Por Ana Cristina Alvarado / @ana1alvarado
La minería ilegal se expande en el Parque Nacional Podocarpus y avanza por las zonas de amortiguamiento y hacia los límites del Parque Nacional Sumaco – Napo Galeras, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, ubicados en la Amazonía ecuatoriana. Así lo muestran imágenes satelitales analizadas por los integrantes del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), una iniciativa de Amazon Conservation.
“Es preocupante cómo avanza la minería ilegal y se acerca a las áreas protegidas”, señala un especialista de la Fundación Ecociencia, parte del MAAP, y quien prefiere mantener su anonimato por seguridad.
En octubre de 2023, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina publicó un reporte que registraba que hasta 2021, la actividad minera, regular e irregular, ya cubría 7 495 hectáreas de la Amazonía ecuatoriana. Ahora, en un nuevo reporte, publicado el 11 de octubre de 2024, alertan sobre el avance y daños de la minería en las áreas naturales protegidas.
La Reserva Cofán Bermejo y el Parque Sumaco – Napo Galeras están en el norte de la Amazonía ecuatoriana, mientras que El Zarza y el Parque Nacional Podocarpus están en el sur. La ubicación geográfica de estas zonas facilita el traslado de material. “A la vez que hay poco control, hay cercanía a las fronteras”, dice el especialista. Esto sería clave para la extracción de oro, pues insumos como el mercurio provendrían de países vecinos.
Ecociencia también encontró que la minería ilegal se está expandiendo en áreas remotas y poco accesibles, donde es más difícil ejecutar el control.
“Ahora tienes una nueva amenaza a espacios que tienen administración especial del territorio, pero que nadie respeta”, dice Sofía Jarrín, asesora de incidencia internacional para la Amazonía occidental de la organización no gubernamental Amazon Watch. La experta señala que el Estado debería garantizar el cumplimiento de las obligaciones vinculadas a la administración y el control de las áreas protegidas. También cree que se debería contar con una unidad especial en Fiscalía para monitorear “en forma seria” la minería ilegal.
El nuevo reporte del MAAP y Ecociencia muestra deforestación, creación de piscinas para la extracción del oro y cambio en la trayectoria de los ríos. Además de los impactos visuales, hay daños al ambiente y a la salud de poblaciones cercanas por el uso de mercurio y el derrame de combustibles en el agua.
En Cofán Bermejo, las disidencias tienen el control
La Reserva Ecológica Cofán Bermejo, de 55 451 hectáreas, está en la provincia de Sucumbíos y limita al norte con el río San Miguel, que también es el límite fronterizo con Colombia. El área está cubierta de un bosque tropical, en el que se levantan especies de árboles como el cedro (Cedrela odorata), el chuncho (Cedrelinga catenaeformis), el copal (Bursera copallifera) y el guarango (Caesalpinia spinosa). Entre la fauna que habita el lugar están monos aulladores (Alouatta palliata), cusumbos o coatis (Nasuella olivacea), osos hormigueros (Myrmecophaga tridactyla), jaguares (Panthera onca), pumas (Puma concolor) y tigrillos (Leopardus tigrinus).
A lo largo del río Bermejo, dentro de la zona de amortiguamiento, el MAAP registró 337 hectáreas afectadas por la minería, entre febrero de 2020 y septiembre de 2024. Al menos “1.05 hectáreas se encuentran dentro del límite de la Reserva”, se señala en el reporte.
“Ingresa maquinaria grande, destruyen el bosque, hacen huecos, piscinas para encontrar el oro, todo queda así, una cosa horrorosa. Están dañando el agua, las especies que viven dentro del entorno, la salud de ellos mismo, de las comunidades locales”, de acuerdo con un habitante del sector que pidió mantener su identidad protegida por temor a represalias.
El incremento de la minería ha atraído a grupos armados. “En la zona de la Barranca Bermeja hay presencia de Comandos de Frontera [una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)]. Ellos tienen el control de todo el sector, incluso de las actividades de los guardaparques. Ante la ausencia total del Estado, ellos tienen control en nuestro país. Tienen tanto poder que piden tener un carnet que certifique que usted es de ahí”, declara. En la zona de frontera, asegura, también se dan delitos conexos, como tráfico de combustible y gas, trata de personas, siembra, procesamiento y transporte de drogas.
La minería ilegal ya lleva algunos años, cuenta, pero se incrementó a partir de la pandemia, sobre todo en la zona de amortiguamiento. En esa época, las comunidades shuar Taruka y Etsa, que habitan el lugar desde la década de los setenta, implementaron controles para custodiar la minería ilegal que realizan en su territorio, de acuerdo con la fuente. Mientras tanto, en la comunidad shuar de Yamaram Nancais, los mineros serían colombianos en su mayoría. “La falta de atención del gobierno y el abandono del Estado ha sido tanta que es fácil aceptar este tipo de actividades que den un rédito económico considerable”, opina.
La expansión de la minería está ocasionando conflictos interculturales, pues la reserva “nace del deseo de los cofán por cuidar su territorio ancestral”. Indígenas de esta nacionalidad han sido amenazados por monitorear el territorio y la mayoría teme dar declaraciones sobre las actividades ilegales.
Los guardaparques, que son diez para las 55 451 hectáreas, también están en peligro. Ellos estarían obligados a cumplir con ciertas directrices impuestas por los grupos armados, como no circular por el sector de Providencia o evitar zonas de pasos ilegales a partir de las 17:00. También han recibido amenazas por parte de personas armadas tras participar en operativos de control de la minería ilegal. En julio de 2024, la Asociación de Guardaparques emitió un comunicado denunciando la inseguridad en las áreas protegidas.
Grupos armados se disputan el Sumaco – Napo Galeras
El Parque Nacional Sumaco – Napo Galeras está entre las provincias de Napo y Orellana, al oriente de los Andes. El volcán Sumaco, el único que está totalmente en la Amazonía, se encuentra rodeado por cerros de menor tamaño de los que nacen los afluentes de los ríos Quijos y Coca. En esta variedad de pisos climáticos, entre los 500 y 3 732 metros sobre el nivel del mar (msnm), hay gran diversidad de orquídeas, aves, anfibios y mamíferos.
El MAAP y Ecociencia han hecho un monitoreo continuo del avance de la minería irregular en la cuenca del río Punino, documentados en los reportes 151 y 219. En mayo de 2024, la iniciativa registró la expansión de estas actividades al límite del parque. Entre septiembre de 2022 y agosto de 2024 se contaron 142 hectáreas afectadas en la zona de amortiguamiento. De esas, 0.32 hectáreas están dentro del área protegida.
La minería habría empezado a despegar en 2018, de acuerdo con un habitante del sector que también prefiere mantener su identidad anónima. Las excavadoras y dragas han destruido el paisaje y han cambiado la arquitectura y el cauce del río, cuenta. A esta fuente también le preocupa el derrame de combustibles y uso de mercurio para separar el oro de las rocas.
“No sabemos quién metió las retros (maquinaria), pero son personas de afuera que van captando comuneros”, cuenta la fuente. Colonos y kichwas de la Amazonía han llegado atraídos por la fiebre del oro. Cada gramo estaría a 82 dólares. Aquí, como ya se ha documentado también en el Podocarpus, los mineros usarían oro como moneda de cambio. “Se comercializa en oro los víveres, lo que se necesite”, dice.
Hasta estas minas han llegado grupos armados para ofrecer seguridad. “En principio, en la zona del Punino vinculada al Sumaco, les daban resguardo personas que se identificaron como Los Lobos [una organización criminal ecuatoriana]”, dice el habitante del sector. Después de que, en agosto de 2023, dos cuerpos aparecieron colgados en el puente del río Payamino, un nuevo grupo, que los pobladores reconocen como guerrilleros de las FARC, habría retomado el trabajo.
Las comunidades kichwas de la zona, San Pedro del Coca, Supayaku y Panduyaku, se han dividido. Mientras unos quieren proteger su territorio y recursos, otros ven en la minería una oportunidad. En este parque de 207 598 hectáreas trabajan 15 guardaparques.
La minería también es agresiva en el sur
El Refugio de Vida Silvestre El Zarza, en la provincia de Zamora Chinchipe, se extiende por 3 696 hectáreas en la Cordillera del Cóndor. Ahí se han registrado 2 030 especies de flora, entre ellas 65 orquídeas y 613 especies de aves, un número similar al del Yasuní. Mientras tanto, el Parque Nacional Podocarpus está entre las provincias de Loja, en los Andes, y Zamora Chinchipe, en la Amazonía. Tiene 146 280 hectáreas y se encuentra en “una zona de gran biodiversidad y endemismo”, por lo que es parte de la Reserva de Biósfera Podocarpus – El Cóndor, de acuerdo con el sitio web del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
En agosto de 2024, el MAAP contabilizó 33 hectáreas de actividad minera en la zona de amortiguamiento de El Zarza. No se ha identificado minería dentro del límite del Refugio. En el Podocarpus se documentaron 50 hectáreas afectadas en el corazón del parque. En julio de 2023, la iniciativa reveló un impacto en 22 hectáreas. Desde esa fecha, hasta septiembre de 2024, la minería ilegal ocupó 28 hectáreas adicionales.
Mongabay Latam solicitó información sobre el estado de las cuatro áreas protegidas y de los guardaparques a la Dirección de Áreas Protegidas, pero no recibió respuesta hasta el cierre de la edición.
“Desde 2023, el grupo Los Lobos intensificó el control de la explotación minera a través de asesinatos, extorsión y secuestros”, se lee en el informe Oro, bandas criminales y gobernanza: comunidades indígenas en las garras del crímen organizado, elaborado por Amazon Watch y publicado en septiembre de 2024. “Hay reportes de que este grupo criminal se ha tomado el control de la explotación minera en áreas remotas como el Parque Nacional Podocarpus, promoviendo tráfico de armas y de drogas en la región”, se añade.
El control de la minería ilegal y de los delitos conexos se ha debilitado con el aumento de la fragilidad institucional del Estado, la pérdida de financiamiento y la eliminación de actividades para la seguridad del país, de acuerdo con Sófía Jarrín de Amazon Watch.
Por su parte, el especialista de Ecociencia comprobó la lentitud de los procesos de control. Por ejemplo, en enero de 2023, el MAAP colaboró con el Parque en la elaboración de un primer reporte que reveló el impacto de la minería ilegal. Nueve meses después, las Fuerzas Armadas concretaron un operativo en el que decomisaron seis retroexcavadoras, dos armas de fuego, 20 municiones, 70 galones de combustible, entre otros. Sin embargo, la minería, como señala el nuevo reporte, no se detuvo.
Mientras la minería ilegal avanza, a Jarrín le preocupa que en Ecuador se recrudezcan las condiciones de amenaza y persecución a las personas defensoras del ambiente y el territorio. Lo que sucede en Perú y en Colombia, dos de los países del mundo más peligrosos para los líderes ambientales, “es un espejo de lo que va a acontecer en Ecuador”, advierte la experta. Asegura que es urgente que se incluya y se consulte a las organizaciones indígenas sobre el diseño de políticas de seguridad, para evitar confrontación o estigmatización.
*Imagen principal: Minería en la zona de amortiguamiento de la reserva ecológica Cofán Bermejo, en Ecuador. Foto: Cortesía
Esta es un publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.
