Este reportaje es una colaboración periodística entre Mongabay Latam y La Barra Espaciadora.
Por Alina Manrique / @AlmaCede
El 15 de agosto de 2019, el Don Bartolo zarpó de las costas de Manta hasta casi mil kilómetros mar adentro. En la faena que duró 35 días, se capturaron 552 toneladas de atún, pero también cayeron 329 dorados (Coryphaena hippurus), cinco picudos (Makaira nigricans), 89 wahoos (Acanthocybium solandri) y 42 tiburones sedosos (Carcharhinus falciformis), que fueron reportados como devueltos vivos al mar.
Ecuador suele enorgullecerse de su liderazgo en las capturas de atún en la región. De las casi 652 mil toneladas de atún capturadas en el Océano Pacífico Oriental en el 2019, el 45% fue pescado por embarcaciones de bandera ecuatoriana. Anualmente, esta pesquería le genera al Ecuador 1500 millones de dólares en exportaciones y 100 mil plazas de trabajo, por lo que se ubica dentro de las principales industrias del país.
Pero esta importante actividad económica acarrea serios impactos sobre especies marinas que se encuentran amenazadas de extinción. Es común que durante la pesca de atún, otras especies terminen en las redes de los barcos pesqueros. Es la llamada pesca incidental, fauna asociada o bycatch. Un daño colateral compuesto por picudos, tortugas marinas, mantarrayas y tiburones.
El tiburón sedoso, en situación vulnerable según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), es el más abundante entre la fauna acompañante del atún y el más capturado.
Al igual que cualquier otra especie de tiburón, su pesca está prohibida en el país a menos que se trate, precisamente, de pesca incidental. El objetivo de esta medida, adoptada en 2007, fue proteger a estas especies, pero desde esa fecha hasta hoy las capturas de tiburón sedoso, supuestamente incidentales, no han hecho más que aumentar.
Los tiburones de la flota atunera
Aunque los barcos atuneros no tengan como objetivo al tiburón, aunque la pesca de arrastre –la que “barre” todo lo que encuentra– y el aleteo –cercenar las aletas de los tiburones y devolverlos al mar– sean prácticas prohibidas en Ecuador, el tiburón visto como mercancía sigue siendo muy apetecido.
El valor de un ‘juego’ de cuatro aletas oscila entre 20 y 30 dólares, aunque en los mercados internacionales se cotiza en 175 dólares. Es por ello que, de hecho, en una embarcación china llamada Fu Yuang Yu Leng, detenida en 2017 en Galápagos, se hallaron 300 toneladas de tiburones capturados ilegalmente.
El pasado 7 de mayo de este año, el South China Morning Post reveló el decomiso de 26 toneladas de aletas de tiburón -la mayor incautación en la historia de Hong Kong-, en dos envíos provenientes de Ecuador que representan la matanza de 38 500 tiburones de especies protegidas, principalmente de tiburón zorro (Alopias superciliosus) y tiburón sedoso.
En Manta –el puerto pesquero más grande del Ecuador– se desembarca el 70% del atún capturado y, según Jorge Villavicencio, exdirector de Control y Recursos Pesqueros, allí llega también el 80% de los tiburones pescados.
En 2007, cuando entró en vigencia el decreto 486 que prohíbe la pesca dirigida a tiburones y que permite su comercialización siempre y cuando provengan de la pesca incidental, la cantidad de tiburones sedosos capturados incidentalmente aumentó. En Manta, las pesquerías artesanales capturaron, entre 2003 y 2006, 22 mil tiburones sedosos. De 2008 a 2012, en cambio, después de entrado en vigor el decreto, más de 100 mil tiburones sedosos fueron capturados supuestamente de manera incidental, según un estudio de Jimmy Martínez, ex subsecretario de Recursos Pesqueros.
Mongabay Latam y La Barra Espaciadora revisaron los reportes de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), organismo internacional que proporciona y almacena los únicos datos disponibles sobre la pesca de atún y su fauna asociada. Lo que detectaron fue que, entre 2014 y 2015, las capturas de tiburón sedoso aumentaron en un 64% pasando de 9806 ejemplares a 16 092. Si bien es cierto la cantidad de lances aumentó -es decir, la cantidad de veces en que una red es lanzada al agua para pescar-, los desembarques de atunes en esos años, en cambio, sólo aumentaron un 13%, según las estadísticas del Instituto de Pesca del Ecuador.
Nunca antes en este milenio la flota atunera de cerco capturó tanto tiburón sedoso como lo hizo en el 2015. ¿Qué pasó ese año? En febrero la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) determinó que la población de tiburón sedoso se había reducido hasta en un 54% y lo catalogó como Casi Amenazado. De hecho, la Comisión Interamericana del Atún Tropical ya venía considerando concretar una medida de conservación para esta especie que consistía en prohibir que los tiburones sedosos capturados por los barcos cerqueros fueran aprovechados comercialmente. En 2016, esa propuesta se concretó en una resolución, la C-16-06, que entró en vigor en enero 2017 y que señala que “los miembros y no miembros cooperantes prohibirán la retención a bordo, transbordo, descarga o almacenamiento, de cualquier parte o del cuerpo entero de tiburones sedosos (Carcharhinus falciformis) capturados en el Área de la Convención por buques de cerco.
Además, en octubre 2016, la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites) decidió regular el comercio de esta especie exigiendo permisos especiales para su exportación e importación. Sin embargo, Xavier Chalén, Director del Programa Marino Costero de la organización Conservación Internacional, asegura que “las discusiones para ingresar al tiburón sedoso en CITES II comenzaron en el 2014”.
Consultada la CIAT sobre el aumento de capturas y desembarques justo un año antes de la entrada en vigor de la resolución C-16-06 y de que el sedoso fuera enlistado en la Cites, la Comisión no entregó respuesta a nuestras preguntas.
Carlos Bustamante, director del grupo de especialistas de tiburones de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza en América del Sur, por su parte, comenta que “es una situación altamente preocupante”, considerando que “estamos viendo que hay todo un tráfico ilegal y blanqueamiento de aletas que vienen desde Ecuador que va hacia el mercado asiático y que pasa por Perú o que pasa por Costa Rica”, dice.
Las capturas de tiburones son aún mayores
Desde 1997, cuando Ecuador pasó a formar parte de la CIAT, todos los buques de clase 6 –que son los que tienen capacidad superior a los 1200 metros cúbicos, como el Don Bartolo, con el que comenzamos esta historia– llevan a bordo observadores de la CIAT o del Programa de Observadores de Ecuador (Probecuador). Un observador es un profesional en ramas afines a la biología marina que, después de un entrenamiento exprés, viaja en las embarcaciones para dibujar la realidad y los efectos de una de las más importantes industrias nacionales: documenta todo lo que sucede en el barco, recolecta datos detallados sobre las capturas de atún y de fauna asociada e informa cualquier infracción si la hubiera.
El jefe de la CIAT en Ecuador, Erick Largacha, monitorea desde su oficina en Manta, y a través de los reportes de los observadores, las actividades de los 118 barcos atuneros de clase 6 que hay en el país. Él y Luis Torres, Director del Programa Nacional de Observadores, coinciden en que reportar la captura de fauna asociada no es la misión principal de los observadores y que, en realidad, lo que hace el observador es registrar el comportamiento de la fauna objetivo: el atún.
Con solo unos binoculares, los observadores deben identificar, entre los miles de peces atrapados en la red que sube a la cubierta, qué tipo de animales han sido capturados de forma no intencional y registrar en una bitácora qué hace la tripulación con ellos.
“Siempre va a haber ese daño colateral [el de la pesca incidental]. Lo que hace la Comisión es desincentivar la comercialización”, dice Largacha. Es por ello que desde la entrada en vigor de la resolución C-16-06 en 2017, todos los tiburones capturados por los barcos atuneros de cerco, ya sean vivos o muertos, deben ser devueltos al mar. “Antes caían 40 tiburones y la tripulación les cortaba las aletas. Ahora lo que deben hacer es liberarlos lo más pronto posible”, agrega Largacha.
Pero el daño colateral al que hace mención el jefe de CIAT en Ecuador no es menor. Según datos de la Comisión, durante 2018, buques atuneros ecuatorianos capturaron el 46% del total de la pesca de tiburones en todo el Océano Pacífico Oriental y, según la misma Comisión reconoce, no existen certezas de que los animales que son liberados vivos sobrevivan a la captura.
La mayoría de los barcos atuneros clase 6, operan una red de cerco con la que pueden capturar cientos de toneladas y enviarlas directamente a sus bodegas. Para hacer más eficiente la faena de pesca, suelen utilizar un sistema conocido como plantados: una caja de mallas que lleva en su interior cebo vivo, colocada a grandes millas de distancia y equipada con un sistema satelital para ubicación. Los barcos dejan su plantado a unos 150 metros de profundidad y el cebo atrae a varias especies. Esto se realiza debido a que los objetos flotantes –que pueden ser sintéticos como los plantados o naturales como un pedazo de madera– tienen la facultad de estimular la creación de ecosistemas a su alrededor. Debajo de ellos primero llegan algas, luego los cangrejos, luego los peces más grandes como los atunes, pero también tiburones.
Cada barco de clase 6 puede arrojar hasta 450 plantados, según la regulación nacional. Cuando regresan tiempo después por su plantado, largan la red formando un cerco de hasta 700 metros de diámetro y empiezan a recoger la vida que se ha formado alrededor del plantado en una especie de bolso.
Un lance de cerco alrededor de un plantado puede recoger entre una y 700 toneladas de especies marinas, asegura Largacha. Por eso, los pescadores artesanales que por razones de autonomía de combustible se quedan más cerca de la costa, se quejan de que cada vez hay atunes de menor tamaño o menos picudo y menos dorado, las especies que como el tiburón rodean a los cardúmenes de atún.
La Comisión del Atún, en una resolución de julio del 2019, recomienda a los países miembros eliminar gradualmente los diseños de plantados que provoquen que tiburones, tortugas marinas y otras especies queden atrapados en las mallas.
Pablo Guerrero, Director de Conservación Marina de WWF Ecuador, precisa que el resto de los barcos atuneros que usan cerco y que son más pequeños, no tienen la obligación de llevar observadores. “Por lo tanto, no se conoce dónde operan ni cuál es su impacto en el ecosistema marino”, dice el experto. Pero además, existen otras embarcaciones de menor tamaño que utilizan un método que para los tiburones es aún más letal, asegura un informe de la CIAT. Se trata del palangre: kilómetros de nylon entretejidos con aproximadamente 3 mil anzuelos.
Según Guerrero, en los barcos cerqueros, incluso si es que los tiburones alcanzan a llegar a cubierta tras ser atrapados, “hay chance menor de liberarlos ilesos, siempre y cuando los manipules bien antes de liberarlos. Pero de la flota palangrera no sabemos mucho, porque casi no son monitoreadas”, precisa. De hecho, solo el 5% de los barcos industriales palangreros atuneros son observados por la CIAT, lo que “es prácticamente nada”, dice Guerrero. Aún así, el experto agrega que sí se sabe que “por cuanto la operación de calado y recogida de un palangre muy grande toma muchas horas, cuando recuperas la captura la misma ya está muerta”.
Según el informe de la CIAT, en 2018 los buques cerqueros grandes que pescan atún en todo el Océano Pacífico Oriental reportaron a la CIAT la captura de 431 toneladas de tiburón sedoso. En el mismo año, se reportó que los buques palangreros capturaron 2 626 toneladas de tiburón sedoso y 6 908 toneladas de tiburón azul.
Por ello, aunque el Ecuador reportó a la CIAT que entre el 1 de enero y el 28 de julio de 2019 se capturaron 130 toneladas de fauna asociada, es posible asegurar que las cantidades totales son mucho mayores, puesto que en esa cifra no está considerada la pesca incidental de los buques que usan palangre.
Además, prácticamente no existe información sobre las capturas incidentales y descartes por buques pesqueros que usan trasmallo y red agallera por lo que, en definitiva, en el Ecuador se pesca mucho más tiburón del que está registrado.
El Viceministerio de Acuacultura y Pesca de Ecuador expuso durante una sesión online de la Asamblea Nacional, celebrada el pasado lunes 11 de mayo, datos sobre la descarga de tiburones en la flota artesanal e industrial: de 4 877 tiburones sedosos descargados en 2018, se pasó a 18 137 en 2019.
Según argumenta el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, el aumento de captura y descarga de sedoso en Ecuador “responde a las condiciones biológicas del recurso y no al comportamiento de la flota”, aunque no precisa si esas condiciones biológicas tienen que ver con un aumento de disponibilidad de tiburones en el agua u otro cambio de comportamiento en estos animales. Además, en un correo electrónico, el Ministerio señala que los desembarques han disminuido desde 2015. Reconoce que ese año la cantidad de descargas de sedoso alcanzaron su máxima con 27 039 individuos, pero que en 2016 la cifra bajó a 17 151 y que en 2017 alcanzó los 21 843. Es decir, que a pesar del incremento de desembarques registrados entre 2018 y 2019, la tendencia es a la baja.
Los datos de la CIAT, sin embargo, levantados a partir de las observaciones hechas por científicos a bordo, muestran claramente que en 18 años las capturas de tiburones sedosos han aumentado y que estas se incrementaron drásticamente justo antes de entrar en vigor la norma que pretendía proteger a estos animales.
La falta de controles
Tal como señala Largacha, el control de la pesca incidental de tiburones en la pesquería de atún recae –literalmente– en los ojos de los observadores a bordo de los barcos de clase 6. “Ellos [los observadores] usan el ojímetro”, dice Largacha, aunque asegura que “su margen de error, aunque usted no lo crea, es apenas del 15%”. Pero la Comisión del Atún ha puesto reparos a este método por dos razones: la difícil identificación visual cuando se trata de especies de la misma familia y las pocas certezas de que los animales que han sido apuntados como “liberados vivos”, realmente sobrevivan a la captura.
Además, los observadores reciben sus sueldos —que van de 1 200 a 1 700 dólares mensuales— de la CIAT, del Programa Internacional para la Conservación de los Delfines y también del armador del barco atunero, es decir, del dueño de la embarcación. Es por eso que Largacha asegura que intenta que los observadores no repitan los barcos ni los capitanes. Según dice, esto permite que el trabajo se haga “de la forma más transparente posible”, puesto que la cercanía del observador con la tripulación podría entorpecer la labor de auditoría.
Si los barcos que sí tienen auditoría in situ tienen estas deficiencias en el control, la situación es más compleja en el caso de las miles de pequeñas embarcaciones artesanales, denominadas pangas, para las que no es requisito llevar a bordo un observador.
Según los registros de la Federación Nacional de Cooperativas de Pesca del Ecuador (Fenacopec), en el país hay más de 15 mil barcos artesanales que capturan atunes, entre otras especies, en las aguas del Pacífico. Pero los datos de sus métodos y capturas son incompletos o no están disponibles, lo que supone una tarea pendiente para el Gobierno y la actividad pesquera ecuatoriana.
El Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca reveló a Mongabay Latam y La Barra Espaciadora que en Ecuador existen 148 inspectores de pesca en las 25 inspectorías situadas en seis provincias del país. Ese centenar y medio de fiscalizadores debe supervisar, en puerto, a las 15 mil embarcaciones artesanales, pero también a las empresas exportadoras y a los barcos que sí llevan observadores.
Por otra parte, el Ministerio asegura que no existen datos sobre la captura ilegal de atún. Lo anterior no significa, sin embargo, que no exista esa captura ilegal. De hecho, en octubre del 2019, Iván Ontaneda, Ministro de Producción, Comercio Exterior y Pesca, anunció que Ecuador había recibido una tarjeta amarilla por parte de la Unión Europea (UE) por pesca ilegal de atún. Para librarse de ella, la UE le exigía al Ecuador actualizar la Ley de Pesca, aprobada en 1974, auditar verdaderamente a la flota pesquera y sancionar de manera más estricta la pesca ilegal.
Dos meses antes, Ontaneda publicó en redes sociales que había entregado a la Asamblea Nacional ecuatoriana el Proyecto de Ley Orgánica de Acuicultura y Pesca, que fue aprobado el 18 de febrero de 2020 y entró en el Registro Oficial el 21 de abril de 2020. Según dijo, dicha ley tiene el propósito de aprovechar responsable y sosteniblemente las especies acuáticas a través de la investigación y la innovación tecnológica y endurecer las sanciones “para la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”, a través del rastreo de las embarcaciones artesanales, la creación de entes de investigación y multas más severas para los infractores.
Mongabay Latam y La Barra Espaciadora se pusieron en contacto con las principales empresas atuneras de Ecuador, Nirsa y Sálica, para tener su versión sobre el impacto de sus actividades en la conservación de los tiburones sedosos. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación, ninguna de las empresas dio respuesta a nuestras preguntas.
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