Fierro Urku es un páramo que da origen a cuatro cuencas hidrográficas en el sur de Ecuador: Jubones, Puyango-Tumbes, Zamora y Catamayo Chira. Estos ríos riegan las provincias de Azuay, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe. Además, tres de ellos llegan a Perú.
27 272 hectáreas de este páramo han sido concesionadas a compañías australianas y canadienses que buscan extraer oro, plata y cobre. El área concesionada es superior a la de la ciudad argentina de Rosario e incluso a la de Buenos Aires.
Este páramo es sagrado para el pueblo kichwa saraguro. Los indígenas saraguro mantienen un punto de control en el ingreso a Fierro Urku, para evitar la entrada de los mineros. Poblaciones mestizas, como Gualel, también resisten.
Por Ana Cristina Alvarado / @ana1alvarado
“El cerro está bravo”, dice Luisa Lozano, lideresa del pueblo kichwa saraguro, asentado en la provincia de Loja, en el sur de los Andes ecuatorianos. A los pies del cerro Fierro Urku llueve insistentemente en época seca y, según Lozano, hay neblina porque los mineros quieren entrar a este páramo sagrado para los saraguro y que provee de agua durante todo el año a cuatro provincias del Ecuador —Azuay, El Oro, Loja y Zamora Chinchipe—. Además, allí se encuentra la laguna sagrada Sirigüiña.
“Los páramos de Fierro Urku se pueden considerar como espacios de recarga hídrica, generadores de agua, regulación climática, mitigación del cambio climático”, de acuerdo con información del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) entregada a Mongabay Latam y La Barra Espaciadora.
Fierro Urku, ubicado a 3788 m.s.n.m., da origen a cuatro cuencas hidrográficas: Jubones (noroeste), Puyango-Tumbes (suroeste), Zamora, afluente del río Santiago (este) y Catamayo-Chira (sureste). Estos ríos riegan las cuatro provincias. A excepción del Jubones, que desemboca en la costa ecuatoriana, los ríos que nacen en estos páramos cruzan las fronteras hacia Perú. Debido a esta riqueza, la zona es conocida como la Estrella Hídrica de Ecuador.
“Su importancia radica en que se constituye en la principal fuente de abastecimiento de agua para los cantones Chilla (2484 habitantes), Atahualpa (6000 habitantes), Zaruma (24 097 habitantes) y Portovelo (12 200 habitantes), en la provincia de El Oro, además de los cantones Saraguro (30 183 habitantes) y Loja (254 855 habitantes), en la provincia de Loja”, añade el Maate. Estas aguas también abastecen al cantón lojano Catamayo (30 638 habitantes), de acuerdo con Jorge Sivisaca, ingeniero civil y miembro del colectivo Defensores del Agua y la Vida de Loja. Es decir, poco más de 333 000 personas dependen del agua que se genera en estos páramos.
A pesar de esto, el Geoportal de Catastro Minero de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales no Renovables registra que 27 272 hectáreas de páramo han sido entregadas en siete concesiones desde el 2002. Las empresas beneficiarias, según datos del geoportal, son Green Rock Resources, subsidiaria de Solgold (Australia); Cañabrava Mining, subsidiaria de Cornerstone (Canadá); Guayacan Gold, subsidiaria de Salazar Resources y Adventous Mining (Canadá), y Compañía Minera del Pacífico Noroeste (Ecuador). Esta área concesionada es superior a la extensión de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, y equivale al 39.5 % de las 72 000 hectáreas de un área de protección hídrica que están solicitando los colectivos de defensa del agua. En esta zona hay depósitos de oro, plata y cobre, de acuerdo con la página web de Solgold, una de las compañías con concesión. En este momento todos los proyectos están en etapa de exploración.
“La única prohibición para ejecución de actividades mineras es la prevista en el artículo 407 de la Constitución: ‘Se prohíbe la actividad extractiva de recursos no renovables en las áreas protegidas y en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. (…)’”, respondió el Maate al cuestionamiento de por qué se emitieron autorizaciones ambientales en esta zona. Si bien esta zona de gran riqueza ambiental no es un área protegida, el mismo artículo 407 de la Constitución obliga al Estado al cuidado de ecosistemas frágiles como los páramos.
Las concesiones de las empresas se ubican en cuatro parroquias del cantón Loja (El Cisne, Gualel, Tenta, Celén), dos parroquias del cantón Portovelo (Morales y Salati) y una parroquia del cantón Zaruma (Güizhagüiña). Cinco de las concesiones fueron entregadas en 2017, nueve años después de que se elaborara la Constitución vigente en Ecuador que contempla los derechos de la naturaleza, el derecho a la consulta ambiental y el derecho a la consulta previa, libre e informada en territorios de pueblos y nacionalidades ancestrales. Las comunidades aseguran que todos estos derechos han sido vulnerados.
Pueblos en defensa del espacio sagrado
El pueblo kichwa saraguro ha resistido el ingreso de la minería a sus territorios desde hace unos 30 años, cuando se realizaron las primeras exploraciones en la zona, cuenta Luisa Lozano, presidenta de la comunidad Lagunas y del Consejo de Ayllus (comunidades) de Ilinchos, Lagunas y Gunodel. Desde el 1 de junio de 2022 este pueblo endureció sus medidas de resistencia al bloquear de manera indefinida la entrada a los páramos, en el sector Loma de Oro, al noroeste de Fierro Urku.
Las mujeres saraguro lideraron esta acción después de que, el 30 de mayo del 2022, “agentes de la Policía Nacional y guardias privados invadieron territorio ancestral de su pueblo, poniendo en riesgo la integridad de quienes habitan en las comunidades e impidiendo la libre circulación de sus niños, mujeres, ancianos y yachaykuna (sabios)”, dijo vía correo electrónico José Sarmiento Alvear, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo de Loja. Según Lozano, esta invasión, que duró siete días, buscaba forzar el ingreso de maquinaria a través del territorio saraguro.
Luis Corral, miembro del Colectivo de Defensores del Agua y de la Vida de Loja, asegura que “la riqueza hídrica de Fierro Urku ha sido venerada desde épocas precolombinas”. Según los testimonios de sus habitantes, las aguas de este páramo han protagonizado lo que consideran milagros. Además, en la cima del cerro está la laguna Sirigüiña, hacia donde saraguros y otros creyentes de sus poderes curativos han peregrinado durante siglos.
“La vida la tenemos justo gracias a estos elementos que nos acompañan siempre”, dice Rosa Macas, vicealcaldesa del cantón Saraguro y lideresa de la comunidad de Ilincho. “Dentro de ellos está el agua, entonces, en base a eso, la decisión que se tomó en firme con todas las compañeras desde el 1 de junio fue la de armar un fueguito y tomar las energías para defender el espacio sagrado [un ritual de protección]”, añade.
Grupos de saraguros se turnan para cuidar un puesto de control que fue improvisado, pero que con el apoyo de la sociedad civil se está convirtiendo en un pequeño campamento. Dos wiphalas [banderas] ondean a la entrada del control en una vía de tercer orden. Lo primero que se divisa desde ahí es un altar con bastones de mando indígenas, flores del lugar y botellas con medicina ancestral alrededor de un recipiente con agua. En una pequeña vasija está el fuego.
Durante los primeros cinco días de la invasión denunciada por los saraguro, aseguran que agentes de la Policía Nacional y guardias privados presionaron a los líderes para que se permitiera el paso de los trabajadores mineros y sus maquinarias. Debido a esto los manifestantes cerraron la vía Panamericana Sur, a la altura de Loma de Oro, hasta que el gobernador de Loja de ese entonces, Mario Mancino, se acercara y dispusiera la retirada de la Policía Nacional y de los guardias privados.
El 6 de junio, Mancino —que sería removido del cargo por el presidente Guillermo Lasso el 29 de junio por conflictos internos en el movimiento político oficialista CREO—, se reunió con Manuel Medina, asambleísta por Loja, y representantes del pueblo saraguro. Entre ellos estuvieron Luisa Lozano; Álvaro Medina, presidente de la Federación Interprovincial de Indígenas Saraguros, y Jorge Sarango, presidente de la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Kichwa Saraguro.
La Defensoría del Pueblo de Loja aseguró vía correo electrónico que, con base en la Constitución y en tratados internacionales que reconocen a los pueblos indígenas el derecho al autogobierno en territorios ancestrales, “los asistentes acordaron la salida de la fuerza pública y de los guardias privados del territorio comunitario colectivo de Loma de Oro, situado a la entrada del páramo de Fierro Urku”.
En esa misma reunión, el exgobernador Mancino acordó establecer un diálogo con representantes de la empresa Guayacan Gold para bajar las tensiones, deteniendo las actividades mineras momentáneamente, según dijo telefónicamente a Mongabay Latam y La Barra Espaciadora. Para los saraguro, esa fue una batalla ganada, pero saben que no han ganado la guerra. Dicen que el bloqueo del ingreso a Fierro Urku continuará hasta tener la palabra del Estado de que se retirarán las concesiones.
“El Ministerio de Energía y Minas tiene la competencia exclusiva sobre los recursos naturales, considerando a la minería un sector estratégico y claramente regulado por la Ley de Minería”, respondió vía correo electrónico el departamento de comunicación de Guayacan Gold. “Es así que los Gobierno Autónomos Descentralizados Municipales y Concejos Cantonales se encuentran prohibidos atribuirse competencias y facultades que no se encuentran previstas en la Constitución”, añadieron en su respuesta e indicaron que la empresa sigue realizando “actividades de socialización” y los trabajos técnicos “avanzarán según la planificación de la empresa”.
A pesar de esto, el futuro sobre el sector minero aún no es del todo claro. Todo empezó el 13 de junio con el paro nacional liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) que, entre otras demandas, pidió detener la extracción petrolera y minera en los territorios ancestrales argumentando que la extracción en estos lugares es inconsulta, ya que en Ecuador no existe todavía normativa para garantizar el derecho de consulta previa, libre e informada.
Tras 18 días de conflictos, el gobierno de Guillermo Lasso accedió a dialogar con los representantes indígenas y se establecieron mesas de diálogo durante 90 días para tratar los 10 puntos planteados por la Conaie. Finalmente, el pasado 19 de julio se instaló la mesa de trabajo sobre petróleo y minería. “Esperemos que este compromiso del gobierno sea real, para que podamos dejar de preocuparnos. Para nosotros, como dirigentes, es bastante preocupante porque siempre ponemos tiempo, familia, plata, personas para la defensa del territorio, aquí no hay auspicio de nadie, no hay sueldos”, dice Lozano.
La lucha en contra del poder
No solo los saraguro tienen esperanza de que la mesa de trabajo de petróleo y minería llegue a un resultado en el que “se deje de amenazar nuestros territorios y formas de vida”. Eso mismo esperan los habitantes de Gualel, una parroquia rural de campesinos mestizos cerca de otro de los ingresos a Fierro Urku, esta vez por el sur.
“Yo trabajo con el agua, por eso lucho, por el agua”, dice Jovita Curipoma, agricultora de Gualel y una de las defensoras de Fierro Urku. El nombre de esta mujer de 62 años se dio a conocer el 15 de octubre de 2020, cuando ella; Juan Angamarca, su esposo; Salomón Tene, presidente del Comité de Defensores del Agua y de la Vida de Gualel, y Johny Morocho, activista ambientalista de la parroquia, fueron detenidos violentamente y de manera irregular en sus domicilios. Los cuatro líderes y otros 10 comuneros fueron acusados de ataque, resistencia y de daño al bien ajeno.
Los defensores fueron acusados de quemar una camioneta de la compañía minera Guayacan Gold. Días más tarde, el 31 de octubre de 2020, la empresa publicó en su cuenta de Facebook un video en el que expresó su “rechazo total” a la violencia y en el que se incluyeron imágenes del conflicto entre los habitantes de Gualel y los trabajadores de la empresa y promineros.
Ocho meses después los comuneros fueron declarados inocentes de los delitos de ataque y resistencia. Sin embargo, tuvieron que esperar nueve meses más para liberarse del resto de los cargos a través de las amnistías entregadas por la Asamblea Nacional a líderes ambientales y sociales.
El Comité de Defensores del Agua de Gualel se reúne todas las noches de los miércoles para determinar las acciones de resistencia. En una reunión realizada el pasado 6 de junio, denunciaron la presión que reciben los campesinos para entregar firmas a cambio de de alimentos o electrodomésticos que se reparten a domicilio. Estas firmas, dicen, son realmente usadas para falsear el respaldo de la población a los proyectos extractivos. Los habitantes de Gualel también aseguran que fueron engañados para apoyar con sus firmas el regreso de un cura muy querido a la parroquia, de acuerdo con Lorena Curipoma, secretaria del Comité. Sin embargo, después descubrieron que el sacerdote nunca fue informado sobre esta iniciativa, lo que les llevó a concluir que las firmas serían usadas a favor de los proyectos mineros.
Anteriormente, en enero de 2022, desde el Comité se promovió una acción de protección en contra del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE) en la que se denuncia que la entrega de concesiones vulnera los derechos a la consulta ambiental y a la seguridad jurídica, los derechos de la naturaleza —en este caso los derechos del páramo—, el derecho humano a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y el derecho humano al agua. Sin embargo, la acción de protección no fue admitida, pues “no existe hasta el momento por parte de los accionantes ni de los elementos incorporados ningún indicador de peligro de daño grave o irreversible respecto de las posiciones de la actividad minera”, indica la sentencia de Geovanna Chango, jueza de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Loja.
El Comité también ha planificado marchas hacia la ciudad de Loja, a lo largo de 91 kilómetros, para demostrar la oposición de las parroquias rurales a la minería. El próximo 26 de agosto de 2022 se realizará una nueva caminata para celebrar el tercer aniversario desde que este cantón, que abarca a Gualel y a otras parroquias afectadas, se declaró libre de minería metálica con el fin de proteger las fuentes de agua, humedales, bosques y zonas de recarga y regulación hídrica. Los organizadores convocarán a las 14 parroquias rurales alrededor del páramo, conocidas como los pueblos de Fierro Urku, y al evento asistirán también defensores del agua de todo el país.
Siguiendo el ejemplo de Loja, el 23 de junio de 2022, el cantón Saraguro también se declaró libre de minería metálica y creó una ordenanza en base al uso y gestión del suelo. “El Estado, argumentando que la Constitución le garantiza el uso del subsuelo, se mete a decir que esa parte es de él, pero la parte superficial es de nuestra gente, de nuestros comuneros, es legalmente nuestra”, defiende Luisa Lozano.
Una zona única en el mundo
“En nuestro país reconocemos los derechos de la naturaleza, cada ecosistema tiene su valor por lo que es”, dice David Parra, director de Conservación de Fundación Jocotoco, una ONG enfocada en la protección de aves en peligro de extinción. Asegura que la naturaleza tiene un papel preponderante en la Constitución ecuatoriana pero que, aún si no lo tuviera, “de todas formas aquí hay un área muy especial, única en el mundo y altamente diversa”.
Parra explica que la zona entre el sur de Ecuador y el norte de Perú es considerada el corazón de los Andes. Allí las elevaciones son más bajas, en relación a las montañas y volcanes que superan los 5000 msnm en el centro y norte del país. La baja altitud de las estribaciones se convierte en una especie de puente entre la Costa y la Amazonía, dando lugar a un área de altísima biodiversidad con “islas de ecosistemas”. Por ejemplo, dice Parra, en la cuenca del río Jubones se pasa rápidamente por cuatro pisos climáticos, del cálido al páramo. “En el cañón de este río la altitud llega a los 1000 msnm y, junto a él, la elevación llega a los 4000 m.s.n.m.”.
En Fierro Urku se han avistado especies icónicas de los Andes ecuatorianos como el cóndor y el oso de anteojos. Además, en esta región existen 762 registros en colecciones científicas y de observaciones de animales, vertebrados e invertebrados, de acuerdo con la Base Nacional de Datos de Biodiversidad (BNDB) 1 del Instituto Nacional de Biodiversidad.
La zona ha sido poco estudiada, pero Parra está seguro de que aquí se pueden hacer importantes hallazgos de mamíferos, anfibios, reptiles, insectos y flora. De hecho, en 2017 se descubrió una nueva especie de colibrí: la estrella de garganta azul. “Tal vez la gente está acostumbrada a escuchar sobre el descubrimiento de nuevas especies, pero en aves es difícil encontrar especies porque es el grupo mejor estudiado. Si encuentras una nueva especie de ave quiere decir que es un lugar muy especial”, asegura.
Esta ave recién descrita para la ciencia está críticamente amenazada y se estima que su población es menor a 100 individuos, por lo que, para Parra, cualquier actividad humana en los páramos en los que habita puede provocar su desaparición. El tema es tan delicado que hace dos años la Fundación Jocotoco creó una reserva de 410 hectáreas en la zona Cerro de Arcos, al noroeste de Fierro Urku, para proteger a esta especie.
Izq. La Fundación de Conservación Jocotoco creó una reserva en Fierro Urko para proteger a esta especie. Se estima que la población es de 100 individuos. Foto: Mario Pilataxi / Reserva Cerro de Arcos. Der. En las noches, esta ave entra en un estado de letargo que le permite sobrevivir al frío nocturno del páramo hasta la mañana siguiente. Foto: Michael Moens / Reserva Cerro de Arcos.
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Además de la desaparición de especies, la minería a cielo abierto que se propone en esta zona implicaría la contaminación del agua que se usa para riego y para consumo humano. “Las plantas potabilizadoras de agua construidas no están diseñadas para tratar agua contaminada con minerales pesados, quedando dichas obras de infraestructura hidráulica inhabilitadas”, dice el ingeniero Jorge Sivisaca y Luis Corral añade que la soberanía alimentaria también se vería afectada.
Sivisaca recuerda que tres de los ríos que nacen en Fierro Urku cruzan las fronteras con Perú, por lo que la contaminación de sus aguas afectaría a poblaciones peruanas. Esto no es un dato menor ya que Ecuador enfrenta hoy una demanda internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la contaminación del río Puyango-Tumbes, provocada por la actividad minera en Zaruma y Portovelo, dos ciudades de El Oro, provincia costera contigua a Loja.
Para los pueblos de Fierro Urku la actividad minera en los páramos es una cuestión de vida o muerte. Según Sivisaca, Portovelo y Zaruma son un “espejo” de lo que puede salir mal. Estas ciudades se están hundiendo debido a los túneles subterráneos construidos para extraer oro. Además, a estas localidades “no ha llegado el desarrollo”, la cual, de acuerdo con el ingeniero civil, es una de las promesas de los promotores de la minería. Luisa Lozano concuerda: “la minería provocaría la desaparición del pueblo saraguro al destruir un espacio sagrado para nuestra cultura y al privarnos del agua que gota a gota baja de los páramos”.
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