Ilustración: Kipu Visual

Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar

La reciente comercialización de la madera balsa creció exponencialmente durante la pandemia. Un año después de este crecimiento, la devastación de estos espacios en la Amazonía se puede detectar en las imágenes satelitales. Además, esta actividad ha provocado problemas sociales en las comunidades, incluido el secuestro de una menor.

Mongabay Latam y La Barra Espaciadora encontraron que desde marzo de 2020 a junio de 2021 se registraron 8139 alertas de deforestación en los puntos donde se ha denunciado una gran extracción de esta madera. 


El boom de la madera balsa en Ecuador le sirvió al gobierno del expresidente Lenín Moreno para vanagloriarse del incremento de las exportaciones no petroleras. En el 2020, durante la emergencia sanitaria, el país exportó 402 millones de dólares de esta materia prima, según cifras del Banco Central del Ecuador. En las comunidades de la Amazonía, mientras tanto, las consecuencias ecológicas, económicas y sociales del auge de este negocio son cada vez más alarmantes. 

La falta de mecanismos de regulación comercial y ambiental en esta región desencadena división interna en las comunidades. Los líderes indígenas dan cuenta del aumento del consumo de alcohol, de drogas y otros delitos que en esta región no eran comunes. Desde que comenzaron a sacar balsa amazónica, muchas mujeres que se dedicaban a cultivar las tierras para el consumo interno se quedaron sin oficio, ya que estos suelos se empezaron a usar para sembrar balsa, una madera de rápido crecimiento. Entonces, ¿cómo medir la devastación que había ocurrido y continúa vigente en estos territorios?

En Mongabay Latam y La Barra Espaciadora consultamos la herramienta de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW) para verificar el nivel de deforestación que se ha registrado durante la pandemia: encontramos 8139 alertas de deforestación entre marzo de 2020 a junio de 2021. Observar en imágenes satelitales la deforestación de especies como la madera balsa siempre ha sido difícil, ya que esta extracción es selectiva. Sin embargo, el voraz aumento del negocio ha provocado que ahora sea evidente.

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A orillas del río Copataza, los balseros cargan canoas con los maderos de balsa que llegan en camiones, para trasladarlos a Taisha. Foto: Archivo de Fundación Pachamama.

Las imágenes muestran las manchas de deforestación de bosques en ascenso durante el 2020, pero en lo que va del 2021 está perdida se fue reduciendo progresivamente en zonas como los ríos Pastaza, Bobonaza, Curaray y Villano. Luego de tener esta información como punto de partida, un equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora encontró con fuentes en la zona la razón de estos patrones: no significaba que la deforestación en estos puntos había disminuido, sino que simplemente no había más balsa para extraer.

Frente al vacío institucional, algunas nacionalidades indígenas como la Nación Sapara han prohibido la tala de esta madera en su territorio, mientras que otras, como la nacionalidad Achuar, llevan adelante procesos de capacitación para aprovechar el negocio sin afectar sus ecosistemas. ¿Qué más ha sucedido durante la pandemia en estos territorios indígenas?

Los temores de las mujeres

Patricia Gualinga, lideresa indígena kichwa de la comunidad de Sarayaku, recuerda que, entre enero y abril del 2020, transitaban decenas de camiones cargados de madera por las carreteras amazónicas y los hombres de las comunidades iban en busca de troncos de balsa hasta en las pendientes de bosque más peligrosas. Al borde de las vías se veían, cada vez con más frecuencia, los espacios ya talados y los restos de la madera expuestos sobre el suelo, cuenta Gualinga.

La cuenca del río Pastaza es una de las más afectadas. Los ríos Pastaza, Bobonaza, Curaray, Villano, Copataza, entre otras, son rutas de madereros. Entre la comunidad de Copataza y la pequeña ciudad de Taisha, muy cerca de la frontera con Perú, los claros en el bosque se multiplicaron a lo largo del primer trimestre del 2020. Un año después, ya no queda más balsa en esta zona.

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Restos de balsa talada, abandonada en las orillas del río Conambo, que es parte del territorio Sapara. Se trata de un punto ubicado entre las comunidades de Yanchamacocha y el territorio kichwa de Moretecocha, en la provincia de Pastaza. Foto: Cortesía de la Nacionalidad Sapara.

De acuerdo con la plataforma de Global Forest Watch (GFW), es la cuenca del río Pastaza la que más alertas ha registrado durante la pandemia, con 3 651. Estas se detecta sobre todo durante el 2020, pero también aparecen en 2021. En el resto de cuencas, la situación es similar: las alertas se disparan entre julio y octubre de 2020, se detienen en los siguientes meses, pero desde abril de este año vuelven a aparecer.

Por ejemplo, en la comunidad de Sarayaku, ubicado en la cuenca del río Bobonaza, se registran 1 255 alertas de deforestación solo entre marzo y diciembre de 2020 y  271 desde abril de este año. En la cuenca del Curaray, las alertas detectadas son de 2 419 durante toda la pandemia. En el río Villano es donde menos se registran alertas de deforestación: solo 543 desde marzo de 2020. 

Belén Páez, directora de la Fundación Pachamama, trabaja junto con otros investigadores en un Plan de Manejo de la Balsa, con el propósito de contrarrestar los efectos que esta actividad ha desencadenado, especialmente en la cuenca del río Pastaza. Páez confirma que la cobertura de balsa se ha perdido en la zona y considera que este fenómeno se constituye en una advertencia: “Los mismos madereros y los comerciantes que hace un año llegaban desde Quevedo, Esmeraldas o Guayaquil están llegando ahora con el propósito de mirar qué más hay ahí”, dice.

En la comunidad Sarayaku, en la cuenca del río Bobonaza, también se ha registrado la extracción de madera balsa. Estas imágenes corresponden a marzo de 2020 (primera imagen) y junio de 2021 (segunda imagen). Imágenes: Global Forest Watch

Durante esos primeros meses del 2020, Narcisa Mashienta recuerda que los balseros llegaban al territorio shuar y achuar “como una máquina, explotando rápido”. Esta mujer shuar trabaja en programas de salud materna e infantil con el territorio achuar de las provincias de Morona Santiago y Pastaza. Por eso sus preocupaciones apuntan a las consecuencias que la fiebre de la balsa ha dejado en las comunidades, donde ella asegura que se habla de consumo de crack y marihuana: una vez que acabaron con lo que había -dice-, han decidido sembrar para explotar más, y con esa voracidad, han sobrevenido otros mercados ilegales. “Hace un mes capturaron a un chico en Macuma, con bloques de cocaína -cuenta Narcisa- y le aplicaron justicia indígena”. Para esta mujer, los niños y jóvenes de las comunidades son los que más sufren los impactos de la llegada de forasteros.

Para Belén Páez hay un proceso en marcha de deforestación de especies forestales finas en territorios de pueblos indígenas sin ningún tipo de monitoreo por parte de las autoridades. Se refiere, entre otras, al cedro y el laurel. Esa ausencia institucional para controlar la deforestación está desencadenando una serie de fenómenos sociales que parecen salirse de las manos de la comunidad e incluso de sus dirigentes

Patricia Gualinga, Narcisa Mashienta y Belén Páez coinciden en que los impactos negativos de este boom de la balsa en la Amazonía constituyen una alerta: mientras más balsa se siembra y mientras se espera a que el ciclo de crecimiento concluya, la fiebre maderera podría fijarse en otras especies como el pihue o winchipo, en lengua shuar (Piptocoma discolor) y Ecuador podría encaminarse a incumplir sus compromisos internacionales.

Los efectos del boom de la balsa  

Esta fiebre de la madera balsa tienen un destino principal: China. El 85% de esas ventas fueron a este país asiático, gracias a la balsa (Ochroma pyramidale) que crecía en territorios amazónicos y se talaba sin ningún control. En 2020, Ecuador exportó 77 140 toneladas de esta materia prima. Según la plataforma Datasur, especializada en información de comercio exterior, las principales exportadoras fueron ExportropicalCorp (7 651 t), Enjoecua S.A. (6 860 t), Plantabal S.A (4 837 t), Diab Ecuador S.A. (4 483 T) y Ecoglobal (3819 t). Durante el primer trimestre del 2021, Ecuador ha exportado 28,7 millones de dólares, de los cuales 18,4 millones llegaron a China.

Ecuador ya se había convertido en el primer exportador de balsa del mundo en el 2015, con balsa cultivada, sobre todo, en la región Costa: en dos años, había duplicado sus exportaciones hasta alcanzar los 150 millones de dólares anuales. De modo que los índices alcanzados durante la pandemia superaron cualquier proyección, pero esta vez se sirvieron de la producción proveniente de la región amazónica.

En un principio, las consecuencias ambientales parecían no ser severas. El biólogo y catedrático de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) Álvaro Pérez reconoce que la tala de balsa no genera afectaciones al suelo. Sin embargo, Pérez indica que esta afectación aparece cuando se talan áreas de bosque para sembrar la balsa. Para el científico, el problema ecológico más grave de esta extracción puede recaer en los animales polinizadores que se nutren del néctar de las flores de los árboles de balsa. “Y también un gremio de animales que podrían afectarse por la disminución de población de balsa son los murciélagos nectarívoros”.

La función de la balsa es colonizar con rapidez los claros del bosque que se forman luego de algún tipo de disturbio natural, como la caída de grandes árboles o por la misma tala. Pérez detalla que en la Amazonía, la balsa es parte de hábitats que se forman con rapidez y que configuran sitios de refugio, anidación, alimentación de especies como el tapir, el jaguar, aves como el papagayo, etcétera. Principalmente en las islas que se forman en los ríos, “son sitios muy dinámicos, de cambios rápidos, y la balsa coloniza estas áreas libres y crece en grandes cantidades”.

En el 2012, la comunidad de Copataza fue la primera agrupación achuar que se integró al Plan Nacional de Incentivos del Ministerio del Ambiente como parte del programa Socio Bosque, que entregaba alrededor de 70 000 dólares anuales a la comunidad para preservar intacto el bosque. Sin embargo, para Narcisa Mashienta, eso ya es cosa del pasado, pues el cuidado del bosque pasó a segundo plano. Ella también cree que lo que está ocurriendo ahora tan solo es una señal de lo que puede convertirse en una devastación. “Reemplazar el bosque primario por una especie comercial sería lo último que deberíamos hacer y, además, está penado por la ley”, complementa Páez.

La cuenca del río Pastaza, el río que más han recorrido los balseros. Imágenes: Global Forest Watch

El 26 de enero del 2021, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Ministerio de Ambiente y Agua (MAAE) y la Agencia de Regulación y Control Fitosanitario (Agrocalidad) firmaron el acuerdo ministerial 001 para regular la Certificación a la Producción Agropecuaria Sostenible y Libre de Deforestación, como parte del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). El documento es solo uno más de los que suscriben las entidades estatales ecuatorianas en su afán de dar el mensaje de que están haciendo algo para mitigar el cambio climático, pues ese es el compromiso del Estado como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sin embargo, en la práctica, para algunos de los expertos consultados no ha ocurrido nada. “Una de las fallas más grandes del Ministerio (de Ambiente) es que no tiene un buen control forestal y es por eso que se ha permitido la tala legal, entre comillas, y también la tala ilegal”, dice Álvaro Pérez.

La desaparición de una niña indígena

El 4 de mayo del 2021, la niña Rubi Pujupat Achampash, de la Nación Wampis (Perú), desapareció de su comunidad, Boca Chinganaza, ubicada en el distrito Río Santiago, de la provincia Condorcanqui, en la región Amazonas. Los lugareños aseguran que la pequeña de 6 años fue raptada por madereros. Algunos de los testimonios dicen que vieron a “balseros del norte” entrando a territorio peruano y luego retornando por el río Santiago hasta Ecuador, a bordo de una canoa. Hay incluso quienes aseguran que escucharon el llanto de un niño dentro de una peque-peque (nombre que los pueblos amazónicos dan a las canoas a motor) que había sido alquilada.

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Una delegación de la Nación Wampis (Perú) se reunió con autoridades locales e indígenas de Ecuador por la desaparición de la menor de cuatro años. Foto: ​​Lluvia comunicación – GTANW – PSHA.

Un mes después de ese episodio, el sábado 5 de junio, una delegación de la Nación Wampis viajó hasta Tiwintza, en territorio ecuatoriano fronterizo, para reunirse con policías de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Secuestro y Extorsión en Ecuador (Dinased), el defensor del Pueblo de Morona Santiago, el Consejo Cantonal de Protección de Derechos de Tiwintza y el Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam. Josefina Tunki, presidenta del pueblo Shuar Arutam, anunció la decisión conjunta de iniciar una ‘minga’ (trabajo comunal) para vigilar el proceso legal y la búsqueda de Rubí, y dijo que el encuentro también tuvo el propósito de “hacer una denuncia a nivel internacional como territorio continuo”.

Atilio Noningo, subsecretario técnico del gobierno de la Nación Wampis, denunció que ecuatorianos han ingresado ilegalmente en su territorio y exigió al gobierno de Ecuador que se haga cargo de la búsqueda de Rubí. “No hay control territorial -dijo Noningo- de parte de los hermanos del Ecuador, hay muchos ingresos para extraer los recursos naturales que están en los territorios de la Nación Wampis”. Añadió que es necesario un “trabajo articulado” binacional para detener la extracción ilegal de recursos.

Durante ese mismo encuentro, José Petsain Sunk, líder del Gobierno Territorial Autónomo de la Cuenca Kanús-Río Santiago de la Nación Wampis, alertó sobre las prácticas de tala de madereros que llegan desde Ecuador, y “que también están sacando otras maderas y eso lo llevan a escondidas”, dijo.

Nilda Achampash Antunish, madre de la niña, relató cómo ocurrieron los hechos con la intención de aportar en las investigaciones, pero a pesar de que el 21 de mayo se presentó una denuncia ante la Fiscalía, las autoridades ecuatorianas no han activado aún la Alerta Emilia, el mecanismo de búsqueda que debe ponerse en marcha en cuanto se conoce de la desaparición de algún niño, niña o adolescente.

La comunidad Curaray, en la cuenca del mismo nombre, es una de las más afectadas con la extracción de la madera balsa. Estas imágenes revelan las alertas de deforestación en marzo de 2020 (primera imagen) y junio de 2021 (segunda imagen). Imágenes: Global Forest Watch

Un informe del equipo de comunicación de la nación Wampis dice que “solo queda la posibilidad de que sean los balseros, porque este es tiempo en que se han infiltrado los balseros del norte de Ecuador”.

El Pueblo Shuar Arutam (PSHA) y la Nación Wampis, que se consideran organizaciones hermanas, han advertido en varias ocasiones de los problemas sociales, culturales y ecológicos que han llegado con el extractivismo maderero a ambos lados de la frontera binacional.

La Alianza de Derechos Humanos, que agrupa a 19 organizaciones ecuatorianas, y la Asfadec, Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas Ecuador, ya habían difundido sus alertas en mayo, pero más de un mes después, no hay resultados. De hecho, Tarquino Cajamarca, abogado que trabaja con la organización Amazon Watch confirmó a inicios de julio a Mongabay Latam y La Barra Espaciadora que no se registran avances en el proceso de búsqueda. Cajamarca aseguró que la Dinased confía en que alguien reporte haber visto a la niña para solo entonces seguir una pista.

La veda de balsa en Sarayaku y Sharamentza

Patricia Gualinga suma a estas afectaciones económicas el hecho de que los ingresos que perciben los lugareños dedicados a talar y vender sus árboles de balsa son momentáneos. “Son el último eslabón de intermediarios”, explica.

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La desembocadura del río Villano, en el río Curaray, es otra de las vías que recorren los balseros. Imágenes: Global Forest Watch

Cuando el miedo que infundió la pandemia obligó a sus habitantes a buscar cualquier mecanismo de subsistencia, la llegada de los balseros trajo consigo la instalación de negocios, la prostitución y el consumo de drogas. “Las familias vieron que era mucho más fácil sacar la balsa que la madera -cuenta Narcisa Mashienta-, porque estaban en la orilla y era más fácil venderlas”.  Con el aumento de forasteros en el pueblo, también surgieron otras necesidades. Pero Mashienta vio en la comunidad de Copataza algo más. Ella cree que las mujeres son las más afectadas por el negocio de la balsa, pues “las tierras se vuelven infértiles y ya no se da como antes la papaya, la yuca, el plátano verde…”.

Narcisa Mashienta lamenta que ya no haya balsa en el río Macuma ni en los ríos más pequeños de la Amazonía. En el cantón Taisha, ubicado hacia el sur oriente de la provincia de Pastaza, también arrasaron con esta madera y ahora, según relata, tanto forasteros como los mismos habitantes de la zona se han dedicado a explotar el winchipo, que sirve para fabricar cajas para la venta de frutas como la naranjilla.

Líder de la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) y asesor de la iniciativa Cuencas Sagradas Territorios para la Vida, Domingo Peas dice que el negocio de la balsa “ha roto el orden estructural organizativo” de las nacionalidades amazónicas. De toda la región amazónica ecuatoriana, solamente en su comunidad natal, Sharamentza, donde actualmente hay 17 000 plantas en pie, y en todo el territorio Sapara, se ha decidido no explotar balsa.

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Estas imágenes fueron registrados durante el 2020 en parte del territorio achuar. Foto: Archivo de Fundación Pachamama. 

Peas mantiene conversaciones con representantes de la empresa suiza Plantabal para firmar un convenio de capacitación orientado a producir balsa sin provocar daños a los ecosistemas amazónicos ni tocar el bosque primario. Mientras que Manari Ushigua, líder y expresidente de la Nacionalidad Sapara, lleva adelante una iniciativa conjunta para impartir conferencias vía internet acerca de los valores simbólicos de su comunidad. Su propósito es “explicar cada ser que está viviendo en la selva”. El pueblo sapara está compuesto por aproximadamente 760 personas, muchas de ellas niños, niñas y adolescentes. Además, conviven en su territorio algunas familias kichwas y achuar.

Peas es parte de una alianza que pretende reemplazar la producción a gran escala por programas de ecoturismo y nuevas formas de cultivar. Manari Ushigua está preocupado por crear procesos de formación intercultural. “La balsa la usa toda clase de aves para equilibrar su energía; la usan monos, danta, sahíno; también los animales nocturnos como el tigre, guatusa; pero además, de noche hay seres espirituales que están en las montañas y vienen al lado de la balsa para equilibrar su energía”, explica.

El impacto indirecto que puede ocasionar la explotación de balsa en el futuro es que, sin regulación ni controles técnicos, las tierras que antes se usaban para la agricultura o la ganadería y que han sido reemplazadas por la balsa, obligue a los habitantes de estas zonas a trasladar su ganado o sus sembradíos para el consumo interno de subsistencia a zonas de bosque primario.

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Copataza es uno de los puntos con mayor movimiento de cargamentos de madera balsa. Foto: Archivo de Fundación Pachamama. 

Para el investigador ecuatoriano Rodrigo Sierra, quien trabaja con la Nacionalidad Achuar del Ecuador (NAE) para hallar mecanismos de resiliencia ante la explotación de balsa, la “ausencia de control efectivo” por parte del Estado en zonas aisladas y distantes de los centros urbanos repercute en el negocio de la balsa y propicia la explotación irregular e ilegal de otras maderas. “La balsa sale sin ningún permiso de explotación”, confirma, y coincide en que el problema económico radica en el destino de las ganancias del negocio de la balsa. “Casi todo el negocio de la balsa es manejado por gente de afuera”. Mientras los intermediarios y las empresas pagan poco para ganar mucho, las comunidades se limitan a vender sus árboles al precio que imponen sus compradores. “La presión de los madereros sobre las comunidades, sobre el Ministerio, sobre los gobiernos seccionales es impresionante y representa un poderío gigante”, añade el biólogo Álvaro Pérez.

Transición ecológica: el trecho del discurso a la práctica

En el Día Mundial del Medio Ambiente, el nuevo presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, presentó su nueva política pública ambiental como un “mandato hacia energía renovable”. A inicios de junio, en la comunidad shuar de Río Limón, compuesta por familias que migraron desde la Amazonía hacia la provincia costeñas del Guayas, el mandatario rebautizó al ente rector de la política ambiental llamándolo Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

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Pese a la gran extracción de madera balsa durante el 2020, esta continúa en este año. Los estragos de esta deforestación ya se sienten en las comunidades indígenas. Foto: Archivo de Fundación Pachamama.

Junto al nuevo ministro del sector, Gustavo Manrique, Lasso dijo que para su gobierno es necesario “entender que nuestra relación con el planeta no puede basarse en la explotación porque en la explotación no hay respeto, no hay consideración, no hay cuidado”. Habló de nuevos modelos de producción y consumo sostenible, de una transición de los conceptos, de convertir a Ecuador en la capital de las transacciones por la biodiversidad y de la intención de “movilizar fondos verdes para una reactivación económica”. Dijo que el suyo “será el gobierno del reencuentro de los ecuatorianos con la Tierra”.

Pero el plan de Gobierno con el que Lasso lanzó su candidatura y obtuvo la victoria en abril de este año contempla -entre otras cosas- la explotación minera, lo cual implica una contradicción con el discurso de sus primeros días en el poder. Aun queda pendiente saber cuál será su posición sobre este boom de la balsa que ya tiene fuertes efectos en la Amazonía.


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Tanlly Vera