El 24 de marzo un nuevo presidente llegó al Palacio de Carondelet en Ecuador. Guillermo Lasso asumió como nuevo mandatario después de haber disputado su paso a la segunda vuelta electoral contra el candidato del movimiento Pachakutik, Yaku Pérez, con un apretado resultado que causó controversia.
En segunda vuelta se enfrentó al candidato del correismo, Andrés Arauz, quien resultó ganador indiscutible en la primera vuelta con una enorme ventaja. Sin embargo, Lasso lo venció en las votaciones finales y fue electo presidente con el 52,36 % de los votos.
El nuevo mandatario ecuatoriano hizo un llamado a todos los partidos políticos para que se unan en torno al desarrollo del país y aseguró que durante su gobierno no se perseguirá a nadie por pensar diferente. Por otra parte, la llegada de Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea Nacional generó expectativa en el país dado que es la primera mujer amazónica que asume este cargo y ha padecido en carne propia los efectos de la persecución y la criminalización.
Las expectativas son muchas, sobre todo después de 10 años de mandato de Rafael Correa y de un gobierno de cuatro años de Lenín Moreno que, en un principio, se planteó como una continuación del correismo. ¿Qué le espera al medioambiente en este nuevo escenario político?
Las promesas de campaña
La agenda ambiental no fue la prioridad de Guillermo Lasso en la campaña electoral, aunque tampoco fue un tema totalmente ausente. El cambio climático fue uno de los ejes donde basó su discurso y en su plan de gobierno propuso mejorar la calidad de los combustibles para reducir la contaminación del aire, introducir energías renovables y manejar de mejor manera los desechos sólidos. Además, en sus redes sociales dijo que quería incentivar “la inversión en nuevas fuentes de energía limpia para cuidar al medio ambiente”.
Sin embargo, Paulina Zambrano, especialista en Desarrollo Sostenible de Grupo Faro —un centro de investigación y acción que busca incidir en la política pública del Ecuador— aseguró que nunca se habló de conceptos básicos como la huella de carbono, ni tampoco fue claro cómo espera implementar lo propuesto.
Lo que más preocupa a varios de los expertos consultados por Mongabay Latam es que el nuevo presidente ha sido explícito en su intención de darle un mayor impulso a las actividades extractivas, entre ellas el petróleo y la minería.
“En campaña tuvo la iniciativa de comprometerse con algunos temas ambientales pero está marcada la brújula en torno al desarrollo económico del país y el objetivo es ampliar la frontera industrial en lugares de altísima biodiversidad o donde se comprometerían importantes fuentes de agua. Es más, el presidente ya ha anunciado en algunos medios su interés en ampliar la frontera para el petróleo y la minería a gran escala en el suroriente amazónico”, comenta Belén Páez de la Fundación Pachamama.
Carmen Josse, de la Fundación Ecociencia, también coincide al afirmar que este nuevo gobierno manifestó su intención de aumentar la explotación petrolera y que eso se traducirá en abrir nuevas rondas, algo que, tarde o temprano, según dice, terminará ocurriendo en la Amazonía ecuatoriana.
Pero no solo se trata de la explotación de hidrocarburos, de acuerdo con Josse, el tema minero produce una oposición más generalizada y es necesario estar muy atentos a los proyectos a gran escala pero también a pequeños proyectos, sobre todo dentro de territorios indígenas, y al avance descontrolado de la minería ilegal, “lo cual es bastante preocupante”. “Si el gobierno insiste en estos temas se necesitan los más altos estándares ambientales y sociales porque, sin duda, seguirán siendo aspectos donde habrá mucha oposición”, asegura.
Pueblos indígenas y criminalización
Los proyectos extractivos en funcionamiento, y en trámite, tocan directamente a los pueblos indígenas de Ecuador. De hecho, Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), asegura que las comunidades ven con preocupación que, al parecer, no habrá una variación en la política de extracción de materias primas en el país.
Ante ese inminente avance del petróleo y la minería, Tapia asegura que un punto crítico está en lo que pase con la consulta previa, libre e informada. Antes del cambio de gobierno, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables propuso una ley de consulta previa y esto generó malestar entre los pueblos indígenas, ya que desde el segundo semestre de 2020 venían trabajando en el tema.
“Es una verdadera amenaza que desde el Estado se intenten plantear las leyes de consulta, al margen de las decisiones comunitarias. Si el gobierno ya está apuntando a una ampliación de la frontera extractiva, no nos sorprendería que una ley de consulta sea utilizada como un mero trámite o formalidad para legitimar proyectos”, comenta Tapia.
Sumado a eso, Belén Paéz considera que no hay una legislación que garantice los derechos de los pueblos indígenas, en donde haya un respeto con los procesos de consulta previa y que tome en cuenta a la naturaleza como sujeto de derechos, tal como lo establece la Constitución ecuatoriana.
Otro tema que preocupa a los sectores ambientales y a los pueblos indígenas tiene que ver con los procesos de criminalización y persecución. Paez dice que están a la espera de que el presidente Guillermo Lasso rompa con 14 años de hostigamiento y persecución por parte del correismo. “Esperamos que se puedan hacer críticas claves y contar con que el presidente cumpla con su palabra de respetar cualquier tipo de criterio contrario a lo que él propone”.
Por su parte, Tapia recuerda que algunos de los juicios que sufrieron en la época de Rafael Correa ya prescribieron pero que durante el gobierno de Lenín Moreno se instauraron otros, sobre todo a partir del paro nacional de octubre de 2019 y que todavía están vigentes. Él espera que la situación cambie, tal como lo ha asegurado el nuevo mandatario ecuatoriano. Sin embargo, asegura que una avanzada de proyectos extractivos, como la que se propone actualmente, por lo general viene con una avanzada de persecución judicial hacia líderes que generan resistencia.
Una de las primeras acciones de Guillermo Lasso cuando asumió la presidencia a finales de mayo fue la creación de una nueva entidad denominada Secretaría de Pueblos y Nacionalidades. El nuevo secretario, Luis Pachala, tiene rango de ministro, fue asambleísta y es indígena. Aún así, los dirigentes sociales sienten desconfianza y Tapia es enfático en indicar que dudan de la representación que las comunidades puedan tener pues Pachala no estuvo vinculado a los procesos organizativos de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) y está vinculado al partido CREO, el mismo al que pertenece el actual presidente.
Guadalupe Llori en la Asamblea Nacional
El escenario político para el medioambiente y los pueblos indígenas también recibió un remezón con la llegada de Guadalupe Llori a la presidencia de la Asamblea Nacional. Por primera vez una mujer amazónica lidera el legislativo y su nombramiento no es una cuestión menor por su conexión con la Amazonía y las prioridades de las comunidades indígenas.
Su carrera política se dio bajo el aval del movimiento Pachakutik. En las elecciones seccionales de 2000 se postuló y ganó la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana y, cuatro años después, Llori fue electa como prefecta de la provincia de Orellana. En diciembre de 2007 fue detenida por presunto sabotaje y terrorismo en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Aunque 10 meses después fue absuelta, padeció en carne propia la criminalización y persecución por oponerse a proyectos extractivos y es por eso que muchos ven de manera positiva su elección como presidenta de la Asamblea Nacional.
El 15 de mayo de 2021, en su dicurso de posesión, Llori aseguró que «vamos a legislar desde una vía alternativa, donde la diversidad, la inclusión y la participación ciudadana sean los mecanismos de nuestro accionar legislativo, inspirados en los principios de igualdad, libertad, justicia social, interculturalidad y protección a la naturaleza».
“Es una persona que vive y conoce muy de cerca la problemática amazónica y se ha mostrado sensible a los temas ambientales”, comenta Carmen Josse de la Fundación Ecociencia y Belén Paez, de Fundación Pachamama, asegura que su nombramiento puede ayudar a sumar esfuerzos para garantizar que la agenda ambiental y de derechos humanos se cumpla.
Sin embargo, Paez asegura que se debe esperar y prestar atención a lo que suceda durante el gobierno, ya que no se puede negar que aún dentro del movimiento Pachakutik existen intereses de los gobiernos subnacionales y de algunos asambleístas que, al final, promueven una matriz productiva basada en el extractivismo.
Andres Tapia de la Confeniae reconoce que tener una mujer representante del movimiento indígena y del brazo político Pachakutik es importante pero que, desde las organizaciones indígenas, han sido claros en que este nombramiento no debe implicar ningún tipo de pacto o negociación con el gobierno. “Para nosotros es importante que todo acuerdo responda a un proceso colectivo legitimado por las organizaciones indígenas”, resalta.
Reforzar la institucionalidad ambiental
La crisis de la institucionalidad ambiental es otro tema prioritario para líderes ambientales y sociales. Coinciden en que la alta rotación de ministros, el recorte de presupuesto y el despido de personal llevó a un debilitamiento del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE). Esperan que el nuevo gobierno de Guillermo Lasso refuerce esta cartera.
“En la administración de Lenín Moreno ha habido muchos ministros de Ambiente, nunca se terminó de entender qué había detrás de esos frecuentes cambios, pero afectó tremendamente a la poca y regular institucionalidad ambiental que existía en el país”, dice Carmen Josse.
En ese contexto es que llega el nuevo ministro Gustavo Manrique Miranda, que viene de un entorno empresarial y ha sido el precursor de los premios Latinoamérica Verde, donde se reconocen temas de innovación empresarial y sostenibilidad. Belén Paez cree que su nombramiento podría llevar a rumbos interesantes como el rediseño de una nueva agenda ambiental en el país y el fortalecimiento de proyectos de ecoturismo. Pero, por el otro lado, el ministro se enfrenta a grandes retos como el de asignar licencias ambientales para la expansión de las fronteras extractivas, lo que sin duda lo pondrá en fuertes tensiones con sectores sociales e indígenas.
“Lo que tenemos en la última década son irregularidades asociadas a corrupción y conflictos de intereses entre empresas y servidores públicos. El ministro tiene que maniobrar con inteligencia hacia una transición donde dejamos una economía basada en la destrucción de la naturaleza y damos paso a la integridad ecológica”, comenta Paez.
Los retos son muchos y aunque el tema extractivo sigue siendo la manzana de la discordia entre el gobierno y las organizaciones sociales y ambientales, Josse llama la atención sobre otros asuntos importantes. En primer lugar resalta la contaminación de los ríos, un problema muy grande al que, dice, no se le está prestando la atención debida. También menciona que Ecuador es un país densamente poblado y muchas ciudades con administraciones inexpertas todavía tienen rellenos sanitarios que han superado su capacidad de operación. “Es como si siguiéramos en el siglo pasado y eso es grave”, asegura.
La directora ejecutiva de Ecociencia comenta que, precisamente, debido al debilitamiento del sector ambiental hay un menor cuidado de las áreas protegidas y un aumento en la tala ilegal selectiva, lo que lleva a hablar de degradación de bosques.
“Por encima ves cobertura boscosa pero estamos desangrando poco a poco nuestros bosques, con impactos en la biodiversidad y los servicios ecosistémicos”, afirma. El problema es que en el país no se monitorea este tema. Según estudios hechos por la fundación, esta es la causa de la pérdida de cerca del 78 % de la biomasa forestal, “pero ni siquiera entra en los números del Estado porque solo se reporta deforestación”.
*Imagen principal: La «Mina Vieja» como se le concoe a esta zona, donde durante 2 años se llevó a cabo la extracción de oro de manera ilegal en la comunidad de Buenos Aires. Foto: Iván Castaneira/AgenciaTegantai.
Este artículo fue publicado originalmente en nuestro medio aliado Mongabay Latam.
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