En la Amazonía de Ecuador hay 486 mecheros. En el 2021, una sentencia de la Corte de Sucumbíos pidió su eliminación para el año 2030, pero dio 18 meses para retirar aquellos aledaños a centros poblados.
El ministro de Energía y Minas le dijo a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional que se acató la sentencia y que sólo dos mecheros estaban aledaños a centros poblados. Los afectados aseguran que el Ministerio hizo una interpretación “amañada” de la orden judicial.
A junio de 2024, 145 mecheros han sido eliminados, de acuerdo con cifras oficiales. Ambientalistas y personas afectadas por la contaminación de la quema de gas aseguran que lo que se ha hecho es llevar el gas a las estaciones, donde ahora tienen mecheros mucho más grandes encendidos día y noche.
Los mecheros que queman el gas de la industria petrolera en la Amazonía ecuatoriana siguen ardiendo pese a que, desde enero de 2021, la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos emitió un fallo en el que dijo que máximo en 18 meses se debían eliminar aquellos que se encontraban cerca a centros poblados. El tribunal dio plazo hasta el año 2030 para eliminar los demás. Hasta el momento, de acuerdo con cifras oficiales, se han apagado 145, pero 341 continúan ardiendo.
La sentencia es una de las más emblemáticas a nivel ambiental en el país, ya que surge como respuesta a una acción de protección presentada por nueve niñas de entre 9 y 13 años contra el Ministerio de Energía y Minas y el de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Las niñas argumentaron que el impacto de los mecheros vulnera su derecho al agua, a la salud, a la soberanía alimentaria y a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En su demanda aseguraron que los mecheros han causado daños en la salud de los habitantes de la zona y contaminado el agua lluvia que consideraban la única fuente de agua limpia que les quedaba.
A lo largo del 2023 y del 2024, habitantes de las provincias de Sucumbíos y Orellana, donde se concentra la actividad petrolera en Ecuador, han realizado plantones, marchas y campañas en redes sociales pidiendo que se cumpla la sentencia, bajo consignas como: “eliminen los mecheros de la muerte” y “apaguen los mecheros, enciendan la vida”. El plantón más reciente se realizó el pasado 5 de junio en frente de la sede de la Corte Constitucional en Quito, luego de que la iglesia Católica promoviera una jornada de ayuno y oración de 11 días para pedir el cumplimiento de la sentencia.
“Tenemos videos recientes, grabados desde la vía principal del campo petrolero Auca, donde se ven los mecheros encendidos. Los videos incluso tienen datos de GPS. La población está muy cerca de esos mecheros y siguen operando. No se ha cumplido con la sentencia. No ha pasado absolutamente nada”, dice Donald Moncayo, coordinador de la Unión de Afectados por Texaco (UDAPT) y padre de una de las niñas demandantes.
Controversia por los mecheros eliminados
El mismo 5 de junio, cuando habitantes de Sucumbíos y Orellana, en compañía de organizaciones activistas en derechos humanos y ambiente, realizaban un plantón frente a la sede de la Corte Constitucional, el ministro (e) de Energía y Minas, Roberto Luque, se presentó en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre el cumplimiento de la sentencia de los mecheros.
Según datos del Ministerio y de Petroecuador hay 486 mecheros en la Amazonía de Sucumbíos, Orellana y Napo. La estatal petrolera tiene 424 y 62 están en manos de empresas privadas.
Luque informó que mediante acuerdos ministeriales se emitió el Reglamento para Reducir Progresivamente la Quema Rutinaria de Gas en el 2022 y que, a junio de 2024, se han eliminado 145 mecheros, de los cuales 49 ya no estaban en operación pero requerían el proceso de desmantelamiento. Además, aseguró que faltan 341 por desmantelar antes del 2030.
El Ministro también dijo que el Estado eliminó dos mecheros dentro del plazo de 18 meses que había dado la Corte de Sucumbíos, para aquellos quemadores de gas que estuvieran cerca de centros poblados.
Para Petroecuador, los mecheros aledaños a centros poblados eran sólo aquellos que estuvieran a menos de 100 metros de distancia de sitios donde hubiera al menos 20 casas juntas. Y es aquí donde comienzan las críticas. Alexandra Almeida, coordinadora del Área de Petróleo de Acción Ecológica, organización que ha acompañado la campaña por apagar los mecheros, asegura que los conceptos de centro poblado y aledaño necesitaban una aclaración.
Poco después de recibir la sentencia en enero de 2021, le pidieron a la Corte de Sucumbíos que definiera ambos conceptos, porque se prestaban para múltiples interpretaciones. La Corte negó la petición.
En octubre de ese mismo año, presentaron una acción extraordinaria de protección en la Corte Constitucional, la cual fue admitida en diciembre, pero hasta el momento el alto tribunal tampoco ha aclarado dichos conceptos.
Almeida comenta que sólo hasta septiembre del 2022, Petroecuador emitió un reglamento para dar cumplimiento a la sentencia y allí, bajo su propio criterio, fueron ellos quienes le dieron interpretación a la palabra “aledaño” y al término “centro poblado”.
“Los demandados y sancionados son los que deciden aclarar los conceptos que la Corte de Sucumbíos se negó a aclarar y sobre los que hasta el momento tampoco se ha pronunciado la Corte Constitucional”, afirma Almeida.
La estatal petrolera aseguró que no encontró estándares en el país para definir “aledaño” y “centro poblado”, así que buscó los estándares en otros países. En Canadá, dice Petroecuador, encontró que un mechero no debe estar a menos de 100 metros de una población y en Colombia encontró que un centro poblado es un grupo de al menos 20 casas. Sin embargo, Almeida asegura que la distancia de 100 metros se refería al espacio mínimo que debía existir entre un mechero y el resto de la infraestructura petrolera y no a la distancia respecto a las viviendas de las personas. Además, dice que muchos de los afectados por la contaminación de los quemadores de gas habitan en zonas donde existen menos de 20 casas.
Otra de las críticas es que, en su conteo de mecheros eliminados, Petroecuador incluyó 49 que no estaban en operación desde antes de emitirse la sentencia, por lo cual ya no estaban contaminando.
Pablo Fajardo, abogado que representó a las niñas en la acción de protección, le dijo a Mongabay Latam que se han apagado algunos mecheros de pozos pequeños, pero ese gas lo están transfiriendo por tuberías a estaciones petroleras, “donde lo que ahora tenemos son mecheros gigantescos”.
Fajardo insiste en que es necesario que el gobierno le diga a los ecuatorianos qué ha hecho con el gas de los 145 mecheros que dice haber eliminado. “Cuánto representa económicamente ese gas para el país, porque se puede convertir en energía. No hay ningún ahorro en este momento, porque siguen quemando la misma cantidad de gas, sólo que en mecheros más grandes”, asegura el abogado.
Donald Moncayo insiste en que los mecheros cercanos a las estaciones siguen quemando gas.
Por su parte, en un boletín de prensa del 6 de junio, Petroecuador manifiesta que de los campos Shushufindi y Libertador (en el bloque 57 en Sucumbíos) y del campo Sacha (en el bloque 60 en Orellana) se enviaron diariamente durante el mes de mayo más de 12 millones de pies cúbicos de gas natural asociado al petróleo y 118 200 galones de gas licuado de petróleo (GLP), para ser procesados en la Refinería Shushufindi.
Según Petroecuador, estas cifras representan una producción total diaria equivalente de 12 091 cilindros de GLP de 15 kilogramos, que es de uso doméstico; 56 829 galones de gasolina natural para la preparación de gasolina extra RON 85 y 7,6 millones de pies cúbicos estándar de gas combustible para generación eléctrica.
En su intervención en la Asamblea, el ministro Luque reiteró que parte del gas que se quemaba en los mecheros ya está siendo utilizado para la producción de energía eléctrica y de GLP que sirve como combustible. Sin embargo, no dio cifras sobre cuánto dinero está obteniendo el país con ese aprovechamiento.
En su página web Petroecuador expone una infografía en la que presenta su plan para el desmonte de los 341 mecheros restantes: 30 se eliminarán en el 2025, 30 en el 2026, 60 en el 2027, 60 en el 2028, 50 en el 2029 y 54 en el 2030.
Mecheros y enfermedades
Hace tres años la Corte Provincial de Sucumbíos ordenó la eliminación de los mecheros no sólo por la contaminación ambiental que ocasionan, sino porque las niñas demandantes demostraron las afectaciones a la salud que generaba la quema de gas.
Una publicación de 2017 de la Clínica Ambiental, un proyecto del Centro de Estudios y Asesoría Social (CEAS) y la organización no gubernamental Acción Ecológica, señala que, en la región amazónica del Ecuador, hay más casos de cáncer en la población que vive cerca a las zonas donde operó Chevron-Texaco y donde existen instalaciones petroleras como los mecheros.
En el 2021, Pablo Fajardo aseguró que la UDAPT y la Clínica Ambiental llevaban dos años construyendo el registro de tumores en Sucumbíos y Orellana y habían documentado 251 casos de cáncer, el 71 % de ellos en mujeres. “Esas niñas que hoy son accionantes mañana podrían ser las víctimas de cáncer”, dijo en ese momento.
En enero de 2024 ambas organizaciones actualizaron su registro de personas con cáncer en las dos provincias amazónicas para el periodo abril 2018-diciembre 2023. El número de personas con cáncer ascendió a 531 y el 73,8 % de los afectados son mujeres. Almeida asegura que la prevalencia de cáncer en estas dos provincias amazónicas es tres veces mayor que la media nacional.
Precisamente, el cáncer fue una de las razones por las que la sentencia le pidió al Ministerio de Salud que realizara un estudio médico-científico en el que mostrara el grado de afectación de la actividad petrolera en la población aledaña.
“El Ministerio de Salud dijo que ellos no tienen registro de esas cantidades de casos de cáncer en la Amazonía. Y cómo van a tener registros si en Lago Agrio, Coca, Sacha y Shushufindi no existen centros oncológicos especializados. Cuando los pacientes de cáncer acuden a un centro de salud en esas poblaciones, lo que hacen es mandarlos a Quito y el caso de cáncer se registra en Quito, no en la Amazonía”, dice Almeida y agrega que “al final lo que vemos es una serie de interpretaciones de mala fe y una serie de manipulaciones a los datos y a la información. Es realmente impresionante lo que hace el Estado”.
El pasado 5 de junio, el ministro de Salud, Franklin Encalada, también acudió a la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional y aseguró que los estudios realizados por el Ministerio no vinculan a los mecheros como causantes de anomalías en las provincias donde operan. Sin embargo, debido a críticas como la de Almeida y de varios asambleístas, el ministro se comprometió a realizar una nueva investigación, mejorar la clasificación de casos y presentar un nuevo informe en agosto.
La asambleísta Sofía Sánchez expresó la necesidad de mejorar la infraestructura hospitalaria en las provincias amazónicas y la legisladora Mariuxi Sánchez subrayó “la discrepancia entre los estudios y la realidad en territorio, pues muchos pacientes oncológicos se sienten afectados por la contaminación ambiental”.
Otra de las entidades que tenía obligaciones en la sentencia de enero de 2021 era el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate). La Corte Provincial de Sucumbíos le pidió al Ministerio que realizara “un plan de monitoreo anual para la verificación del restablecimiento de los ambientes naturales de los alrededores en donde se encuentran actualmente los mecheros”. También le pidió liderar una coordinación intersectorial, incluyendo a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de las provincias de Sucumbíos, Orellana y Napo, “para evaluar la calidad e idoneidad de los recursos hídricos aprovechados por la población y que conjuntamente con las empresas públicas o privadas, encargadas de la explotación petrolera, efectuaran un estudio técnico para la implementación de un sistema de abastecimiento de agua apta para el consumo humano en los asentamientos aledaños a los mecheros”.
Mongabay Latam le preguntó al Maate si ha cumplido con estas órdenes, pero hasta el momento de publicación de este reportaje no hemos recibido respuesta.
Los habitantes de Sucumbíos y Orellana que viven cerca de los mecheros siguen exigiendo el cumplimiento inmediato de la sentencia de 2021. “Existe una clara manipulación y una clara intención de no cumplir la sentencia como debe ser”, afirma Almeida.
Esta es un publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.
