Ilustración: Kipu Visual
Según la plataforma Global Forest Watch (GFW), cinco espacios protegidos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú registran más de 724 mil alertas de deforestación desde el inicio de la pandemia. En los primeros seis meses de 2021, esta cifra alcanzó las 34 709 alertas
Rutas del Conflicto de Colombia, La Barra Espaciadora de Ecuador y El Deber de Bolivia buscaron las historias detrás de las alertas más recientes y descubrieron que actores ilegales, en su mayoría armados, han ganado terreno y empiezan a dominar los bosques de algunas comunidades indígenas y a invadir áreas protegidas.
Comunidades indígenas deforestadas y amenazadas por el narcotráfico o que han tenido que cerrar sus fronteras frente al avance de taladores ilegales que buscan extraer madera balsa; áreas protegidas invadidas por traficantes de tierras o vías clandestinas que avanzan en silencio para beneficiar a diversos actores ilegales, estos son algunos de los problemas críticos detrás de las alertas de deforestación detectadas con la ayuda de la plataforma de monitoreo satelital Global Forest Watch (GFW) y que forman parte de este especial. Los cuatro casos que presentamos confirman que la pérdida de bosque asociada a la escalada de violencia sigue siendo una constante en la región.
Las imágenes satelitales muestran casos emblemáticos de deforestación reciente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, con un impacto significativo en dos ecosistemas clave: la Amazonía y la Chiquitanía. ¿Qué es lo que está pasando en los cincos puntos detectados por los satélites?
Entre enero y octubre del 2020, empezamos a rastrear las primeras evidencias concretas del efecto de la pandemia y las reunimos en la primera parte del especial #MapasdelDelito. En ese momento, el trabajo entre expertos de Global Forest Watch y Mongabay Latam permitió detectar cuatro casos importantes de deforestación que estaban afectando tres áreas protegidas y dos territorios indígenas, poniendo además en grave riesgo a las personas que sin mayor apoyo del Estado luchan por proteger sus bosques. Las más de 73 mil alertas de deforestación encontradas en ese momento nos llevaron a revelar el efecto de las incursiones de grupos armados narcoterroristas, invasores y colonias menonitas en los bosques de Latinoamérica. ¿Qué ha pasado desde entonces?
En esta segunda entrega del especial #MapasDelDelito, confirmamos que la deforestación y la escalada de violencia continua en esos cuatro países, con un impacto significativo en los territorios indígenas que cada vez se ven más acorralados y amenazados. Un equipo de periodistas de Mongabay Latam, Rutas del Conflicto de Colombia, La Barra Espaciadora del Ecuador y El Deber de Bolivia buscaron las historias detrás de las 34 709 alertas de deforestación emitidas por los satélites en los últimos seis meses. ¿Qué encontramos esta vez? Actores ilegales -en su mayoría armados- que han ganado terreno y que empiezan a posicionarse y dominar los bosques, hablamos de narcotraficantes, disidencias de las FARC, traficantes de tierra y taladores. A este escenario se suma, como en el caso de Colombia, un incremento importante en la apertura de vías ilegales para crear nuevas rutas que les permitan ampliar sus operaciones ilícitas.
Una búsqueda de datos y testimonios
Para este especial, Mongabay Latam, La Barra Espaciadora, Rutas del Conficto y El Deber han usado como punto de partida las alertas de deforestación de Global Forest Watch (GFW). Cada alerta representa la pérdida de un espacio de 30 x 30 metros en un bosque tropical -el equivalente a dos canchas de básquetbol. Esta deforestación puede estar asociada a causas naturales o revelar una intención concreta por remover el bosque. Desde marzo de 2020 hasta la fecha, 724 557 alertas de deforestación han dejado en claro que la pandemia ha creado el escenario perfecto para el incremento de actividades ilegales y de la violencia, sobre todo en áreas naturales protegidas y territorios indígenas. Estas alertas, según la información recogida en campo, ascienden por lo menos a 2380 hectáreas perdidas.
Los casos que forman parte de la segunda entrega de este especial, se centran en pérdidas recientes y significativas de bosque reportadas entre mayo y junio de 2021. Y el punto que conecta a las cinco historias es la afectación de territorios indígenas. En Perú, por ejemplo, las comunidades nativas de Flor de Ucayali, en la región amazónica del mismo nombre, y las de Santa Rosillo de Yanayaku y Anak Kurutuyaku, en la región de San Martín, han tenido que renunciar a recorrer sectores completos de su territorio para no ser asesinados por narcotraficantes.
“Llegar hasta las chacras de coca significa ya no regresar”, narra un dirigente shipibo conibo de Flor de Ucayali. Mientras que un líder kichwa de Santa Rosillo denuncia que están rodeados por sicarios armados que no les permiten cruzar parte de sus tierras.
En la Amazonía de Colombia, la aparición de vías ilegales afecta a los parques nacionales Sierra de la Macarena, Serranía de Chiribiquete y sobre todo al resguardo indígena Yaguará II. Este último está rodeado de nuevos caminos que han ido apareciendo de la mano de actores ilegales armados. Por otro lado, en Ecuador, las comunidades son afectadas por el boom de la madera balsa que ha escalado a tal punto que ahora la deforestación es detectada por los satélites. Encontramos que en la cuenca de los ríos Bobonaza, Curaray y Villano, la explotación de esta madera ha traído invasiones, ilegalidad y ruptura del tejido social con la aparición de negocios, presencia de foráneos en tierras indígenas y el secuestro reciente de una niña wampís.
Por último, en Bolivia no se detiene el avance de los traficantes de tierras sobre un área protegida de la Chiquitania. Esto afecta directamente a las comunidades indígenas asentadas dentro. Expertos y líderes indígenas sostienen que estas invasiones o avasallamientos se dan con la venia del Estado. El Área Protegida Municipal Bajo Paraguá San Ignacio de Velasco se ha convertido hoy en un territorio de disputa entre invasores y autoridades locales, con las comunidades indígenas en medio de este conflicto. “No puede ser que vengan los colonos y quieran cultivar soya a gran escala con la complicidad del Gobierno”, dice Pedro Pereyra, primer gran capitán de la Nación Guarasuwé.
Perú
Bolivia
Colombia
Ecuador
En todos los casos, existen denuncias interpuestas ante las autoridades. En la mayoría de los casos estas no han sido atendidas y en otros los operativos no han logrado frenar la ilegalidad que avanza junto con las amenazas de muerte. La defensa de los bosques recae en estos cinco casos sobre las comunidades indígenas.
“No tenemos temor de morir por defender una causa justa. La verdad, estamos cansados, ¿a quién más podemos acudir?”, dice un dirigente kichwa en Perú, que como la mayoría de entrevistados en los cuatro países teme revelar su identidad por las posibles represalias.
Alerta roja: la fiebre de la madera balsa en Ecuador ya es detectada por los satélites
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