La actual pugna geopolítica entre China y Estados Unidos marca el ritmo de los acuerdos comerciales globales, relega a Europa y se sobrepone a las intenciones de este continente de frenar la deforestación, uno de los factores más determinantes del cambio climático.
La reciente extensión del plazo de entrada en vigencia de la llamada Ley Antideforestación europea revela desigualdad en las negociaciones debido a las acciones aisladas de los países exportadores, mientras que Europa opera como un solo bloque.
El sector financiero internacional aparece exento de responsabilidades en la carrera global por erradicar la deforestación y las violaciones de los derechos indígenas y comunitarios en el sector agrícola. Esto podría repercutir, advierten los expertos, en la sostenibilidad de la banca mundial.
Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
La intención de la Unión Europea de prohibir la importación de productos que hayan provocado deforestación o violaciones a Derechos Humanos encuentra nuevos obstáculos. Uno de ellos reside en la geopolítica.
Con la rivalidad entre EE.UU. y China como dos grandes potencias políticas y económicas que condicionan el papel del bloque europeo, los intereses por contener el avance de la deforestación pasan a un plano secundario. También se suman factores como la falta de atención al sector bancario global como financista de cadenas de producción relacionadas con la devastación forestal, además de las marcadas desigualdades entre Europa y los países productores.
La pugna entre Estados Unidos y China debilita el Pacto Verde, que incluye instrumentos como la Ley Antideforestación (EUDR) y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). El Pacto Verde es la estrategia de crecimiento de la Unión Europea que desde 2019 promueve iniciativas políticas para alcanzar la neutralidad climática antes de 2050.
El recientemente publicado informe Draghi −un documento elaborado por el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, por pedido de la misma Unión Europea− alerta sobre el retroceso de Europa en materia comercial y destaca la necesidad de revertir la pérdida de competitividad de las empresas europeas debido a lo que se presenta como un “exceso de regulaciones”, entre las que estarían las del Pacto Verde. Esta dinámica estaría limitando la capacidad comercial de ese bloque económico en contraste con las estrategias político-comerciales de Beijing y Washington.
De otro lado, la victoria de Donald Trump en noviembre de 2023 suma preocupaciones y advierte de una nueva postergación de la implementación del Pacto Verde europeo, debido a los anuncios de imponer restricciones arancelarias más severas a las importaciones para proteger al sector productivo estadounidense tan pronto como asuma su rol de presidente, en enero de 2025.
Esos conflictos “tienen mucho más peso que la lucha contra la deforestación −explica Miguel Ángel Soto, miembro de Green Peace España−, entonces, la agenda verde queda relegada a poderes económicos y a miradas estratégicas que tienen mucho más peso en el Producto Interno Bruto” del bloque regional.
El EUDR y el Acuerdo de Asociación con Mercosur
El Reglamento de la Unión Europea 2023/1115 (EUDR), relativo a la comercialización en el mercado de la Unión y a la exportación de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal, debía entrar en vigencia en diciembre de 2024. Sin embargo, el pasado 14 de noviembre, el Parlamento Europeo acogió el pedido de Estados Unidos y de otros 17 países de Asia, África y América Latina para postergar el plazo de su entrada en vigencia.
La Alianza Cero Deforestación, que reúne a organizaciones internacionales como Mighty Earth, Green Peace, WWF, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Seo Birdlife, entre otras, denunció en varias ocasiones un retardismo voluntario proveniente “de la derecha europea y la industria”.
Con el aplazamiento, la también llamada ley cero deforestación entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 para las grandes empresas y el 30 de junio de 2026 para los operadores y exportadores más pequeños.
No obstante, Luciana Ghiotto −investigadora asociada al Transnational Institute (TNI) y miembro del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Argentina (Conicet)−, es aún más pesimista y asegura que la implementación real del EUDR no está sujeta a ese nuevo plazo pues “hay una influencia fuerte de la negociación entre los países del Mercosur y la Unión Europea sobre las decisiones que pueda tomar Europa en sus reglamentaciones sobre certificación de deforestación”.
Ghiotto se refiere al cierre de las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre el bloque europeo y el Mercosur, que tuvo lugar el 6 de diciembre de 2024 después de 25 años de haberlo intentado. Este Acuerdo busca consolidar el área de libre comercio más grande del mundo, con alrededor de 250 millones de consumidores involucrados. Luego de seguir de cerca este proceso, la especialista argentina advierte de un potencial nuevo aplazamiento porque “es muy probable que pase más tiempo para que se pueda firmar el Acuerdo Mercosur−Unión Europea”.
Para Ghiotto, las negociaciones del Acuerdo Mercosur−UE tienen un impacto directo en las decisiones sobre la ley cero deforestación pues los dos procesos “están mutuamente influenciados”.
Soto −quien también hace parte de la Alianza Cero Deforestación− concuerda con Ghiotto y advierte que el escenario político actual en Europa hace suponer que “lo que se esté buscando sea la simplificación o que el acuerdo con Mercosur pueda generar un ‘descafeinado’ y tengamos un reglamento que no tenga un impacto sobre la deforestación”.
La postergación de la entrada en vigencia del EUDR supondría, para los dos expertos, un debilitamiento consciente. Además, de ratificarse el Acuerdo entre Europa y los países del Mercosur, el documento final debe someterse a discusiones en los parlamentos nacionales, en el Consejo Europeo y en el Parlamento Europeo, lo que demoraría más aún la implementación del EUDR.
Ghiotto explica que la ley cero deforestación y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), otro de los instrumentos que la UE busca poner en vigencia como parte del Pacto Verde, “quedaron por fuera de cualquier discusión del acuerdo Mercosur−UE”. Esto –dice– es una muestra de que los intereses y la prisa en materia comercial se imponen cada vez con más fuerza a los objetivos de detener el cambio climático.
El sector financiero y la impunidad
Miguel Ángel Soto sostiene que la adaptación a las normativas podría darse progresivamente una vez que el reglamento hubiera entrado en vigencia en este diciembre de 2024. Sus inquietudes apuntan a las fuentes de financiamiento de productores y exportadores que ayuden a evitar la deforestación o la promoción de actividades que hayan incurrido en violaciones de derechos humanos.
Durante los meses previos a la postergación del plazo de entrada en vigencia del EUDR, las organizaciones integrantes de la Alianza Cero Deforestación instaron a que los documentos finales del proceso incluyeran al sector financiero, debido a su rol como prestamista de empresas que provocan deforestación, conversión o cambios de uso de suelo y violaciones de derechos colectivos. Sin embargo, este tema no se encuentra entre las prioridades en las discusiones.
Los bancos globales juegan un papel crucial en las negociaciones mundiales en contra del avance de la deforestación, pues muchas veces financian a empresas responsables de la degradación de bosques, aun cuando esto podría significar el colapso del aparato financiero global.
En un artículo publicado en julio de 2024 por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés) respecto de este asunto, se dice que “la deforestación y la conversión de suelos son causas importantes de los riesgos relacionados con la naturaleza y el clima que pueden llevar al colapso de sistemas financieros enteros. Aún así, los bancos globales continúan destinando inversiones a actividades económicas perjudiciales, con más de 2.6 billones de dólares invertidos en actividades que dañan la naturaleza, y un estimado de 1.8 billones de dólares destinados a subsidios globales cada año”.
Una investigación del Institute for Innovation and Public Purpose y la University de Exeter respalda esta postura al afirmar que hace falta identificar los flujos financieros que impulsan la actividad asociada con degradación de ecosistemas y añade: “El colapso de los ecosistemas a gran escala plantea riesgos macroeconómicos y financieros sistémicos debido a la pérdida de servicios ecosistémicos clave, incluido el secuestro de carbono, del que depende gran parte de la actividad económica”.
La investigación también revela que más de 515 777 millones de dólares provenientes de la banca global se destinaron a empresas vinculadas con la destrucción de la Amazonia brasileña. Adicionalmente, en julio de 2024, un grupo de 10 organizaciones internacionales de la sociedad civil −entre ellas Rainforest Action Network, TuK Indonesia, Profundo, Amazon Watch, Repórter Brasil, BankTrack, Sahabat Alam Malasia, Amigos de la Tierra EE.UU., Milieudefensie y CED Camerún– publicaron un nuevo informe que determina que “bancos del mundo han canalizado más de 395 000 millones de dólares en créditos a sectores que impulsan la deforestación y los abusos de los derechos humanos en los bosques tropicales, desde la adopción del Acuerdo de París, con 77 000 millones de dólares en créditos solo en el periodo de análisis más reciente (enero de 2023 a junio de 2024)”.
Soto asegura que durante la tramitación de la ley en la UE se discutió este tema en el Parlamento y muchas organizaciones, entre ellas las de la Alianza Cero Deforestación, pidieron que los bancos también fueran vigilados.
Como parte de esta presión, la Iniciativa para Enverdecer la Regulación Financiera de WWF (GFRI, por sus siglas en inglés) publicó, en 2023, un informe en el que recomienda que “los reguladores y supervisores financieros deberían aplicar estrictas regulaciones y sanciones a las instituciones financieras que subestiman la deforestación y los riesgos relacionados con la conversión [de suelos] (…) y utilizar todas sus herramientas de supervisión para mitigar esos riesgos”.
“Eso es una anomalía −explica Soto−, hay una arquitectura jurídica internacional de la impunidad que permite a muchas empresas, y entre ellas los bancos, financiar actividades en las que por detrás hay destrucción ambiental y violaciones de los derechos humanos”.
Falta de coordinación y persecución a personas defensoras
Cerca del 90 % de la deforestación y pérdida de cobertura forestal y biodiversidad en el planeta se debe a la expansión acelerada de las fronteras agrícolas, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
En su Artículo 3, el EUDR pretende prohibir que materias primas como el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soya y la madera, así como sus derivados −artículos de cuero, el chocolate, los muebles, el caucho o el carbón vegetal− sean consumidos en los países de la Unión Europea si es que han causado deforestación, si no han sido producidos de conformidad con la legislación pertinente del país de producción y si no cumplen con una declaración de diligencia debida.
La norma europea exige a las empresas exportadoras cumplir con un mecanismo técnico de debida diligencia que debe incluir descripciones precisas de sus productos, información detallada sobre sus proveedores y geolocalización de las tierras de origen de esos productos. La debida diligencia debería notificar sobre riesgos de la existencia de trabajo infantil, explotación laboral y otras formas de violación de derechos humanos, “y esta debida diligencia se prueba con la información que procede de los estados −aclara Miguel Ángel Soto−, con los informes de los organismos públicos de derechos humanos, pero también de las organizaciones no gubernamentales que están informando de la existencia de estos casos y de estas vulneraciones”.
Sin embargo, en términos generales, no existe coordinación entre los sectores agroexportadores de cada país. Además, mientras la Unión Europea impulsa el EUDR como un bloque económico regional, los países productores avanzan de manera aislada.
Los países de América Latina “lo estamos haciendo por separado”, reconoce Erika Benítez, coordinadora del área de Deforestación y Trazabilidad de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible en Colombia (FCDS). “La premura en entrar en vigencia no ha permitido que estemos pensando esto regionalmente −asegura−, por ahora, estamos en una etapa muy inmadura, primero pensando internamente cómo vamos a solucionar el problema, y también estamos en un momento de discusión con cada uno de los sectores [a los que impacta la ley anti deforestación de la UE]”.
Benítez dice que en esta etapa de las negociaciones, es el sector productivo el que ha asumido el papel de depurar los procesos de comercialización. Se trata −afirma− de una legislación que regula el mercado entre privados, relegando el papel de los Estados. “Cada sector está comprando plataformas de información cuando la función del Estado debería ser la de generar un bien público para que todos puedan acceder a esa información de manera libre y gratuita y así reducir los costos de transacción del reglamento europeo”, comenta.
Si bien Benítez, desde Colombia, asegura que la solicitud de extensión del plazo “responde a que no estábamos lo suficientemente preparados, ni Europa ni los países exportadores, para responder a las demandas del reglamento (EUDR)”, hay otras voces que apuntan a preocupaciones mayores que han aumentado con la postergación.
La vuelta de Perú
En Perú, las acciones iniciadas para cumplir con las exigencias del EUDR revisten un panorama que busca “sacarle la vuelta al sistema”, de acuerdo con Julia Urrunaga, de la Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés). “La reacción de un país como Perú ha sido esperar a que estuviéramos casi al borde de la implementación”.
Urrunaga asegura que la aprobación en enero de 2024 de la Ley 31973 en el Congreso peruano, conocida como la Ley Antiforestal, tiene el propósito de legalizar la deforestación que pudiera afectar a los agronegocios, lo que podría causar “efectos perversos porque termina promoviendo nueva deforestación que va confiando en nuevas amnistías (…) Más deforestación y más violación de derechos”.
Esta ley ha sido duramente criticada por sectores ambientalistas, defensoras y defensores ambientales y organizaciones de la sociedad civil porque, además, violaría derechos colectivos de pueblos indígenas sobre sus territorios y promovería violaciones a derechos humanos.
Urrunaga dice que “el impacto más inmediato en todo lo que tiene que ver con materias primas vinculadas a la deforestación es la violación a derechos indígenas y derechos humanos, y las mafias que se benefician de estas economías ilegales que terminan asesinando defensores ambientales, como lo vemos en toda la región”.
Perú se encuentra entre los 10 países más afectados por asesinatos de líderes defensores de la naturaleza. Según el informe 2024 de Global Witness, entre 2012 y 2023 fueron asesinados 58 defensores ambientales en el país. En 2024, en Perú mataron a Victorio Dariquebe Gerawairey, Ricardo Kinchukui Shimpujat, Mariano Isacama Feliciano y Gerardo Keimari Enrique.
Sobre este tema, durante la COP 16 de Biodiversidad que tuvo lugar en Cali (Colombia), entre octubre y noviembre de 2024, la organización Alliance for land, indigenous, and environmental defenders (Allied) presentó el documento Descubriendo el Iceberg Oculto: una perspectiva global, que muestra la tendencia de riesgo de ataques letales y no letales para defensores indígenas, de la tierra y el medioambiente. El reporte incluye datos de 46 países y una de las conclusiones es que el sector agrícola y la minería son los principales responsables de estas agresiones.
Colombia y las particularidades no contempladas
Entre los países latinoamericanos que solicitaron el aplazamiento de la entrada en vigencia del EUDR están Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y Perú. Sus representaciones alegaron que no se habrían tomado en cuenta las especificidades y las prácticas comunes de cada cadena de suministro. En el caso colombiano, en particular, se hizo notar que no se tomaron en cuenta aspectos únicos como las políticas públicas de sustitución de cultivos de uso ilícito y lo que esto representa para los pequeños agricultores.
En una reunión previa con los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), se habrían identificado problemas similares en varios países, en el caso de Colombia con café y cacao y sus productores que, aparentemente, corrían el riesgo de quedar excluidos. Germán Bahamón, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, explicó estas preocupaciones del sector en un artículo publicado en septiembre de 2024 en el periódico económico La República. Bahamón advirtió la posibilidad de que la oferta cafetera se reduzca debido a fenómenos climáticos como inundaciones o sequías, mientras Europa estaría “bloqueando oferta de países que no puedan cumplir su regulación”. Esto contrastaría con la demanda creciente de los países europeos y derivaría –asegura– en un incremento en los precios del café para el consumidor final.
Bahamón comentaba esto no solo afectaría a los consumidores europeos, sino que además, pondría en peligro uno de los objetivos más importantes de la Federación Nacional de Cafeteros, como es la creación de demanda a largo plazo, ya que un café más caro podría reducir el consumo en mercados establecidos, afectando negativamente el crecimiento de la industria en general.
“El otro riesgo que puede traer el reglamento europeo es que no se tengan en cuenta contextos conflictivos como el colombiano −sostiene Erika Benítez−, pues la producción de cacao o la producción de palma de aceite son productos que históricamente han respondido a los procesos de sustitución de cultivos ilícitos de uso ilícito y están presentes en zonas en donde la deforestación es muy significativa [pero fue causada con anterioridad]”.
Benítez resalta la necesidad de que la Unión Europea aproveche el aplazamiento de la entrada en vigencia del EUDR para tomar en cuenta variables particulares como esta y realizar “análisis situados, porque podríamos estar afectando a zonas históricamente golpeadas por el conflicto y en vez de servir para mejorar las condiciones de esos territorios, puede tener un efecto contrario”.
Aunque Benítez asegura que la representación europea en Colombia sí tiene estos aspectos presentes, advierte que es necesario “trabajar más con operadores y exportadores” para evitar que las restricciones sean menos verificables cuando se trate de productos provenientes de zonas conflictivas.
Ecuador
En el caso de Ecuador, el camarón, el banano, el plátano, las conservas de atún, el cacao en grano, y los minerales y metales son los principales productos de exportación hacia la Unión Europea. Ellos suman el 82 % del total de las exportaciones no petroleras hacia ese continente. Así lo muestran las estadísticas de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor), donde se registran 1691 millones de dólares de ingresos por el comercio no petrolero con Europa en 2023.
Este país sudamericano ha decidido utilizar el cacao como un producto emblema para alistar los requerimientos europeos y prepararse para la implementación del reglamento.
Según el Ministerio de Agricultura, Ecuador es el primer exportador de productos orgánicos a la Unión Europea. Entre el 2022 y 2023, las exportaciones de cacao se incrementaron en un 35 %, pero sólo de enero a junio de 2024 se exportaron 784 millones de dólares adicionales de cacao en grano, de un total de 1157 millones de dólares, lo que equivale a cerca del total de las exportaciones de cacao registradas el año anterior, según un informe publicado en la revista Forbes.
Mediante un correo electrónico, el personal de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor) respondió a esta alianza periodística sobre los mecanismos de adaptación adoptados en Ecuador para cumplir con las exigencias europeas. “Impulsamos la creación del Comité Interinstitucional para la Producción y Comercialización Sostenible, que fue creado por Decreto, para coordinar las estrategias que se vienen llevando a cabo para cumplir con la legislación en destino y guiar las acciones hacia el objetivo común de mantener las exportaciones”, dice el mensaje.
Lo que busca el gremio, según la respuesta enviada, es que el sector privado tenga un papel activo y coordinado con las instituciones del Estado, por lo que “se ha planteado la necesidad de precisar los criterios de control y una hoja de ruta para garantizar que todos los productores, especialmente los pequeños, quienes tienen una mayor dificultad, puedan cumplir con los nuevos requerimientos”.
El subsecretario de Redes e Innovación del Ministerio de Agricultura ecuatoriano, Daniel Ordóñez, explica que los lineamientos de trazabilidad en su país fueron construidos con el apoyo e involucramiento de las distintas áreas técnicas de ese Ministerio, de la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad), y con la colaboración de las cadenas productivas, industriales, entre otros gremios de productores. Sin embargo, aclara que el cumplimiento y manejo de los sistemas de trazabilidad “va por cuenta de los exportadores”.
El funcionario explicó que el Estado ecuatoriano se limita a levantar un registro oficial de los operadores de la cadena de cacao y de café “mediante el sistema guía de Agrocalidad”. Aunque aún no se ha implementado de manera integral, este sistema permitiría generar certificados de exportación y permisos de manera centralizada. “Lo que hicimos fue integrar este tema del registro de los operadores dentro de un sistema que ya existía para el tema de la exportación”.
El Subsecretario dice que los pequeños y medianos productores que no cuentan con sistemas de trazabilidad propios se integrarán a los sistemas creados por los grandes exportadores. “Vamos a darles a los pequeños el sistema de trazabilidad y a los grandes, que ya tienen sus sistemas de trazabilidad, les vamos a pedir que nos brinden su información para nosotros poderla importar en el registro de operadores para tener todo un mapeo de la cadena”.
Ordóñez añade que este “sistema interoperativo” será capaz de determinar a detalle cosechas semanales y quincenales mediante alianzas estratégicas y proveedores de sistemas de trazabilidad privados que incorporan mecanismos de “blockchain (sistema descentralizado para hacer transacciones electrónicas, que puede ser auditado y autenticado por muchas personas y evita transacciones fraudulentas)”. La idea es no duplicar esfuerzos, explica Ordóñez.
Las prioridades y el debilitamiento
Para los expertos más críticos, la implementación del reglamento europeo ha quedado supeditada a discusiones de carácter geopolítico y comercial y el cambio climático, nuevamente, se mira como un asunto poco prioritario.
La extensión del plazo para la implementación del EUDR anuncia la probabilidad de que el objetivo de contener el avance de la deforestación y la violación de derechos humanos en los países productores se debilite.
Este aplazamiento revela también la oportunidad de revisar y corregir posibles inequidades en la relación entre el bloque europeo y los países productores, donde las empresas exportadoras no siempre trabajan en coordinación con las instituciones estatales, lo que abriría la puerta a vacíos legales o medidas de control poco eficaces para medir el cumplimiento cabal de las exigencias planteadas por la Unión Europea.
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