Domingo 22 de diciembre, en pleno bullicio por la preparación de las celebraciones navideñas, decenas de personas se concentraban en la Plaza Grande de Quito para reivindicar la desmilitarización de los territorios de la región de Morona Santiago, en la Cordillera del Cóndor del Ecuador. Concretamente en Nankintz, la zona donde la empresa minera Explocobres S.A. (EXSA), filial del consorcio chino CRCC (China Railways Construction Corporation), y Tongling Non Ferrous Metals pretenden iniciar el proyecto Panantza-San Carlos, que consiste en abrir dos minas a cielo abierto. Actualmente, está en estado de excepción desde el 14 de diciembre de 2016, cuando las comunidades campesinas e indígenas shuar que vivían allí intentaron retomar el territorio del que habían sido expulsadas en el mes de agosto.
La ciudad en contra de la megaminería
“Es la primera vez en seis meses que se consigue tomar esta plaza, símbolo de las protestas en la capital”, explica Michelle Báez, del colectivo Minka Urbana, integrado por activistas que intentan vincular con la ciudad las luchas contra la minería en el territorio. Desde las movilizaciones para frenar la ocupación del Yasuní en manos de las petroleras, dice, “nos habían expulsado de las plazas, y ahora volvemos, para mostrar la indignación por la falta de respeto y la violencia hacia los pueblos indígenas. La gente es muy consciente de la riqueza del pueblo shuar y lo que implica su expulsión”.
“Esta rabia ha nacido por cómo se ha entrado al territorio; sin consulta previa, con ocupación militar, insultos y manipulaciones… a un pueblo tan digno como el shuar”, cuenta Báez. No se han movido del territorio desde tiempos ancestrales –a pesar del discurso estatal que intenta negarlo–, y hasta ahora han sido considerados “héroes nacionales”, ya que aportaron herramientas estratégicas en la guerra contra Perú para defender militarmente la Cordillera del Cóndor.
El 28 de diciembre hubo otra convocatoria que también ocupó la Plaza Grande. Aunque pudieron entrar, y lo hicieron de manera pacífica, la concentración terminó con agresiones a las manifestantes por parte de un grupo de personas que se les encaró gritándoles y lanzando huevos, y al final, cuando todo terminaba, los agredieron. “Nos tiraron del pelo y nos golpearon”, narra Juan, que estuvo presente. La policía también intervino, y todo hace pensar que fue un “grupo de choque”, al servicio del Estado, tal como denuncian desde Minka en un documento presentado a la Fiscalía el día siguiente, 29 de diciembre. Además, en el contexto de represión, los ministerios de Interior y del Ambiente –respondiendo a las denuncias de EXSA– han iniciado un proceso para intentar cerrar la organización Acción Ecológica, que hace 30 años trabaja defendiendo la tierra y la naturaleza, así como la soberanía de los pueblos indígenas.
El incremento de la violencia
La organización de movilizaciones en Ecuador viene promovida por el llamado de la Federación Interprovincial de Comunidades Shuar (FICSH) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), después de una asamblea de urgencia celebrada en Sucúa, la población más cercana a Nankintz. Ese día se convocó un encuentro para el 10 de diciembre en San Juan Bosco, una de las comunidades campesinas atravesadas por la disputa. Allí se tenía que definir cómo continuar la resistencia con el apoyo de las federaciones indígenas de todo el país, pero no se llegó a realizar a causa de la intervención militar que evitó la entrada de las representantes que asistieron.
El 14 de diciembre se intentó retomar la zona, y el enfrentamiento dejó diversas personas heridas y un policía muerto. A partir de esa fecha, se decretó el estado de excepción y el conflicto se agravó: ha habido acosos y tiroteos constantes por parte de las fuerzas del Estado y diez personas han sido procesadas.
Esta persecución a dirigentes y acciones organizadas, a pesar de estar repuntando ahora, no es nueva: desde que las empresas transnacionales llegaron a la Cordillera para empezar la fase exploratoria, en el año 2006, han muerto tres personas shuar en contexto de enfrentamiento o asesinadas por su posición de liderazgo. Todas las muertes siguen en la impunidad. “Lo que pasa ahora es consecuencia de la espiral de violencia instaurada por el mismo Estado”, afirma Michelle Báez.
El pueblo shuar, en alerta
Domingo Ankuash, defensor histórico de los derechos indígenas y miembro de la comunidad shuar, afirmó en unas declaraciones en los medios de comunicación, el pasado mes de diciembre, que el “Estado ecuatoriano, con las políticas que está llevando a cabo, está buscando la desaparición de la población shuar”. A lo largo de estos años, en los que se ha ido instalando la explotación minera a gran escala, los shuar han visto modificados sus hábitos de vida, su cultura, han perdido territorio y muchos han tenido que vender su fuerza de trabajo, cambiando la ganadería y la agricultura por la mina. “Este cambio tan drástico está afectando nuestra identidad: es una forma de morir lentamente”, asegura Ankuash. Por eso se han lanzado a la defensa radical de su territorio: “Si tenemos que morir, lo haremos luchando”.
Se pueden prever las consecuencias que la megaminería tendrá en la zona porque se han podido ver en la comunidad vecina de Tundayme, donde en 2010 empezó el Proyecto Mirador por parte de la misma empresa pero bajo otro nombre: ECSA. Báez, junto con el investigador francés residente en Quito William Sacher, escribieron el informe Entretelones de la megaminería en Ecuador, que cuenta a partir de testimonios directos qué ha implicado el extractivismo en Tundayme.
La comunidad de Nankintz es consciente de ello: ha visto la contaminación de las aguas, los desalojos forzados de la población sin el cumplimiento de las reubicaciones prometidas, las irrisorias compensaciones de las servidumbres (cesiones temporales a las empresas para la explotación), la criminalización y persecución a las que mostraban resistencia, y la violencia estructural que implica romper con la vida rural y la imposición de una lógica productiva industrial, que ha caído sobre todo en las mujeres. Es por eso que en la zona de Panantza-San Carlos la resistencia por parte de estos grupos de población es fuerte, a diferencia quizás de otras zonas del país donde sí que han aceptado la entrada de las mineras y se han vendido propiedades.
Nankintz como detonante
La situación en Nankintz está despertando los movimientos en diversas ciudades, y sobre todo en Quito, donde desde Minka Urbana se está canalizando una respuesta organizada para visibilizar y apoyar la resistencia en los territorios. La urgencia es Nankintz, pero así también se está extendiendo el rechazo a la megaminería y las graves consecuencias que tiene para el país. El miércoles 21 de diciembre se convocó una asamblea en el cine alternativo Ocho y Medio, a la que asistieron unas 200 personas, todas dispuestas a aportar lo que pudieran para hacer frente a la situación. Confluyeron diversos grupos: colectivos de artistas, movimientos urbanos, organizaciones de mujeres y personas independientes. El encuentro terminó en la calle, dividiéndose en diversas comisiones que desde entonces están activándose y empiezan a trabajar.
“El proceso ha sido bastante fuerte: la gente ha respondido muy deprisa, porque ya existía una masa crítica que estaba alerta a las problemáticas. Cuando empezamos a convocar plantones semanales en el centro de la ciudad, se unieron muchos grupos de diversas procedencias”, explica Báez. Además, comenta que el lugar es estratégico, porque en esta zona de la ciudad es muy fácil acceder a personas que no están informadas y muestran interés por el tema, ya que “la información que llega es sólo la oficial, ningún medio está narrando la historia desde el territorio”. Juan, uno de los asistentes a la concentración del 22, coincide en la necesidad de hacer extensiva la convocatoria: “Hay mucha falta de implicación todavía, y los pueblos indígenas son en gran parte desconocidos y rechazados por la población urbana”.
El Estado: promotor y garante de la megaminería
El proyecto Panantza no es el único y no afecta sólo a la zona de Nankintz, sino que va a tener repercusiones ambientales y económicas en toda la Cordillera. William Sacher afirma que Ecuador se está convirtiendo en lo que él llama un “mineraloestado” , ya que a partir de la llegada de Correa (2006) al poder, es el mismo Estado el que promueve y asume la minería a gran escala como un proyecto político y se crea un entramado institucional para apoyar la construcción de infraestructuras para los proyectos extractivistas. Antes, la lógica era de carácter neoliberal, época durante la cual se favoreció la entrada de capital para la exploración del territorio, dando a las empresas la libertad de circulación de capitales y acciones para la explotación minera.
Cuando el Gobierno apuesta por esta matriz productiva tan invasiva, toma la responsabilidad de vaciar el territorio de asentamientos humanos en beneficio de las empresas, que se desentienden totalmente de la responsabilidad de reubicar a las personas expulsadas. Es el Estado quien se encarga de las compensaciones, que son de entre 3.000 y 5.000 dólares por hectárea. Además, las transnacionales chinas no tienen ningún interés en legitimar sus acciones en el territorio ni en asumir ninguna responsabilidad social, no se preocupan de intervenir en las comunidades e imponenunas condiciones laborales muy duras.
“Caminamos hacia un país minero, siguiendo el mismo proceso que tuvimos con el petróleo: materia barata, sin procesar, y con una destrucción sin miramientos del territorio”, lamenta Sacher. Eso implica vulnerabilidad en el ámbito económico, ya que Ecuador seguirá dependiendo de las fluctuaciones del capital internacional. Según Sacher, eso “sólo es un paso más del proceso colonial que empezó hace siglos”. Cada vez la “modernidad” avanza más en el territorio, siguiendo la dinámica de acumulación de capital, y “se cumple un patrón similar al de muchos otros procesos, como la conquista del oeste norteamericano”, compara, dado que considera que se siguen los mismos métodos: engaño, violencia, ocupación militar, matanzas.
Con estas medidas de implantación de la megaminería a través de la legislación, represión y descomposición de movimientos sociales, métodos parecidos en gran parte de América Latina, se está abriendo paso a la derecha. Ha pasado en Argentina, Brasil, y puede suceder en Ecuador en las próximas elecciones del mes de febrero, dando la victoria a Lasso, el candidato de la coalición Alianza por el Cambio. “Eso implicaría un avance del capital mucho más agresivo que ahora”, sostiene Báez.
Retomar la esperanza de otro Ecuador
Tal como lo ven desde Minka Urbana, la gente organizada en las ciudades puede hacer mucha presión en las esferas gubernamentales y el capital. Los objetivos de la movilización son, en primera instancia, acabar con la presencia militar en la zona y, a más largo plazo, conseguir echar el modelo de megaminería que está destruyendo los territorios. “Creo que tenemos que ser solidarias con la gente que está poniendo el cuerpo, está defendiendo con su vida el territorio; y también defender nuestra propia supervivencia, ya que dependemos directamente de lo que la gente produce en el campo, en la selva, y este acaparamiento nos afecta directamente”, reflexiona Báez.
Las acciones que se están llevando a cabo consisten en la visibilización del problema, en informar de lo que está pasando, en que todo el mundo comprenda bien la situación y organizar, tramar un tejido de grupos ya activos y de personas para llamar la atención a escala internacional. “Queremos ser una réplica de denuncia de las voces shuar, porque no hay cobertura mediática y el discurso oficial es muy fuerte”, dice Báez. Sacher afirma que “con estas acciones estamos retomando la esperanza que hubo cuando Correa llegó al poder y que ha traicionado poniendo al país en manos del capital internacional. Queremos otro tipo de proyecto económico, político y social para Ecuador”.
Este es un artículo de nuestro medio aliado Diagonal, que fue publicado originalmente en La Directa.
