La mitad de las muertes de defensores ambientales en el mundo durante 2018 ocurrieron en Latinoamérica. Según cifras de la organización internacional Global Witness, el año pasado 164 personas perdieron la vida defendiendo su territorio y el medio ambiente, 83 de ellas murieron en la región y seis de los países donde más asesinatos ocurrieron son latinoamericanos.
Colombia fue el país más letal del continente para los defensores ambientales con 24 asesinatos y el segundo más peligroso del mundo, solo superado por Filipinas (30). En el listado también aparecen Brasil (20), Guatemala (16), México (14), Honduras (4) y Venezuela (3).
El informe de Global Witness afirma que “en 2018 fueron asesinados un promedio de más de tres activistas por semana, al defender sus tierras de la invasión de industrias como la minería, la explotación forestal y la agroindustria. Es probable que la cifra real sea mucho mayor, porque a menudo los casos no se registran y rara vez se investigan. Es difícil encontrar pruebas confiables y verificables”.
En el especial Defensores ambientales: rendirse no es una opción Mongabay Latam presenta cuatro historias en cuatro de los 10 países más peligrosos para los defensores de la naturaleza: Colombia, México, Honduras y Venezuela. En los tres primeros existen mecanismos de protección a líderes ambientales pero las fallas por falta de presupuesto y dedicación de personal han hecho que las medidas no sean efectivas. Prueba de ello es que los asesinatos han continuado y dichos países siguen siendo de los más peligrosos para quienes defienden el medio ambiente.
Tierra de conflictos
“Desde que documentamos los asesinatos a los defensores ambientales, Latinoamérica ha sido siempre la región más peligrosa”, dice Ben Leather, responsable de las campañas de Global Witness, organización que desde el 2012 le da seguimiento a esta situación en el planeta.
En cuanto a las causas detrás de estos asesinatos, los conflictos asociados a la minería siguen ocupando el primer lugar (43 casos). La agroindustria es la siguiente en la lista (21), mientras que la defensa de las fuentes de agua se ubica en el tercer lugar con 17 víctimas, 13 más que las registradas en el 2017.
Uno de los casos que más preocupa es el de Guatemala. En este país centroamericano, los asesinatos aumentaron de tres en 2017 a 16 en 2018 lo que, “considerando los asesinatos per cápita, lo convierte en el país más peligroso en 2018”.
El defensor de la tierra guatemalteco Luis Arturo Marroquín fue asesinado a tiros en mayo de 2018 por dos hombres no identificados. Luis fue un miembro destacado de la organización de campesinos indígenas Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), dedicada a promover los derechos a la tierra y el desarrollo rural. Según Front Line Defenders, otros cuatro miembros de su organización también fueron asesinados en 2018.
“Cada vez se incrementa más el riesgo para personas que defienden su territorio y el medio ambiente. El peligro aumenta porque hay capitales económicos e intereses políticos detrás de las iniciativas que se imponen en los territorios”, dice Joaquín Raymundo Gonzáles, representante del equipo de Protección Internacional Mesoamérica, organización que apoya a los defensores de los derechos humanos en Guatemala.
También en este país centroamericano, el 16 de diciembre de 2018 los cuerpos de los hermanos Neri y Domingo Esteban Pedro fueron encontrados a orillas del río Yalwitz, cerca del proyecto hidroeléctrico San Andrés, con balas en la cabeza. Ambos hombres eran visibles oponentes a una hidroeléctrica en la región de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, en el oeste de Guatemala. El proyecto, que incluye las represas de San Andrés y Pojom II, ha sido vinculado a una de las familias más ricas y poderosas del país.
De acuerdo con la población local, el asesinato de los hermanos Esteban Pedro se da después de años de violencia contra miembros de las comunidades de Ixquisis, que se opusieron al mencionado proyecto hidroeléctrico. «Dicen que somos terroristas, delincuentes, asesinos y que tenemos grupos armados aquí; pero en realidad sólo nos están matando», asegura Joel Raymundo, integrante del movimiento ‘Resistencia Pacífica de la Microrregión de Ixquisis’.
Estos testimonios concuerdan con las preocupaciones planteadas en un informe de 2018 de la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas acerca del aumento de la criminalización de esta población en Guatemala. El informe afirma que las personas que han presentado peticiones legales para exigir la protección de sus derechos están siendo procesadas mediante acusaciones falsas de delitos como robo, secuestro e incluso asesinato.
Mujeres cada vez más amenazadas
El proyecto periodístico Tierra de Resistentes, en el que participó Mongabay Latam, documenta una base de datos con 1356 hechos victimizantes en los últimos diez años (2009-2018). A pesar de la elevada cifra, una de las conclusiones es que el número puede ser mucho mayor, dado que el subregistro es grande. La base de datos —construida a partir de un sinnúmero de fuentes, entre entidades oficiales, archivos de prensa, organizaciones sociales y reportería en terreno— muestra un escenario preocupante.
De los 1356 hechos victimizantes, 1179 fueron contra hombres y mujeres, y 177 contra comunidades u organizaciones que defienden el medio ambiente y el territorio. El 81,7 % se concentra en hombres, quizá porque son quienes tradicionalmente han ejercido posiciones de liderazgo comunitario, aunque también se registraron 216 ataques contra mujeres.
Precisamente, las amenazas y asesinatos contra defensoras vienen en aumento. Basta con recordar el homicidio de Berta Cáceres en Honduras, el 3 de marzo de 2016, un año después de haber obtenido el premio Goldman —conocido como el nobel de Medio Ambiente— o el más reciente atentado contra Francia Márquez, la colombiana también ganadora del premio Goldman en 2018, que fue atacada a principios de mayo de este año en el norte del departamento del Cauca.
Márquez aseguró que fueron momentos de mucho temor porque no sabían de dónde provenían los disparos y que luego, estando toda la gente en el piso, se escuchó la detonación de una granada de fragmentación.
Lo más grave es que la Defensoría del Pueblo de Colombia ha estado alertando de esos peligros desde marzo de 2017, sin que las autoridades actúen diligentemente. El Defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, le pidió a las autoridades estatales, especialmente al Ministerio del Interior, la Gobernación del Cauca, la Fiscalía General de la Nación y a la Fuerza Pública, “adoptar una conducta conforme al estándar de debida diligencia en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país”.
Pero no solo fue el atentado. Días después, los líderes afro aseguraron que recibieron nuevos mensajes de amenazas contra sus vidas. “Nos dicen que no nos vamos a escapar y que nos van a dar”, dijo Francia Márquez.
La organización Oxfam acaba de publicar el informe ‘Defensoras de derechos agrarios, territoriales y medioambientales en Colombia: Arriesgando la vida por la paz’. Allí señalan que “desde 2016 y hasta la fecha de redacción de este informe, 55 defensoras [en Colombia] han sido asesinadas. En el primer semestre de este año, el promedio de asesinatos de lideresas sociales ha sido de uno cada dos semanas. Las que persisten en la lucha están en grave peligro, y ningún indicio apunta a que esta escalada de la violencia vaya a disminuir. En el primer trimestre de 2019, los ataques contra las defensoras han aumentado en un 97 % con respecto al periodo previo, batiéndose un nuevo récord con 75 agresiones. Lamentablemente, Colombia es ya el segundo país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente”.
Los gobiernos y la protección de líderes ambientales
El panorama de los defensores ambientales en Latinoamérica se complica pues ya no solo se trata de asesinatos, sino también de intimidaciones, amenazas y hostigamientos. De hecho, Global Witness manifiesta que el problema no son solo estas nuevas formas de acoso sino que muchas de ellas no suelen documentarse y es probable que los casos sean mayores a los reportados en los informes.
Una de las principales preocupaciones es que los gobiernos que deben proteger a los líderes ambientales, presuntamente, estarían detrás de las intimidaciones en muchos casos.
“Además de los ataques físicos, los gobiernos y las empresas utilizan los tribunales y los sistemas judiciales para silenciar a quienes amenazan sus intereses. Es una ironía brutalmente salvaje: quienes destruyen la tierra y asesinan a las personas defensoras del medio ambiente generalmente escapan al castigo, mientras que las y los activistas son calificados como criminales”, destaca el informe de la organización.
Según Global Witness, los gobiernos y las empresas pueden utilizar amenazas legales para intimidar a las personas defensoras, manchar su reputación e inmovilizarlas con costosas batallas judiciales que dificultan su trabajo.
“Por lo general, estas batallas legales son muy desiguales. Usualmente, ejércitos de abogados bien pagados se enfrentan a campesinos o líderes indígenas de comunidades remotas, que pueden tener poca educación formal o conocimiento de sus derechos. Una vez acusadas, las personas defensoras son estigmatizadas públicamente, etiquetadas como terroristas o criminales por su gobierno”, dice el documento.
Las historias que presenta Mongabay Latam muestran cómo defensores ambientales de cuatro países latinoamericanos han sido víctimas de criminalización, continúan bajo amenaza y sufren las consecuencias de mecanismos de protección que no son eficientes.
Rosalina Domínguez es una líder indígena de Honduras que continuó con el legado de la reconocida activista Berta Cáceres. Rosalina se opone a la construcción de una hidroeléctrica en su territorio y esta postura le ha traído amenazas e invasión y destrucción de sus cultivos de maíz, su única forma de sustento. El celular que le brindaron como medida de protección no es útil, pues vive en una zona donde hay poca señal.
En Colombia, los habitantes del municipio de Cajamarca le dijeron no a la que sería la segunda mina de oro a cielo abierto más grande del mundo. Sin embargo, los líderes que promovieron la consulta popular con la que se tomó esta decisión siguen siendo amenazados.
En México, un año después del asesinato de Julián Carrillo en la sierra Tarahumara, su caso sigue sin resolverse. Los líderes se encuentran escondidos y acceder a ellos es casi imposible. El miedo sigue reinando.
En Venezuela, líderes ambientales y diferentes organizaciones aseguran que los verdaderos responsables de las muertes de Sabino Romero, líder indígena yukpa, y Freddy Menare, director de la Organización Indígena Piaroa Unidos del Sipapo (Oipus), no han sido capturados, a pesar de que han pasado varios años. Quienes continuaron con la defensa del territorio tienen miedo, nadie quiere hablar y los pocos que se atreven a contar lo que sucede, lo hacen pidiendo protección de su identidad. En el país no existe un mecanismo de protección para los defensores ambientales.
