Mientras el Estado ha hecho todo para impulsar la producción y la exportación palmicultora, no se ha preocupado por regular o controlar los efectos ambientales y sociales que este cultivo provoca. La empresa Energy & Palma que opera en la provincia de Esmeraldas tiene constantes conflictos con comunas en situación de pobreza. El año pasado demandaron a líderes de Barranquilla y la justicia ecuatoriana condenó a estas personas a pagar 151 mil dólares a la compañía. Una radiografía del cuarto sector industrial con más territorio agrícola del país.
Pese a todo, bañarse es un juego. El niño se enjabona dentro del río y se enjuaga rápido para seguir chapoteando con sus amigos. Ríen con el bosque macizo como fondo. La madre le grita desde afuera. “Estás con el calzoncillo sucio de tierra, lávate”. Para él, el agua no es algo que sale del grifo o de la ducha solo con girar una llave. Tan fácil. Para él, el agua es ese líquido turbio y amarillento al que su familia le llama río. Cuando tiene sed, debe beberse eso; cuando está sucio, debe bañarse con eso, y todo lo que come es preparado con eso. Ese es el diario vivir en San Juan de Chillaví, una pequeña comuna de la parroquia de San Javier de Cachaví, en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas.
Sus habitantes cuentan que el río no siempre fue así, que era cristalino. Pero eso fue hace más de 20 años, aseguran, justo antes de que llegaran los cultivos de palma de aceite de la empresa Energy & Palma. “Cuando se instaló la empresa, llegó la contaminación”, dice José Mina, el presidente de la comuna, y señala enseguida hacia el río donde los niños juegan. Asegura que el agua era clara y los peces sanos. “Tomábamos agua de ahí y no pasaba nada. Ahora los niños se bañan y les salen un poco de granos, les da picazón en el cuerpo. Los pescados llegan muertos acá”, dice.
Entre los habitantes de la zona existen los recuerdos de cuando iban a cazar venados donde ahora solo hay palma; o de esos animales cafés parecidos a los cuyes a los que llamaban ratones de monte pero que desaparecieron para siempre del territorio. En San Juan de Chillaví sostienen que cuando la empresa llegó a talar el bosque, se fueron hasta los pericos que vivían en los árboles. Todo cambió.
Sería simple decir que lo que pasa en San Juan de Chillaví es un caso extraño o aislado, pero se repite en otras comunidades, en otras provincias. Según Nathalia Bonilla, exdirectora y actual coordinadora de la campaña por la Defensa de los Bosques de la organización Acción Ecológica, esta es “la muestra perfecta de un Estado de doble rostro que, por un lado, ha promovido legal y económicamente a la industria palmicultora; pero, por el otro, es incapaz de demostrar que se preocupa o que, al menos, cumple su trabajo de controlar los efectos ambientales y sociales que esa industria provoca”.
La empresa Energy & Palma forma parte del análisis realizado por el equipo de investigación de la alianza periodística Tras las huellas de la palma. Este trabajo reúne más de 231 casos de empresas y personas naturales vinculadas al negocio de la palma en Colombia, Ecuador, Guatemala y Honduras que en los últimos 11 años han sido sancionadas, multadas o investigadas por violar las normas ambientales.
En Ecuador, buscamos información a través de 15 pedidos de información a entidades estatales y lo más tangible fue la respuesta del Ministerio del Ambiente, que reportó tres casos con sanciones, dos de los cuales corresponden a Energy & Palma, con multas pagadas que suman 35 400 dólares.
Años de oposición y denuncias
San Javier de Cachaví es una pequeña parroquia de 120 familias negras en la zona fronteriza con Colombia, en el cantón San Lorenzo. Completamente rodeada por la palmicultora Energy & Palma, su única vía de acceso es una pequeña calle de tierra y piedras, con plantaciones de palma y montañas de bagazo a ambos lados del camino. A lo largo de la vía comunas o pequeñas poblaciones rurales van apareciendo una tras otra: Nueva Esperanza, Guabina, Barranquilla, Chillaví del Ceibo y San Juan de Chillaví. Sus casitas son de madera o bloque visto, con hamacas y techo de zinc, como suelen ser las casas de las zonas alejadas de la costa ecuatoriana.
Todas comparten una historia: tras ser reconocidas como comunas por el desaparecido Instituto Nacional de Desarrollo Agrario, recibieron sus títulos de propiedad en 1997. Sus habitantes también reconocidos como propietarios de tierras ancestrales. Sin embargo, un par de años después, un vacío legal permitió que algunos comuneros recibieran, de manera individual, otros títulos de propiedad sobre las mismas tierras y se los vendieran después a la compañía Energy & Palma. Es decir, legalmente estas tierras les pertenecen a las comunas pero también le pertenecen a la palmicultora. Una disputa que la justicia sigue sin aclarar.
¿Qué vino después? Muchas épocas de bonanza para la empresa, que es parte del grupo La Fabril, de gran músculo financiero en Ecuador. Al mismo tiempo llegaron épocas de despojo, contaminación de ríos y mucha resignación, como han narrado pobladores de algunas de estas comunidades. Esa resignación duró hasta finales del 2019, cuando la comuna Barranquilla organizó una protesta que duró tres meses: armaron carpas y se instalaron en la vía principal de acceso a la palmicultora. El origen de esta protesta se habría dado con la divulgación del Informe Multitemporal de Tenencia de la tierra en territorios comunales de Esmeraldas, elaborado en el 2017 por el Ministerio de Agricultura, que en su parte principal ecpone como resultado: «Mediante el análisis de la información de campo, se pudo determinar que el predio de la compañía Energy & Palma S.A., tiene una sobre posición de 251 hectáreas en la comuna Afro- Ecuatoriana de Barranquilla de San Javier» (sic).
“Queríamos ser un poco más visibles”, dice Néstor Caicedo, el presidente de la comuna, con otro de los ríos amarillentos a sus espaldas. “Como sus plantaciones están en nuestros territorios y por ahí tenían que pasar sus jefes, nos pusimos ahí para que la empresa nos viera”. Por eso permanecieron ahí, con sus niños y sus ancianos, cocinando plátano verde, jugando bingo o naipes para hacerse notar. Llegaban a las seis de la mañana y se quedaban hasta las cinco o seis de la tarde, y volvían a sus casas.
Según Caicedo, ellos pedían dos cosas: que la empresa reconozca que había ocupado ilegalmente su territorio con cultivos de palma, que dejaran de contaminar sus ríos —una situación que ha sido denunciada durante años por la organización ambiental Acción Ecológica— y que la compañía hiciera obras para la comunidad, como medida de compensación social.
Algunos de los vecinos que acompañan a Caicedo dicen que una de esas obras podría ser una vía hacia el cementerio, que les facilite visitar a sus muertos, pues ahora tienen que hacerlo a través de un puente en muy malas condiciones. Sin embargo, cuentan que la empresa nunca quiso reunirse con toda la comunidad y solo recibían a unos pocos dirigentes, a los que, dicen, les ofrecieron dinero a cambio de su silencio.
“Siempre el arma de ellos ha sido el dinero. A mí me ofrecieron 8000 dólares. Pero yo no acepté —recuerda Caicedo desde la sala de su casa—. Luego agrega con ironía: «Les dije que si voy a vender mi conciencia, que sea por algo que me arregle la vida o me la desgracie de una vez, porque tengo un pueblo atrás que quiere respuestas”.
La situación empeoró aún más para las comunidades. El 10 de septiembre de 2020, la empresa denunció a siete dirigentes de Barranquilla por daños y perjuicios, aduciendo pérdidas de más de 320 000 dólares por los tres meses de cierre de la vía. Quería que le devolvieran ese dinero.
Intentamos por vía telefónica y correo electrónico obtener una declaración de la empresa Energy & Palma o de la Asociación Nacional de Productores de Palma (Ancupa), pero hasta el cierre de esta publicación no hubo respuesta.
Producción, extracción y contaminación
El paisaje es imponente. Las altas palmeras, sus hojas largas saliendo en todas las direcciones y en la cima del tronco unos racimos enormes con cientos de frutos color naranja de donde se extrae el aceite. De la palma se obtiene, principalmente, el aceite de cocina, pero también se usa para fabricar otros productos, desde caucho y cosméticos, hasta ropa. Para Ecuador no representa un tema menor. Hasta el año 2020, había más de 260 000 hectáreas sembradas de palma aceitera, según cifras del Ministerio de Agricultura. Casi siete veces la superficie de Quito.
La palma aceitera es el cuarto cultivo que ocupa mayor territorio agrícola en el país, solo por debajo del cacao, el arroz y el maíz; pero por encima del banano, el producto estrella ecuatoriano, que ocupa 170 000 hectáreas. En todo el 2020 se produjeron 188 000 toneladas de fruta de palma.
Los riesgos de contaminación ocurren durante la siembra y el cultivo porque los agricultores forman alrededor de la planta una especie de círculo protector, al que llaman corona, para lo cual pueden utilizar agroquímicos y realizar fumigaciones constantes.
El momento de la extracción también es de cuidado: el fruto de la palma se cocina y tritura, pero los residuos van a unas lagunas artificiales, en las cuales se purifican los líquidos, pero donde puede haber riesgo de filtración hacia los cuerpos de agua cercanos.
Hablar de estos temas con las palmicultoras es casi como un tabú en Ecuador. Los periodistas se encuentran con respuestas evasivas, puertas cerradas y solicitudes de información que la mayor parte del tiempo no llevan a ningún lado.
La única persona que atendió nuestras llamadas fue una de las directivas de una extractora asentada en otra zona de Esmeraldas, quien pidió no ser identificada en el reportaje.
“Para poder operar se debe tener un registro ambiental”, empieza diciendo, como para sugerir que eso garantiza buenas prácticas ambientales. Pero enseguida agrega: “Nadie puede controlar a la naturaleza y hay épocas en que las lluvias llegan a ser muy fuertes. A nosotros nos pasó que una laguna se desbordó. Sube el caudal y comienza a rebosarse la piscina. Si cerca hay alguna fuente hídrica, sea primaria o secundaria, el líquido puede llegar y, obviamente, eso es para una denuncia. Por eso se pide que siempre, entre el río y las lagunas, haya vegetación, para que evite que esto pase”.
—¿Y eso se cumple siempre?
—No en todas se cumple. Generalmente no.
Patricio Mena es biólogo, tiene una maestría en Botánica y ha sido profesor en la Pontificia Universidad Católica de Quito. Dice que las tierras tropicales, como las de Esmeraldas y la Amazonía —donde están asentadas las palmicultoras— tienen una riqueza casi tan extensa y compleja como la de los corales. Explica que todos los materiales contaminantes —tanto los pesticidas tóxicos como los residuos de la extracción de la palma— llegan al suelo y traen complicaciones. “No es que solo se mueran unos pocos animales por ahí. [Los contaminantes] se meten en el suelo, matan la microfauna y la microflora, van a los acuíferos —acumulaciones de agua subterránea fundamentales para el ciclo del agua— y terminan en los mismos ríos y hasta en el océano”.
Al preguntarle cuáles son los efectos en la fauna de los ríos, Mena asegura que, por ejemplo, esta contaminación puede ser letal para los peces. “Quizá lo peor de todo es que se establece una cadena de letalidad. Porque no solo muere el pez, sino el pez que se come al pez y, muy seguramente, esto llegará hasta la dieta humana”.
A Mena también le preocupa que, en algunas provincias de Ecuador, las entidades encargadas de hacer control y vigilancia suelen tener serios problemas como poco personal calificado y falta de equipos.
Nueva ley sobre palma aceitera sin implementación
En julio del año pasado entró en vigencia una Ley de nombre pomposo: Ley para el fortalecimiento y desarrollo de la producción, comercialización, extracción, exportación e industrialización de la palma aceitera y sus derivados. Un texto lleno de buenas intenciones para la industria que contempla facilitar el acceso al agua con trámites simplificados, promover la exportación y la comercialización, y reducir los obstáculos para obtener el registro ambiental.
Pero la Ley también incluye sanciones. Entre las infracciones graves se consideran: ubicar plantaciones de palma dentro de las zonas de protección hídrica donde están las fuentes de agua de las comunidades, incumplir las medidas que exigen generar zonas de amortiguamiento vegetal y no reportar riesgos fitosanitarios existentes en el cultivo. Este tipo de faltas, según la nueva normativa, deben ser sancionadas con la suspensión de la inscripción en el Ministerio del Ambiente y con multas de cuatro a seis salarios básicos; es decir, entre 1600 y 2400 dólares.
Sin embargo, ha pasado más de un año desde que entró en vigencia y ninguna autoridad ha reportado sanciones efectuadas, multas o registros suspendidos. Además, pese a que en las disposiciones transitorias se estableció un plazo máximo de tres meses —hasta octubre del 2020— para que el Presidente de la República emitiera el reglamento, hasta el momento ni el gobierno de Lenín Moreno, ni el de Guillermo Lasso han cumplido con esa disposición.
En una respuesta del Ministerio de Agricultura a un pedido de información de la Alianza Periodística Tras las huellas de la palma, simplemente se cita que ese reglamento “se está gestionando con la Presidencia”, sin dar razón de los plazos u ofrecer más detalles.
En otra disposición la Ley manda que en máximo 12 meses —hasta julio de 2021— los palmicultores debían obtener una autorización administrativa del Ministerio del Ambiente para seguir trabajando. Sin embargo, en una reunión de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional, el 10 de marzo de este año, el exministro del Ambiente, Paulo Proaño Andrade, informó que para ese entonces apenas se habían registrado 300 de los 7000 palmicultores que actualmente existen en el país; es decir, solo el 4 %. El nuevo gobierno aún no ha brindado información sobre cómo avanza este tema.
Nathalia Bonilla, de Acción Ecológica, cree que todo lo que ocurre demuestra “el doble rostro del Estado”. “Es un Estado hiper pendiente de la palma. Que, en 2002, con un decreto del expresidente Gustavo Noboa, dio paso a la conversión del megadiverso bosque del Chocó en tierras de uso agrícola; y que con eso abrió la zona de San Lorenzo a la palma. Que, a partir de ese entonces, ha entregado facilidades, créditos y exenciones de impuestos”.
Según Bonilla, durante todo el gobierno de Rafael Correa, la Corporación Financiera Nacional —entidad creada en 1956 cuyo principal objetivo es la reducción de la pobreza promoviendo el desarrollo económico a través del apoyo al sector privado—tuvo una línea de crédito para la palma pero, simultáneamente, el Estado ignoraba los impactos sociales y ambientales de este cultivo. “No quiere ver a las poblaciones locales y a las comunidades negras que están perjudicadas, no quiere ver la tala, la contaminación”, dice.
Para la directora de Acción Ecológica, entre todos los monocultivos que existen en el país, la industria palmicultora es importante porque se expande generando tala de bosques nativos y abusando de agrotóxicos en las plantaciones. También le preocupan las extractoras de aceite “debido a los gases que se emanan al ambiente, por los líquidos tóxicos que llegan a los ríos y por todos los efectos sociales negativos que genera”.
Lo preocupante de este panorama es que el Plan Nacional Agropecuario, que fue expedido en marzo de este año, establece que uno de los productos en los que se quiere intervenir para potenciar su exportación es el aceite de palma. Es decir, se insiste en impulsar una industria que aún no cuenta con un reglamento aprobado.
¿Las cegueras estatales?
Esmeraldas es la provincia donde más conflictos socioambientales se reportan entre comunidades e industrias palmicultoras pues concentra el 67 % de los cultivos en el país. Sin embargo, las denuncias por contaminación también ocurren en otras provincias, sobre todo amazónicas, donde todavía hay muchas preguntas sin respuesta. ¿Cuántos ríos se han contaminado?, ¿cuántas veces se han desbordado las lagunas de almacenamiento de desechos?, ¿cuántas empresas han sido sancionadas?
Para este reportaje se hicieron 15 pedidos de información a entidades estatales: a los ministerios de Ambiente y Agricultura; a las prefecturas de Esmeraldas, Los Ríos, Pichincha, Guayas, Sucumbíos, Orellana; y a la Defensoría del Pueblo. Lo más cercano a una respuesta concreta fue la del Ministerio del Ambiente, que registra tres sanciones administrativas por incumplimiento a normas ambientales, dos a la empresa Energy & Palma, en 2011, y una a la empresa Ecosiembra. Eso sí, el Ministerio aclaró que, a partir de noviembre del 2014, el Consejo Nacional de Competencia les entregó a las prefecturas provinciales la responsabilidad del control ambiental sobre la actividad palmicultora.
La Prefectura de Pichincha respondió que existe una sanción, pero no reveló el nombre de la empresa ni ofreció mayores detalles. Las prefecturas de Los Ríos, Guayas, y la Defensoría del Pueblo respondieron que no tienen registros y la prefectura de Esmeraldas aseguró que sí los tenía, pero no los entregó.
Las provincias amazónicas son tema aparte. Augusto Córdoba, técnico de Ambiente de la Prefectura de Orellana, sabe que el control sobre los cultivos y el procesamiento de la palma ahora son de su competencia, pero decidieron no asumirlos porque, según dice, el Estado nunca les dio recursos y no han logrado autofinanciarse debido al “bajo costo de las tasas ambientales que se cobran”. En otras palabras, en esa provincia no hay denuncias ni sanciones porque nadie ejerce el control.
El director de Ambiente de Sucumbíos, Pío Bravo, cuenta que, tanto en las pequeñas plantaciones como en la única extractora de esa provincia han encontrado violaciones ambientales: mal uso de pesticidas; mal manejo del bagazo que al ser dejado en la intemperie genera una mosca muy pequeña; y, lo más grave, en las lagunas de aguas residuales han confirmado que estos líquidos son descargados a los esteros y humedales. Además, dice que no se respetan los márgenes de protección de vegetación entre los ríos y las palmicultoras.
—¿Cuáles ríos han sido afectados?
—Varios riachuelos, generalmente no son los ríos grandes, pero sí los que están más cerca de las comunidades. En toda el área de Shushufindi hay esteros, riachuelos, que no han sido protegidos.
—¿Y por qué no hay sanciones?
—Lamentablemente, no tenemos una opción para sancionar lo que no está regularizado. Estamos haciendo un plan de acción, que no es inmediato, para regularización.
Lo que quiere decir Pío Bravo es que, si bien saben detectar las infracciones y conocen las sanciones, no pueden aplicarlas porque las palmicultoras no están formalizadas. Según el funcionario de Sucumbíos, solo el 30 % de las 950 palmicultoras de la provincia están participando en los procesos de regularización, el resto opera dentro de la informalidad. A esto se suma que los tres centros de acopio de fruto de palma tampoco están regularizados ni son son controlados por las autoridades provinciales.
Un episodio de acoso judicial
Mientras que la implementación de la nueva ley y la regulación y sanción de las palmicultoras permanece como un gran pendiente del Estado, la justicia sí avanza a gran velocidad en los procesos contra los comuneros de Barranquilla, en Esmeraldas.
El 8 de septiembre de 2021, un año después de la demanda de Energy & Palma, cuatro de los demandados —incluido el presidente, Néstor Caicedo— fueron sentenciados, en primera instancia, a un pago de 151 000 dólares por haber obstruido una vía durante tres meses. Los jueces argumentaron que la empresa sufrió pérdidas en la producción.
Tras recibir la sentencia, Caicedo señaló que apelarán la decisión judicial. “Rechazamos la decisión del juez porque vulnera nuestros derechos. La comunidad está indignada, pero estamos manteniendo la calma. Esperamos que las autoridades superiores, que se encuentran en Esmeraldas o en Quito, miren el atropello que se está cometiendo contra nosotros”. Se buscó la versión de Energy & Palma también sobre este caso, pero tampoco atendieron las solicitudes.
Por su parte, Acción Ecológica publicó un comunicado en el que indican que la demanda interpuesta por la empresa palmicultora en contra de los defensores de la comuna Barranquilla es una acción intimidatoria que pretende que se dejen de realizar las reivindicaciones territoriales. También asegura que Energy & Palma busca que los defensores se detengan en sus exigencias al derecho a un medio ambiente sano y a que se respeten los derechos de la naturaleza. “Este caso es uno de los ejemplos de cómo las grandes empresas agroindustriales empiezan a utilizar el derecho civil en contra de los defensores y de cómo abusan del sistema de justicia, para seguir adelante con la depredación al medio ambiente”, resalta.
Este mensaje llenó de temor a varias comunidades en la provincia de Esmeraldas pero insisten en reclamar sus derechos. El paisaje en esta región se divide entre pueblos abandonados porque las promesas de la industria fracasaron y comunidades que se oponen a que la palma de aceite se expanda a nuevas zonas.
*Esta investigación transfronteriza es coordinada por Mongabay Latam en alianza con Agencia Ocote de Guatemala, La Barra Espaciadora de Ecuador y Contracorriente de Honduras.
Edición general: Alexa Vélez, María Isabel Torres y Antonio Paz. Coordinación: Antonio Paz. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Carmen Quintela, Alejandra Gutiérrez, Jennifer Ávila, María Clara Calle, Lizz Gabriela Mejía, Alexis Serrano, Diego Cazar Baquero y José David López. Reporteros: Carmen Quintela, Jennifer Ávila, Lizz Gabriela Mejía, María Clara Calle, Antonio Paz, Alexis Serrano y José David López. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias y Daniel Gómez. Audiencias y redes: Dalia Medina y Alejandra Olguín.*Imagen principal: ilustración de Kipu Visual.
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