Ecuador, ¿país megaminero?

Por Jaime Giménez

El 16 de diciembre del 2015, Rosa María Zhiminaycela fue desalojada de su casa en Tundayme, en la provincia ecuatoriana de Zamora Chinchipe. Después de toda una vida dedicada a construir un nuevo hogar en la Cordillera del Cóndor, esta mujer –ahora de 71 años– fue despojada de su vivienda y de sus sueños de pasar una vejez tranquila junto a su familia.

Ese día, bajo el mandato del expresidente Rafael Correa, la Policía ejecutó la orden de servidumbre minera solicitada por Ecuacorriente S.A., la subsidiaria ecuatoriana de las corporaciones chinas CRCC y Tongling, concesionarias del megaproyecto de explotación de cobre Mirador. Esta iniciativa minera –que comenzaría a producir a finales de 2019– es una de las tres cuyos ingresos fueron comprometidos por el presidente actual, Lenín Moreno,  en su reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, según declaró el viceministro de Economía, Santiago Caviedes.

Mirador es, junto a Fruta del Norte, Loma Larga, Río Blanco y Panantza-San Carlos, uno de los cinco proyectos estratégicos que, según proclaman las autoridades, convertirían a Ecuador en la flamante potencia minera de América Latina. Con este anhelo en el punto de mira, el gobierno de Moreno prepara una nueva política minera que facilite la llegada al país de inversores internacionales que desarrollen esta industria extractiva, con altos impactos sociales y ambientales.

“Las grandes mineras del mundo buscaban invertir en Colombia, Perú, Chile o Brasil. Y Ecuador no estaba en esa liga de competición si manteníamos las condiciones de hace tres o cuatro años”, declara Fernando Benalcázar, viceministro de Minas. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado. “El Ecuador es un destino de inversión. Tenemos a BHP Billiton, Newcrest, Anglo American. Son empresas que han llegado a este país porque es donde están los mejores depósitos, donde están las mejores reservas, que muchas de ellas ya han sido identificadas”.

Benalcázar, quien es la máxima autoridad del Estado en esta materia, viajó en octubre pasado a Melbourne, Australia, para promocionar al Ecuador entre las corporaciones mineras de ese país. Desde su llegada al cargo, en septiembre de 2018, el viceministro Benalcázar ha trabajado en la actualización de la política minera. Este paquete de medidas, que debe adoptarse antes del 23 de mayo, según el Decreto Ejecutivo No. 722, incluirá seis ejes: desarrollo económico, sostenibilidad social y ambiental, investigación y desarrollo, gestión y administración, control de la minería ilegal y normativa minera. Será el resultado de meses de negociación entre Benalcázar y otras instituciones implicadas, como los Ministerios de Economía y Finanzas, del Ambiente, Senagua y Senplades (ahora Planifica Ecuador).

“Con el Gobierno de Moreno vemos una continuidad en la tarea de asegurar por parte del Estado una serie de precondiciones en términos legales, materiales y sociales para que se lleve a cabo este gran proyecto de hacer al Ecuador un país megaminero”, explica William Sacher, profesor de la Universidad Andina. Según el punto de vista de este académico francés, autor de numerosos artículos y libros sobre minería, el Ejecutivo actual ha adoptado un estilo de “gobernanza neoliberal” que se basa en el diálogo con los diferentes actores implicados, en contraposición al talante autoritario que dominó en la década de Rafael Correa. “El regreso de Moreno a la lógica neoliberal conviene mucho más a actores más tradicionales, como son las empresas canadienses o australianas, mientras que en la época de Correa los actores más importantes eran las empresas chinas”, compara Sacher. De todas maneras, “el uso del diálogo y de procesos plurales apunta a diluir la resistencia de los actores críticos”, añade.

Rosa María Zhiminaycela sufrió en primera persona los métodos represivos usados por el correísmo. El día del desalojo vio cómo los agentes se llevaron todas sus posesiones después de echar abajo su casa. Forzada a marcharse, esta anciana originaria del cantón azuayo de Sígsig vive ahora en Gualaquiza, añorando volver a lo que durante muchos años llamó hogar. “Estoy mal del pie, tengo diabetes y el estrés ahorita me empezó a atacar –se lamenta–. Me ataca hartísimo, a veces me mareo y me caigo”. La mujer luce los ojos vidriosos mientras recuerda su antigua vida a orillas del río Tundayme, el afluente que descarga sus aguas en el Quimi que, a su vez, desemboca en el Zamora.

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La nueva política minera buscará también delimitar el territorio del Ecuador susceptible de ser explotado. La consulta popular de 2018 estableció la prohibición de llevar a cabo minería metálica en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos. En su conjunto, estos espacios ocupan alrededor del 57,5% del país. Según Benalcázar, en la actualidad el 7,5% del territorio nacional ya está concesionado para actividades mineras. Por tanto, el 35% restante podría ser objeto de exploración en busca de minerales preciosos que puedan ser extraídos y exportados.

En este sentido, Andrés Ycaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, considera que el Ejecutivo debe aclarar qué ocurrirá con el catastro minero. “Lo primero que hay que hacer es tizar la cancha: actualizar los mapas de áreas protegidas, de zonas intangibles y definir lo que son centros urbanos”, reclama. Todo ello con el fin de mejorar la entrega de concesiones que ya se dio entre 2017 y 2018. “Aquel proceso fue extremadamente exitoso y limpio. Esa transparencia en el procedimiento fue lo que atrajo a operadores de clase mundial, que por regla general no se dedican a la exploración, a buscar nuevos depósitos en el Ecuador”, opina Ycaza. No obstante, el Gobierno decidió cerrar temporalmente el catastro. “El éxito empezó a generar un crecimiento desordenado. Había un desborde de solicitudes, había mucha gente pretendiendo concesiones y el sistema informático empezaba a fallar. Y eso fue porque la tiendita se convirtió en supermercado”, valora.

La actividad minera a gran escala se divide en dos etapas: exploración y explotación. La exploración, que dura entre diez y doce años, comprende un momento inicial de identificación de los yacimientos, un periodo avanzado en el que estima la cantidad de recursos existentes en el subsuelo y una evaluación económica que debe establecer la factibilidad del proyecto. Por su parte, la explotación, que se compone de las fases de desarrollo, construcción, preproducción y producción, puede prolongarse durante los años que sean necesarios para extraer todo el preciado material.

El gobierno de Moreno espera que la inversión en minería alcance los 2 252 millones de dólares en 2021, y que genere más de 30 000 empleos directos. Además, el Ejecutivo aspira a que las exportaciones mineras se eleven hasta los 3 660 millones de dólares y que la recaudación del Estado llegue hasta los 722 millones. De cumplirse estas proyecciones, el sector minero podría llegar a representar el 4% del Producto Interno Bruto del país en 2021.

Una de las metas principales de la actualización de la política minera será la de seguir restando trabas fiscales a la inversión extranjera. En cualquier caso, no podrá modificar el marco normativo de la Constitución y la Ley de Minería, que establecen una participación mínima del 50% para el Estado en los beneficios de todo proyecto minero. “En los últimos años hubo un ablandamiento de la presión fiscal. El Ecuador era comparativamente el país más caro en minería de la región para el inversor extranjero.  Y parte de por qué Ecuador hasta antes de 2015 no era un destino importante en minería era porque, durante sus primeros cuatro o cinco años, no hubo presidente más antiminero que Correa”, manifiesta Ycaza.

La promulgación en 2008 de la Constitución, que otorgaba derechos a la naturaleza y establecía el derecho a la consulta previa para las comunidades afectadas por un proyecto extractivo, y del Mandato Minero el mismo año, que extinguió todas las concesiones mineras otorgadas hasta la fecha, supuso que muchos analistas vieran a Correa como a un presidente contrario a la minería. No obstante, a lo largo de los siguientes años, la situación dio un giro de 180 grados. Bajo el mandato de Correa, en 2012, se firmó el primer contrato de explotación minera a gran escala en Ecuador: Mirador.

En la actualidad, la mina a cielo abierto de Mirador cuenta con un avance de más del 75% en la construcción de sus infraestructuras. Carreteras, puentes, túneles, plantas de beneficio, piscinas de deshechos o campamentos, son algunas de las obras necesarias para llevar a cabo la explotación de las 3,18 millones de toneladas de cobre; 27,11 millones de onzas de plata, y 3,39 millones de onzas de oro que yacen bajo esta zona de la Cordillera del Cóndor, ubicada en la parroquia de Tundayme, del cantón El Pangui. El proyecto, en el que trabajan alrededor de 3 000 personas, y que fue suspendido parcialmente en 2018 por el Ministerio del Ambiente debido a incumplimientos ambientales de la empresa, ya opera al cien por cien en un área amazónica de gran biodiversidad de flora y fauna.

Luis Sánchez, un líder comunitario de Tundayme contrario al proyecto, se queja de las consecuencias negativas que la megaminería está provocando en su territorio. “Los ríos están ahora parcialmente contaminados en algunos tramos. Los peces están muriendo aguas abajo de donde están las instalaciones de la empresa”, denuncia Luis, hijo de Rosa María Zhiminaycela.

Además, Luis acusa a Ecuacorriente y a las empresas subcontratistas de no garantizar los derechos laborales de sus operarios. “No existe seguridad industrial. Ya van más de doce muertos en las actividades mineras. Les prohíben a los trabajadores que graben o tomen fotos para que esta situación no se visibilice”, revela el también vicepresidente de la Comunidad Amazónica de Acción Social Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi).

Sin embargo, Jorge Miño, Coordinador de Relaciones Comunitarias de Ecuacorriente, asegura que desde 2014 solo han sido tres los trabajadores fallecidos en el proyecto minero y destaca el dinero invertido por la compañía. “Hemos pagado 85 millones de dólares al Estado en regalías. Tenemos programas sociales, apoyamos el médico en casa. Gastamos 1 750 000 dólares en proyectos sociales y otros 35 millones en la carretera. El Estado aquí no tiene apenas presencia, por lo que somos prácticamente el municipio. El 90% de los trabajadores son de la zona”, destaca un desconfiado Miño, que no permite al periodista grabar la entrevista.

Las actividades mineras en Tundayme se han prolongado durante más de veinte años. En un principio, la concesión perteneció a la transnacional australiana BHP Billiton, que a su vez la vendió a la empresa junior canadiense Corriente Resources. Más tarde llegó el capital chino, que adquirió el proyecto Mirador a través de Ecuacorriente. Todo ese proceso lo vivió en primera persona Rosa María Zhiminaycela, quien se estableció en la zona junto a su marido mucho tiempo antes. Procedentes de Sígsig, la pareja de indígenas cañaris atravesó páramos y selvas hasta llegar a Zamora en la década de los 60, buscando tierras cultivables donde asentarse. El Estado, interesado en poblar una región fronteriza disputada por el Perú, les puso las cosas fáciles. No así la naturaleza, contra la que tuvieron que luchar arduamente para transformar un área de jungla salvaje en un hogar donde criar a sus ocho hijos. Tras la Guerra del Cenepa y el aterrador zumbido de los bombardeos que interrumpían su sueño, Rosa María pensó que los problemas ya habían pasado. Nada más lejos de la realidad. Puede que el conflicto contra el país vecino hubiera terminado, pero su calvario no había hecho nada más que empezar. Las empresas mineras quisieron doblegar a su familia para que les vendiera su parcela, pero la familia se negó. Finalmente, tras varios años de resistencia por mantener su casa, fueron expulsados sin recibir a cambio compensación alguna.

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De los cinco proyectos declarados como estratégicos por el Gobierno, solo uno: Fruta del Norte, se ha desarrollado sin apenas contratiempos. Los demás, como el citado Mirador, han experimentado retrasos y paralizaciones que, en algunos casos, han puesto en duda su continuidad. Panantza-San Carlos, por ejemplo, no ha podido ir más allá de la fase de exploración debido a la tenaz oposición del Pueblo Shuar Arutam, que agrupa a las comunidades indígenas de Morona Santiago contrarias a la minería. Río Blanco, en Molleturo (Azuay), fue paralizado hace un año por una orden judicial que afeaba al Estado no haber respetado el derecho a la consulta previa, libre e informada de las poblaciones afectadas. Loma Larga, por último, pende de un hilo tras la consulta popular en el cantón Girón el pasado 24 de marzo, en la que el 86% de los votantes optaron por rechazar el proyecto que pretende extraer oro, plata y cobre del páramo de Kimsakocha.

“En el momento actual lo que vive el sector minero es una serie de incertidumbres. Ha tenido muchas situaciones adversas porque ha perdido en las Cortes, ha perdido en el voto popular y ha perdido también en el discurso. Pese a que desde hace 20 años se viene desarrollando una estrategia para posicionar la minería en el país, no ha logrado captar el apoyo de la gente”, aclara Nataly Torres, profesora de la Universidad de Cuenca. “Frente a esta situación, el Gobierno ha anunciado su nueva política minera, respondiendo al sector minero que está fuera del país, sobre todo en Canadá y en Estados Unidos, muy cercano a las políticas del Fondo Monetario Internacional”, expone.

La contundente victoria del ‘No’ a la minería en la consulta de Girón, uno de los tres cantones azuayos afectados por Loma Larga junto a San Fernando y Cuenca, supuso un importante revés para los intereses de INV Metals, la empresa junior canadiense encargada de la exploración avanzada del proyecto. El carácter vinculante del referéndum impide que se lleven a cabo actividades mineras en la jurisdicción de Girón. Sin embargo, según el viceministro de Minas, el proyecto podría seguir adelante. “Desde el punto de vista del Gobierno, se respeta cien por ciento la decisión del pueblo. El pueblo decidió que no haya minería en el cantón Girón, perfecto. A futuro no hay más minería en el cantón Girón. La empresa, según nos han reportado verbalmente, planea hacer su actividad por el cantón Cuenca. Y, obviamente, si lo más importante, que es la ubicación misma de la reserva y la boca-mina está en ese cantón [Cuenca], es lógico pensar que la actividad no va a parar”, afirma Benalcázar.

El autor de este reportaje buscó contactar a un representante de INV Metals para recoger su opinión, pero la entrevista no pudo concretarse. Sin embargo, en una nota de prensa publicada el 25 de marzo, la compañía canadiense expuso que “el cantón Girón es una jurisdicción adyacente que no contiene los Recursos y Reservas Minerales de Loma Larga. INV Metals buscará más aclaraciones jurídicas sobre los resultados y posibles consecuencias”.

Ante la posibilidad de que el proyecto continúe fuera de Girón, Yaku Pérez, recientemente electo prefecto de la provincia del Azuay, ha planteado una consulta popular a nivel provincial que prohíba definitivamente la minería en toda la región. Pérez, abogado y activista antiminero, ya lideró en 2011 una consulta comunitaria realizada en las parroquias cuencanas de Victoria del Portete y Tarqui, donde el 93% de los participantes dijo no a la minería.

“Nosotros, en la campaña, ya habíamos anunciado que después la consulta de Girón, el siguiente paso es la consulta en el resto de cantones y en la provincia del Azuay –declara Pérez, quien ganó las elecciones con el 29% de los votos–. Eso lo estamos trabajando y tan pronto lleguemos a la Prefectura lo pondremos en el orden del día para tratar el tema de la consulta popular”. Horas antes de la publicación de este reportaje, Pérez asumió el cargo. Sobre las nuevas medidas en materia de minería que alista el Gobierno de Moreno, el nuevo prefecto señala que “es la vieja política extractiva entreguista a las transnacionales. Se les va a allanar el camino para que estas empresas no paguen las ganancias extraordinarias, que estas empresas que van a invertir en el Ecuador tengan menos rigurosidad en los requisitos administrativos y ambientales”, explica Pérez, quien aclara que su “resistencia en defensa del agua es contra todo tipo de minería: pequeña, mediana y mega, formal e informal, legal e ilegal”.

A la espera de conocer las medidas concretas que traerá consigo la nueva política minera, Rosa María Zhiminaycela y el resto de personas afectadas por los proyectos mineros continúan sin tener claro si el Estado les resarcirá por los daños causados en sus vidas. Mientras, en Tundayme, donde la población está dividida entre los partidarios y detractores de la minería, muchos piensan que su pueblo acabará desapareciendo. “Hasta la guerra pasamos y ahora, mire, botaron mi casa. A nosotros nos hicieron la mayor de las desgracias”, denuncia la anciana, cuyas esperanzas de volver al hogar que con tanto esfuerzo levantó se apagan al mismo ritmo que la empresa avanza en la construcción de la mina.