Eduardo Mendúa, líder de la comunidad A’i Cofán Dureno, en el nororiente de Ecuador, fue asesinado por sicarios en la noche del 26 de febrero. Doce impactos de bala acabaron con su vida. Mendúa era el rostro visible de la resistencia antipetrolera de su comunidad.
Hasta el momento hay un detenido. El gobierno ecuatoriano atribuye la responsabilidad a una pelea entre comuneros, sin embargo, habitantes del sector y representantes de organizaciones sociales cercanos al caso apuntan a un conflicto con la estatal petrolera Petroecuador EP.
El hecho empeora la frágil relación entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el gobierno de Guillermo Lasso. La organización asegura que el régimen no ha cumplido con los acuerdos firmados después del paro nacional de junio de 2022.
Por Ana Cristina Alvarado / @ana1alvarado
“Venimos resistiendo ya seis meses aquí en el territorio desde que intentaron iniciar la operación [petrolera] — decía el líder indígena Eduardo Mendúa el 12 de enero de 2023—; yo, como dirigente nacional de la Conaie, rechazo rotundamente este tipo de actos de incitación por parte del Gobierno que [busca] se dé una confrontación, violencia entre hermanos cofanes. Hago un llamado al Gobierno nacional: que por favor cese esta violencia que ha causado”. Esa fue su advertencia.
Más de un mes después, el 26 de febrero, Mendúa, dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), fue asesinado con 12 tiros en la chacra de su casa, en la comunidad A’i Cofán de Dureno, ubicada en la provincia de Sucumbíos, en el nororiente de Ecuador.
El crimen sucedió dos días después de que el líder asistiera al Consejo Ampliado de la Conaie. En este encuentro, que se realizó en Quito, la organización resolvió mantener una movilización permanente y radicalizar la lucha en los territorios, en exigencia de los acuerdos incumplidos por el gobierno de Guillermo Lasso tras el paro nacional de junio de 2022.
Mendúa levantó la alerta del 12 de enero a través de sus redes sociales después de que miembros de la comunidad de Dureno se enfrentaran debido a desacuerdos por la imposición, sin consulta previa, libre e informada, de un proyecto expansivo de la petrolera estatal Petroecuador EP, propuesto desde hace unos siete años. El bando a favor de la iniciativa extractiva contó con el apoyo de miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, de acuerdo con un comunicado de la Alianza por los Derechos Humanos. Seis personas fueron heridas ese día pero las tensiones no cesaron.
Omairo Vargas, hermano de Mendúa, asegura que sí hubo amenazas de muerte, pero nunca imaginaron que llegarían a concretarse. Antes de la intrusión petrolera, dice Vargas, Dureno era una comunidad unida. De acuerdo con Edwin Hernández, quien lideraba la resistencia junto a Mendúa, el giro se dio hace siete años, cuando Silverio Criollo, para entonces presidente de Dureno, empezó a negociar la perforación de 30 pozos a cargo de Petroecuador en el territorio comunitario. “Fueron aplicando sanciones [multas económicas] a las personas que se oponían. Esto causó división interna. No se socializó el proyecto, no se hizo consulta, no se informó —cuenta Hernández—; nosotros plantamos un frente de resistencia. Los abuelos nos dejaron la naturaleza para cuidarla”.
Eduardo Mendúa, el líder A’i Cofán que se opuso al extractivismo
Eduardo Mendúa tenía 39 años, estaba casado y tenía seis hijos. El más pequeño tenía tres años y el mayor tenía 18. El indígena A’i Cofán se destacó como un líder comunitario desde su juventud. En 2010, a sus 26 años, fue nombrado presidente de la comuna A’i Cofán de Dureno, que tiene unos 600 habitantes y se encuentra a media hora de Lago Agrio, una ciudad considerada la capital petrolera de Ecuador. Fue presidente de Dureno por dos periodos de tres años, de 2010 a 2016. “Siempre tuvo interés por las cuestiones sociales de su comunidad”, asegura Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Texaco (Udapt), quien lo conocía desde hace unas dos décadas.
En 2012, Petroecuador reabrió el pozo Dureno 1, que fue cerrado en 1998 por la comunidad tras casi una década de funcionamiento. El pozo fue perforado en 1972 por Texaco, en una época en la que ni siquiera se consideraba dar a conocer estas decisiones a los habitantes de las zonas afectadas y menos aún realizar procesos de consulta previa. “Se hizo una negociación con el apoyo de toda la comunidad —asegura Hernández—; se lograron ocho millones [de dólares] en compensación. Actualmente, por 30 pozos Petroecuador ofrece cinco millones”. Para Hernández, no se trata solo de una negociación injusta. “Hay que asegurar la vida de la gente en el territorio. Vivimos de la caza, la pesca, la recolección. Si no hay sustento a largo plazo, la comunidad puede desaparecer”, dice el líder.
La construcción de la Comunidad del Milenio, un modelo de vivienda impulsado por el gobierno de Rafael Correa, fue la mayor obra lograda en la gestión de Mendúa en 2013. 108 casas de tres dormitorios y con los servicios básicos de luz, agua y alcantarillado fueron financiadas con las regalías de la explotación de recursos naturales. Sin embargo, las casas de cemento y caña guadúa no fueron bien recibidas por todos los habitantes. Les preocupaba la dificultad para obtener los recursos para el pago mensual de servicios básicos y rechazaban que las casas no estuvieran a lo largo del río y que tuvieran poca separación entre ellas, según le contaron a la revista Plan V, en mayo de 2019.
“Quizás en algún momento [los líderes A’i Cofán] se equivocaron en hacer ingresar la actividad petrolera”, opina Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Conaie. Pero, “él [Mendúa] decía que hasta ese momento llegaría la actividad [extractiva en Dureno]”, recuerda. De hecho, en el Consejo Ampliado de la Conaie, realizado el 24 de febrero de 2023, Mendúa escribió en la libreta de Leonidas Iza, presidente de la Conaie: “Hay que sacar una resolución de no al extractivismo en el territorio de los pueblos indígenas”.
Y es que Dureno conserva en su memoria un historial de malas experiencias con la explotación petrolera. El territorio comunal está dentro del Bloque 57, el área más afectada por derrames petroleros en Ecuador. Según explica Hernández, unos 70 pozos rodean las 9 500 hectáreas de la comunidad. “La contaminación y los derrames son constantes. Todos los ríos atraviesan nuestros territorios [con petróleo de los vertimientos], tenemos contaminación diaria”, dice. Además, asegura que hay desconfianza hacia las empresas petroleras: “Si algo no está escrito, no lo cumplen”.
Hace un año y medio, en 2021, Mendúa fue elegido dirigente de Relaciones Internacionales de la Conaie. “Al ser un líder de base, mucho de su trabajo se concentró en hacer vocería sobre la conflictividad derivada de la actividad extractiva en el nororiente del país”, cuenta Andrés Tapia, dirigente de Comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas de Ecuador (Confeniae). Tapia recuerda que en los últimos días de su vida, Mendúa acompañó el paro llevado a cabo por la comunidad kichwa El Edén, ubicada en la ribera del río Napo, por la falta de cumplimiento de acuerdos hechos por Petroecuador, que tiene pozos activos en ese territorio indígena. “Era el rostro visible de esa resistencia”, señala Tapia.
“Una de las cosas que la gente lamenta es que les hayan quitado a un líder, a una persona que reconocen y respetan por su claridad”, añade Jorge Acero, coordinador de Derechos de Amazon Frontlines, una organización no gubernamental que trabaja en la defensa de derechos de indígenas de la Amazonía ecuatoriana.
El petróleo dividió a Dureno
Entre los planes actuales de Petroecuador está la apertura de una trocha en una zona conservada por la comunidad y considerada su reserva. La idea es construir tres plataformas, cada una con 10 pozos, dice Alexandra Almeida, coordinadora del Área de Petróleo de la organización Acción Ecológica. La apertura del camino se inició en 2022. Pero la facción antipetrolera de Dureno evitó el avance de las obras cuando envió una guardia comunitaria al ingreso de la trocha. Desde mediados de 2022 las tensiones fueron aumentando rápidamente, hasta que en un intento por liberar el paso, las dos partes se enfrentaron el pasado 12 de enero de 2023.
Acero asegura que la Gobernación de Sucumbíos y Petroecuador promovieron un diálogo, pero el plazo para llegar a acuerdos se terminaba la primera semana de marzo de 2023. “[La falta de acuerdos] hubiera generado la suspensión del proyecto. Si eso ocurría, la gente rumoreaba que [Petroecuador] iba a seguir un procedimiento judicial en contra del presidente de la comunidad [Silverio Criollo], quien ya habría recibido dinero y lo habría distribuido entre algunas familias de la comunidad”, relata el abogado de Amazon Frontlines que se ha mantenido cercano al caso. Es decir, Criollo habría sido presionado para concretar la apertura de los 30 pozos.
Mongabay Latam y La Barra Espaciadora intentaron contactarse con Silverio Criollo por llamadas telefónicas y mensajería instantánea, pero no hubo respuesta hasta el cierre de esta publicación. Se enviaron solicitudes de información a Petroecuador y al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica para conocer su versión sobre la falta de consulta previa, libre e informada en la comunidad A’i Cofán Dureno, pero tampoco hubo respuesta.
El asesinato de Eduardo Mendúa ganó notoriedad nacional en un difícil momento de la política ecuatoriana. El gobierno de Guillermo Lasso tiene uno de los índices de aprobación más bajos en América Latina, con el 21%, solo superado por Nicolás Maduro, según un estudio de CID Gallup. Además, en los últimos días, la Conaie rompió el diálogo que mantenía con autoridades gubernamentales desde julio de 2022 y anunció movilizaciones permanentes en los territorios indígenas. Mientras tanto, la Asamblea Nacional tramita un juicio político en contra del presidente por delitos contra la seguridad del Estado y delitos contra la administración pública.
Este contexto fue beneficioso para la investigación del homicidio pues, según Acero, con un afán de evitar responsabilidades, el Gobierno actuó con celeridad. A diferencia de otros casos de defensores ambientales asesinados, como María Taant, en los que las autoridades poco han avanzado, miembros de la Policía y la Fiscalía acudieron al hogar de Mendúa la noche del asesinato para recoger pruebas y recibir la denuncia. A la mañana siguiente se realizaron cuatro allanamientos.
David Q., quien habría transportado a los sicarios en canoa hasta la comunidad, fue aprehendido la madrugada del 27 de febrero. “El detenido es una persona de la comunidad que sería del grupo afín a Silverio Criollo. Hacia él apunta toda la gente de Eduardo y de la Comunidad del Milenio”, asegura Acero, quien estuvo presente en la audiencia de formulación de cargos realizada el 27 de febrero. Finalmente, la Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra de David Q., por ser el presunto coautor del delito.
“Eduardo estorbaba al ingreso de los pozos, él estaba instalado haciendo resistencia, entonces estaba impidiendo que entrara la empresa. De pronto pensaron que quitándolo de en medio la empresa tendría libre paso”, opina Almeida, quien ha acompañado los procesos de resistencia de Dureno desde la década de los noventa. “Las empresas provocan conflictos con desenlaces como estos. Se tiene que investigar, pero ya se sabe qué es lo que hay detrás”, agrega.
“Según un familiar cercano, [Eduardo Mendúa] habría recibido amenazas de otros dirigentes de la zona por discrepancias internas y esto se ratifica por cinco versiones dadas a la Fiscalía”, dijo Juan Zapata, ministro del Interior, en rueda de prensa el 27 de febrero.
“El Gobierno quiere lavarse las manos diciendo que ha sido una pelea entre comuneros”, interpretó Leonidas Iza el 28 de febrero, durante el velorio de Mendúa que fue transmitido por las redes sociales de la Conaie. Ese día, en una rueda de prensa, los representantes de la organización indígena dijeron que “Petroecuador es responsable del delito por la presión ejercida en la comunidad”.
Acero y Almeida concuerdan con la lectura de la Conaie. “Los intereses empresariales o el empuje y la presión del gobierno por llevar adelante el tema extractivista se revela en divisiones internas, en confrontación”, dice Acero y señala que no es una situación aislada. La presión extractivista ha generado conflictos y asesinatos de otros defensores, como ocurrió con el caso de José Tendetza, asesinado en 2014 en medio de pugnas por la imposición del proyecto de megaminería Mirador. “Lo que [en la comunidad] decían es: ‘Si Petroecuador no hubiera venido, no habría pasado esto’. La lucha no es contra otros cofanes, es por evitar explotación en el territorio”, dice el abogado de Amazon Frontlines. Almeida, por su lado, recuerda que en enero, Mendúa ya responsabilizó al Estado y a Petroecuador por los conflictos que cada vez eran más intensos. “Efectivamente, el conflicto se produce por el ingreso de la petrolera a la comunidad”, ratifica la experta de Acción Ecológica.
El 28 de febrero, miembros de la Conaie solicitaron que se revoque el consejo de gobierno presidido por Silverio Criollo, exigieron que se anulen los acuerdos entre Petroecuador y la comunidad de Dureno, y anunciaron que buscarán elevar el caso a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Mientras tanto, en Dureno hay dolor y miedo. El 27 de febrero, Acero percibió un silencio inusual en la comunidad. También supo que una familia abandonó su hogar por temor. “Suponemos que somos los siguientes en la lista, intentan callarnos para que desistamos de nuestros procesos de resistencia”, dice Edwin Hernández. Sin embargo, el líder y compañero de Mendúa asegura que continuarán con su postura. “La resistencia se va a radicalizar, el Estado debe resarcir la muerte de Eduardo”.
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