Los pasivos ambientales provocados por la actividad hidrocarburífera en Ecuador se multiplican cada año sin que el Estado ni las empresas responsables emprendan acciones eficaces de remediación. Hasta la fecha, se registran 1107 pasivos y otras 3568 “fuentes de contaminación”, como las denomina la autoridad ambiental.
A pesar de que Ecuador explota petróleo desde la década de los setenta, no cuenta con datos mínimos, estadísticas ni estudios sobre condiciones de salud de las poblaciones directamente afectadas por esta actividad extractiva. La población demanda investigaciones urgentes.
La petrolera estatal Petroecuador EP ha heredado la responsabilidad de los 1107 pasivos ambientales causados por Texaco.
Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
“Aquí hay una piscina”, dice Ermel Chávez, representante del Frente de Defensa de la Amazonía. Arranca una rama larga de entre la vegetación y se agacha para despejar con ella el suelo. Hunde la rama dibujando un orificio y presionando hacia abajo: un metro, dos metros, tres y no se detiene. “Hay piscinas de hasta 6 metros de profundidad. El petróleo está acá adentro”, asegura, mientras extrae la rama embarrada en una pasta gris que expele un fuerte olor a combustible. Unos metros más allá, pastan unas cuantas vacas.
Los Ángeles es una de las 24 comunidades de la parroquia San Carlos, en el cantón Joya de los Sachas, en la provincia de Orellana. Para llegar ahí desde la ciudad Joya de los Sachas, hay que recorrer unos 12 kilómetros en auto, en dirección a la ciudad de Francisco de Orellana. Al borde de la carretera, junto al campo petrolero Sacha, se divisa a uno que otro grupo de obreros de la empresa estatal Petroecuador EP y varios pozos de extracción de crudo a los que los lugareños llaman ‘muñecos’, por la forma que tienen. Algunos están cerrados y abandonados.
El campo Sacha, que fue concesionado en tiempos del expresidente Rafael Correa a la estatal venezolana Pdvsa, ahora está bajo la administración de Petroecuador y es el más grande de la zona. La parroquia San Carlos está justo frente a la estación Sacha Sur, que forma parte del campo petrolero.
Entre la vegetación se ven varias hondonadas o fosas en forma de piscinas que albergan residuos petroleros que fueron cubiertos en algún momento con tierra. “Los árboles frutales no crecen aquí y si es que se dan, no dan fruto”, asegura uno de los comuneros de la zona. “Hay una capa de petróleo acá adentro, el petróleo está petrificado”, añade Ermel Chávez, refiriéndose a los desechos que llenan esas piscinas, mientras muestra un árbol de cacao cuyo crecimiento —asegura— se ha estancado. “El problema de este tipo de pasivos es que, por lo general, aquí en el campo hacen pozos de agua”, precisa y señala la casa más próxima: una construcción de una planta que se levanta a una veintena de pasos y que ha sido abandonada. La familia que vivía ahí debió mudarse, dice Chávez, pues el agua del pozo que habían abierto para abastecerse “ya está envenenada”.
Esta escena trágica es una de las tantas que dejó la operación de la petrolera estadounidense Texaco en la Amazonía ecuatoriana y que representa uno de los pasivos ambientales más conocidos en el país y el mundo. Durante una parte del proceso judicial, la misma Texaco reportó haber construido 333 piscinas en su período de operaciones, entre 1964 y 1990 —recuerda Ermel Chávez—, y en la inspección judicial, utilizando las mismas imágenes satelitales que Texaco pidió tomar en momentos distintos, “se descubrió 990 piscinas”.
Según información oficial enviada por el Maate, incluida en la base de datos construida para este especial periodístico, Texaco es responsable de 1107 pasivos ambientales acumulados en Orellana (608) y Sucumbíos (499). El Estado, además, tiene un total de 3568 registros del sector hidrocarburífero que ha catalogado como “fuentes de contaminación”. De estas últimas, se registra que el 51% se encuentra remediado, es decir, 1838 fuentes de contaminación. El 49% restante no ha sido remediado.
Así, Texaco ha dejado 714 piscinas de petróleo enterradas que con el paso de los años han vuelto a emerger. Además hay 374 sitios contaminados por efluentes o derrames y 19 son fosas, según la base de datos elaborada con información del Maate. Tanto la empresa estadounidense como la estatal Petroecuador, que administra hoy la operación y heredó esos 1107 pasivos ambientales, fueron obligadas a reparar esas piscinas en las proporciones correspondientes al impacto generado, pero Petroecuador no lo ha hecho y Texaco únicamente escondió las piscinas, como consta en el mismo expediente judicial del caso que exhibe el sitio web de la Cancillería de Ecuador.
“Lo que hizo en ese entonces fue más criminal que dejar las piscinas abiertas, porque botó lodo encima y las piscinas quedaron taponadas (tapadas)”, recuerda Chávez. Con el paso de los años, los restos de petróleo y agua de formación —denominación que recibe el agua que naturalmente se encuentra atrapada en los poros de las rocas y que sale junto con el crudo cuando se lo extrae— han vuelto a emerger en todo el territorio de las provincias de Orellana y Sucumbíos, como lo han denunciado los miembros del Frente de Defensa de la Amazonía y organizaciones como Acción Ecológica, Fundación Pachamama, la Unión de Afectados por Texaco y otras.
Desde 1993 hasta la fecha, la transnacional —adquirida por Chevron en 2001— ha mantenido un litigio en tribunales nacionales e internacionales luego de que los habitantes afectados la demandaran por contaminar un área que equivaldría, de acuerdo con la misma información de la Cancillería ecuatoriana, a la superficie de El Salvador, es decir, alrededor de 21 000 kilómetros cuadrados. Este dilatado litigio tiene arrinconado hoy al Estado ecuatoriano. Las sentencias en los arbitrajes internacionales no han favorecido al país y existe la posibilidad de que este tenga que pagar alrededor de 9500 millones de dólares a Chevron-Texaco.
De acuerdo con un informe de la organización Corporate Accountability, publicado en abril de 2023, las emisiones que causa Chevron en un año en todo el mundo son equivalentes a 364 centrales eléctricas de carbón o “al total de emisiones de 10 países europeos juntos en similar periodo”. La Unión de Afectados y afectadas por Texaco (Udapt) asegura que Chevron arrojó en la Amazonía de Ecuador “60 billones de litros de aguas podridas, de formación, tóxicas, 650 mil barriles de petróleo”. ¿Qué hace falta para que Chevron y Petroecuador se encarguen de remediar las más de 700 piscinas abandonadas en la Amazonía de Ecuador?
Petroecuador, un nido de escándalos
En Ecuador, el Código Orgánico del Ambiente (COA) describe a un pasivo ambiental como “aquel daño generado por una obra, proyecto o actividad productiva o económica, que no ha sido reparado o restaurado, o aquel que ha sido intervenido previamente pero de forma inadecuada o incompleta y que continúa presente en el ambiente, constituyendo un riesgo para cualquiera de sus componentes”. Texaco nunca remedió los daños ocasionados y el Estado, que heredó esos pasivos ambientales, no ha logrado resultados favorables para sancionar ni para remediar los daños y reparar a las miles de víctimas.
Ermel Chávez cree que, mientras tanto, hacerse de la vista gorda se ha convertido en una política de Estado para los distintos gobiernos de Ecuador. A pesar de que los daños son evidentes, las autoridades y la mayoría de empresas petroleras niegan o minimizan que la industria hidrocarburífera haya destruido ríos y sembradíos, y haya alterado la vida de miles de habitantes amazónicos sin tomar en cuenta la opinión de los habitantes de la región y sin someter sus proyectos a consulta previa, libre e informada, como manda la Constitución desde 1998.
A la vera de las carreteras de las provincias de Orellana y Sucumbíos se levantan varios prostíbulos. Algunos de ellos se abrieron con la llegada de las primeras empresas petroleras, en la década de los setenta. Hoy, cuenta Chávez, en la zona hay más prostíbulos que farmacias o escuelas. Al borde de las vías también están los llamados “tallarines”, un montón de tubos oxidados, parchados y expuestos que a pesar del mal estado en el que se encuentran transportan el petróleo y constituyen un peligro permanente pues suelen calentarse hasta alcanzar temperaturas que podrían chamuscar en segundos cualquier objeto con el que tengan contacto.
Unos minutos después de cruzar la pequeña ciudad de Shushufindi está la refinería de la localidad, donde los tanqueros cargan y transportan el crudo hacia Esmeraldas, en la costa, para su exportación. Al menos un mechero está encendido en esas instalaciones, quemando gas y soltándolo a la atmósfera.
La estatal Petroecuador EP, que le tomó la posta a Chevron-Texaco, es la responsable del 96,5% de los derrames petroleros ocurridos entre 2021 y 2022, según el Maate. La entidad rectora de la política ambiental reconoció que no existen mediciones de riesgo de esos daños en cuanto a la salud, la seguridad o la calidad ambiental. En un documento enviado por correo electrónico, el equipo de comunicación de ese ministerio aseguró que “se están desarrollando metodologías de priorización para la intervención de zonas afectadas por la presencia de fuentes de contaminación y/o pasivos ambientales”. Sin embargo, lo preocupante es que la información del Maate es contradictoria cuando se trata de contabilizar los daños de la industria petrolera. Por ejemplo, en una matriz de derrames enviada en marzo de 2022 a esta alianza periodística, se colige que durante 2021 se habrían producido 3 derrames por semana en promedio en Ecuador, mientras que en un envío posterior, de octubre del mismo año, el promedio de derrames por semana durante el mismo 2021 asciende a once. El Maate no aclaró esta contradicción hasta el cierre de esta publicación.
Petroecuador, por su parte, asegura en reiterados comunicados públicos que, entre 2013 y 2022, ha remediado 1 440 829 “metros cúbicos de suelo”; que ha eliminado en ese período 1127 fuentes de contaminación y que ha recuperado 49 040 barriles de petróleo para reintegrarlos a la producción nacional. Pero el equipo de comunicación de esa empresa no ha respondido a nuestros pedidos de información y de entrevistas para corroborar dicha información.
Cruzando el puente sobre el río La Victoria y pasando la parroquia de Limoncocha se llega al pozo Shushufindi 61, del campo Shushufindi. Aunque la exploración aquí empezó en 1971 y la explotación en 1972, en una placa remachada a la tubería dice: 14 de abril de 1969. Ese mismo artefacto lleva operativo desde entonces y hoy, en una de sus uniones, se filtra el petróleo que gotea sobre el suelo abierto. “Está produciendo”, dicen Wuilmo Moreta y Hermel Cabrera, dos colonos que habitan esta zona desde hace más de cuatro décadas. A pocos metros están los restos de petróleo abandonados desde entonces en hondonadas excavadas donde los han depositado.
“Cuando hicieron las exploraciones petroleras ellos acostumbraban a hacer estas fosas a cielo abierto sin poner ninguna protección abajo. Cuando ya dejaron el lugar dejaron las piscinas abiertas con gran cantidad de petróleo. Cuando llueve bastante, esto se llena y empieza a fluir y tiene un desagüe a los pantanos, a los esteros”, cuenta Juan Calva, un hombre de 52 años que llegó al lugar desde la sureña ciudad de Loja, a sus siete años, y que ahora vive en la comunidad de El Carmen.En el camino señala una pasta negra, espesa y hedionda. Caminar por este terreno es casi imposible, pues los restos de petróleo son abundantes. Son como una galleta negra que recubre el líquido fangoso y movedizo. Cuando Calva llegó a este lugar, Texaco ya estaba operando y desde entonces, dice, ha visto morir animales y enfermar a muchos de sus parientes y amigos.
Petroecuador EP, quien heredó la remediación de estos pasivos, es la empresa pública más grande de Ecuador y opera toda la cadena de valor del sector hidrocarburífero, incluido el proceso de refinación. Sin embargo, es también una empresa plagada de escándalos relacionados con casos de corrupción. Desde junio de 2021, la Contraloría General del Estado dispuso acciones de control en esta y otras empresas públicas. Luego de 19 meses, emitió 117 informes generales de auditoría de los cuales 75 son sobre Petroecuador; y remitió a la Fiscalía 23 informes con indicios de responsabilidad penal, de los cuales 11 le corresponden a la estatal petrolera. La Contraloría confirmó el pasado 17 de febrero de 2023 dos glosas que sumadas alcanzan 4,7 millones de dólares que deberán pagar Petroecuador y una empresa llamada Geincosolution, debido a irregularidades en contratos para el cambio de recubrimiento de la tubería del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). Una glosa es una observación que formula la Contraloría en contra de una persona sospechosa de haber causado perjuicio económico al patrimonio de una entidad pública. El informe de la Contraloría concluye que Petroecuador pagó un 290 % más a Geincosolution por los insumos utilizados para el cambio de recubrimiento de la tubería sin justificación alguna, y causó un perjuicio al Estado por 4 606 492 dólares.
Otra glosa, por 147 893 dólares, se confirmó por pagos injustificados. “La responsabilidad civil corresponde a la diferencia entre los desembolsos realizados por Petroecuador y los precios que el contratista pagó a sus proveedores por los rubros de limpieza de tubería y cama de arena”, indica la Contraloría.
Petroecuador, según la Contraloría, realizó también pagos indebidos y sin sustento a la empresa Nolimit por contratos en la Refinería de Esmeraldas, según publicó el portal Primicias. En total 21 funcionarios de la empresa que operaron entre 2016 y 2021 estarían involucrados.
Diario Expreso divulgó el pasado 3 de febrero una nota sobre dos intentos de Petroecuador, en dos administraciones distintas, de contratar personal mediante figuras de tercerización prohibidas por la Constitución. El segundo intento buscaba una contratación que se concretaría en marzo. Los últimos casos de corrupción en Petroecuador afloraron incluso después de que se destapara, a finales de enero, información sobre la existencia de una supuesta red de tráfico de influencias que incluso provocó la renuncia del gerente de la empresa, Hugo Aguiar.
Luis Verdesoto, el entonces secretario de Política Pública Anticorrupción de la Presidencia de la República, nombrado por el presidente Guillermo Lasso, presentó un informe en el que se revela la existencia de esa red de corrupción con connivencia de varias empresas públicas, entre ellas, Petroecuador. Luego de presentar este informe, Verdesoto renunció.
La Amazonía de Ecuador está con cáncer
“Tengo tres familiares que han muerto con cáncer. Recién nomás murió mi suegra con cáncer, tuvo una enfermedad bastante tiempo, se gastó todo lo que hubo que gastar pero no se salvó. Cuando le detectaron el cáncer ya estuvo regado por todo el cuerpo”, narra Juan Calva junto a los restos de petróleo que llevan ahí más de cuarenta años, y no solo se refiere a su suegra, también a una hermana y a un cuñado.Recuerda también a un compañero suyo que murió nueve meses atrás por cáncer de estómago. Pero dice que en el hospital le diagnosticaron Covid.
“El pulmón del mundo está con cáncer”, sentencia Ermel Chávez. Sin embargo, en la Amazonía ecuatoriana no existen registros oficiales de incidencia de esta enfermedad. El Informe Yana Curi Impacto de la actividad petrolera en la salud de poblaciones rurales de la Amazonía ecuatoriana, publicado en 2004 y elaborado por el médico Miguel San Sebastián y por el Instituto de Epidemiología y Salud Comunitaria Manuel Amunárriz, es quizás el único registro de incidencia de cáncer en toda la región, además de ciertos estudios comparativos aislados. Entre las principales revelaciones, este documento asegura que el riesgo de padecer cáncer en la población de varones de San Carlos es 2,3 (130%) veces más alto que en la población de Quito y que el riesgo de morir por cáncer en la población de varones de San Carlos es 3,6 (260%) veces más alto que en la población de la capital ecuatoriana.
El informe recoge datos de 1989 a 1998. “Falta hacer una investigación científica más profunda sobre el impacto de estos pasivos a la salud”, dice Chávez. Por eso, los miembros del Frente buscan recursos de cooperación internacional para emprender estas investigaciones.
El estudio de San Sebastián determina que la población del recinto San Carlos “se encuentra sometida a un riesgo de padecer cáncer muy superior al que se debería esperar, dadas las características de su población. El riesgo ha sido particularmente elevado para los cánceres de laringe, hígado y melanoma, el de estómago y el linfoma”.
Juan Calva cree que los diagnósticos de Covid que se hicieron muy frecuentes desde el 2020 son solo pretextos para no decir que hay cáncer. La gente parece haber decidido callarse cuando tiene síntomas y morir en silencio, dice él. Ya no creen en los médicos porque aseguran que no les dicen la verdad. El calor es abrasador y no hay agua potable sino solamente agua entubada. Algunos vecinos toman el agua de estos esteros y la mezclan con cloro para poder consumirla.
El equipo de La Barra Espaciadora y Mongabay Latam solicitó información estatal al Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre la incidencia de cáncer en la población amazónica, pero la entidad envió un documento con datos generales extraídos de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, de la Organización Mundial de la Salud. Luego de un segundo pedido de información, el MSP respondió con datos sobre egresos hospitalarios y sobre el número de consultas atendidas en establecimientos del MSP por tumores (neoplasias), en los años 2021 y 2022, y añadió que “no existen investigaciones específicas sobre incidencia de cáncer realizadas directamente por el MSP”. Sin embargo, aseguró que en toda la Amazonía ecuatoriana únicamente trabajan dos especialistas oncólogos, ninguno de ellos en las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde se concentra el historial de actividad petrolera.
Wuilmo Moreta se levanta las bastas de su pantalón y muestra sus canillas enrojecidas y despellejadas. Así luce también el resto de su cuerpo, sobre todo las piernas y los codos. “Yo me bañaba, cocinaba y bebía el agua directamente del río Napo, no había con qué cocinar —dice—, directo el agua, y ahí me cayó [la enfermedad], no ve que es el agua contaminada…”.
Moreta llegó a esta zona cuando tenía 27 años, desde San Miguel, una pequeña localidad de la provincia serrana de Bolívar. Ahora tiene 54 años y vive en la comunidad La Primavera, a 300 metros de la escuela donde trabaja como profesor desde hace 26 años y prácticamente al lado del pozo Aguarico 9, uno de los pozos del campo Aguarico, que está en manos de Petroecuador EP. “Esto me ha afectado psicológicamente y como aquí tenemos el trabajo, nos quedamos”, dice. Médicos de Quito, Guayaquil y Cuenca le han dado varios diagnósticos pero ninguno ha sido definitivo. Le han dicho que podría tratarse de un tipo de cáncer a la piel pero ninguno ha recomendado un tratamiento oncológico. “Solo paracetamol y diclofenaco”, dice que le dan a donde va. Por eso y por falta de dinero, solo se aplica cremas en todo el cuerpo a diario. Cuenta que le han acusado de mentiroso y de estafador, pero siempre responde que su prueba es su piel. “¡Mire cómo fluye el petróleo!”, exclama con indignación y señala la película multicolor que se distingue sobre la superficie del agua. A su lado, las aguas de formación y el petróleo están al aire libre. “Esto no es derrame, esto lo botaron aquí hace más de cuarenta años sabiendo lo que estaban haciendo”, lo respalda Hermel Cabrera.
Solo unos meses antes, en este lugar la vegetación no permitía ver lo que se escondía debajo. En septiembre de 2022, una familia que había comprado parte de estas tierras, hace cerca de veinte años, decidió limpiar la zona para canalizar el pantano y sembrar palma, pero al desbrozar el terreno apareció el crudo. “Fueron a hacer una zanja para abrir el pantano y el petróleo está vivo todavía”, explica Wuilmo Moreta. El hedor del petróleo al descubierto obliga a cubrirse la nariz.
Hermel Cabrera llegó en 1973 desde la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas y, junto a otros colonos, fundó el recinto La Primavera. “Desgraciadamente, en ese tiempo no teníamos mucho conocimiento de contaminación e inclusive los gobiernos no tenían leyes claras de medio ambiente, entonces, las compañías hacían lo que les daba la gana”, recuerda este agricultor cuyos cultivos de cacao, plátano, maíz y arroz son cada día menos generosos. “Ya no es rentable trabajar en la agricultura porque las tierras donde yo estoy están bastante contaminadas”.
La gente que habita esta zona naturalizó el consumo del agua sin preocuparse de las consecuencias. Varios familiares y amigos de Hermel Cabrera, cofundadores de La Primavera, murieron con lo que ellos creen que es cáncer. Este 2023 Cabrera cumplió 50 años de vivir en el lugar. En este medio siglo ha perdido también a dos hijas que murieron “de enfermedades raras que nunca se supo”, en 1990 y en 2005. Vive a 150 metros del pozo Aguarico 9. “La evidencia está a la vista. Para nosotros, el petróleo ha sido una maldición, porque del petróleo nosotros no hemos visto nada. Siempre se han hecho obras en Quito y Guayaquil, en las ciudades más importantes, pero ellos parece que desconocen el verdadero daño de que por producir un barril de petróleo se está acabando con personas o animalitos que deberían subsistir en la Amazonía”.
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*Las Deudas del Petróleo es una investigación transfronteriza coordinada por Mongabay Latam en alianza Rutas del Conflicto y Cuestión Pública de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia.
Edición general: Alexa Vélez. Editores: Thelma Gómez, María Isabel Torres y David Tarazona. Coordinación periodística: Vanessa Romo Espinoza. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Vanessa Romo y Cristina Fernández. Análisis geoespacial: Juan Julca. Equipo periodístico: Gloria Alvitres, Cristina Fernández, Yvette Sierra, Vanessa Romo y Alexa Vélez de Mongabay Latam; Andrea Rincón y Edier Buitrago de Cuestión Pública en Colombia; Pilar Puentes, Catalina Sanabria, Gina Santisteban y Óscar Parra de Rutas del Conflicto en Colombia; Diego Cazar Baquero y Ana Cristina Alvarado de La Barra Espaciadora en Ecuador y Nelfi Fernández e Iván Paredes de El Deber en Bolivia. Montaje y corrección de estilo: Mayra Castillo. Visualización de datos y diseño: Jhonatan Leal. Producción audiovisual: Richard Romero. Fotografía y videos: Miguel Surubí (Bolivia); Armando Prado y Armando Lara (Ecuador); Juan Carlos Contreras y Felipe Tayca (Colombia) y Patrick Wesember (Perú). Ilustración y diseño gráfico: Fernando Pano, Richard Romero, Laura Sofía Polanco y Heidi González. Audiencias y redes sociales: Dalia Medina, Richard Romero, Jonathan Venegas, Nathalia Gómez, Paola Téllez y Soluciones Soft.
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