Por Antonio Paz Cardona / @antoniopazc
El 2019 ha sido un año clave con relación a las decisiones judiciales sobre temas ambientales y sociales en Ecuador.
El precedente se dio a finales de 2018, cuando una sentencia judicial le dio la razón a los indígenas Cofán de Sinangoe que denunciaban la presencia ilegal de actividades mineras en su territorio ancestral. En julio de este año, la justicia falló nuevamente a favor de un pueblo indígena, esta vez, de los waorani, que se oponían a la explotación del bloque petrolero 22 en sus tierras. Dos meses después, el poder judicial ecuatoriano frenó un proyecto hidroeléctrico en el río Piatúa, en territorio kichwa, por no cumplir con la consulta previa y después de demostrar que hubo corrupción por parte de un juez.
A pesar de estos avances, el cumplimiento de lo ordenado en la consulta popular de febrero de 2018 con relación a la explotación en el Parque Yasuní sigue sin materializarse. Informes señalan que en el 2019 se excedió el máximo de deforestación permitido en este territorio. Además, el decreto que amplió la zona intangible donde se desplazan los indígenas aislados generó polémica pues lo haría en territorio de los indígenas waorani.
Por otro lado, el paro nacional en octubre, que llevó al gobierno de Lenín Moreno a decretar el estado de emergencia por varios días, mostró que, además de la crisis económica, también hay pendientes graves en materia ambiental. Uno de ellos es la judicialización de líderes sociales y ambientales en el país, una práctica que sigue siendo utilizada para reprimir la protesta social. ¿Cuáles han sido las principales deudas ambientales que dejó el 2019 en Ecuador?
Lo debatible: la controversia en el Parque Yasuní
La consulta popular de febrero de 2018 le preguntó a los ecuatorianos si estaban de acuerdo con incrementar la zona intangible para los pueblos indígenas en aislamiento en el Parque Nacional Yasuní al menos en 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional de 1030 hectáreas a 300 hectáreas. Los ciudadanos contestaron afirmativamente y aunque ya han pasado casi dos años, el cumplimiento de esta decisión popular sigue siendo incierto.
El presidente Lenín Moreno hizo oficial un decreto con el que pretendía cumplir con lo ordenado en la consulta, pero lo que propuso sorprendió a líderes sociales, ambientales e indígenas. En el artículo 3 del decreto se menciona que “se prohíbe realizar en la zona de amortiguamiento [de la zona intangible] nuevas obras de infraestructura tales como carreteras, centrales hidroeléctricas, centro de facilidades petroleras; y, otras obras que los estudios técnicos y de impacto ambiental juzguen incompatibles con el objeto de la zona intangible. Se exceptúa de la prohibición expresada en el artículo 3, a las plataformas de perforación y producción de hidrocarburos”.
El ministro del Ambiente de Ecuador de ese momento, Marcelo Mata, sostuvo que aunque se permita la presencia de plataformas petroleras y perforación de pozos en la zona de amortiguamiento —territorio que llega incluso hasta el polémico bloque petrolero ITT— su gobierno no lo hará y «que futuros gobiernos decidirán si lo permiten o no”.
La polémica del asunto no se detiene en los bloques y pozos petroleros. Para los waorani, el decreto 751 les quitaría parte de su territorio, ya que la ampliación de la zona intangible y su zona de amortiguamiento ocurre dentro de sus tierras. “Y esto se hizo sin haber cumplido con ningún protocolo de consulta previa”, le dice Benito Bonilla, de la Fundación Pachamama, a Mongabay Latam.
Este inconformismo lo comparte Esperanza Martínez, líder de la organización Acción Ecológica, quien asegura que la respuesta del gobierno es un acto inconstitucional “porque amplían la zona de protección de los pueblos aislados no dónde está el petróleo del Yasuní, el que queríamos dejar en el subsuelo, sino en los territorios del pueblo waorani”. En este momento hay una demanda de inconstitucionalidad en curso en contra de este decreto.
Las críticas no llegaron solo de los waoranis. Según un reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de Amazon Conservation Association y ACCA Conservación Amazónica, ya se habría deforestado más de las 300 hectáreas autorizadas. En el informe se registra un área deforestada de más de 400 hectáreas relacionadas al impacto de las actividades petroleras en todo el Parque Nacional Yasuní.
“De ese total, calculamos la deforestación directa de 57,3 hectáreas para plataformas y carreteras dentro de los controvertidos Bloques ITT y 31. Además, incorporando los efectos de borde causados por la deforestación [impactos que se extienden hacia el bosque circundante desde el límite de la deforestación], el área impactada se eleva a por lo menos 655 hectáreas, superando el límite de 300 hectáreas establecidas en la Consulta Popular del 2018”, dice Mat Finner, director de MAAP.
Lo más preocupante es el hermetismo con que el Gobierno maneja este tema. Ningún ecuatoriano puede transitar libremente por estos bloques en el Yasuní y hacer informes de verificación es difícil hasta para las agencias de control como la Defensoría del Pueblo. Uno de los informes más completos es de finales de 2018, realizado por la organización Geografía Crítica y la Defensoría, pero obtener los permisos fue toda una travesía.
El acceso a la información es otro obstáculo. Organizaciones como Geografía Crítica, Acción Ecológica y EcoCiencia han solicitado, a través de los canales formales, información oficial al gobierno ecuatoriano sobre lo que ocurre en el Yasuní pero ni siquiera así han obtenido respuestas.
Lo urgente: la protección de los territorios de los indígenas en aislamiento
Lo que ocurre con los indígenas en aislamiento voluntario de Ecuador, los tagaeri y los taromenane, fue noticia este 2019 y no puede desligarse de lo que pasa en el Parque Nacional Yasuní.
El decreto promulgado por el presidente Lenín Moreno, y que se encuentra en disputa ante la justicia, creó una zona de amortiguamiento para la zona intangible de los aislados pero permite en ella la exploración y explotación de hidrocarburos. Esa fue una de las preocupaciones de líderes indígenas y sociales en Ecuador. Además, la expansión del territorio de los aislados, como dice Esperanza Martínez de Acción Ecológica, se dio hacia territorio de los waorani, una población que ha tenido enfrentamientos históricos con los pueblos que se consideran no contactados.
Las recientes declaraciones del nuevo ministro del Ambiente, Raúl Ledesma, aumentaron la preocupación. “Yo he revisado el decreto con profundidad, la Constitución y lo que se ha venido haciendo históricamente desde el Ecuador, de hecho, anteriormente no había ni siquiera zona de amortiguamiento […] Ellos tienen asambleas generales [los no contactados], tienen sus formas de comunicación, no he podido contactarme con ellos pero vamos a tener formas de comunicación, quizás a través de asambleas de los pueblos waorani…”, dijo en un reportaje del programa de televisión Visión 360 de Ecuavisa.
“Esto no solo es preocupante sino que muestra la inmensa ignorancia que tiene el ministro sobre los temas que involucran al Ministerio del Ambiente”, asegura Andrés Tapia, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae).
Pero los bloques petroleros que ponen en riesgo el territorio intangible no solo están en el Yasuní sino hacia el límite sur del parque. La decisión del gobierno de aceptar la renuncia de una empresa petrolera a explotar petróleo en el bloque 79, ubicado en la provincia de Pastaza, generó polémica porque esta misma compañía tiene derechos de exploración y explotación en el bloque 83, donde se mueven los indígenas en aislamiento voluntario del país. El gobierno no se manifestó al respecto.
Líderes de las asociaciones indígenas Confeniae y Conaie exigieron que el gobierno desista de explotar el bloque 83 pues además afecta parte del territorio sapara, una nacionalidad que cuenta apenas con 580 personas. Y no solo eso, de acuerdo con Benito Bonilla de la Fundación Pachamama, a lo largo de los años los relatos del pueblo sapara cuentan que en una época algunos abuelos también decidieron aislarse de la sociedad y vivir en aislamiento en la selva. “Aunque oficialmente se reconoce solo a los tagaeri y taromenane, es probable que existan otros grupos aislados”, asegura.
Lo agridulce: el presente de las áreas protegidas
El presupuesto de apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se redujo en un 33,12 %, al pasar de 6 733 557 dólares en 2018 a 4 502 768 dólares en 2019. Este recorte fue uno de los preámbulos que evidenció la difícil situación económica por la que atraviesa Ecuador y que propició fuertes protestas durante el mes de octubre.
La crisis económica no solo está afectando a las áreas protegidas sino al sector ambiental en general. De acuerdo con el diario El Comercio, el presupuesto de este año para el Ministerio del Ambiente (MAE) y de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) presentó una reducción del 33,78 % respecto al 2018. Entre las dos entidades recibieron cerca de 94 millones de dólares, a diferencia de los casi 142 millones del año pasado. La reducción más significativa fue para el MAE, que tuvo un 41 % menos de recursos económicos.
El programa Socio Bosque, que existe desde 2008 y cuyo objetivo principal es la conservación de bosques y páramos nativos en Ecuador a través de la entrega de incentivos económicos a campesinos y comunidades indígenas que se comprometen voluntariamente a la conservación y protección, fue el que vivió el recorte más drástico. Durante años fue uno de los que más presupuesto recibió pero en 2019 presentó una significativa reducción (71 %) al pasar de 22,8 millones de dólares en 2018 a 6,62 millones este año.
Funcionarios de algunas instituciones como el Instituto Nacional de Biodiversidad (Inabio) le han manifestado a Mongabay Latam que la falta de recursos es uno de los principales obstáculos para cumplir con sus funciones.“Estoy a cargo de la base de datos del Herbario Nacional y siendo taxónoma botánica, me ha tocado aprender la parte informática por mi propia cuenta porque no hay recursos”, sostiene la investigadora Diana Fernández.
La falta de recursos se convierte en un obstáculo ante amenazas como la deforestación. En 2018 el país contaba con 12,5 millones de hectáreas (ha) de bosque nativo, en comparación con la década del noventa cuando se registraban 14,5 millones de hectáreas. “Ecuador es el país con la mayor tasa de deforestación de Latinoamérica en comparación con su tamaño, incluso más que Brasil”, le dijo la ambientalista Nathalia Bonilla al diario El Universo.
A pesar de este panorama, en el 2019 algunas comunidades y organizaciones privadas han hecho esfuerzos por proteger la biodiversidad ecuatoriana. En el cantón San Felipe de Oña, en la provincia de Azuay, los habitantes de la comuna Marcos Pérez de Castilla consiguieron que 8604 hectáreas de su territorio, que contienen importantes zonas de páramo y 29 lagunas, fueran declaradas como la segunda Área Protegida Comunitaria del Ecuador dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).
El desafío que emprendieron este año no es menor. “Viene lo más duro, la conservación”, dice Germán Solano, actual procurador de la comuna, pues deben garantizar la protección de cerca de 83 especies de aves, 9 de mamíferos y más de 46 especies de plantas que viven dentro del área protegida y que ahora están en manos de los habitantes, quienes deben buscar sus propios mecanismos de financiamiento.
A más de 1000 kilómetros de la costa ecuatoriana, en la isla San Cristóbal del archipiélago de Galápagos, la Fundación Jocotoco también creó una reserva privada de 100 hectáreas en la parte montañosa más alta de la isla para trabajar en la conservación del petrel de Galápagos.
Esta ave es endémica de las islas y está En Peligro Crítico según la Lista Roja de la UICN. El objetivo es conservar una de sus principales zonas de reproducción, la cual no estaba protegida antes. “Son nidos que pueden estar ahí por más de 30 años recibiendo a los descendientes. Es una pena cuando los encuentras destruidos. No solo se muere un pichón, sino que dejas a toda una generación sin nido”, dice Lucía Norris, coordinadora de la reserva en la Fundación Jocotoco.
Lo olvidado: amnistía de líderes ambientales y sociales
En el gobierno del presidente Rafael Correa se denunció constantemente la persecución y criminalización de líderes sociales y ambientales. A su llegada al poder, el presidente Lenín Moreno anunció una amnistía para todas esas personas pero el 2019 transcurrió sin mayores avances en este tema.
Moreno otorgó siete indultos en 2017 y luego se reunió con los dirigentes. Dos años después de ese encuentro, Luis Guamán, asesor jurídico de la Conaie, dice que entre el gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno casi no hay diferencia. “No ha cambiado nada porque los procesos de diálogo no avanzaron. El gobierno anterior sí era mucho más violento, este es pacífico, pero en el fondo no ha cambiado, son puras ofertas que no se cumplen”.
Yaku Pérez, actual prefecto de la provincia del Azuay, le dijo a Mongabay Latam hace unos meses que cerca de 150 personas aún esperaban por amnistía. “Si se continúa con el extractivismo minero y petrolero seguramente habrá nuevas criminalizaciones”, dijo.
La rebelión, el terrorismo y la intimidación son tres de los delitos bajo los cuales se ha acusado a manifestantes o líderes opositores a grandes proyectos en Ecuador. Precisamente en octubre, en medio del paro nacional ecuatoriano, Pérez fue acusado de rebelión por el asambleísta Fabricio Villamar, por presuntamente tratar de tomar el edificio de la Asamblea Nacional durante las manifestaciones. El prefecto ha negado tal hecho y señala que se intenta descabezar al movimiento indígena, creyendo que eso afectará su capacidad de movilización.
Otro de los casos de acoso judicial de este año es el de Christian Aguinda, líder indígena kichwa y presidente del Pueblo Originario del Cantón Santa Clara (Ponakicsc), quien enfrenta dos demandas por oponerse a la construcción de una hidroeléctrica en el río Piatúa, en la Amazonía ecuatoriana. Esto a pesar de que la justicia del país reconoció que el proyecto no realizó consulta previa y que incluso hubo actos de corrupción de algunos funcionarios del Estado para que continuara la construcción de la hidroeléctrica.
El líder indígena asegura que lo acusan de cosas que nunca sucedieron, específicamente le atribuyen el delito de intimidación. “Nuestros abogados pidieron que se archivara el caso porque no tiene justificación. Están usando estos mecanismos para callar los derechos que tienen las comunidades”, asegura.
Lo bueno: sentencias judiciales que protegen derechos
La consulta previa que se debe realizar a los pueblos indígenas cuando los proyectos extractivos se ubican en sus territorios fue un tema polémico en el 2018. Este año prometía seguir generando controversia y así sucedió.
Las comunidades se quejan de que los procesos de información de las empresas extractivas son escasos e incompletos y sostienen que, en el peor de los casos, ni siquiera se realizan. Las empresas, por su parte, dicen que las consultas terminan siendo cooptadas por personas que se oponen al progreso y buscan dilatar los proyectos.
Sin embargo, en 2019 la justicia ecuatoriana inclinó la balanza a favor de los indígenas pues en dos fallos —uno por la construcción de una hidroeléctrica y otro por la explotación de un bloque petrolero en la Amazonía— les dio la razón, asegurando que no fueron consultados.
En el primer caso, los indígenas waorani de Pastaza le cerraron la puerta a las actividades petroleras en su territorio luego de que la justicia ecuatoriana, en un fallo de segunda instancia conocido el 11 de julio, reconociera nuevamente que las comunidades no fueron consultadas en 2012 sobre la licitación del bloque petrolero 22 que afecta algunos de sus territorios ancestrales. El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables junto con la Procuraduría demandaron la decisión pero la Corte Constitucional no admitió el recurso el pasado 27 de noviembre.
El segundo caso es el de los indígenas kichwa de Santa Clara. La Corte Provincial de Pastaza decidió suspender el proyecto hidroeléctrico sobre el río Piatúa, retiró la autorización del uso y aprovechamiento del caudal y revocó la licencia ambiental emitida por el Ministerio del Ambiente a la empresa encargada de realizar la obra. “Queremos autoridades que trabajen para el pueblo y no que vendan territorios y recursos que son del pueblo”, dice Christian Aguinda, dirigente kichwa.
A pesar de que estas dos sentencias han sido positivas para las comunidades, el reto está en que los fallos se cumplan. “En el ámbito judicial hay unos avances en reconocimiento de derechos pero cuando eso se tiene que ejecutar, por ejemplo, por el Ejecutivo o el órgano electoral, el Estado se sigue alineando con los intereses extractivos”, le dice Manuel Bayón, miembro fundador del colectivo Geografía Crítica a Mongabay Latam.
De hecho, hace pocos días la comunidad kichwa de Sarayaku interpuso una orden de incumplimiento en la Corte Constitucional pues aseguran que desde 2012 no se ha avanzado en el retiro de 1500 kg del explosivo pentolita que una empresa petrolera dejó enterrado en sus territorios hace más de 15 años. Este material sigue bajo el suelo a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó retirarlo. “La consulta previa sigue siendo una gran deuda del gobierno con los pueblos indígenas y por eso el Estado ha perdido numerosos casos relacionados con industrias extractivas”, afirma Benito Bonilla de la Fundación Pachamama.
*Este es un artículo publicado originalmente en Mongabay Latam.
