El 18 de mayo de 2022, habitantes de las comunidades campesinas que habitan las tierras donde operan los bloques 50 Charapa y 51 Chanangue denunciaron ilegalidades en la entrada de Gran Tierra Energy a sus territorios.
Más de 600 familias se verían afectadas por las operaciones de Gran Tierra Energy. Las comunidades denuncian que no hubo consulta previa y que los mapas que constan en los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) habrían alterado la realidad para obtener la licencia ambiental.
Gran Tierra Energy planea perforar 14 pozos de exploración en los próximos cuatro años y los campesinos advierten del uso de tecnologías obsoletas y contaminantes como los mecheros, a pocos metros de una escuela.
Por Ángela Lascano D. / @AngelaILD
El 22 de mayo de 2019, el Estado ecuatoriano adjudicó nuevos contratos de participación para la explotación petrolera en la provincia de Sucumbíos como parte de la XII Ronda Intracampos para la adjudicación de siete bloques petroleros. Los campos Chanangue, Charapa e Iguana, que se sobreponen a las parroquias de General Farfán, 10 de Agosto, Santa Cecilia y Nueva Loja del cantón Lago Agrio, fueron adjudicados a la empresa petrolera canadiense Gran Tierra Energy.
Ante la firma del contrato, las comunidades campesinas de estos territorios se opusieron al ingreso de la compañía. El pasado 18 de mayo de 2022, el Frente de Defensa de los Derechos Ambientales del Bloque Chanangue y el Comité de Defensa de los Derechos de la Naturaleza del Bloque Charapa denunciaron en una rueda de prensa las violaciones de derechos en las que han incurrido la empresa petrolera y el Estado ecuatoriano por la falta de procesos de consulta y por el uso de mecanismos de exploración que atentan contra su seguridad y su vida.
Los representantes de las comunidades manifestaron que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) además de minimizar los riesgos de las exploraciones, tienen errores e información falaz en cuanto a la ubicación de ríos, esteros, comunidades, familias, fincas e incluso escuelas. Gabriel Panchi, representante de la Comunidad 24 de Julio del bloque Chanangue, dijo que los 36 finqueros de la cuenca del río Benavides aparecen en los estudios de la compañía en el recinto Trampolín del Triunfo. Maddalena Maurizi, abogada de la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (Udapt), dijo además que una de las escuelas que resultaría más afectada por la presencia de los mecheros desapareció también de los mapas. De hecho, señala, el mechero se colocaría a 400 metros de la escuela, lo cual implicaría un elevado riesgo para los niños y niñas de la comunidad.
Para las comunidades, el ingreso de la compañía representa una nueva era de contaminación y precariedad. Maurizi aseguró que, en el Bloque 50 Charapa, la compañía iniciaría haciendo una sísmica con pentolitas, cargas explosivas que emiten vibraciones y permiten identificar la presencia de hidrocarburos. “Estas pentolitas no se pueden llamar tecnología, son métodos antiguos que violan el artículo 15 de la Constitución”, dijo. Según lo establece la ley, el Estado tiene la obligación de promover, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente limpias, no contaminantes y de bajo impacto. De acuerdo con el análisis hecho por las comunidades, Udapt y Acción Ecológica, el ruido generado por las detonaciones y la perforación podría llegar hasta los 90 dB(A), niveles que, además de presentar altos riesgos para la salud de las personas, provocarían la muerte de animales como el mono de bolsillo, la ardilla y el guatín.
Los frentes de defensa denuncian a su vez que el Estado ha emitido la Licencia Ambiental para la compañía sin antes organizar los procesos de consulta ambiental. Según el Artículo 398 de la Constitución, “toda decisión o autorización estatal que pueda afectar al ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se informará amplia y oportunamente”. Sin embargo, las comunidades no han sido consultadas. “Hemos sido invisibilizados -dice Panchi-, solamente entrevistaron a 36 personas. Con un registro fotográfico y sin un documento firmado, lo presentaron como un estudio de participación de mesas ciudadanas”. Las comunidades critican además los engaños de los que han sido objeto durante el proceso de socialización.
Solicitamos información sobre el otorgamiento de las licencias ambientales a la empresa por parte del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), y recibimos un documento como respuesta en el cual la entidad confirma que concedió tres licencias a Gran Tierra Energy luego de que recibió y aprobó el Plan de Manejo Ambiental de la empresa que, según dicen, fue «debidamente socializado y puesto en conocimiento de las comunidades y población directamente influenciada por el proyecto propuesto». Las tres licencias son las siguientes:
- Por resolución Nro. MAAE-SCA-2022-0005-R del 25 de febrero de 2022: Licencia ambiental para perforación de pozos exploratorios y de avanzada, construcción de plataformas y sus vías de acceso en el Bloque Chanangue, ubicado en la provincia de Sucumbíos, Cantón Lago Agrio, parrquias General Farfán y Pacayacu.
- Por resolución Nro. MAATE-SCA-2022-0009-R del 24 de marzo de 2022, Licencia ambiental para sísmica 2D y 3D en el bloque 50 Charapa, ubicado en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquias 10 de Agosto, General Farfán y Santa Cecilia.
- Por resolución Nro. MAATE-SCA-2022-0011-R del 31 de marzo de 2022, Licencia ambiental para perforación de pozos exploratorios y de avanzada, construcción de plataformas y sus vías de acceso en el bloque 50 Charapa, ubicado en la provincia de Sucumbíos, cantón Lago Agrio, parroquias General Farfán, 10 de Agosto, Santa Cecilia y Nueva Loja.
Puedes revisar aquí el documento del Maate:
En los territorios en los que opera Gran Tierra Energy y en aquellos que se afectarían por su influencia, viven más de 600 familias. Históricamente, las comunidades del cantón no se han visto beneficiadas por las actividades petroleras, como ocurre en toda la región amazónica.
Según el Reporte de Pobreza por Consumo Ecuador 2006 – 2014, Lago Agrio presenta un índice grave de pobreza inercial: entre el 48,5% al 60,5% de hogares no ven sus necesidades básicas satisfechas. A su vez, los residuos contaminantes de las actividades petroleras, pasadas y presentes, continúan afectando la vida, la salud y la integridad de sus habitantes. “Las familias ya no soportamos más. Son 50 años de explotación petrolera. Dentro de eso, esas economías se van a otras provincias y enriquecen a unos pocos. Aquí, lo que existen, son muertes”, manifestó María Enelva, representante de la Comunidad de Las Palmas. En el recinto Patria Nueva, existen varias familias que han fallecido con cáncer a raíz de la contaminación producida por las compañías petroleras.
Gran Tierra Energy ofreció perforar 14 pozos de exploración en los próximos 4 años: 7 en Charapa, 5 en Chanangue y 2 en Iguana. Actualmente, los campos que la compañía mantiene en Colombia, en el Valle del Magdalena Medio y en la Cuenca del Putumayo, representan el 100% de su producción petrolífera. Los bloques que se le adjudicaron en Ecuador son territorios que colindan directamente con estos campos: sumados los bloques petroleros Chanangue, Charapa e Iguana, la superficie bruta de la compañía en los activos de recursos convencionales en Ecuador y Colombia alcanzaría las 526 091 hectáreas. Las actividades de la compañía en territorio colombiano también han levantado quejas: en 2021, el pueblo indígena Inga denunció que el Gobierno había negado su presencia, luego de que se aprobara la exploración y explotación de petróleo en al menos siete resguardos indígenas.
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