero es el Gobierno que ha aprobado consistentemente en los últimos años leyes de ‘perdonazo’, promoción e impulso de la frontera agrícola. Luego han hecho una cumbre agropecuaria donde se han juntado el gobierno, el sector agroindustrial del oriente y campesinos aliados al MAS. En esa cumbre han decidido aprobar los organismos genéticamente modificados, los agrocombustibles, la expansión de la frontera agrícola, la exportación de carne a China y finalmente este decreto del 9 de julio que permite la deforestación con fines agropecuarios de superficies forestales”, resume la ambientalista Cecilia Requena.
Alcides Vadillo, director regional de la Fundación Tierra, ONG que se dedica a investigar sobre el acceso, uso y gobernanza de la tierra y el territorio y los recursos naturales en Bolivia, señala que el Gobierno ha estado disponiendo de tierras fiscales que antes eran de uso forestal permanente. Todo lo que antes servía para concesiones forestales las ha devuelto al Estado y las está repartiendo a los colonizadores, creando comunidades falsas de personas que en realidad habitan en la ciudad. “Hay mucho dinero que está en juego”, sostiene.
Según Requena, esto expresa una visión de desarrollo que ya no corresponde al siglo XXI y que se agrava con el cambio climático, la mega extinción de especies y la pérdida masiva de bosque tropical. “El Gobierno trata de culpar al cambio climático diciendo que esto ocurre en otros países también, efectivamente pero justamente si reconoces la existencia del cambio climático no contribuyes a él alentando las quemas”, añade Requena.
“Este daño es irreversible, inconmensurable. No tenemos idea de la dimensión de las consecuencias, pero podemos decir que esperamos que esto sirva, como otras desgracias, para hacer un alto en esta deriva suicida. Necesitamos una visión de desarrollo que valore el bosque en pie porque además de ser vital para el agua, se puede traducir en una economía que se abra hacia el post extractivismo”, señala.
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Varias especies se extinguirán
La contaminación en aire, agua y suelos, además de la extinción de especies, son algunas de las principales consecuencias que dejan los incendios. Según expertos, se necesitarán años de trabajo para “recuperar una parte del bosque que se quemó».
“No entendemos muy bien lo que perdimos, pero sabemos que es enorme. Debido a la enorme biodiversidad, conocemos apenas una parte de su riqueza, pero ésta es inabarcable”, lamentó Cecilia Requena.
El área que ahora está en cenizas era hogar y lugar de origen, por ejemplo, de la Frailea chiquitana, una planta endémica del lugar. Como esta quedaron calcinadas especies grandes, pequeñas y únicas.
“Los daños ambientales son elevados a la máxima potencia. De las especies de flora y fauna que son afectadas, algunas son de reproducción lenta y si éstas mueren en grandes cantidades pueden tardar muchos años en recuperarse”, explicó la bióloga Kathrin Barboza. Agregó que como se trata de un bosque de características únicas en el mundo, hay especies que pueden extinguirse o pueden catalogarse como amenazadas.
El Bosque Seco Chiquitano es un complejo de biodiversidad endémico donde también está la Reserva Natural Tucavaca. Allí existen 554 especies distintas de animales, distribuidas en 69 especies de mamíferos, 221 de aves, 54 de reptiles, 50 especies de anfibios y 160 de peces. En Tucavaca hay, además, 35 especies de fauna y más de 55 plantas endémicas que solamente hay en este lugar en todo el mundo.
De acuerdo con Barboza, todas estas especies, entre plantas y animales, cumplen un rol importante en el equilibrio del bosque. “Por ejemplo, con el tema de la polinización, la dispersión y el control natural de plagas e insectos”. Barboza acotó que una vez que cese el fuego se necesitará una evaluación del daño ambiental.
“Desde cuántas hectáreas de bosque han sido dañadas, hasta ver si hay especies que se pueden rescatar”, dijo y agregó que además se debe hacer un monitoreo para evaluar cuánto tiempo puede tardar en recuperarse el bosque y el fortalecimiento de las plantas.
La ingeniera ambiental, Cecilia Tapia, asegura que el principal daño fue a los suelos, la biomasa boscosa, y la biodiversidad que se albergaba. “Habrá que acudir a estudiar y hacer un inventario del área quemada. Pero entre los impactos de consideración tenemos suelos, aire (aumento de gases de efecto invernadero) y contaminación de agua, además de la pérdida del paisaje que igual es de impacto socioambiental”.
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La reforestación en Bolivia tomará 200 años
La reforestación de la zona afectada por los incendios en la Chiquitania demorará unos 200 años, de acuerdo con datos del presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Santa Cruz (CIF-SC), Ever Durán. “El bosque que se ha quemado es duro; en ese sentido, se calcula que necesitará aproximadamente 200 años para restablecerse”, señaló.
Durán agregó que es imperativo que el Gobierno active el protocolo de declaratoria de desastre nacional por los incendios y recurra a ayuda internacional, no sólo para apagar el fuego, sino también para que se refuercen las tareas de reforestación y mitigación de los efectos de los incendios sobre la zona afectada y la salud de los habitantes.
Representantes de los colegios profesionales de ingenieros agrónomos, ingenieros forestales y veterinarios del departamento de Santa Cruz exigieron ayer al Gobierno que detenga la ampliación de la frontera agrícola en zonas sin esa vocación. “Exigimos e instamos al Gobierno a pensar que los recursos naturales no son generación de recursos económicos para unos cuantos, sino generación de calidad de vida para todos los bolivianos y esto sólo se logrará con un marco sostenible de estos recursos”, se lee en el pronunciamiento de los profesionales cruceños.
En el mismo documento, además, exigen a las autoridades que se derogue la Ley 741, los Planes de Desmonte iguales o menores a 20 hectáreas (PDM-20) y el Decreto Supremo 3973, que legaliza las quemas en los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando sin tomar en cuenta los planes de uso de suelos (PLUS).
El presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, Hugo Salmón, pidió que el Instituto Nacional de la Reforma Agraria (INRA) paralice la dotación de tierras y la otorgación de permisos de asentamiento en las zonas protegidas o que no tienen una vocación productiva o agrícola.
De acuerdo con el legislador departamental, la información del Sistema de Alerta Temprana Contra Incendios Forestales (Satif) indica que la mayor cantidad de quemas y chaqueos en el departamento se llevan a cabo en áreas de producción forestal y en áreas de uso silvo-agro-pastoril. “Eso quiere decir que se está chaqueando en zonas que tienen vocaciones completamente diferentes al uso que se les está dando”, señaló.
La tragedia no puede ser medida, las pérdidas tampoco. Y, mientras tanto, nadie todavía ha puesto sobre la mesa de debate la suspensión de los permisos para “las quemas controladas”.
Imagen central: En la comunidad de Taperas, municipio de San José de Chiquitos, límite con Roboré, un bombero atiende el fuego. Foto: Germain Caballero, alcalde San José de Chiquitos.
*Este artículo es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y el diario Página Siete de Bolivia, autorizado para su reproducción a La Barra Espaciadora.
