Según el último informe anual de la organización Global Witness, el 2020 fue el año más violento desde que empezaron a monitorear los asesinatos de líderes del medio ambiente. Se registraron 227 casos mientras que en 2019 la cifra fue de 212. Por segundo año consecutivo Colombia, con 65 asesinatos, fue el país más peligroso para los defensores ambientales. En segundo lugar está México con 30 casos y entre los 10 primeros también aparecen Brasil, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Perú.
La pandemia del COVID-19 no solo trajo impactos en la salud de las personas y en la economía global. Expertos aseguran que en muchos países las medidas de aislamiento, lejos de mejorar la seguridad de los defensores del medioambiente, llevaron a un incremento en el número de asesinatos.
La organización internacional Global Witness acaba de publicar su más reciente informe anual sobre homicidios de defensores ambientales y reveló que el 2020 fue el año más letal desde que la entidad presenta estos reportes. El año pasado se presentaron 227 asesinatos, un incremento de casi el 7 % comparado con 2019, cuando se registraron 212 casos.
Por segundo año consecutivo, Colombia se posicionó como el país más peligroso del mundo para ejercer la defensa del medioambiente y los territorios con 65 asesinatos, es decir, el 29 % de los casos. Y no solo esto, en general, Latinoamérica preocupa porque tres de cada cuatro personas asesinadas perdieron la vida en esta región que, además, tiene a siete de sus países en el listado de los 10 más peligrosos para los defensores ambientales. Después de Colombia, México se ubica en el segundo lugar con 30 asesinatos, Brasil en el cuarto lugar con 20, Honduras en el quinto con 17, Guatemala en el séptimo con 13, Nicaragua en el octavo con 12 y Perú en el noveno puesto con 6 asesinatos.
“Entre todos los países en que tenemos registros, Colombia es quizás el más complejo por el contexto político y social, muchos años de conflicto, acuerdos de paz con una implementación muy pobre que ha llevado a más violencia y ausencia del Estado en algunos territorios. Todo esto hace muy difícil la identificación de los casos”, le dice Laura Furones, integrante de la campaña de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness a Mongabay Latam.
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Tres de cada cuatro asesinatos ocurrieron en Latinoamérica
La situación de las personas defensoras del medioambiente y el territorio en Latinoamérica es preocupante. El informe indica que en 2020 no solo se incrementaron los asesinatos sino que “hubo un aumento en el tipo de amenazas que reciben defensores y defensoras. Estas incluyen arrestos, campañas de desprestigio, actos de criminalización bajo una retórica antiterrorista y otro tipo de ataques no letales, en un contexto en donde los Estados utilizaron la pandemia para restringir el espacio cívico”.
Según la investigación hecha por Global Witness, la mayoría de los defensores (71 %) fueron asesinados por proteger a los bosques de la deforestación y el desarrollo industrial. Además, el informe destaca que 23 asesinatos estuvieron relacionados con la tala, 20 con agua y represas, 17 con agroindustria, 17 con minería y otras actividades extractivas, 17 con sustitución de cultivos ilegales, 12 con reformas a los usos de la tierra, 6 con la caza furtiva, 2 con vías e infraestructuras y 1 con pesca.
Si estos datos ya son escandalosos, una de las cifras más impactantes es que en 112 casos no se pudo determinar el sector de donde provino el ataque. “Lo que sucede en muchos de estos casos es que detrás hay conflictos de tierras y aunque no se puede confirmar su nexo con un sector en particular, como el minero o el forestal, sí se pueden relacionar con el tema ambiental”, dice Laura Furones.
Otro de los hallazgos que destaca Global Witness es que, en 2020, más de un tercio de todos los asesinatos se dieron en contra de pobladores indígenas, a pesar de que solo representan el 5 % de la población mundial. Muchos de ellos perdieron la vida en asesinatos colectivos.
También preocupa la situación de los guardaparques ya que 28 de las 227 víctimas fatales eran funcionarios del Estado o guardianes de la naturaleza que trabajaban en la protección del medioambiente. Estos homicidios se registraron en ocho países: Brasil, Colombia, República Democrática del Congo, Guatemala, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Uganda.
Otro dato del informe que llama la atención es que Nicaragua, aunque se ubica en el octavo lugar por el número de asesinatos, fue el país más letal per cápita pues su población rodea solo los seis millones de habitantes. La nación centroamericana pasó de 5 homicidios en 2019 a 12 en 2020.
“A pesar de contar con protecciones legales vigentes, los sucesivos gobiernos han socavado los derechos territoriales indígenas y han permitido que las agresiones continúen con impunidad. En un ataque, cuatro líderes de una comunidad indígena mayangna en la Reserva de la Biosfera de Bosawás murieron en manos de decenas de colonos armados”, resalta el reporte.
A pesar de que las cifras muestran un panorama desolador para Latinoamérica, Laura Furones de Global Witness destaca que la región cuenta con organizaciones de la sociedad civil muy fuertes y hay una línea de la defensa de los recursos naturales muy comprometida. “Tienen muy documentados los casos. En México, Colombia, Brasil y Honduras hay organizaciones que específicamente dedican tiempo y recursos a documentar los ataques contra las personas defensoras y esto no ocurre en otras regiones del mundo o por lo menos no a esta escala”, dice. “Latinoamérica es un mosaico muy complejo con muchas fortalezas pero también con muchos retos”, añade.
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Colombia y México: la violencia contra defensores aumenta
Un tercio de los defensores ambientales asesinados en Colombia eran pobladores indígenas o afrodescendientes, y casi la mitad de los homicidios fueron en contra de quienes se dedicaban a la agricultura a pequeña escala, destaca el reporte de Global Witness.
Lourdes Castro, coordinadora del programa Somos Defensores, que colabora con las investigaciones de Global Witness en el país, le dijo a Mongabay Latam que 2020 ha sido el año en que más se han matado defensores en Colombia, tanto ambientales como de otros sectores. La organización reportó 199 asesinatos de líderes el año pasado.
Castro identifica cuatro grandes razones de ese constante repunte en el número de homicidios. En primer lugar, dice que las medidas de aislamiento social como respuesta a la pandemia elevaron la vulnerabilidad de los liderazgos sociales en materia de seguridad. “Contrario a lo que se pensaba, de que las cuarentenas podrían ayudar a protegerlos, fueron ubicados con mayor facilidad y por eso muchos de los homicidios se perpetraron en sus domicilios o en sus alrededores”, comenta y agrega que “había menos respuesta de las autoridades porque también estaban resguardadas y, paradójicamente, los violentos tuvieron la posibilidad de andar libremente por los territorios”.
En segundo lugar están los incumplimientos a lo pactado en el Acuerdo de Paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Castro asegura que ha habido muy poca implementación y eso ha contribuido a una reconfiguración de las violencias en los territorios, particularmente contra liderazgos sociales y ambientales.
El tercer punto es la ausencia de una política integral de garantías para las personas defensoras de derechos humanos y medioambiente. “Las estrategias implementadas por el gobierno son coyunturales y básicamente se sustentan en un componente militar que no da una respuesta adecuada para proporcionar entornos seguros”, dice Castro.
Finalmente, la coordinadora de Somos Defensores afirma que existe un contexto más amplio, a nivel Latinoamérica, donde se vive el cierre del espacio cívico y de participación social, lo que lleva a un aumento de las protestas para reivindicar derechos, las cuales terminan siendo atendidas por los gobiernos con acciones violentas.
Aunque Colombia repite como el país más letal para los defensores ambientales y duplica en casos a México, lo que ocurre en este último preocupa tanto a expertos nacionales como internacionales: pasó de 18 asesinatos en 2019 a 30 en 2020, un incremento del 40 %.
“En México se produjo un aumento importante de los asesinatos relacionados con la tala y la deforestación, con un total de nueve casos en 2020”, dice el informe de Global Witness y en esto coincide Luz Coral Hernández, abogada e investigadora del área de Derechos Humanos del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda). “El sector de mayor porcentaje es el forestal, junto con el de vías, donde hay varias carreteras y megaproyectos como el tren maya. Los más afectados han sido los defensores que protegen áreas naturales protegidas y áreas forestales importantes”.
Hernández asegura que desde Cemda hacen un ejercicio de investigación y documentación bastante amplio porque implica diversas fuentes de información pero existe una cifra de subregistro bastante grande. “Nuestras cifras se quedan cortas debido a la falta de acceso de información”, señala.
En Cemda registraron 18 homicidios de defensores ambientales durante 2020, un número menor en comparación al que aparece en el informe de Global Witness (30), pero esto se debe a que ambas organizaciones utilizan criterios y metodologías distintas. Con todo, a Hernández le preocupa que de los 18 homicidios que su organización reportó en 2020, solo en un caso se ha abierto una investigación. “Eso es muy impactante”, afirma.
Por otro lado, los obstáculos no solo los enfrentan las comunidades que resisten a proyectos que vulneran sus derechos o amenazan el medioambiente, sino organizaciones como Cemda y Somos Defensores.
Lourdes Castro dice que 2020 fue muy difícil por los retos que impuso la pandemia como, por ejemplo, la imposibilidad de ir a territorio, los problemas de conectividad y “la enorme brecha digital que existe en el país. Hay lugares donde la posibilidad de comunicarse es nula”. También añade que hay mucha desconfianza de organizaciones locales al momento de brindar información por teléfono u otro medio, debido a los graves problemas de seguridad en los territorios.
Para Luz Coral Hernández, uno de los mayores obstáculos en México es que muchas veces no se presentan las denuncias por agresiones por temor a los victimarios o por desconfianza en las autoridades ambientales a la hora de investigar. “Eso restringe la información a la que tenemos acceso y va sesgando los números, que no reflejan la realidad en cuanto al número de violaciones que se están cometiendo”.
Se necesita voluntad política
“Los gobiernos han estado muy dispuestos a hacer los de la vista gorda y no han cumplido su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores, en muchos casos perpetran directamente actos de violencia contra ellos y, en otros, posiblemente son cómplices de las empresas”. Esa es una de las conclusiones más duras del informe de Global Witness.
En ese sentido, recomiendan a las empresas y a los gobiernos a rendir cuentas por la violencia contra los defensores de la tierra y el medio ambiente, que a menudo se encuentran en la primera línea de la crisis climática. “Se necesitan acciones urgentes a nivel internacional, regional y nacional para poner fin a la violencia y otras injusticias que enfrentan”, destaca el reporte.
Es ahí donde entran en juego instrumentos internacionales como el Acuerdo de Escazú que busca garantizar los derechos de todas las personas a vivir en un medio ambiente sano, proteger a los defensores ambientales y garantizar el derecho a acceder a la información y participar en políticas, proyectos y decisiones que afectan el medioambiente. Este tratado ya fue ratificado por México y está en espera de que el presidente Iván Duque presente de nuevo el proyecto de ratificación, luego de que el Congreso colombiano lo hundiera.
El problema en México es que “tenemos actividad gubernamental que no se encamina a cumplir con las obligaciones a las que se comprometió el Estado”, dice Luz Coral Hernández de Cemda y agrega que “Escazú, como muchos otros instrumentos de orden internacional que hemos ratificado, no se ven materializados”.
Por su parte, Lourdes Castro de Somos Defensores cree que el Acuerdo es una herramienta que empodera los liderazgos. Sin embargo, para ella, el fondo del asunto es de voluntad política; algo que no ve en Colombia luego de que el Congreso no debatiera su ratificación. “Se hundió porque muchos de esos políticos que están ahí están en defensa de los intereses inversionistas y ven en el acuerdo una talanquera de esos intereses. Aunque lo ratifiquen, si no hay voluntad política nos va a pasar como con el Acuerdo de Paz o con muchos tratados internacionales suscritos por Colombia en materia de derechos humanos: no se cumple”.
Finalmente, uno de los grandes problemas en los países latinoamericanos es la impunidad. Laura Furones, integrante de la campaña de personas defensoras de la tierra y el medioambiente de Global Witness, resalta que la justicia en la región suele ser débil y tiene capacidades técnicas muy limitadas para juzgar bajo una lente de derechos humanos. Además, asegura que la corrupción, los amiguismos y el poder oculto tanto en el sistema judicial como en otros niveles estatales impiden que los casos lleguen a buen término.
“Los procesos judiciales se encuentran con sistemas muy opacos y es difícil saber si hay avances. Se da la vuelta a la realidad, se criminaliza al defensor y no al victimario, es por eso que no me deja de impresionar el papel tan valiente de estas personas [defensores ambientales] que resisten contra viento y marea”, concluye Furones.
*Una publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.
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