Por Guisela Loayza Alvarez y Lorena Mendoza Egúsquiza
La Amazonía es la Gran Casa de diversos pueblos indígenas que viven en situación de aislamiento y contacto inicial. Se estima que en Latinoamérica existen 200 grupos (CIDH, 2019), y solo en el Corredor conformado por el Yasuní en Ecuador y lo que se proyecta ser la Reserva Indígena Napo Tigre en Perú ocupan por lo menos un estimado de seis millones de hectáreas de bosque amazónico. Estos pueblos han decidido vivir aislados del contacto permanente con la sociedad mayoritaria como estrategia de supervivencia frente a situaciones amenazantes. Por ejemplo, muchos pueblos se aislaron durante el boom del caucho en la Amazonía para evitar la esclavitud, enfermedades y masacres. No se trata de una elección, estos grupos se ven forzados a recurrir al aislamiento para proteger sus vidas, en ese sentido, lo más parecido que hemos vivido ocurrió con las restricciones y el sentimiento de amenaza para nuestras vidas y la salud experimentadas durante la pandemia de la COVID 19.
A diferencia de las comunidades que se hallan aisladas geográficamente, estos pueblos tienen la voluntad de no sostener el contacto con grupos externos al suyo. El respeto a su decisión de vivir en aislamiento está plenamente reconocido por principios del Derecho Internacional como el de libre determinación. Asimismo, existe un amplio consenso en que se trata de colectivos sociales en extrema situación de vulnerabilidad, la cual tiene múltiples dimensiones siendo la más conocida la inmunológica pues sus defensas no están preparadas para resistir enfermedades comunes que podrían causar muertes masivas. También son vulnerables a nivel territorial, cultural y político, dada su fuerte interdependencia con el medio en el que habitan, las buenas condiciones de los bosques garantizan la supervivencia del colectivo. En consecuencia, se protege su vida, salud y su continuidad como grupo, si se protegen sus territorios frente a amenazas, siendo esto el corazón de las políticas públicas y las medidas dispuestas en su beneficio, como las que se hallan contenidas en la Ley PIACI.
La aprobación de esta ley fue impulsada por el movimiento indígena liderado por la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), sus bases regionales y la sociedad civil. Con ella se logró establecer la figura de las Reservas Indígenas como áreas que gozan de un importante nivel de intangibilidad para salvaguardar los recursos necesarios para la vida de los pueblos en aislamiento y en contacto inicial. Superando con ello las imprecisiones y carencias de una ley previa de los setenta.
En el marco de esta ley, el Estado peruano tiene pendiente implementar varias medidas de protección para estos pueblos. Por ejemplo, 5 reservas indígenas solicitadas por AIDESEP y ORPIO en la región de Loreto mantienen una demora de 20 años para su creación. Asimismo, falta mejorar la efectividad de la ley para evitar la construcción de carreteras sobre los territorios intangibles, tal como es normado en sus disposiciones. Con todo ello, la Ley PIACI es un importante logro para proteger los derechos de los pueblos aislados. Sin embargo, afronta una reciente embestida con el llamado Manifiesto de la Región Loreto publicado el 26 de abril de este año. En este manifiesto se solicita derogar la Ley PIACI, siendo firmado por representantes de empresas privadas, organizaciones civiles, así como por el gobernador regional de Loreto y el gerente regional forestal de su gestión.
Los problemas ocasionados por intereses privados con relación al Gobierno Regional de Loreto (GOREL) ya se venían visibilizando con anticipación, ante hechos como el otorgamiento ilegal de 47 concesiones forestales desde el 2015, sobre territorios de pueblos en aislamiento, contraviniendo una prohibición expresa por ley.
El Manifiesto de la Región Loreto afirma erróneamente que los problemas sociales y la pobreza en la que se encuentra sumida esa región se deben al establecimiento de Reservas Indígenas. También se niega la existencia de los indígenas aislados, a pesar de la abrumadora evidencia que confirma su presencia, recogida en estudios oficiales del Ministerio de Cultura, en investigaciones científicas independientes y en otras realizadas por las Organizaciones Indígenas.
Otros de los firmantes del referido manifiesto son los representantes de la Coordinadora por el Desarrollo Sostenible de Loreto. Esta organización tiene entre sus miembros a cuestionables personajes que habrían sido sentenciados judicialmente por delitos de corrupción, delitos ambientales y tráfico ilegal de madera, quienes tienen un notable conflicto de interés relativo a los territorios de los pueblos en aislamiento de Loreto. Pese a estos antecedentes delictivos, han logrado gestionar reuniones con Congresistas de la República de bancadas políticas de importante participación.
Esta aproximación de intereses económicos y privados, tanto al Gobierno Regional de Loreto como al Congreso, pone en serio riesgo y en profunda desigualdad a las organizaciones indígenas defensoras de derechos de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía. De concretarse la derogatoria de la Ley PIACI, se condenaría al exterminio a estos pueblos que no tendrían territorio ni recursos para su sobrevivencia, a la vez que el Perú habría dado un enorme traspié en materia de derechos humanos, regresividad que implicaría la responsabilidad internacional del Estado peruano sobre este hecho.
Loreto es una de las regiones del Perú con mayor cantidad de pueblos indígenas, también presenta la mayor cantidad de asignación de derechos para la explotación de recursos naturales sobre todo de hidrocarburos y concesiones forestales (incluso las 47 concesiones forestales ilegales sobre territorios de los pueblos aislados). Además, es la que cuenta en su haber con la mayor cantidad de derrames de petróleo. Por tanto, el manifiesto referido defiende este tipo de desarrollo económico, el cual va de espaldas al desarrollo que desea su población y sus pueblos originarios. La grave pobreza a la que el manifiesto refiere, no es más que el fruto de años de corrupción de diversos gobiernos que gestionan en beneficio propio y no por el de los habitantes de Loreto.
Por ello, la ciudadanía comprometida con la defensa de los derechos humanos y el movimiento indígena deben encontrarse unidos y vigilantes frente a la posibilidad de nuevos ataques o incluso de que prospere la derogación de la Ley PIACI. Urgen construir caminos sostenibles alternativos y evitar que manipulaciones privadas, como la expuesta en este artículo, generen retrocesos en las leyes y derechos de los pueblos indígenas, marcando terribles referentes en materia de derechos humanos para el Perú.
*Guisela Loayza Alvarez es Asesora Legal de la Iniciativa Cuencas Sagradas. Egresada de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, es Máster en Estudios Avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Lorena Mendoza Egúsquiza es activista y comunicadora de la Iniciativa Cuencas Sagradas. Es graduada en Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú con estudios de Género en Flacso Argentina.
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