Por Juan Manuel Crespo y Karla Mass
El presidente Guillermo Lasso participó esta semana en la Cumbre de las Americas, en Los Angeles, California, EEUU, y en su discurso durante una plenaria, frente a jefes de Estado del hemisferio, habló de las maneras en las que su gobierno supuestamente contribuye a la lucha contra el cambio climático. Desafortunadamente, los hechos cuentan una historia muy distinta.
Se ha cumplido un año desde que Lasso se propuso impulsar la “transición ecológica” como política pública, empezando por agregar, de manera simbólica, el apellido Transición Ecológica al Ministerio de Ambiente y Agua. Dicho enfoque de política pública resulta imprescindible en un planeta en crisis climática y más aún en un país con ecosistemas que aportan no solo a la mitigación del cambio climático a nivel global sino que son reservorios vivos de biodiversidad y culturas.
Sin embargo, a un año de dicho impulso, las acciones no son coherentes con el enunciado, y más parece un discurso populista de orden ecologista o un eslogan de marketing político con poco sustento coherente en la práctica. Esto fue evidente cuando a solo un mes del aclamado cambio del nombre del ministerio, el presidente Lasso firmó el decreto 95 que busca duplicar la producción petrolera del país y, un mes más tarde, firmó el decreto 151, que estimula la expansión de la minería en el país.
Lo anterior no solo evidencia las contradicciones entre el discurso y la praxis sino que deja en entredicho el real compromiso del Presidente con la sostenibilidad de la vida en la Tierra. Frente a lo anterior amerita preguntarse: ¿es la transición ecológica una prioridad real para este gobierno? ¿Existen propuestas concretas para limitar la dependencia de recursos naturales a nivel país? ¿Cómo se incluye a pueblos y nacionalidades y a defensores de la naturaleza en este proceso?
Ahora bien, al escuchar el primer informe a la Nación realizado por el presidente Lasso el pasado 24 de mayo, las dudas comienzan a disiparse cuando escuchamos que se buscará sacar “el máximo rendimiento de nuestros recursos naturales” y que “llegó el momento de extraer hasta la última gota de provecho de nuestro petróleo”. De hecho, el plan petrolero promete alcanzar la extracción de 583 000 barriles equivalentes de petróleo al 2022 y una producción de 1 millón de barriles al 2025. En paralelo, el gobierno de Lasso fomentará la industria minera y para ello anuncia la apertura del nuevo catastro minero a fin de atraer nuevas inversiones y generar un 40% más de ingresos en 2022 con respecto al 2021. Todo esto, en un contexto en que Ecuador ya es el primer país de América Latina en el ranking de Ingresos Intensivos en Carbono, es decir, es el país latinoamericano que más invierte en la explotación de hidrocarburos, según establece el Índice de Finanzas Sostenibles (GFLAC, 2021). Todo indica que la transición ecológica de Lasso ha quedado en un membrete del ministerio estatal y que sus políticas van, precisamente, en dirección contraria a una transición ecológica, que es tan urgente y necesaria.
Ahora bien, la “transición ecológica” no sólo se trata de la estrategia económica a nivel país sino que también se vincula al respecto de la legislación nacional en torno a la defensa de quienes resguardan los territorios ecológicamente y culturalmente sensibles. Pero, lamentablemente, aquí también el Presidente falla. Eso quedó en evidencia el pasado 18 de octubre de 2021, cuando la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (Conconawep), presentaron una demanda en la Corte Constitucional para que el decreto 95 sea declarado inconstitucional y nulo por incumplirse el proceso de consulta a los pueblos indígenas potencialmente afectados, tal y como exige la legislación nacional e internacional. De hecho, se ha podido constatar, gracias al Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), que inmediatamente anunciado dicho decreto se aceleró la construcción de una carretera y de nuevas plataformas petroleras en el famoso bloque 43, mejor conocido como ITT, en el corazón del parque nacional Yasuní y muy cerca de la zona intangible de los indígenas en aislamiento Tagaeri y Taromenane, poniendo en grave riesgo los ecosistemas, culturas y libre determinación de pueblos en situación de aislamiento voluntario en Ecuador.
Quizá fuimos ingenuos al esperanzarnos con dicho rebranding del Ministerio de Ambiente y Agua, y esperábamos “peras del olmo” a pesar de que la trayectoria y los hechos hablaban por sí mismos. En definitiva, el telón de la “transición ecológica” de Lasso cae y nos recuerda que, como ciudadanía activa y organizada, debemos trabajar para dar cuerpo a una real era de la transformación, más allá de la voluntad de los gobiernos de turno y con la bandera de la transparencia y derechos de acceso, bien consagrados en Escazú (y que el Gobierno de Lasso aún no ratifica).
Necesitamos ser claros: una verdadera transición ecológica pasa por frenar el desarrollo y desacelerar la producción de las industrias extractivas y en particular en zonas tan sensibles como la Amazonía y proteger y apoyar a los pueblos que decididamente cuidan de la naturaleza, para el bien de toda la humanidad.
*Juan Manuel Crespo es coordinador de Investigación de la Iniciativa Cuencas Sagradas del Amazonas y Karla Maass es coordinadora para América Latina de la Iniciativa Cuencas Sagradas del Amazonas.
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