Por Antonio José Paz Cardona / @antoniopazc
Ecuador se encuentra en una profunda crisis económica y sanitaria por la pandemia del COVID-19 que se ha expandido sobre todo en la ciudad de Guayaquil, en la provincia de Guayas. En medio de esa crisis, a las 19:15 del martes 7 de abril se dio un hundimiento de tierra en el río Coca en el sector de San Rafael, en el límite entre las provincias de Napo y Sucumbíos, que colapsó las bases y las tuberías del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) causando un derrame de petróleo sobre las aguas del Coca.
El grave incidente se dio en una zona donde el río es bastante caudaloso, rápidamente el petróleo llegó al río Napo y podría avanzar hasta Perú y terminar en el río Amazonas si fallan las barreras de contención. Las comunidades indígenas kichwa, aguas abajo del derrame, ya denunciaron la contaminación del afluente y han expresado su preocupación por la posible muerte de peces y la afectación de la pesca, una de sus principales actividades de subsistencia en épocas de pandemia.
Sin embargo, este desastre no es un hecho aislado pues estaría relacionado con el colapso de la cascada San Rafael el pasado 2 de febrero. Lo sucedido se explica por un fenómeno de erosión, aguas arribas de la cascada, sobre el cual varios hidrólogos y geólogos habían llamado la atención en el artículo San Rafael: ¿Cómo la cascada más alta de Ecuador desapareció repentinamente el 2 de febrero? publicado por Mongabay Latam el 18 de febrero. Los expertos hoy se encuentran “extremadamente preocupados”: hace casi dos meses hicieron un llamado de atención a las autoridades, que al parecer fue ignorado, y advirtieron del peligro en el que se encontraba la zona. Coinciden en que las afectaciones futuras pueden ser peores.
Tragedia anunciada
“Se dijo que iba a pasar pero no se tomó ninguna medida. Es necesario que ahora el país hable de qué va a pasar con las bases del oleoducto, con la carretera y, a futuro, con la presa de captación de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair”, afirma Emilio Cobo, coordinador del Programa de Agua de la UICN para América del Sur.
En el reportaje publicado por este medio, hace poco más de mes y medio, Cobo dijo que se podrían registrar impactos “supergraves” sobre las infraestructuras que están en el cauce del río Coca —entre la cascada y la presa de captación— pudiendo comprometer en un futuro a la misma presa. Los oleoductos SOTE y OCP son solo dos de las infraestructuras que se encuentran en ese trayecto.
Cobo no disimula su preocupación. “El nivel de erosión regresiva es mucho más fuerte de lo que imaginé. Pensé que iba a tener una profundidad de 4 o 5 metros, pero las imágenes muestran por lo menos unos 15 metros. Además, empezó la época lluviosa y eso acelera aún más el proceso erosivo en el río”, dice.
Carolina Bernal es geóloga y tiene un doctorado en Hidrosedimentología, por lo que conoce a profundidad las dinámicas de los sedimentos en cuerpos de agua. Además, durante años ha estudiado el río Coca, en especial la zona donde se encuentra la cascada San Rafael y la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.
Cuando la cascada colapsó, este fenómeno natural podía o no estar relacionado con la presencia de la hidroeléctrica. “Con lo que pasó en la cascada de San Rafael [el 2 de febrero] yo tenía mis dudas de que Coca Codo Sinclair estuviera relacionada pero, ahora, viendo un fenómeno tan agresivo como este, sí se puede asociar al manejo de sedimentos del proyecto. Las hidroeléctricas deben ser muy cuidadosas”, dice Bernal.
Mongabay Latam contactó a Coca Codo Sinclair en febrero para preguntarles por la erosión de la cascada San Rafael pero nunca se recibió respuesta. Después del derrumbe del 7 de abril que rompió las tuberías de los proyectos OCP y SOTE, la hidroeléctrica en sus redes sociales solo ha replicado los comunicados de Petroecuador y del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
La geóloga asegura que la erosión regresiva, es decir, la que se va dando aguas arriba de la cascada, es además muy agresiva y se está dando a gran velocidad. “Según mi parecer este fenómeno no se detendrá hasta que el río recupere el equilibrio dinámico alterado por la obra. Así las cosas, creo que se deben hacer estudios hidrosedimentológicos y hacer un plan de manejo de sedimentos a largo plazo. Todo esto sucede por no hacer buenos estudios previos a la construcción de cualquier obra”, enfatiza.
Alfredo Carrasco, geólogo, consultor en gestión y manejo de recursos naturales y exsubsecretario de Capital Natural del Ministerio del Ambiente y Agua de Ecuador (MAE), se mantiene en su posición de que se trata de un fenómeno natural. Sin embargo, le preocupa que, al parecer, las autoridades no hayan actuado conforme a la gravedad del proceso de erosión regresiva que se estaba dando, según indicó también a Mongabay Latam el 18 de febrero pasado.
“Este tema, como le dije hace mes y medio, es demasiado serio como para no haber analizado la velocidad de la erosión regresiva, algo que debió hacer el OCP y el SOTE y que espero esté haciendo Coca Codo Sinclair”, dice Carrasco.
En pocas palabras, Carrasco asegura que la cascada ya retrocedió hasta la zona donde se dio este nuevo derrumbe que terminó afectando a los oleoductos.
Emilio Cobo, de la UICN, enfatiza en que la cascada original tenía 150 metros y que el río busca estabilizar esa diferencia de altura por lo que “empieza a carcomer su cauce, desde la cascada hacia arriba. Por la altura y la época lluviosa en la que estamos, eso se acentúa más”, dice.
¿Cómo “frenar” la erosión regresiva?
El panorama no es alentador. Los expertos coinciden en que lograrlo es sumamente difícil. “No podemos quitar la hidroeléctrica. Hay que hacer un manejo de sedimentos, estudiar los perfiles de equilibrio del río, hacer batimetrías —levantamiento topográfico del relieve de superficies del terreno cubierto por el agua, es decir, la cartografía de los fondos de los diferentes cuerpos de agua— y tal vez se deba sacrificar un poco el potencial generador de energía de la hidroeléctrica para que corra más caudal de agua y sedimentos y que no se den estas afectaciones. Si este tema no se controla, la erosión podría amenazar a la misma presa de captación”, comenta la geóloga Carolina Bernal.
Por su parte, Alfredo Carrasco sigue sorprendido porque en menos de dos meses la erosión ya recorrió cerca de 1,5 km. Si ese ritmo se mantiene, los efectos podrían ser devastadores y ha hecho por lo pronto algunos cálculos considerando lo que viene sucediendo. La población Manuel Galindo —explica— que está a 5 km del sitio donde va la erosión actualmente podría estar en riesgo en unos siete meses, la represa de Coca Codo Sinclair que está a 16 km podría verse amenazada dentro de 20 a 24 meses y la estación de bombeo El Salado del oleoducto SOTE, que se encuentra a 17 km, podría verse en riesgo en unos 27 o 30 meses.
Carrasco ve una alternativa, pero asegura que el costo puede ser muy alto. “Habría que taponar la base donde estaba la cascada original pero se necesita trabajar con urgencia para bajar la dinámica hidráulica”, dice. Esa sería una solución “superemergente” pero habría que estudiarla a profundidad. Para él, esto representaría una inversión de millones de dólares pero, comparado a la posibilidad de perder más dinero por los desastres que se sigan generando, “valdría la pena considerarlo y analizarlo”.
Agua contaminada con petróleo afecta a comunidades
Atender el proceso de erosión regresiva de la cascada San Rafael es vital para evitar más tragedias. Sin embargo, la ruptura de los oleoductos generó una crisis que, por ahora, tiene cooptada toda la atención por su gravedad.
En un comunicado oficial, la empresa estatal Petroecuador aseguró que el flujo de crudo está cerrado y que sus técnicos se trasladaron inmediatamente a la zona del derrumbe para determinar las causas exactas de lo que pasó. Los expertos consultados por Mongabay Latam insisten en que la causa ya se conoce: se debe a la erosión del río Coca que se hizo evidente con el colapso de la emblemática cascada San Rafael el pasado 2 de febrero.
El ministro del Ambiente y Agua, Juan DeHowitt, dispuso la creación de un Comité de Emergencias y Contingencias para establecer acciones inmediatas de control e implementación de planes de remediación en los sitios afectados por el hundimiento de tierra que afectó la operación del SOTE y el OCP, y anunció que en las próximas horas realizaría un sobrevuelo para verificar las afectaciones.
El Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables le puso paños fríos a la situación y aseguró que continuará el abastecimiento de hidrocarburos y exportaciones de petróleo. El ministro René Ortiz indicó que “existe stock suficiente para cubrir el mercado interno de combustibles y gas licuado de petróleo (GLP), debido a la baja demanda de estos derivados desde que rige el Estado de Excepción en el país”. Adicionalmente, el Ministerio estima que los arreglos de las tuberías podrían tardar entre dos y tres semanas.
Petroecuador, junto a personal del Municipio de Coca, también trabaja para habilitar un acueducto alterno del río Payamino, construido en 2013 por la petrolera pública, para que se retome el abastecimiento de agua potable en la ciudad. “Respecto al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que es operado por la empresa privada OCP Ecuador, la misma informó que el 7 de abril se detectó una erosión en el cauce del río Coca que desencadenó la ruptura de la tubería de esta infraestructura. Cabe señalar que la rotura de estas infraestructuras fue causada por temas externos a la operación de las empresas petroleras”, dice el comunicado del Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables.
Holger Gallo, presidente de la comunidad indígena kichwa de Panduyacu, de la parroquia Gonzalo Pizarro, en la provincia de Sucumbíos, indicó que su comunidad ha sufrido por algunos derrames en el pasado pero nunca habían visto algo de esta magnitud. “Necesitamos que las autoridades se sensibilicen y acepten esta desgracia ambiental. El río Coca se encuentra devastado, en la mañana del 8 de abril algunos compañeros recogieron peces muertos”, dice Gallo.
Con la emergencia sanitaria por el COVID-19 las comunidades kichwas de esta zona no han podido salir a las ciudades y se están abasteciendo solo de la pesca. “El petróleo se encuentra por todas las riberas. Pedimos que se identifique a los responsables y se haga la remediación ambiental y restauración de lo afectado, la naturaleza tiene derechos”, asegura Gallo.
Por su parte, un comunicado firmado por la Alianza por los Derechos Humanos, asegura que la empresa estatal de petróleos Petroecuador y los Ministerios ecuatorianos “no han transparentado la información sobre la cantidad de crudo vertido, las medidas de contención tomadas y las alternativas para que las comunidades indígenas y campesinas afectadas garanticen sus derechos mínimos de subsistencia. Este hecho agrava mucho más la situación de vulnerabilidad que ya enfrentan en el marco de la actual pandemia por el COVID-19”.
La Alianza está conformada por la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Surkuna, Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Amazon Frontlines, el Comité de Derechos Humanos de Guayaquil e Idea Dignidad.
El defensor del Pueblo de la ciudad peruana de Iquitos, Julián Soplín, aseguró que en las ciudades de Francisco de Orellana y Nuevo Rocafuerte, en Ecuador, se instalaron dos barreras de contención para evitar el avance del crudo. “Lo que se ha confirmado hasta el momento es que el crudo vertido aun no ha llegado a la primera barrera. En distancia hora, desde la segunda barrera hasta la zona peruana son seis horas en promedio”, dijo.
Soplín añadió que en el peor de los casos, si el crudo pasa la segunda barrera, el Plan de Acción Inmediata incluye que la empresa petrolera más cercana, en este caso Perenco, “apoye en la contención del crudo”.
Emilio Cobo, coordinador del Programa de Agua de la UICN para América del Sur, dice que se debe evitar que el petróleo llegue al río Amazonas. Aún no se sabe cuál es la magnitud del derrame y su afectación y es algo que espera conocer en las próximas horas. Cobo es categórico en afirmar que lo que ocurre hoy con los ríos Coca y Napo proviene de una situación que era conocida por el gobierno ecuatoriano desde el momento en que colapsó la cascada San Rafael: “esto es negligencia”, concluye.
