En Palora, un cantón del centro de la Amazonía ecuatoriana, al menos 248 hectáreas de selva fueron taladas entre el 2019 y el 2023 para el cultivo de pitahaya amarilla, también conocida como la fruta dragón.
El Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP) encontró, a través de la traslapación de mapas, deforestación irregular en zonas de conservación y en áreas de importancia hídrica.
El Municipio de Palora no tiene ordenanzas que sancionen este tipo de irregularidades, mientras que el Ministerio de Ambiente no dejó constancia de haber actuado ante la deforestación en zonas prohibidas. Los cultivos de pitahaya podrían ganar espacio este 2024, de aprobarse el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China.
Por Ana Alvarado / @ana1alvarado
Las motosierras suenan en las afueras del casco urbano de Palora, un cantón ubicado en el noroccidente de la provincia de Morona Santiago, en la Amazonía ecuatoriana. Un agutí de Azara o agutí bayo, roedor conocido en Ecuador como guatusa, se aleja de un montón de tablones de madera recién aserrados, en un pequeño reducto de bosque en medio de plantaciones de pitahaya. Al menos 248.53 hectáreas de selva —equivalentes a 350 campos de fútbol profesional— han sido taladas desde el 2019 hasta el 2023 para el cultivo de esta fruta, de acuerdo con un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), que documenta la deforestación en la región.
La pitahaya, también conocida como fruta dragón, es parte de la identidad de Palora. Al ingresar al cantón, un rótulo da la bienvenida a los visitantes. Una gran pitahaya amarilla se sobrepone a imágenes de aves y actividades turísticas. Esta es la fruta de una cactácea de tallos largos y triangulares. En la naturaleza, la planta se enreda en árboles. En los campos de producción, este cactus suculento depende de estacas de un metro aproximado de alto.
En la Amazonía ecuatoriana se produce principalmente pitahaya amarilla (Selenicereus megalanthus), endémica de Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y República Dominicana y cotizada por su color intenso y su dulzura. La que se produce en Palora se exporta a 56 mercados, principalmente a Perú y Estados Unidos, pero también se vende en el mercado local.
“Cuando hubo el boom de la pitahaya, llegaron de la Costa y de la Sierra a comprar fincas. Botaron todo el bosque, fue terrible”, dice Arutam Ichinki, un finquero achuar de esta localidad. El joven indígena tiene una propiedad de ocho hectáreas, destinada al cultivo de alimentos, como plátano y yuca, y a la reforestación. “En mi finca, antes escuchaba el sonido de los monos, veía huellas de sahínos”, ahora, con cada vez más áreas de cultivo en el cantón, estos encuentros son escasos.
Al menos 4639 especies de plantas y animales han sido registradas en Palora, según el Sistema Global de Información sobre Biodiversidad. De ellas, 252 están en la categoría de Amenazadas y 73, en la categoría Casi amenazada de la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). “La expansión de la frontera agrícola, siendo el cultivo de pitahaya una de esas actividades, sumado a las actividades ganaderas, amenaza con elevar estas cifras”, respondió a una solicitud de información el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE).
El 70 % del territorio de este cantón está dentro del Parque Nacional Sangay, que es parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), aún así la frontera agrícola no para de crecer. Datos de Global Forest Watch, en 2010, Palora tenía 138 000 hectáreas de cobertura arbórea, que se extendía sobre el 95 % de su superficie terrestre. Para el 2022, perdió 432 hectáreas de cobertura arbórea. “La deforestación bruta en el cantón Palora es de 367 hectáreas al año, de las cuales 50 hectáreas al año están dentro del Parque Nacional Sangay”, de acuerdo con el MAATE.
En el año 2011, los productores vendían 10 libras (4.5 kilos) de pitahaya por 27 dólares. En el 2019, se llegó a vender el mismo paquete por 40 dólares, de acuerdo con Patricio Quezada, uno de los creadores del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de Palora, publicado en 2020. El aumento del precio provocó que se incrementaran las hectáreas cultivadas en el cantón: si en el año 2000 se producían menos de cinco toneladas de pitahaya en ocho hectáreas de cultivo, para el 2020, la superficie cultivada sobrepasaba las 2000 hectáreas en Palora. En octubre de 2023, Edwin Tivi, exdirector de Planificación y actual director de Inclusión Social y Economía Solidaria del Municipio de Palora, aseguró a esta alianza periodística que en esa fecha había más de 3000 hectáreas de la fruta dragón en el cantón, con una producción cercana a las 36 toneladas anuales.
“Hasta 2019 no había normativa que regulara el uso de suelo en Palora, por eso hay incremento y expansión de la frontera de cultivo de la pitahaya”, dice Quezada. El problema en la actualidad es que el municipio no ha difundido los alcances de la normativa, reconoció Tivi, y no ha generado herramientas para controlar la expansión de la frontera agrícola.
Falta de controles
En el Plan de Uso y Gestión de Suelo (PUGS), que se deriva del PDOT, se prohíbe generar lotizaciones menores a dos hectáreas —con excepciones en las que el área mínima es de cinco hectáreas—, cultivar en bosque primario, ocupar más del 60 % de la parcela en el cultivo de pitahaya, entre otras medidas para proteger la biodiversidad del cantón.
Hasta el cierre de este reportaje, el cantón no contaba con ordenanzas, es decir, reglamentos para aplicar o sancionar la violación a los planes. “El PDOT y el PUGS se van a actualizar el primer cuatrimestre, y con ello, las ordenanzas referentes al tema”, respondió el personal de comunicación del Municipio de Palora vía mensajería instantánea.
“La dinámica de transición muestra el reemplazo de bosques por zonas agropecuarias en ciclos bianuales, en los cuales en un año existe un alto valor de deforestación y al siguiente año este valor aminora, sin embargo, a partir del 2019 se rompen dichos ciclos y se evidencia una pérdida de bosque alarmante”, se lee en el informe de MAAP. “La expansión se dio principalmente hacia bosques ligeramente intervenidos”, de acuerdo con Jorge Villa, coordinador técnico del proyecto MAAP para Ecuador y especialista de la Fundación Ecociencia. También hubo tala de bosques nativos.
Hasta 2020, el 95 % de los cultivos de pitahaya se localizaba en suelo de uso agrícola, de acuerdo con el mapeo que realizó Quezada para la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial. El 4 % se encontraba en zonas pobladas, bosques nativos y áreas de protección del Parque Nacional Sangay. Es decir, esos cultivos no eran regulares, por lo tanto debieron haberse restringido.
El Ministerio de Ambiente tiene competencias en la regulación de estas actividades, sin embargo, tras las solicitudes de información la institución no dejó constancia de haber actuado. El Código Orgánico del Ambiente prohíbe la extracción forestal en las áreas protegidas y cualquier tipo de ocupación ilegal. El incumplimiento de las normas de manejo y conservación de las áreas protegidas es considerada una infracción grave. Se sanciona con una multa económica, el desalojo de los infractores, la demolición de los equipos usados y la reparación integral del área afectada.
El Municipio de Palora también tiene competencias con respecto a estas irregularidades. Al ser consultado al respecto, Edwin Tivi negó que haya deforestación provocada por el cultivo de pitahaya. “Tal vez en las nuevas plantaciones ha habido deforestación, pero no pasa del 1 % y se trata de bosques secundarios”, aseguró.
El incremento de la oferta y otras dinámicas de los mercados internacionales provocaron, desde el 2020, la caída paulatina de los precios de la pitahaya. En 2023, las 10 libras (4.5 kilos) de exportación bajaron a 3.4 dólares, de acuerdo con Patricio Carreño, ingeniero agropecuario y propietario de Mathias’ Ranch Fruit, una finca de pitahaya. “Es un precio que no cubre nuestros costos como productores, que están en 65 centavos por kilo (2.95 por las 10 libras o 4.5 kilos)”, dice.
Como consecuencia, asegura que cerca del 30 % de cultivos han sido abandonados. Quienes se mantienen en el negocio, buscan aumentar su producción, para recuperarse, ahora que está subiendo nuevamente el precio de la fruta. “Al tratar de incrementar las áreas productivas, hay deforestación —reconoce Carreño. Estamos enfocados en solucionar nuestras inversiones, que han llegado hasta los 60 000 dólares por cultivo, pero hemos descuidado la conservación”.
Esta realidad podría cambiar de aprobarse el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Ecuador y China. El TLC fue firmado por el gobierno de Guillermo Lasso, que dejó el poder en noviembre de 2023. Al cierre de este reportaje, su aprobación está en discusión en la Asamblea Nacional. Este TLC busca, entre otras cosas, reducir los aranceles para la exportación de productos como la pitahaya. El exministro de Comercio, Julio José Prado, aseguró que esta fruta podría convertirse en el próximo producto estrella de Ecuador. Los aranceles para esta fruta bajarían del 20 % al 0 %. “Podemos exportar fácilmente en los próximos años mil millones de dólares en pitahaya”, aseguró Prado.
Casos de deforestación irregular
MAAP seleccionó cuatro casos de estudio que evidencian el avance de los cultivos de pitahaya en el periodo 2019-2023. El total de superficie cultivada de los cuatro casos es de 248.53 hectáreas.
El primer caso, con 39.51 hectáreas de cultivo, está ubicado en el sector Sangay Rural. Entre julio de 2019 y julio de 2023, MAAP calculó un incremento de 182 % de los cultivos de pitahaya, lo que corresponde a un aumento de 25.5 hectáreas adicionales. Además, la deforestación para los cultivos se extiende hasta un riachuelo y hasta un área de conservación de Sociobosque, un programa nacional que entrega incentivos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen a conservar los bosques.
En un recorrido por la zona, se observó la gran extensión de las plantaciones que colindan en casi todos los casos con bosques y cuerpos hídricos. Según el Plan de Ordenamiento Territorial, los monocultivos no pueden colindar o traslapar con cuerpos hídricos ni con áreas protegidas.
El segundo caso, con 112.1 hectáreas de cultivo, está entre la Hacienda Sangay y la comunidad la Comanche. Entre julio de 2019 y julio de 2023, el área de la plantación se extendió en un 54.5 %, lo que corresponde a 39.56 hectáreas. Estos cultivos se intersectan con áreas de conservación de Sociobosque, según la superposición de mapas de Sociobosque con las áreas de deforestación, análisis realizado por MAAP. “El programa de Sociobosque ha sido discontinuado, no sé si lo estarán llevando”, dijo Tivi, el funcionario municipal, en defensa de la producción de pitahaya.
“En caso de que en futuros monitoreos se detecte y se confirme este tipo de actividades ejecutadas por parte de los socios, podría darse por terminado el convenio por incumplimiento a la normativa vigente y las cláusulas establecidas en cada convenio, entre las cuales están el no talar ni cambiar el uso de suelo del área suscrita”, respondió el Maate, tras afirmar que no se han detectado cultivos de pitahaya en las áreas bajo conservación de Sociobosque.
Patricio Carreño, que tiene su finca de pitahaya en esta zona, asegura que el aumento de la frontera agrícola por esta fruta ahora es “mínimo”. “Antes, a diario se sembraban hasta siete hectáreas. Ahora, por año se siembran unas 100 plantas [que ocupan unos 30 metros cuadrados]”.
El tercer caso está a lo largo del río Pastaza, en la Colonia Río Metzera. En esa zona, entre julio de 2019 y julio de 2023, hubo un avance de 65.61 hectáreas de cultivo de pitahaya. Estos cultivos rodean áreas de importancia hídrica.
“Sí hemos afectado a la flora y a la fauna —admite Luis Crespo, un campesino de la zona—. Hace ocho años, no había cultivos, hasta que empezamos a desalojar los bosques”. En esta zona, explica, los terrenos eran baratos, pues los accesos son a través de vías de tercer orden y se encuentran a 30 minutos en automóvil del centro urbano del cantón.
“Era bosque primario, deforestaron todo, vendieron la madera de arrayanes, pumamaquis y amarillos, y pusieron el cultivo de pitahaya”, cuenta un geógrafo que prefiere mantener el anonimato y que trabajó en Palora entre 2021 y 2023.
El cuarto caso está al norte de la comunidad Nuevos Horizontes. Entre julio de 2019 y julio de 2023, se identificaron 31.31 nuevas hectáreas de superficie cultivada. Aquí no se detectaron irregularidades con respecto a la deforestación.
“La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) se acoge a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LODP), por lo que no podemos proporcionar información, ni datos personales de productores”, respondió esa institución a una solicitud de información enviada por Mongabay Latam y La Barra Espaciadora.
Un cultivo dependiente de agroquímicos
En donde se cultiva pitahaya “no hay ni abejas ni moscas” debido al uso de plaguicidas, de acuerdo con el finquero Arutam Ichinki. “Hemos tenido diferentes inconvenientes con el manejo de plagas y enfermedades”, reconoce Tivi, el funcionario municipal. Cuando se empezó a cultivar esta fruta en Palora, los cultivos eran 100 % dependientes de agroquímicos, pero esto se ha ido reduciendo poco a poco, debido a las exigencias del mercado internacional.
El Plan Territorial requiere que los cultivos establezcan una franja de protección para los cuerpos hídricos de acuerdo al ancho del río. El mínimo es de cinco metros. Sin embargo, las plantaciones se elevan desde las orillas de los ríos, como lo verificó esta alianza periodística durante una visita a la zona. “Tenemos cultivos cerca de las vertientes por la topografía del suelo, por los accesos viales y por la cercanía al agua. Si las condiciones son adecuadas, o siembra ahí o no siembra”, se justifica el finquero Patricio Carreño. Hasta el momento, no se han emitido multas ni sanciones a los infractores, de acuerdo con Tivi.
Para los habitantes de Palora es común encontrar en los ríos envases de agroquímicos, plásticos y basura asociados a los cultivos de pitahaya, cuenta Inchinki. “No sé cómo los productores obtienen el certificado BPA (Buenas Prácticas Agrícolas, entregado por Agrocalidad, un agencia gubernamental)”, se cuestiona el joven achuar.
“En caso de detectar contaminación se notifica al productor, a fin de que pueda adoptar medidas de mitigación del riesgo”, respondió Agrocalidad ante las preguntas sobre la contaminación. Mientras tanto, el MAATE, que asesora en temas ambientales al Subcomité de pitahaya amarilla —una mesa técnica de comercialización, liderada por el Ministerio de Agricultura—, asegura que desde 2021 “no ha recibido denuncias relacionadas con una posible contaminación de cuerpos hídricos”.
El estudio Evaluación del impacto ambiental del cultivo de la pitahaya, Cantón Palora, Ecuador, publicado en 2020 y realizado por Karel Diéguez-Santana y otros investigadores de la Universidad Estatal Amazónica, encontró que en la finca analizada hubo pérdida de biodiversidad, degradación del suelo y del medio físico asociados al uso de agroquímicos, al desbroce de ecosistemas boscosos y a la apertura de caminos de acceso.
Tivi dice que el municipio se plantea reemplazar la obligación de mantener distancia de los ríos con la construcción de barreras vivas, que evitarían la contaminación del agua con químicos. El ingeniero agropecuario Patricio Carreño reconoce que con este sistema es inevitable que restos de plaguicidas o lixiviados lleguen a las fuentes hídricas.
Actualmente, se está transicionando a las técnicas de enfundamiento de la fruta o de uso de invernaderos. “No estamos haciéndolo por conservar, lo estamos haciendo porque nos da garantía para tener fruto de calidad”, dice Carreño. Aunque no es el objetivo principal, esto disminuye el uso de plaguicidas. Sin embargo, la producción bajo cubierta todavía no supera el 10 % de la superficie cultivada, según el funcionario municipal.
“Con el tiempo, sí nos va a afectar. Tenemos que protegernos nosotros mismos al momento de fumigar, si no, ¿quién nos puede cuidar?”, se pregunta el pitahayero Luis Crespo.
Impacto económico de la fruta dragón
La producción de pitahaya es considerada la principal empleadora de Palora. El municipio cobra una tasa de cuatro centavos por kilo de fruta para exportación, a excepción del producto que se destina al mercado de Perú, para el que se paga dos centavos. Estos fondos, de acuerdo con el funcionario municipal, se destinan a financiar la Unidad Técnica de la Pitahaya y sus programas, que buscan abrir mercados y obtener certificaciones para el mercado de China y Estados Unidos.
Un 70 % de productores tributa fuera de Palora, es decir, paga impuestos en otras provincias del país, de acuerdo con información recabada por Patricio Quezada. Así que las ganancias no se están quedando en el cantón, en donde se empobrece su biodiversidad y se contamina la tierra y el agua. Mientras los exportadores mantienen e incrementan sus ingresos, los pequeños productores —alrededor del 80 % de cerca de 2000— están luchando para no perder sus cultivos por los bajos pagos que reciben de parte de los intermediarios.
Al recorrer el cantón, ya se ven cultivos abandonados. Esto no significa que los bosques se recuperarán, de acuerdo con Ichinki. El agricultor cuenta que ahora, los exproductores de pitahaya se dedican a la ganadería o al cultivo de balsa, un árbol maderable exportado, principalmente, a China para la construcción de aspas para la energía eólica.
Palora es parte de Morona Santiago, la tercera provincia con mayor pérdida forestal en Ecuador. Esta provincia amazónica perdió 112.400 hectáreas de bosque entre 1985 y 2021, según el mapeo multitemporal de MapBiomas, una herramienta que analiza la dinámica de uso del suelo en la Amazonía. En 2022 registró 9828 hectáreas deforestadas, de acuerdo con información del MAATE.
La transición hacia sistemas agropecuarios y las actividades extractivas están entre las principales causas de esa pérdida de bosques amazónicos en Morona Santiago, de acuerdo con Villa.
* Este reportaje es una alianza periodística entre La Barra Espacuadora y Mongabay Latam.
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