Por Paola González
En Minas Viejas, las niñas acompañan a sus madres a ‘playar arena’. Bajo el sol y en cuclillas, las mujeres buscan las diminutas pepas de oro.
Las playadoras son las mujeres mineras artesanales. Así las conocen en estas tierras. La tarea es sacrificada y peligrosa, pero es la única opción que tienen las familias de esta comunidad para conseguir algo de dinero.
Minas Viejas se ubica sobre la línea de frontera con Colombia. Pertenece a la parroquia Tululbí (Ricaurte), del cantón San Lorenzo, en la provincia de Esmeraldas.
La minería artesanal ha existido desde hace décadas en las poblaciones fronterizas del norte de Ecuador. Pero, durante los últimos cuarenta años, la búsqueda de oro se ha convertido en una alternativa a la falta de empleo.
Según información del Observatorio Minero Ambiental y Social del Norte del Ecuador (Omasne), “después de un largo periodo de minería informal artesanal, personas con mayor capital decidieron ingresar en la explotación del mineral modificando las lógicas familiares, comunitarias, sociales, económicas y ambientales que se generaban en torno a esta labor. Entonces, la actividad de explotación de este mineral entró en los márgenes de la ilegalidad”.
El abandono del Estado y la falta de políticas públicas hizo que los mineros informales migraran río arriba, en busca del oro. Con el paso del tiempo, a la actividad artesanal usando la tradicional batea se incorporó el uso de grandes maquinarias retroexcavadoras.
Eso ocurrió en la década de los ochenta. Desde entonces, muchas familias se asentaron en comunidades como Minas Viejas y Alto Tambo. Algunas llegaron desde Tobar Donoso, parroquia ubicada en el límite fronterizo, en la bocana de los ríos San Juan de Mayasquer y Camumbí, y habitada por comunidades afrodescendientes e indígenas awá, de larga tradición minera.
Hoy, Tobar Donoso cuenta con unos 4 000 habitantes. Muchos de ellos son inmigrantes colombianos. Casi todos lavan oro y lo venden en su país de origen.
El negocio se volvió más rentable para quienes llegaron a esa zona con más dinero, pero las mujeres, con menos recursos a su disposición, continuaron dedicándose a la búsqueda artesanal, en condiciones cada vez más precarias.
En mayo de 2011, varios medios de comunicación, a escala nacional, dieron cuenta de un operativo coordinado entre Fiscalía General, Ministerio de Defensa, el extinto Ministerio Coordinador de Seguridad Interna y Externa y la Policía Nacional.
Durante la intervención se destruyeron 70 máquinas retroexcavadoras utilizadas en actividades de minería ilegal en los cantones esmeraldeños de San Lorenzo y Eloy Alfaro. Cada máquina estaba valorada en alrededor de 300 mil dólares.
El decreto 783, suscrito por el presidente de ese entonces, Rafael Correa, dispuso “ejecutar las acciones necesarias para eliminar y neutralizar las actividades de minería ilegal en los cantones de San Lorenzo y Eloy Alfaro, en la provincia de Esmeraldas”.
Minas Viejas fue uno de los sitios donde la operación tuvo lugar. La destrucción de sus herramientas de trabajo dejó a varias familias endeudadas. Unos habían comprado las máquinas con créditos bancarios y creyeron que podrían pagarlos con las ganancias que les daría la explotación minera ilegal.
Otros alquilaron maquinarias a grandes empresas y se quedaron con deudas impagables. El Estado, por su parte, se limitó a destruir esas maquinarias, pero no ofreció una alternativa económica legal a esas familias.
Desde entonces, algunos de los hombres, especialmente los más jóvenes, se involucraron en grupos armados que se habían conformado en Colombia y que se dedicaban al cultivo y procesamiento de coca y a la posterior comercialización de la cocaína en los mercados internacionales.
Las mujeres, en cambio, continuaron con su actividad de minería artesanal, pero se habían quedado solas. Meses más tarde volvieron a aparecer las grandes máquinas para continuar con la explotación minera ilegal y ellas tuvieron que adaptarse a las nuevas condiciones.
Batear, playar o barequear, una tarea de mujeres
Doce años después, unas veinte mujeres afrodescendientes y awá descansan bajo la sombra de un puente deteriorado, en Minas Viejas. Ha terminado una intensa jornada de búsqueda de oro. Sólo hay tres hombres entre ellas. Uno es el líder de la comunidad.
“La playada es una esclavitud, las playadoras tienen que caminar dos o tres horas río arriba para llegar a las piscinas donde están los mineros —reconoce él y pide proteger su identidad—, muchas veces se regresa por la noche, cansado y con la mirada al piso, sin haber obtenido nada, cargando su batea, la barra y la pala”.
El miedo a hablar se siente en el ambiente. Las mujeres se miran unas a otras mientras conversan en susurros. Arman grupos por afinidad familiar o porque comparten desgracias.
Otro de los hombres es el ‘abuelo Simón’, uno de los primeros habitantes de la localidad. Simón llegó desde Tobar Donoso cuando tenía 20 años. Minas Viejas －cuenta el anciano－ debe su nombre a la minería que se hizo aquí desde hace décadas.
“Aquí los comuneros no tienen frentes de minas, nadie tiene máquinas propias, no tenemos fuentes de trabajo”, añade ‘Carlos’, otro de los moradores que también se refugia en el anonimato.
Pero eso es lo que cuentan los hombres.
Playar o buscar el oro en medio de los desechos que han dejado las mineras ilegales, con sus grandes maquinarias, es una tarea de mujeres. Ellas dedican alrededor de diez horas diarias, de lunes a domingo, a minar el río.
Playar lleva “todito el día», se queja María con indignación. «Una se va en la mañana con el desayuno. Son como dos horas de camino, llegamos a las piscinas que han sido excavadas; a veces es alto, se vienen derrumbos, una tiene que botar con pala la arena, tira y tira… finalmente picar y llenar; la espalda duele. Después, llegamos a la casa a bañarnos y a hacer la comida para los hijos. Eso es de todos los días. A veces sacamos algo de oro y otras nada, una llega sin nada a la casa”.
Al inicio, las mujeres se involucraron en la minería como cocineras y lavanderas. Luego se dedicaron a la playada, el bateo o el barequeo, es decir, a la búsqueda de oro entre los desechos de las mineras ilegales.
Ya durante la década del 2010, la minería ilegal a pequeña y mediana escala se extendió en esta zona. Las mujeres preparaban los alimentos y lavaban la ropa de los mineros ilegales y luego se unieron a la búsqueda de algún residuo de oro en las piscinas, después de que hubieran pasado las retroexcavadoras. Desde entonces, ellas son las encargadas de recoger lo que sobra.
Al no tener con quién dejar a sus hijos en casa, los llevaban hasta los frentes mineros y así les incluían desde muy pequeños en la rutina de buscar oro. Muchos de esos pequeños niños hoy son jóvenes que corren el riesgo de ser reclutados por grupos irregulares o de caer en manos de las mineras ilegales para funcionar como mano de obra barata.
“Es duro esa playada, a veces se amanece con la espalda adolorida, una no puede ni moverse al otro día, ¡y la caminada, eso es duro!”, se lamenta Antonia, una mujer awá que fue abandonada por su esposo y se quedó al cuidado de sus once hijos. Suspira y piensa en ellos para darse ánimo y volver río arriba al día siguiente. Espera correr con mejor suerte y encontrar algo.
De acuerdo con información del Ministerio de Salud Pública, un alto índice de mujeres esmeraldeñas se convierten en madres durante su adolescencia y en promedio tienen seis hijos. Sólo en 2022, se registraron 1090 partos de mujeres menores de 19 años en centros de salud del Ministerio en esa provincia. No existe información sobre casos ocurridos sin la asistencia formal de personal hospitalario o de centros de salud.
Andrés Ycaza, síndico de la Cámara de Minería de Ecuador, aseguró en una nota periodística publicada en el portal Primicias, que esta actividad ilícita mueve millones de dólares en el país, ya que es atractiva para el lavado de dinero y las redes de narcotráfico.
Sin embargo, las mujeres mineras artesanales apenas subsisten junto a sus familias. Un gramo de oro se vende en 30 o 40 dólares y para conseguirlo tienen que pasar varios días. Incluso semanas.
Las voces de las mujeres dan cuerpo a las cifras
Tobar Donoso en Carchi, Minas Viejas y Alto Tambo en Esmeraldas, son solo algunas de las poblaciones donde las mujeres mineras artesanales buscan subsistir en frentes mineros ilegales debido a la pobreza.
En la entrada a Minas Viejas, el carretero lastrado luce descuidado, con montículos de arena y piedras sueltas que han sido extraídas por las retroexcavadoras. El río Tululbí hoy aparece turbio y sin caudal. En sus orillas queda el rastro de una hilera de piscinas donde alguien ha buscado oro.
La provincia de Esmeraldas tiene una tasa de pobreza por ingresos del 52,9 %, mientras que la cifra nacional es de 28,8 %. El 25,3 % de los esmeraldeños vive en pobreza extrema, cuando a escala nacional, la tasa es del 10,3 %. La tasa de desempleo en Esmeraldas es del 10 %, mientras que, a escala nacional, alcanza el 5,2 %.
La pobreza es el reflejo del histórico abandono. Según datos del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC), la población con necesidades básicas insatisfechas en Minas Viejas es del 88,9%; en Alto Tambo es del 98,1% y en Tobar Donoso es del 100%. Nadie cuenta con servicios básicos como agua potable y alcantarillado.
El Plan de Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial de Tululbí señala que en Minas Viejas tampoco hay fuentes de empleo ni oportunidades laborales para la juventud.
Según datos del Ministerio de Educación, la tasa de deserción escolar en Esmeraldas es la segunda más alta del país, con el 3,91%. Esto quiere decir que cuatro de cada 100 alumnos dejan sus estudios inconclusos. A lo largo de los últimos ocho años, 39.000 estudiantes dejaron las aulas en Esmeraldas y el número de estudiantes inscritos en las unidades educativas disminuyó progresivamente durante la última década.
A pesar del miedo que invade a estas comunidades, algunos líderes comunitarios se atreven a decir que la falta de oportunidades obligó a la población a reemplazar la minería artesanal por la minería ilegal con retroexcavadoras, dragas y mercurio.
“Jóvenes, mujeres y hombres no tienen trabajo, viven de la minería por aquí, por allá, rebuscándose para poder sobrevivir y tener el pan en la mesa», reclama Carlos. «Las minas se van a terminar de aquí a un año más. Quedamos en la nada y nosotros no tenemos cómo sobrevivir, no tenemos un trabajo, no tenemos nada…”.
En Minas Viejas, la desolación es el aire que se respira. Mujeres como Antonia, María, Rosita, Leydi, Danna, entre otras, siguen apostando a la minería artesanal con la esperanza de que la suerte les permita ganar esos 40 dólares por la venta de un escurridizo gramo de oro.
Antonia, una mujer awá de figura delgada pero llena de energía, lleva más de diez años playando. Así ha cubierto las necesidades básicas de sus hijos, cuatro varones y siete mujeres, y de una nieta. Para redondear sus ingresos, trabaja limpiando con machete las plantaciones de cacao. Ahí le pagan entre 15 o 20 dólares al día. Cuando la semana ha sido buena playando llega a sumar alrededor de 100 dólares. Conseguir una pepita de oro es posible cuando la tierra es firme o virgen, explica, porque cuando ya ha sido excavada no se encuentra nada.
Vanessa, otra joven minera artesanal, vive en Alto Tambo, a una hora del poblado de Minas Viejas. Esta mujer afrodescendiente oriunda de Tobar Donoso también proviene de una familia de mineros artesanales. Relata que hay lugares donde los dueños de la mina “no dejan playar, meten la máquina para que no playen cuando hay oro”.
Su madre sólo se ha dedicado a playar a lo largo de toda su vida. “Es una persona que no ha estudiado, nunca va a conseguir trabajo, su labor es la mina, la barequeada. Se alejó de mi papá porque a él no le gustaba esta actividad. Pero en la minería no le piden documentos de sus estudios, ahí puede ir a trabajar cualquiera”.
La madre de Vanessa pasó de la actividad artesanal a trabajar en los frentes de minería ilegal. “Se cierra una puerta y se abre otra; ella buscó un nuevo compromiso y se vino de Tobar Donoso. Anda de mina en mina para poder sobrevivir. En esta zona, las personas vivimos de la minería. Las mujeres mineras van donde les llamen. Trabajo es trabajo. Es lo único que tenemos porque no contamos con estudios”.
Vanessa cuenta que su madre no sólo está expuesta al maltrato de los mineros ilegales, sino que también ha sido violentada por su expareja, quien la apuñaló cuando decidió comprometerse con otra persona.
La Encuesta nacional sobre relaciones familiares y violencia de género contra las mujeres (Envigmu) muestra que la violencia contra las mujeres en Esmeraldas alcanza el 68,2%. Este porcentaje supera al promedio de la región Costa (59,9%) e incluso al promedio nacional (64,9%). El tipo de violencia de mayor prevalencia es la psicológica, con un 61,7%. Le sigue la violencia física, con un 39,5%, y luego está la violencia patrimonial, con un 16,8%.
El Ministerio de Salud registró 129 atenciones por violencia de género durante 2022, pero esta cifra podría representar un subregistro en un territorio tan olvidado por las instituciones del Estado en su conjunto.
Doña Marujita, una mujer minera awá, relata que actualmente los moradores de la comunidad de Minas Viejas sufren además por la contaminación del agua debido a la minería ilegal. “Nosotros no tenemos agua apta para la salud. Antes el río era clarito, ahora ya no”.
El artículo 6 de la Ley de Minería dispone que: “El Estado establecerá mecanismos de fomento, asistencia técnica, capacitación y de financiamiento para el desarrollo sustentable para la minería artesanal y pequeña minería. Así mismo, establecerá sistemas de incentivos para la protección ambiental y generación de unidades productivas más eficientes”.
Solicitamos información y entrevistas con María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador; con Wilmer Villarreal, coordinador Zonal 1 y Fernando Moya, coordinador Zonal 2 del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica; y con Luis Bonilla, director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, pero no obtuvimos ninguna respuesta.
La minería ilegal en Esmeraldas no es un caso aislado
El Plan de Acción Nacional sobre el uso de mercurio en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala de Oro en Ecuador (MAPE), publicado por el Maate, señala que este sector de la minería involucra a entre 11 500 y 20 000 mineros, de manera directa e indirecta, de los cuales un 10 % son mujeres.
El estudio muestra que las desigualdades de género en la minería se entrecruzan y se potencian con las disparidades étnicas y territoriales, lo que marca profundamente la condición de las mujeres mineras indígenas, afrodescendientes y rurales, en general.
La minería artesanal e ilegal acoge a las mujeres mediante trabajo no remunerado y sin seguridad social.
En 2019, el pequeño poblado de La Merced de Buenos Aires, ubicado en el cantón Urcuquí, en la provincia de Imbabura, se convirtió en uno de los asentamientos más grandes de mineros ilegales en Ecuador.
Parte de la población de la parroquia de Lita, ubicada en el cantón Ibarra, se trasladó hasta los campamentos mineros. Muchas mujeres dejaron sus hogares para trabajar como cocineras o cargando los bultos del material ilegal.
En ese entonces, el Gobierno de Lenín Moreno estimaba que al menos 10.000 personas convirtieron a las montañas de Buenos Aires en una ‘ciudad de plástico’.
Según la ministra del Interior de ese entonces, María Paula Romo, esta actividad tenía relación con el crimen organizado.
Los mineros destruyeron la montaña, contaminaron el agua con mercurio y cianuro, mientras arrancaban y llevaban las rocas impregnadas de oro desde Imbabura hacia Ponce Enríquez, con la ayuda de una compleja red de corrupción que involucró a militares, policías, empresas mineras legales y autoridades del gobierno.
El conflicto llegó a su punto más grave cuando el 2 de julio del 2019, el operativo interinstitucional Nuevo Amanecer, con el Ministerio de Gobierno a la cabeza, desalojó a cientos de personas dedicadas a la minería ilegal en el lugar. Pero no hubo planes ni programas que atendieran los efectos de ese operativo. Meses más tarde los mineros volvieron y, desde entonces, continúan operando en esta zona.
Para el coronel de Estado Mayor Conjunto Octavio Rosales Hidalgo, comandante de la Brigada de Infantería No. 31 Andes, se han incrementado los frentes de minería ilegal porque las actividades de los mineros ya no están focalizadas en “puntos fuertes”, sino que se han desplazado a otros sitios. “Datos reales de cuántos puntos de minería ilegal existirán es improbable determinar. Sin embargo, en la parte oficial, se tiene conocimiento de que hay aproximadamente 700 puntos de minería ilegal a nivel nacional”.
Los servicios de inteligencia policial coinciden con ese dato. Según un informe que fue analizado por la revista Plan V, se ubicaron al menos 700 puntos de minería ilegal concentrados en 129 focos a escala nacional. Cerca de 445 de esos puntos están en zonas fronterizas, al sur y al norte del país.
El 92% de los focos mineros ilegales se dedican a la extracción de oro y tendrían vínculos con grupos de crimen organizado en seis provincias: Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y Azuay.
“Hay influencias o apoyo económico por parte de grupos delincuenciales －confirmó Rosales－, además, con los recursos del narcotráfico se está financiando estas actividades ilegales en el país”. El informe señala a Imbabura, El Oro y Napo como territorios desde los cuales se obtiene explosivos para provocar enfrentamientos entre bandas e incluso detonaciones en espacios públicos.
Las poblaciones en donde se asienta la minería ilegal deben lidiar, por un lado, con la extracción del material aurífero, y por otro, con los grupos delincuenciales, que han instaurado la extorsión mediante las denominadas ‘vacunas’, en contra de quienes explotan las minas.
“Es toda una estructura, buscan por todos los medios obtener réditos económicos, existe la explotación de las personas en todo sentido, hombres y mujeres”, señaló el coronel Rosales.
En efecto, lo que ocurre en Esmeraldas está atado a lo que pasa en el resto del país porque responde a una misma estructura.
Las mujeres entrevistadas en Minas Viejas y Alto Tambo, así como en las demás comunidades en las que por la indiferencia del Estado subsisten los frentes de minería ilegal, seguirán dependiendo de esta actividad para sobrevivir. Historias como las de Vanessa y su madre, doña Antonia y sus 11 hijos, son cotidianas en los poblados fronterizos del norte de Ecuador.
Aquí falta casi todo. Los niños y niñas sólo acceden hasta el séptimo año de educación básica, en promedio. Luego pasan a ser parte de la mano de obra barata de los frentes mineros ilegales, o cruzan ´al otro lado´ como ‘raspachines’ o cosechadores de la hoja de coca.
Mayra y Solange, dos jóvenes de Minas Viejas, confiesan que tienen el deseo de migrar hacia Ibarra o San Lorenzo para continuar con sus estudios, o aprender algún oficio que les permita obtener recursos para ellas y sus familias, lejos de la minería. Sin embargo, se sienten impotentes. Muchos jóvenes oriundos de Esmeraldas llegan a las ciudades a engrosar las filas del comercio informal y los cinturones de pobreza.
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Este reportaje se realizó gracias al programa de becas de la Red de Periodismo de Investigación, un proyecto de la Fundación Periodistas Sin Cadenas.
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