Más de diez años después de la firma del contrato con la empresa de capital chino Ecuacorriente S.A. y a tres años de haber iniciado la minería industrial en el país con las operaciones de la mina Mirador, los réditos para la población amazónica no llegan.
Estudios científicos advierten que los costos económicos de transformar a Ecuador en un país megaminero superarían a los beneficios en miles de millones de dólares, sin contar con costos sociales, medioambientales y culturales de difícil cuantificación monetaria.
La falta de leyes claras, los procesos engorrosos de licenciamientos, la gran cantidad de exenciones tributarias para las grandes empresas mineras, la escasa experiencia de funcionarios estatales, la falta de consultas previas y ambientales y la ausencia de control y fiscalización de actividades de gran magnitud como la megaminería provocan zonas grises en la trazabilidad de los recursos públicos.
Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar
La megaminería, el lugar donde convergen los enemigos políticos
En Ecuador, la megaminería ha sido promocionada por los últimos tres gobiernos, por sectores productivos privados y por gremios que representan a las grandes corporaciones multinacionales como “uno de los grandes motores de la economía nacional”. Pero ya en la década de los noventa, la exploración minera se inició con el impulso de nuevos marcos legales auspiciados por el Fondo Monetario Internacional y por el Banco Mundial. Estos primeros proyectos desataron conflictos sociales en diversos territorios, como en Intag, en la provincia de Imbabura. Durante la última década, una serie de proyectos de minería industrial a gran escala están ya en fase exploratoria y dos de ellos entraron en operaciones en 2019 para extraer, sobre todo, cobre, oro y plata.
La geógrafa y profesora titular de la Escuela de Gobierno y Administración Pública del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN) Andrea Carrión recordó que el expresidente Rafael Correa “posicionó discursivamente la minería como una estrategia política y económica” que generaría divisas para promover la inversión pública y el gasto redistributivo.
Bajo la idea de estrategia sembrada desde entonces, ese gobierno y los dos que le sucedieron impulsaron los proyectos mineros a gran escala Mirador, Fruta del Norte y Panantza-San Carlos, ubicados en la vertiente amazónica de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. Alberto Acosta －ministro de Energía y Minas durante los primeros cinco meses del régimen de Correa, presidente de la Asamblea Constituyente de 2008 y ahora uno de los mayores detractores de las políticas extractivistas de Correa－ aclara que en esos planes también estuvieron proyectos como Quimsacocha (ahora llamado Lomalarga) y Río Blanco, situados en los páramos andinos de la provincia de Azuay, entre otros proyectos en cartera.
Esa estrategia gubernamental profundizó los conflictos socioambientales desatados en los noventa: desalojos violentos, contaminación a fuentes hídricas, suelos y otros fenómenos que Acosta y varias organizaciones ambientalistas advirtieron que ocurrirían y que, con el paso de los años, se han agravado.
Los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso －férreos críticos de muchas políticas de Correa－ alimentaron ese impulso a la megaminería y han elegido vincular a los habitantes afectados de las zonas concesionadas con organizaciones delincuenciales. Funcionarios de sendos regímenes han usado el argumento de la supuesta rentabilidad minera como panacea y, al mismo tiempo, han reforzado discursos que criminalizan a todo aquel que se oponga a la megaminería. “Los extractivismos son el punto de convergencia de los gobiernos progresistas y de derecha”, explica Acosta.
No todo lo que brilla es oro… ni plata ni cobre
La alta relevancia económica que tendría la megaminería para Ecuador, de acuerdo con las posturas de los últimos tres gobiernos, sería, por lo menos, “cuestionable”. Un estudio del científico y catedrático de la Universidad Andina Simón Bolívar William Sacher Freslon, publicado en el número 117 de la revista Ecuador Debate, cuestiona esa supuesta rentabilidad y asegura que en cien años －entre 2020 y 2120－ “la probabilidad de que el conjunto de megaproyectos mineros considerados genere más costos que beneficios es superior al 90%, y que la probabilidad para que [los costos] representen al menos los dos tercios de los beneficios es del 99,9%
Según estas cifras, los costos, gastos y pérdidas de transformar a Ecuador en un país megaminero “superarían a los beneficios en 24.500 millones de dólares”, lo que quiere decir que terminarían siendo 1,5 veces mayores los costos que los ingresos recaudados.
Una de las conclusiones más alarmantes del estudio de Sacher asegura que “la puesta en marcha de estos diez proyectos significaría la generación de desechos anuales que representarían veinticinco veces la cantidad de desechos domésticos de todo el país”, y un aumento anual promedio del consumo de agua del país de un 5,4% y del 9,3% en energía eléctrica.
Para su análisis, Sacher eligió los diez megaproyectos mineros más avanzados en Ecuador. Elaboró un modelo de proyección con diez parámetros para comparar los beneficios con los costos en los que incurriría el Estado durante las operaciones mineras y en un período posterior al cierre de las minas. A modo de ejemplo, Sacher destacó dos escenarios de entre el total de 30.240 escenarios que generó. El primero, menos probable y algo optimista, con una probabilidad de ocurrencia de apenas 5%; y un segundo escenario, más pesimista y con 12,5% de probabilidad de que ocurra.
Pero los daños ambientales, vistos bajo el prisma económico, pueden significar costos imposibles de cubrir en el futuro. En una entrevista publicada en julio de 2019 por diario El Comercio, el vocero de Ecuacorriente S.A. Augusto Flores reconoció que los daños ambientales infringidos por la mina Mirador son irreversibles. “Esas zonas eran bosques no primarios, que fueron intervenidos para asentar el campamento; entonces, el cambio es irreversible pero es necesario, si no, ¿cómo nos instalamos?”, se preguntó Flores, un ingeniero civil con formación en seguridad, salud y medio ambiente. “Hay solamente dos posibilidades: mentir o decir la verdad. No queda más. Y yo, como vocero de la empresa, no voy a prestarme para engaños, nunca. Los procesos son irreversibles, es irremediable”.
El científico y experto en Geofísica Steven H. Emerman, de la Utah Valley University, presentó en 2019 un estudio bajo pedido de la E-Tech International que evalúa el diseño y la construcción de las presas de relaves para la mina Mirador, una infraestructura que ha sido diseñada para contener alrededor de 491 millones de metros cúbicos de desechos mineros, el equivalente a tres lagos San Pablo y la mitad de uno más. Entre otras conclusiones, el científico determinó que en los 30 años de vida útil del proyecto es inminente la ocurrencia de un terremoto, una inundación o episodios de erosión interna, dado que el suelo amazónico es inestable, la zona es de alta sismicidad y la infraestructura de la mina no presenta las condiciones para evitar un desastre.
“Se recomienda una moratoria inmediata en la construcción adicional de la mina Mirador”, dijo Emerman. El estudio concluyó que “una falla de las presas de relaves en la mina Mirador es inevitable y las consecuencias serán extremas”. Además, Emerman advirtió que durante la construcción de la mina no se realizó ninguna evaluación de los riesgos por deslizamientos de tierra y alta erosión en la zona, y aseguró que la presa Quimi －una de las dos que se han planificado en la mina－ usó un método de construcción calificado como “el más susceptible a todas las causas de falla de las presas de relaves (…) La presa es susceptible a la falla tan pronto como la relavera se llene con relaves húmedos”, explicó en su estudio.
Emerman ha estudiado otros desastres por rotura de presas mineras en distintas partes del mundo. En 2014, en Canadá, se rompió una relavera de la mina Mount Polley, propiedad de la empresa Imperial Metals Ltd., y se derramaron 25 millones de metros cúbicos de agua y desechos mineros en el lago Polley. Los informes de auditoría determinaron que hubo fallas en el diseño de la construcción por no haber tomado en cuenta las características del suelo, algo muy similar a lo que habría ocurrido con Mirador. En 2015, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, la empresa minera Samarco fue responsable de la rotura de una presa de relave que soltó 39,2 millones de metros cúbicos de desechos, mató a 19 personas y acabó con el poblado de Bento Rodrigues. El episodio fue comparado con el accidente en la planta nuclear de Fukushima, ocurrido en Japón en 2011. También en Brasil, en Brumandinho, una presa de la mina Córrego do Feijão, propiedad de la minera Vale, se rompió derramando alrededor de 13 millones de metros cúbicos de desechos mineros en 2019 que mataron a 259 personas. En Mirador se ha previsto la construcción de dos relaveras con capacidad para contener alrededor de 491 millones de metros cúbicos, de acuerdo con los datos de Ecuacorriente y del Estado ecuatoriano. “Esa enorme cantidad de material que quedará ahí luego de que se vaya la empresa minera debe ser manejada por alguien”, advierte Alberto Acosta.
Según el estudio de Sacher, en su escenario más optimista, el costo promedio de la rotura de una relavera de la mina Mirador sería de 47.136 millones de dólares. Pero en su escenario más pesimista y más probable, este costo alcanzaría los 141.408 millones de dólares, lo que equivale a unas cuatro veces el presupuesto general del Estado aprobado en 2022. Entre el 2020 y el 2120, la mina Mirador proporcionaría al país ingresos por 7.804 millones de dólares, pero le significaría 16.021 millones de dólares en gastos, costos y pérdidas.
De los discursos a las cifras sobre Mirador
En general, los datos sobre este proyecto han sido ambiguos. Años antes de la entrada en operaciones de la mina Mirador, el gobierno de Correa dijo que se había calculado que en su interior existían 3,04 millones de toneladas de cobre; 3 200 millones de onzas de oro; y 25 millones de onzas de plata. A mediados de 2019, ya con Lenín Moreno como presidente, el entonces Ministerio de Energía y Recursos No Renovables, liderado por Carlos Pérez, aumentó las cifras y aseguró que Mirador tiene reservas de 3,18 millones de toneladas de cobre; 3,39 millones de onzas de oro y 27,11 millones de onzas de plata.
La proyección inicial del Estado fue extraer más de 350 000 toneladas de concentrado de cobre por año de Mirador, es decir, unas 958 toneladas al día, lo que en 30 años de vida de la mina representaría 10,5 millones de toneladas. Años después se calculó una extracción total de 20 millones de toneladas de concentrado de cobre durante los 30 años (el equivalente a unas 666 666 toneladas por año y a 1 826 toneladas por día). Pero también se aseguró que hasta la planta de beneficio llegarían más o menos 10 000 toneladas diarias de roca, que en seis meses llegarían a 30.000 toneladas y que en un año alcanzarían las 60.000 toneladas diarias ofrecidas en el primer momento.
El exministro Pérez dijo, sin embargo, que se procesarían 94 000 toneladas de concentrado de cobre al año y se estimaron unos 95 millones de dólares en exportaciones para 2019 solo de la mina Mirador. Un comunicado oficial aseguró que en 2020 la cifra alcanzaría los 498 millones de dólares.
De acuerdo con la norma legal, las ventas deben reflejarse en los beneficios para la población directamente afectada, en regalías, impuestos, patente de conservación de la concesión, utilidades y otros rubros.
Según la información del Servicio de Rentas Internas, desde el 2019, la provincia de Zamora Chinchipe experimenta un drástico incremento en sus rentas. El 15 de enero de 2020 Ecuador exportó el primer cargamento extraído de Mirador, con 22 000 toneladas de concentrado de cobre por un valor comercial de 23 millones de dólares.
Ecuacorriente había declarado ya 30 millones de dólares por regalías en 2019, con lo que se completó el pago de 100 millones por regalías anticipadas al que la empresa se comprometió en el contrato suscrito en 2012. El Estado obtuvo esos 100 millones de dólares en cuatro distintos pagos. En 2020, en cambio, sus regalías representaron apenas 3’650.166,49 dólares. Y en 2021, la empresa declaró 12’071.706 por el mismo rubro.
De acuerdo con las cifras del Banco Central, la inversión en el sector minero en el primer trimestre de 2022 fue de USD 35,5 millones; por su parte, las exportaciones de oro y plata, entre enero y mayo de 2022, fueron de 6,50 toneladas con un incremento de 19,21% con relación a similar período de 2021.
En 2022, las industrias manufactureras junto a la explotación de minas y canteras constituyeron el 15,31% y el 13,18% de las exportaciones totales, respectivamente.
En ese período, el cantón El Pangui －donde se ubica la parroquia Tundayme, que a su vez es el sitio donde opera la mina Mirador－ registró una recaudación de 261’192.395 dólares cuando en toda la provincia de Zamora Chinchipe se recaudó 413’805.129 dólares. Solo El Pangui representa el 63% de la recaudación total de la provincia. De la recaudación de El Pangui se registran 269 451,28 dólares por concepto de Patente de conservación para concesión minera. Por Regalías mineras, el Estado obtuvo 54’945.219,49 dólares y por Utilidades de las actividades mineras recaudó 54’523.928,41 dólares.
El 14 de enero de 2020, el presidente de la firma Ecuacorriente S.A., Hu Jiandong, dijo que hasta esa fecha se había pagado al país un total de 264 millones de dólares. El gobierno aseguró ese mismo día que entre 2016 y 2049, la mina Mirador debería pagar al Estado ecuatoriano 9.239 millones de dólares solo por concepto de impuestos, regalías y utilidades mineras con 36.478 millones de dólares por exportación de concentrado de cobre.
Pero un boletín del Banco Central de esa misma fecha presentó un valor estimado de ventas de 40.920 millones de dólares entre 2020 y 2049, es decir, una diferencia de más de 4 000 millones de dólares por exportaciones y en un período menor.
Ahora bien, el artículo 93 de la Ley de Minería establece que el 60% del total de las regalías debe destinarse a la ejecución de proyectos de inversión social en zonas aledañas a los proyectos mineros a través del Gobierno Nacional, Gobiernos Autónomos Descentralizados o de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, pero a pesar de esos números declarados, esa Secretaría no registra ningún tipo de transferencia por regalías mineras de parte de Ecuacorriente S.A. Además, la utilidad neta de Ecuacorriente S.A. en 2019, 2020 y 2021 se registra en cero en los archivos del SRI.
Intentamos comunicarnos con el alcalde de El Pangui, Carlos Punín, y con el presidente de la Junta Parroquial de Tundayme, pero no obtuvimos respuestas de ninguno de ellos.
Vidas negadas: el incalculable precio del miedo
Nadie sabe ni puede llegar a saber cuánto cuesta el miedo. El 12 de mayo de 2014, fuerzas policiales irrumpieron en el barrio de San Marcos, en la parroquia de Tundayme, y derribaron una iglesia y una escuela. Más de un año después, el 30 de septiembre de 2015, otro contingente policial desalojó a 16 familias de las zonas Vía Cóndor Mirador y San Marcos. El 16 de diciembre del mismo año, miembros de la policía, la Fiscalía y personeros de la empresa Ecuacorriente S.A. desalojaron a otras familias y destruyeron viviendas con maquinaria pesada en San Marcos, Tundayme. El 4 de febrero de 2016, desalojaron a Rosario Wari, una mujer shuar de más de 95 años. La revista Plan V publicó estos episodios y contabilizó 116 miembros de 32 familias desalojados violentamente en este lugar, en donde se construyeron las instalaciones mineras de Mirador. Pero los desalojos no terminaron ahí, sino que se repitieron en 2021 y en 2022. Un equipo de La Barra Espaciadora reportó el desalojo de una pareja de ancianos en situación de pobreza que perdió su casa el 26 de abril de 2022, en un operativo realizado por unos 25 efectivos de la Policía Nacional. El miedo a nuevos operativos entre la población de Tundayme es cada vez más grande.
Federico Auquilla, quien fue viceministro de Minas del gobierno de Correa durante la firma del contrato con Ecuacorriente S.A., en 2012, hasta mayo del 2013, aseguró en entrevista con La Barra Espaciadora que San Marcos “no era un poblado, era un tema ahí que salió de la nada, de la noche a la mañana, incluso de la noche a la mañana hicieron una iglesia para decir que había una iglesia (…) No existe tal pueblo (…) Era una especie de terreno al que le pusieron un nombre, pero no existía, nunca ha existido el pueblo de San Marcos o el caserío, o lo que quieran llamarlo”. Para este exfuncionario que ahora se desempeña como profesor universitario, todo marchó bien con Mirador hasta 2018, cuando, según afirma, “el Estado perdió el control sobre el proyecto (…) No hay autoridades que sepan lo que tienen que hacer”. Auquilla había anunciado el 3 de marzo de 2016 que Mirador dejaría 40 millones de dólares anuales durante su vida útil, solo por regalías. Por entonces, había dejado ya el Viceministerio de Minas para asesorar a Ecuacorriente S.A. hasta 2017.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería del Ecuador (CME), le da la razón a Auquilla. “Si es que los recursos no están volviendo como deberían volver por parte del Estado, no le achaques a la Cámara, eso es algo que la industria le está pidiendo al Estado”, dijo a La Barra Espaciadora.
Silva reconoce, además, que no se ha hecho consulta previa en las comunidades directamente afectadas por la instalación y operación de Ecuacorriente S.A. y de las otras 32 mineras canadienses, australianas, chilenas, británicas y chinas, que son representadas por la CME. Pero no está de acuerdo con que se detengan las operaciones para dar paso a la discusión y aprobación de la ley de consulta previa, postergada desde 2008. Eso “no sería justo para nosotros ni para los 180 000 puestos de trabajo que generamos, ni para los 13 puntos de reducción de la pobreza. Le estás haciendo pagar a un inocente una falta del Estado (…) La industria [minera] es la primera que quiere y que pide, que demanda esa Ley de Consulta Previa”, exclamó.
También negó rotundamente que haya habido desalojos, a pesar de que los registros de prensa, Defensoría del Pueblo e incluso de organismos internacionales son abundantes. “No ha habido familias despojadas porque va[ya] a venir la minería (…) todo lo que hay en el subsuelo le pertenece al Estado, es una cuestión de soberanía”.
Sin embargo, decenas de testimonios recogidos en el informe Entretelones de la Megamineria en el Ecuador, elaborado por los investigadores académicos William Sacher, Michelle Báez A., Manuel Bayón, Fred Larreátegui F. y Melissa Moreano, da cuenta de la violencia de dichos desalojos y de la participación de varias instituciones del Estado en su ejecución.
La politóloga y docente de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Michelle Báez añade una consecuencia de la llegada de la mina a Tundayme, que constituye una característica común a todos los proyectos extractivos en la Amazonía ecuatoriana: «El aumento de la violencia en las familias, el miedo de las mujeres a circular solas en la parroquia, la aparición de ‘casas de tolerancia’ o ‘chongos’ desde que llegó la actividad minera».
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