División, destrucción, corrupción y miseria: el ciclo de la minería del oro en Ecuador. Parte II
Redacción Montañas y Selva
Son las dos de la mañana.
La noche es de un negro infinito, pesado, bullicioso.
La gente empieza a llegar a la casa comunal rectangular, sin paredes, piso de tierra y columnas altas de bambú. En el techo de paja y hojas de zinc cuelgan banderines de colores. Dos focos empapan, con una luz cobriza, a los visitantes.
―Alli puncha
―Alli puncha
Se saludan con la mano y toman asiento mujeres con bebés a sus espaldas, hombres adultos con lanzas y jóvenes con teléfonos celulares. Todos alrededor de una hoguera esperan el inicio de la Guaysupina, un ritual que consiste en tomar guayusa en la madrugada.
Sobre el carbón, en una olla quemada, hierve la guayusa que se compartirá a las tres de la mañana de este sábado 18 de marzo de 2023, como inicio oficial de las fiestas de fundación de la comunidad Kichwa Tzawata – Ila – Chucapi.
Festejan que existen, aunque han sido invisibles por más de 300 años.
A la sala abierta entra Kambak Wayra Alvarado Andi. Saluda con una leve sonrisa a quienes ya están sentados y se acerca a conversar con una de las mujeres que prepara el té tradicional. Luego, el líder de la comunidad se sienta y mira silencioso por encima del fuego; con los pies imantados a la tierra y un poco encorvado, como lleno de la fatiga de las que paren o de los que sobreviven a una batalla.
Kambak repasa el discurso que dará en un par de horas.
Kambak espera que todo salga bien en estos dos días de celebración.
Kambak imagina qué sucedería si en la vulnerabilidad de la fiesta y la algarabía, vienen a desalojarlos a la fuerza.
Kambak esboza, mentalmente, la carta de respuesta que deberá redactar para la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
Kambak está ahí pero no está. Igual que su comunidad ancestral.
Su mirada se pierde entre el humo y la luz cobriza.
Llega el DJ.
Tierras inútiles, baldías
A finales de la década del cincuenta del siglo pasado, el Ecuador inició lo que se conoció como la feria de las adjudicaciones.
En la Constitución de 1967 se determinó que las tierras baldías y abandonadas serían bienes del Estado que podrían pasar a particulares que tengan como fin la explotación agrícola, minera y la colonización.
El 22 de mayo de 1958, el Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) adjudicó 200 hectáreas de la antigua Hacienda Ila, a los Misioneros Redentoristas, representados por el Reverendo Daniel Alarcón Falconí, quien el 7 de junio de ese mismo año recibió 200 hectáreas más por parte del IERAC, de acuerdo con el Registro de la Propiedad del cantón Tena, en la provincia amazónica de Napo.
Catorce años más tarde, en 1972, el IERAC adjudicó a la señorita Laura Margarita Vasco Arellano un lote, contiguo al de los misioneros, de 227 hectáreas.
En 1979 el matrimonio Vasco Arellano y la señorita Laura Margarita compraron las 400 hectáreas a los misioneros y se conformó una sola propiedad de 627 hectáreas a orillas del río Anzu.
De estas transferencias de escrituras y firmas no se enteraron las familias kichwa asentadas en el mismo territorio y distribuidas en tres comunidades: Tzawata, Ila y Chucapi. Ellas seguían viviendo en sus casas altas de caña mientras trabajaban la tierra para el autoconsumo y el trueque con comunidades vecinas. Seguían bebiendo y bañándose en el agua cristalina del río.
No tenían cómo enterarse de esos negocios. Los pobladores no contaban con carreteras que los comunicaran con el exterior. Todo lo hacían por vía fluvial o por estrechos caminos que recorrían a pie, por horas, hasta salir a Tena, la ciudad más cercana. No sabían de leyes ni de adjudicaciones. Estaban aislados repitiendo lo que hicieron sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos. La comunidad mantuvo su lengua (kichwa); sus costumbres ancestrales de caza, pesca, y siembra de yuca y plátano. Conservaban sus rituales sagrados.
Mientras la vida continuaba en la comunidad, las 627 hectáreas siguieron pasando de mano en mano en las oficinas del Registro de la Propiedad de Tena.
En 1982, Yanouch Agrícola y Ganadería Cía. Ltda. compró la propiedad a la familia Vasco Arellano. Nadie de la empresa llegó a Tzawata a tomar posesión material. En el 2000, la señora Consuelo Donoso Echanique compró a Yanouch la hacienda. Tres años más tarde, Donoso le vendió la propiedad a la empresa minera Hampton CourtResources Ecuador S.A. que, a su vez, en 2004, pasó los derechos a la empresa Merendon del Ecuador.
Y el conflicto comenzó.
Merendon entró en la comunidad con la idea de levantar proyectos turísticos. Cuando supo que había oro en el subsuelo, la empresa se volcó a la industria minera e inició actividades de explotación en los ríos Pupo e Ila.
De 2006 a 2008 se realizó la extracción aurífera, hasta que el Mandato Minero aprobado por la Asamblea Constituyente obligó a paralizar todas las concesiones mineras para ser renegociadas con la nueva Ley Minera.
La comunidad dice que recibió insignificantes compensaciones y la semilla de la división social rondó el territorio durante el tiempo que la minería se instaló en la orilla de sus ríos. Tzawata siempre estuvo en contra de la presencia de Merendon en lo que ellos aseguran que son sus territorios ancestrales. Por su parte, Chucapi e Ila llegaron a tener conversaciones con Merendon, alegando que nunca podrían ganar una batalla legal.
―El proceso de lucha es complicado, desgastante― dice María Belén Noroña, profesora de la Universidad Estatal de Pensylvania, ecóloga política e investigadora de conflictos socio ambientales en temas de minería y petróleo. Requiere que vayan a reuniones constantes, que se enfrenten a la criminalización de los defensores de la naturaleza, por eso, muchos pueblos renuncian, ceden o negocian con las empresas extractivas. Además, en esos años, a partir del 2012, hubo una ruptura de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) con el gobierno de Rafael Correa, quien a la vez expulsó a algunas oenegés, lo que debilitó los procesos de lucha social― explica la académica.
Noroña ha publicado algunos artículos relacionados con la minería, el sector petrolero y las disputas sociales. En su análisis sobre las luchas en red o luchas colectivas en la Amazonía se remite al caso Tzawata. Pone énfasis en que esta comunidad ha logrado su legitimación sin tener las tierras. Su estrategia ha sido crear y mantener redes con todo tipo de organizaciones, grupos sociales, campesinos, comunitarios, voluntarios internacionales, instituciones extranjeras, y que esas alianzas son movibles de acuerdo a las circunstancias.
Las comunidades de Ila y Chucapi, al ver que no tenían los resultado esperados, que no se cumplían los ofrecimientos de la minera y que, además, fueron testigos de los daños ambientales, como la destrucción de algunos de sus sitios sagrados, bosques, ríos y fosas, decidieron no seguir apoyando a Merendon y se plegaron a la lucha de Tzawata, formando un solo frente llamado Tzawata. También iniciaron una serie de reuniones con la Conaie, la Foin (Federación de Organizaciones Indígenas de Napo) y otras organizaciones sociales para protestar por la contaminación de sus ríos y por el conflicto social que se comenzó a dar.
Entonces, aseguran que se inició un proceso de hostigamiento a la población, con prohibiciones en la siembra de sus productos. Tzawata, al ver afectada su capacidad de sustento con estas restricciones, decidió envolverse en un complejo laberinto legal. Fue reconocida como comunidad indígena de raíces ancestrales por parte del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador (Codempe) el 15 de julio de 2011.
El 10 de septiembre de 2010, el extinto diario Hoy hizo una entrevista a la gerente general del Merendon de ese momento. Catalina Feijoo Marín dejó claro que ellos eran los propietarios de las 627 hectáreas en la Hacienda Ila, en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola. Feijoo dijo al diario que la empresa no tenía ningún problema con las comunidades aledañas pero que enfrentaban una invasión por parte de gente que era “de afuera, con intereses particulares”.
Merendon inició procesos administrativos contra el Estado ecuatoriano con el objetivo de provocar los desalojos de la comunidad. El ex Inda, ahora Ministerio de Agricultura y Ganadería, ordenó ese mismo 2010, con Resolución No. 157-2010 de fecha 18 de mayo, el inmediato desalojo de los pobladores de Tzawata.
Hubo dos intentos. En el primero, la fuerza pública logró destruir algunos cultivos. En el segundo, la comunidad completa resistió y conservó el territorio. Quienes estuvieron al frente fueron las mujeres y los niños, cuyas armas fueron chisguetes de orina y ají, como lo describe la doctora María Belén Noroña, en su estudio de caso sobre la resistencia de Tzawata.
Kambak confirma el hecho y dice que sí, que la orina era la principal arma de los niños. Y muestra una foto de ese momento.
El 10 de enero de 2011 y en diciembre de 2012, Tzawata-Ila-Chucapi hicieron dos peticiones a la Subsecretaría de Tierras del Ministerio de Agricultura sobre la expropiación del título de propiedad de la minera. En 2012 Merendon, por su parte, hizo la solicitud de licencia ambiental al Ministerio de Ambiente.
Pasaron 10 años de silencio, 10 años de calma, 10 años de paz. 10 años en los que Merendon cambió dos veces de nombre hasta convertirse en Terraturismo. S.A.
Esta alianza periodística intentó comunicarse con la empresa, que no está registrada en la Superintendencia de Compañías ni en el Servicio de Rentas Internas. Solo hay una página institucional con un único número telefónico al que hemos llamado. Nos dijeron que el Dr. Aurelio Quito es el consorcio de abogados que los asesora. Hasta el cierre de esta edición no pudimos contactarnos con el Dr. Quito.
Fiodor Mena, ingeniero en Ciencias Ambientales y exdirector zonal del Ministerio de Ambiente, estuvo al tanto de las audiencias por el litigio del caso Tzawata. Confirma que es poco claro el origen de la empresa y que lo suelen relacionar con Terraearth Resources, pero no existen pruebas ni todos los documentos básicos sobre esta compañía. Alrededor de la empresa hay una gran sensación de misterio.
En octubre de 2021, tomados por sorpresa, los habitantes de Tzawata fueron atacados por 200 personas que llegaron con machetes, carpas, comida, ollas, tanque de gas, techos, motosierras, alambres de púas, carabinas y hasta con colchones sobre la cabeza.
― La idea de ellos o de Terraturismo fue sacarnos y quedarse. Dijeron que venían de parte de Terraturismo a apropiarse de la comunidad, llegaron con tantas cosas que luego la policía tuvo que decomisar―, recuerda Kambak.
Tzawata activó el protocolo de la guardia indígena. Llegaron personas de comunidades aledañas. Estalló una guerra no declarada y los foráneos no lograron desalojar a los kichwas de la antigua Hacienda Ila.
Para Noroña, esta es la principal estrategia de Tzawata, activar la red en el momento justo de los intentos de desalojo. “Ellos saben cuándo los van a desalojar y la noche anterior mueven las redes. Han aprendido a gestionar el territorio a través de sus relaciones”.
“Gracias al machete, una compañera no murió”, dice Kambak luego de haber salido de sus pensamientos y mientras se prepara para dar el discurso de inicio de las fiestas, esa madrugada del 18 de marzo de 2023. “Mis compañeros dicen que gracias a Dios no murió nuestra guerrera, pero yo digo que fue gracias al machete que estuvo mocho”, comenta, con un dejo de rabia.
Desde ese día, hombres y mujeres en Tzawata se organizan en grupos de cuatro personas para cuidar los tres accesos a la comunidad durante las 24 horas del día. Con lanzas y camisetas negras no han dejado de vigilar un instante.
Tzawata duerme con un solo ojo.
“Esto es cansado, agotador. Es terrible no poder vivir tranquilos”, son las últimas palabras de Kambak antes de subir al escenario.
Leonir Dall’Alba fue un misionero brasileño que llegó a Tzawata en 1987 e hizo una recopilación de entrevistas con el objetivo de entender el origen de esta comunidad kichwa. Su libro Pioneros, nativos y colonos: El Dorado en el siglo XX se publicó en 1992. Entre los testimonios se incluye el del hijo de Carlos Sevilla, uno de los hacendados, que confesó que en sus terrenos vivían alrededor de 80 familias de nativos que formaban clanes de apellidos Alvarado, Grefa, Tapuy, Pauchi, Ila, Dahua, Shiguango.
Luis Alfonso Tapuy tiene 58 años y vive en Tzawata. Sus recuerdos se superponen a la música que comenzó a sonar por el gran parlante negro que trajo el DJ para la fiesta de aniversario de la comunidad.
“Esta tierra es nuestra”. Es lo primero que dice y recuerda las largas caminatas que hacía de niño, junto a su madre, para vender en Tena los productos de su chakra: “Caminábamos por horas y tomábamos fuerza con la chicha que la gente siempre ponía en el camino”. Su padre murió a los 90 años y, para orgullo de Luis Alfonso, le pudo contar toda la historia del pueblo desde antes de que se iniciaran las adjudicaciones estatales, lo que le permite asegurar que “no somos recién venidos, nosotros nacimos aquí, por eso luchamos. Si nos sacan, ¿dónde vivirán nuestros hijos, nietos y bisnietos?”.
Actualmente conviven hasta cuatro generaciones. En Tzawata, cada año hacen un censo comunitario. A 2023 existen 393 personas entre niños y adultos, 20 recién nacidos y 15 embarazadas.
A las fiestas de fundación de la comunidad Kichwa Tzawata – Ila – Chucapi llega Alex Grefa, un músico kichwa de trayectoria. Es muy conocido en la Amazonía. Cantará con su pecho desnudo pero cubierto de collares coloridos. Minutos antes del show comienza a hablar y se suma a los recuerdos de Luis Alfonso Tupay. El artista no es de esta comunidad, pero la vivencia, las costumbres y las grandes caminatas fueron las mismas:
“Yo camino lejos /para llegar a mi comunidad/ Llego cansado/ pido chicha a las mujeres/ para calmar mi hambre”.
Ese es el estribillo de una de sus composiciones musicales. Se le hace difícil traducir al español. Grefa solo canta en kichwa. Habla emocionado de Takitamia, el grupo del que ha sido parte. Recuerda uno de sus mejores éxitos: cilularmuku: una oda al uso del teléfono celular.
Kambak sube al escenario, da un discurso corto y contundente. Dice que lucharán por su tierra, por sus ancestros y por sus niños. Que dejarán hasta la vida.
―La vida, porque nuestra sangre ya está en esta tierra―, dirá Kambak al amanecer, mientras el Yachak (sabio del pueblo) finalizará la fiesta con el ritual del ají.
Los pobladores dicen que uno de los ríos de la comunidad se llama Pupo porque en sus orillas enterraban el cordón umbilical de los recién nacidos. Pupo es como se conoce al ombligo en las culturas andinas ecuatorianas.
Con pasión, después de los discursos, cantó Alex Grefa.
Luego de la danza Tushuna ―seis mujeres vestidas de azul se vuelven una sola en una coreografía que representa la vida en la selva―, los pobladores de Tzawata hacen fila frente al Yachak que está arrodillado y tiene a sus pies, sobre una manta de colores, ají, ortiga y tabaco. La ortiga es para limpiar el cuerpo con golpes en la espalda. El tabaco lo pone en la nariz para purificar la respiración; y el ají en los ojos, para llenarlos de fortaleza.
Hombres, mujeres y algunos niños se van quitando la camiseta mientras avanzan en la fila. Los curiosos se amontonan alrededor y filman el sufrimiento con sus celulares. De fondo suena la música del grupo Takitamia.
El antropólogo Carlos Duche Hidalgo publicó en 2010 un estudio sobre evidencias históricas de que en 1671 los Napu runas, los ancestros kichwas de los actuales pobladores de Tzawata, Ila y Chucalpi, se asentaron definitivamente en la cuenca del río Anzu debido a las tierras fértiles y por ser un lugar estratégico para la movilidad fluvial y el intercambio comercial. Existen, además, petroglifos que dan cuenta de habitantes primigenios. También se han encontrado antiguos cementerios y lugares sagrados en los que se hacían rituales como la toma de la guayusa y la ayahuasca.
En 2013, la Defensoría del Pueblo solicitó al Juez del cantón Tena medidas cautelares a favor de Tzawata por el conflicto con Merendon. En el informe existen fotos de daños en sitios sagrados y deforestación en zonas agrícolas de la comunidad debido a la actividad minera que se realizó entre 2006 y 2008. El juez no les concedió las medidas cautelares.
Estas decisiones políticas son arbitrarias, asegura Noroña y recuerda que entre 2010 y 2019 el Estado ecuatoriano entregó a 82 comunidades sus títulos de propiedad ancestral. Algunas de ellas luego aceptaron la presencia de las empresas mineras o petroleras. Cita el caso Pañacocha, en el que le dieron la ancestralidad a un pueblo mestizo que vivió 40 años en esa zona, y que hoy apoya y ha permitido el paso de maquinaria hasta llegar a la estación petrolera de El Edén, en el Bloque 12.
―Esto de la ancestralidad es muy subjetivo, también la denominación de indígenas. La Constitución dice que se necesitan apenas 40 años para que una comunidad pueda reclamar su ancestralidad, en el caso Tzawata ya hubo peritajes antropológicos, no sé por qué piden otros. Estos conceptos permiten que los intereses del Estado puedan interferir. En el caso Tzawata ellos piden ancestralidad para expulsar a la minería de sus tierras―, dice Noroña.
El 30 de enero de 2022 la Defensoría del Pueblo de Napo, junto con Kambak Alvarado Wayra y organizaciones de Derechos Humanos y de la Naturaleza, volvieron a solicitar una acción de protección contra el Estado y a favor de la comunidad de Tzawata para que no sean desalojados.
“En el río Ila pescábamos, había ceremonias, el baño, las montañas eran sagradas. Ahí vivían nuestros ancestros y de ahí tenían la energía que daba la pachamama. Junto al río Pupo había una caverna de importancia cultural que dejó dañando la minería. Al perder la caverna se afectó la cultura. Ya no se podía hacer rituales, los Yachak ya no tenían la misma energía, ellos se han enfermado”, dijo Andrés Alvarado, poblador de Tzawata. Su testimonio descansa en las actas dentro de un peritaje antropológico realizado por el Consejo de la Judicatura en 2021, que fue utilizado por la comunidad de Tzawata para esta nueva demanda de Acción de Protección contra el Estado ecuatoriano por los intentos de desalojo.
“La falta de estos espacios afecta a las nuevas generaciones. Como nuestros hijos no han visto, ya no creen. Nosotros [nos] hemos sentado a tomar guayusa y ayahuasca, entonces hemos visionado. Ahora los jóvenes ya no visionan tanto como antes”, sentenció Alvarado en esa transcripción utilizada como argumento.
Finaliza la Guaysupina y empieza la fiesta, en medio de la indignación
Son las 6 de la mañana del 18 de marzo de 2023. Luego de la limpieza del sabio, en el piso de la sala comunal, los organizadores reparten hojas de plátano. Sobre estas, ponen pocillos con sopa, maduro cocinado y filetes de pescado de río. La población se sienta y comparte la comida con las manos. La música es reemplazada por el sonido de las aves y del río Anzu.
Llega la guardia indígena de la noche y salen los del nuevo turno. Los que quedan dejan sus lanzas a un lado y se sirven un plato de comida. No hubo novedad, nadie intentó despojarlos de sus tierras. Un día menos. Un día más.
Mientras todos comen en la sala comunal de Tzawata, José ‘Pepe’ Moreno, presidente de los colectivos sociales de Napo que luchan contra la minería, está sentado en la orilla del río. Está solo. Pensativo.
Asegura que la división de las comunidades en las que cada poblador tiene un título de propiedad particular hace que sean más vulnerables a la división social. Mientras que, lo que pasa en Tzawata, es un ejemplo de que mantener las tierras comunitarias, en la que todos deciden por igual y tienen el mismo acceso al agua y al suelo, les ha permitido tener la fuerza para enfrentar 12 años de intentos de desalojo.
Esta alianza periodística ha solicitado al Ministerio de Agricultura las resoluciones de desalojo y su posición en este litigio en que hace parte de los demandados en la nueva acción de protección interpuesta por Tzawata. No se obtuvo respuesta.
Por primera vez, entre la neblina de esa mañana de marzo de 2023, se ve a un Pepe sonreído haciendo mapas en la arena. Conoce la provincia de memoria. Y todas las concesiones mineras, y a todas las operadoras ilegales, y a todas las empresas legales que incumplen los planes de manejo ambiental. Enumera los ríos contaminados, los ríos muertos, los ríos por defender, los nombres de todos los dirigentes ―los que están a favor de la minería y los que están en contra―, de los burócratas involucrados, de las instituciones, de la corrupción, de la impunidad. Pepe Moreno es de origen kichwa y dibuja en la arena los biocidios que han denunciado desde hace dos años. Sabe los números de los expedientes, de las denuncias, de los informes, de las inspecciones. ¿Que por qué hace eso? Porque no puede hacer otra cosa, porque no puede creer que ya no exista esa paz selvática en la que creció. Porque se niega a creer que el verde tupido de la selva pueda ser reemplazado por rocas, cráteres y agua envenenada. Sus colegas lo llaman y se va de la orilla gritando un número de trámite de una concesión.
Cuatro días más tarde, el 22 de marzo de 2023, se hizo viral un video que registró cómo tres hombres rodearon a Pepe y lo golpearon. Eran mineros ilegales que supieron que estaba acompañando a los militares en un operativo. Sabían que era él a pesar de que usaba pasamontañas. Le gritaban (mientras lo tenían agarrado por el cabello): “Déjanos trabajar, mierda, estamos endeudados”.
Por WhatsApp, Pepe dirá que está bien y que eso sólo demuestra que hay personas infiltradas en las instituciones de control que, así como avisan que hay colectivos sociales vigilando y denunciando la minería ilegal, también informan, horas antes, sobre los operativos, permitiendo que las máquinas se escondan entre el bosque.
Para Fiodor Mena, presidente del Colegio de Ingenieros Ambientales del Ecuador, los daños de la minería legal e ilegal son inimaginables, pero intenta describirlo con la seriedad y la rigidez de un científico. “En Napo, 31.521 hectáreas están concesionadas a 180 empresas mineras. Recuerde este dato”, dice.
Mena insiste en que la minería deforesta zonas de selva y agrícolas que ponen en peligro la soberanía alimentaria. La contaminación de los ríos afecta a las comunidades que no tienen agua potable y se sirven de esas fuentes naturales. Asegura que aumentan los conflictos sociales con cambios de patrones de vida como migración e incremento de actividades ilegales. Los suelos “lavados”, dice, quedan contaminados, perdiendo su fertilidad y generando pérdidas económicas para el Estado.
Mena hace un cálculo: “Esas 31.521 hectáreas concesionadas a empresas mineras proyectan un costo de restauración ambiental y de costos de servicios ambientales que suman USD 2.242’441.755 en 10 años. Sólo en Napo”.
Ahora bien, Mena saca otro dato de la matriz gigantesca que mira en su pantalla y dice que las regalías mineras del llamado Fondo Común ST CTEA por extracción de minería genera, en Napo, UD 27.000 por año. Lo que significa que, en 10 años, por ese rubro, la provincia recibiría USD 270.000
― ¿Es rentable? ¿Es sostenible? Pregunta Fiodor y le sigue un silencio que acaba con la sesión de Zoom.
Son las 9 de la mañana del 18 de marzo de 2023. La infancia de Tzawata no sabe nada de estos cálculos. Pero saben mucho de la Amazonía. Tres niñas y cuatro niños bajan al río. Caminan de memoria sobre cada piedra. Nos quieren enseñar una roca que hace las funciones de tobogán. Piden que les sigamos. Van de prisa, conversan en kichwa entre ellos. Llegan a la gran roca. Caminan hasta el filo y se lanzan en esa especie de torbellino que produce la corriente. Todos ríen. Abajo toman la curva justa que les devuelve a la orilla. Regresan corriendo para seguir saltando.
Entre las rocas hay una niña de dos años. Su hermana mayor la reta, la niña no hace caso y sigue bajando. Sabe el lugar justo en el que debe parar y mirar. Su madre, Samanta Aranda, sube con tres piezas de ropa que lavó en el río. La bebé la sigue. Los otros niños también abandonan el río y entran por las ramas a la casa de Samanta. La cabaña se levanta sobre pilares de bambú. Abajo hay ropa colgada, una mesa, una bicicleta y una escalera que lleva al segundo piso donde están los dormitorios.
Frente a la casa hay un cerco de piedras con carbón enterrado en el piso. Cuatro pilares sostienen un techo de paja. Es la cocina. A un lado hay repisas en las que se exhiben ollas de cerámica. Las hace Samanta para su uso personal y para alquilarlas a 5 dólares a sus vecinas, cuando tienen invitados. Samanta es de otra provincia. Vino a Tzawata como parte de los jóvenes de Pastaza que llegaron a luchar contra los primeros desalojos en 2010 y así conoció a Carlos Aguinda, quien combatía por su tierra. Samanta se quedó y ya tienen cuatro hijos: Juan Carlos, Kely, Froilán y Yali, una bebé de dos años.
Los niños tienen la cara marcada de rojo. Jugaron con tintura natural. Siguen corriendo por el bosque. Toman un cacao. Lo abren y se lo comen. También hay uvillas. Más adelante rodean un árbol enorme que bota las famosas semillas de huayruro. Son rojas con negro. Las hay pequeñas y grandes. Las niñas explican que con eso se hacen pulseras y collares que dan protección y cuidan de la mala energía.
Los niños desaparecen.
De regreso a la casa comunal, se preparan las cervezas y los equipos para el campeonato de fútbol masculino y femenino. La sesión solemne. El almuerzo comunitario. Continuación del campeonato. Juegos tradicionales y el chichazo bailable.
Kambak descansa un momento sobre una camioneta vieja. Posa para una foto con dos amigos. Ya tiene la idea de la respuesta que va a escribir a la ACNUDH.
El lunes 20 de marzo empezará la audiencia sobre la Acción de Protección que interpondrá la comunidad de Tzawata al Estado ecuatoriano por no respetar las leyes y los tratados internacionales que protegen el derecho de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas.
La ancestralidad se lucha en las cortes
El doctor en Leyes Andrés Rojas es joven, o parece joven. Siempre anda vestido casual y con la mirada altiva. Es el Defensor del Pueblo de la provincia de Napo. Cada conversación con él es una clase de legislación ambiental.
Sobre el caso Tzawata, Rojas recuerda que el Ecuador firmó, en 1997, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo que dispone, desde el primer artículo, el respeto, la conservación, el acceso y el uso de sus tierras ancestrales a las comunidades indígenas que han habitado ahí desde antes de las actuales fronteras estatales. Esto es apoyado por la Declaración de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, que refuerza la prohibición de desplazar a los pueblos originarios por la fuerza.
Rojas, además, cita dos sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador y dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Herramientas jurídicas con las que, a la fuerza, Kambak Alvarado está familiarizado.
El líder indígena ya nos había enviado por teléfono la carta de la ACNUDH en la que el Alto Comisionado, Jan Jarab, pide al Estado ecuatoriano que considere seriamente revocar la orden de desalojo, al menos, mientras se resuelve el dominio de las tierras.
Este exhorto internacional se dio luego de que Tzawata viviera nuevos intentos de desalojo, esta vez por parte de la Intendencia de Policía de Napo, de acuerdo con el documento MDG-GNAP-GSC-2023-0068-OF del 1° de marzo de 2023 y al que esta alianza tuvo acceso. Según el oficio, el intendente Manuel Paredes pide apoyo técnico al alcalde de Carlos Julio Arosemena Tola (cantón donde se encuentra Tzawata) para cumplir un desalojo ordenado por el Ministerio de Agricultura.
En una entrevista el 16 de marzo de 2023 en Britel, un canal local digital, el intendente de Policía de Napo, Manuel Paredes Mero, negó que haya tal orden de desalojo, a lo que luego Rojas replicó, en el mismo medio, que los documentos son de dominio público y que la orden es real.
Tres semanas después, el intendente de 52 años fue aprehendido, junto al comisario del cantón Julio Arosemena Tola y a tres funcionarios más, por vender los licores y cervezas incautados en varios operativos policiales de la provincia, en discotecas de la zona.
Kambak se enteró de esto porque Paredes era uno de los servidores públicos que debía participar en las audiencias de la acción de protección que inició Tzawata el 20 de marzo, y lo hizo desde la cárcel. El exintendente defendió el derecho de la empresa Terraturismo de mantener el título de propiedad de las 627 hectáreas. Años atrás, el ahora preso fue el abogado de la comunidad de Tzawata.
“Este intendente tenía la obligación de excusarse de conocer el trámite porque no podía actuar en contra de quienes fueron sus clientes en la misma causa”, dijo por teléfono el defensor del Pueblo de Napo, quien insiste en que “aquí pueden pasar estas cosas porque la gente se vende al mejor postor”.
Andrés Rojas anda con chaleco antibalas.
¿Por qué lucha tanto por los derechos de la naturaleza y de las comunidades indígenas? La respuesta es muy similar a la de Pepe Moreno. Rojas por un instante renuncia a la voz firme del abogado y cambia el tono a un susurro que revela al niño que vivió corriendo por la Amazonía, bañándose en sus ríos, y que se niega a perder ese paraíso que guarda en su mente. “Es desde la Presidencia de la República, en su momento, que se adjudicó tierras que pertenecían a pueblos y nacionalidades indígenas y que tienen derecho de posesión ancestral histórica y derecho a presentarse hoy ante la Justicia Constitucional a reclamar esos derechos”, dijo al finalizar la primera audiencia de la Acción de Protección de Tzawata contra el Estado.
A su lado izquierdo, en silencio, estaba Kambak. A la derecha estaba Sandra Rueda, presidenta del Consejo Nacional de defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza, una organización civil que reúne a activistas, comunidades y académicos de todo el país.
Rueda estuvo en el festejo de Tzawata, en la audiencia de la Acción de Protección, y el 11 de abril de 2023 compareció ante la Asamblea Nacional para denunciar actividades “legales” ―pone énfasis en las comillas― e ilegales en 38 nuevos frentes mineros en Napo. También denunció los desastres naturales que causa la minería por la falta de control de las instituciones responsables.
Las niñas de Tzawata, quizá inspiradas en Rueda, explicaron ese 18 de marzo de 2023, entre los festejos de su pueblo, las utilidades de varias plantas, los animales que viven en la selva, sus días de escuela y sus tardes de ocio entre los árboles y el agua fría del río Anzu. No tenían más de 10 años y ya truequeaban entre ellas los productos de las chacras de cada una de sus familias. Cuidaban las hojas de los arbustos de los arranques de felicidad de los más pequeños.
Serán la siguiente generación, la que decidirá qué hacer con sus tierras. Si es que siguen siendo suyas.
Visita los otros capítulos de esta serie:
Divididos por el oro
Napo agoniza entre biocidios anunciados y falta de control
Expora el mapa Amazonía viva
