Desde finales del 2021, la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi) ha recibido anuncios de desalojo de su casa comunal. Este espacio se ha convertido en el último frente de lucha de la población. Una pareja de ancianos en situación de pobreza perdió su casa el 26 de abril de 2022 en un operativo realizado por unos 25 efectivos de la Policía Nacional.
Los actuales líderes de la comunidad enfrentan amenazas y amedrentamientos como los que en el 2014 derivaron en el asesinato de José Tendetza, líder shuar y fuerte opositor a la minería, cuyo caso sigue impune.
Por Ana Cristina Alvarado / @ana1alvarado
El fantasma del desalojo ronda nuevamente en Tundayme, una parroquia rural del sur de la Amazonía ecuatoriana, en la provincia de Zamora Chinchipe, en donde se desarrolla el primer proyecto megaminero del país: Mirador, operado por la empresa de capital chino Ecuacorriente S.A. (ECSA). Desde el 26 de abril de 2022, una nueva familia, conformada por una pareja de ancianos, se suma a las 32 que ya fueron desplazadas entre el 2014 y el 2021. Además, existe una inminente amenaza de desalojo de la casa comunal de la Comunidad Amazónica Cordillera del Cóndor Mirador (Cascomi), conformada por 80 familias, en su mayoría indígenas kichwa que migraron desde los Andes a mediados del siglo pasado.
Las tensiones se intensificaron desde mediados de abril de 2022, cuando los ancianos desalojados —Rosa Sánchez y Aurelio Morocho, de 65 y 73 años respectivamente— recibieron la noticia de la que habían escapado desde los años noventa, cuando los planes de explotación minera fueron interrumpidos por la guerra limítrofe entre Ecuador y Perú. A través de un guardia de la compañía se enteraron de que la empresa solicitaba las 135 hectáreas en las que durante décadas han criado ganado y donde cuidaron una chacra para alimentar y educar a sus ocho hijos. El predio está dentro de la concesión minera. El 19 de abril, la Función Judicial de Ecuador formalizó el proceso de desalojo de la pareja Morocho Sánchez y siete días después, un grupo de policías sacó los enseres de su hogar, antes de desarmar la casa de tablones de madera ante sus ojos.
Unos 25 policías resguardaron el más reciente desalojo en Tundayme, que afectó a Aurelio Morocho y Rosa Sánchez, una pareja de ancianos. Gallinas, cuyes, tres vacas y una yegua están entre los bienes de la pareja Morocho Sánchez. Estos fueron trasladados a la finca de un depositario judicial. Fotos: Cascomi
Y esto no es lo único que tiene angustiada a la comunidad. A finales de 2021, personal de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Educación, dueña del predio en donde está la casa comunal, le dio a Cascomi un plazo de 15 días para que desocupara el espacio. La excusa, de acuerdo con Luis Sánchez, líder de la comunidad, era que la Unidad Educativa de la parroquia no estaba en buen estado, por lo que los estudiantes necesitaban las instalaciones que la comunidad había rescatado, ampliado y mantenido desde el 2017.
En Tundayme, en la provincia de Zamora Chinchipe, el proyecto megaminero Mirador se abrió campo con despojos y engaños. Para esta pequeña comunidad, la formalización del proyecto se convirtió en una pesadilla en el 2012, cuando el gobierno de Rafael Correa firmó un contrato con la empresa china Ecuacorriente (ECSA) para la explotación de cobre por 25 años. 10 años después, los nuevos intentos de desalojo ocurren en medio de la política extractivista del gobierno de Guillermo Lasso, quien a inicios de su periodo, en 2021, anunció el aumento de la explotación petrolera y minera mediante la emisión de los decretos 95 y 151.
Mirador ha generado polémica desde su etapa de planificación. Se trata de una gran mina a cielo abierto ubicada en el nacimiento de la cuenca del río Amazonas. De acuerdo con William Sacher, profesor del área de Ambiente y Sustentabilidad de la Universidad Andina Simón Bolívar, la contaminación que se genera en este punto se reparte aguas abajo, a lo largo de cientos de kilómetros. La megaminería, explica, implica la liberación al ambiente de metales pesados como arsénico, cadmio y níquel, que provocan la acidificación del agua, afectando a los ecosistemas frágiles de la Amazonía, pero también a las poblaciones ribereñas. Los habitantes de la zona suelen quejarse de que ya no hay peces o de que si encuentran algunos, están enfermos.
Pero esas no son las únicas afectaciones. La deforestación que se ha incrementado para dar paso a la operación minera ha provocado la transformación de las cuencas hidrográficas, modificando el comportamiento de los tres ríos intervenidos —Quimi, Tundayme y Wawayme—. Esto, a su vez, causa erosión y peligro de inundaciones en las comunidades ribereñas. A pesar de todos estos impactos, quizás el mayor temor es que se desmoronen las dos relaveras del proyecto, que ocupan 900 hectáreas, una superficie que supera el doble del área del Central Park de Nueva York, de acuerdo con datos de Karolien van Teijlingen, geógrafa del colectivo Geografía Crítica que ha trabajado desde hace varios años en la zona.
El proyecto Mirador empezó a operar plenamente a finales de 2019, pero un año antes, un 40 % de las obras fueron detenidas por el Ministerio de Ambiente debido a una serie de incumplimientos. “No se había cumplido con el plan de manejo que [la empresa] ofreció en temas de manejo de agua, había vías abiertas no autorizadas y piscinas de sedimentación que estaban mal construidas”, dice Tarsicio Granizo, exministro de Ambiente y actual director de la WWF en Ecuador.
Esta alianza periodística envió una solicitud de información a ECSA para pedir su versión sobre las denuncias de la comunidad, sin embargo, hasta la publicación de este reportaje no se obtuvo respuesta.
El engaño como estrategia
Antes de que la Función Judicial formalizara el desalojo de la pareja de ancianos Morocho Sánchez, Cascomi denunció el eventual desplazamiento en redes sociales y pidió medidas cautelares ante la Unidad Judicial Multicompetente del cantón El Pangui, al que pertenece la parroquia Tundayme, debido a la triple vulnerabilidad de este matrimonio: ambos están en la tercera edad, pertenecen a una comunidad indígena y están en situación de extrema pobreza. La organización pedía que se retrasara el desalojo hasta que el Estado “garantice que sus derechos constitucionales sean respetados”. Sin embargo, las medidas cautelares no fueron aceptadas y, desde el desalojo, la pareja de ancianos tiene que arrendar un departamento en la ciudad de Gualaquiza. Cuyes, gallinas, unas tres vacas y una yegua fueron trasladadas a la finca del depositario judicial, hasta que el matrimonio tenga un lugar propio. “Nosotros no tenemos dónde”, asegura Sánchez.
Y es que la familia Morocho Sánchez fue una de las primeras en ser persuadida para vender sus propiedades. “Me parece que en el 2000 me empezaron a decir que vendiera la finca. Me puse un poco molesto porque no estaba a la venta”, cuenta Morocho. Pero la petición se convirtió en insistencia. “Verá, don Morocho, si no quiere vender la finca, se va a ir con las manos vacías. Aquí es una zona minera. Le damos 140 000 dólares”, recuerda que le habría dicho un alto funcionario de Corriente Resources, la empresa canadiense que estaba a cargo del proyecto por esos años. Las presiones continuaron y la venta se concretó en el 2006, pero nunca les pagaron lo que les habían prometido. La familia decidió que no dejaría la finca hasta que se cumplieran los acuerdos.
Tarquino Cajamarca, abogado ambientalista que ha representado a Cascomi en varios procesos, dice que el proyecto ha usado diferentes tácticas para adquirir los terrenos en donde despliega su actividad. Una de ellas fue la presión a los propietarios para concretar ventas por precios “irrisorios”. Cajamarca cuenta que también, a través de terceros, les mentían a los finqueros, haciéndoles creer que las tierras serían destinadas a proyectos productivos y, otra estrategia, como en el caso de los Morocho Sánchez, fue el engaño. “Las empresas que han estado a cargo del megaproyecto minero prometían pagos justos o compensaciones con fincas o casas de similares características pero, finalmente, evadían los acuerdos o los cumplían a medias”, precisa Cajamarca.
En el 2012, cuando la empresa china Ecuacorriente compró la mina, empezó la batalla legal en contra de los Morocho Sánchez. Aunque la familia ganó en primera instancia, finalmente la empresa minera ganó el juicio de reinvindicación de la finca. “Está sentenciado hace tiempo, está en calidad de cosa juzgada. Ahora se está ejecutando lo que ordenó la sentencia”, explica Cajamarca, quien defendió a la familia Morocho Sánchez en ese proceso.
El temor de los habitantes de Tundayme de que se repitieran las escenas del 30 de septiembre de 2015, cuando fueron sorprendidos por policías, militares y retroexcavadoras, se hizo realidad el 26 de abril de 2022. Bajo el amparo de la Ley de Servidumbre Minera —un proceso administrativo aplicado a los dueños de terrenos ajenos a la concesión y afectados por la actividad minera—, en el 2015, la fuerza pública dio cinco minutos a los lugareños para sacar sus pertenencias antes de que sus casas fueran destruidas y enterradas. Familias con niños pequeños y personas de la tercera edad fueron abandonadas en un campo deportivo. Esos desalojos ocurrieron en varias ocasiones entre el 2014 y el 2016, como lo registró la revista Plan V en su especial Sobrevivientes. Al menos 32 familias han sido desplazadas hasta el 2021, a través de la inducción a venta o mediante la Ley de Servidumbre Minera.
En 2019, Cascomi planteó una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional debido a la ilegalidad de estos desplazamientos pero hasta ahora la demanda no ha sido atendida. La abogada de derechos humanos Francis Andrade explica que nadie informó con anticipación acerca de los desalojos, fueron violentos y no contaron con planes para evitar la violación al derecho a la vivienda digna. En ese mismo año, la Corte Constitucional seleccionó para revisión una sentencia de la Corte Provincial de Zamora Chinchipe referente a los desalojos de Tundayme, de la cual tampoco ha emitido sentencia hasta el momento. “Se espera que la Corte lo pueda resolver pronto”, dice la abogada, con el fin de sentar un precedente sobre cómo proceder con la consulta ambiental y la consulta previa en poblaciones mixtas. El caso Mirador también llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el 2013, fue admitido en marzo de 2022 por esa instancia internacional y la notificación se envió en abril. Eso implica que se analizará si hubo violación al derecho a la vida digna en todos estos operativos de desalojo por parte del Estado ecuatoriano y de la empresa china.
Mientras tanto, la Defensoría del Pueblo abrió dos expedientes defensoriales (denuncias) por los desalojos en 2015 y en 2018. Sin embargo, ambos procesos están finalizados y archivados desde el 2019, “por no existir vulneración de derecho constitucional alguno”, de acuerdo con un juez de Quito.
El tejido social también es minado
“Representa un riesgo para el proyecto minero que la gente se reúna, que se articule, que converse, que vengan más colectivos como hoy”, opina Karina Pineda, comunicadora de Comunálisis, colectivo de defensa de territorios amenazados por las industrias extractivas. Para ella, esa es la razón por la que quieren quitarles la casa comunal, “el último frente de lucha que ellos tienen”.
Este espacio de tres salones fue construido para impartir clases semipresenciales. Sin embargo, fue abandonado en el 2012. Pronto, la vegetación y la humedad se tomaron el lugar. Después de los desalojos que sufrió Tundayme, que empezaron con la destrucción de la iglesia, la escuela y otros espacios comunales del barrio San Marcos en 2014, “Cascomi quedó en un estado crítico en lo organizacional”, cuenta el líder Sánchez. Entonces, recorrieron diferentes oficinas gubernamentales en busca de autorización para usar las aulas abandonadas pero no consiguieron respuestas. A través de mingas, restauraron, ampliaron y mantuvieron el predio que se convirtió en la casa comunal.
Sin embargo, en 2021, la Coordinación Zonal 7 del Ministerio de Educación le dio 15 días a la comunidad para que desocupara el local. Luego de una reunión entre dirigentes de Cascomi, la Coordinación Zonal y el asambleísta del movimiento Pachakutik Salvador Quishpe, se les permitió a los comuneros usar el espacio. No obstante, y pese a insistencias por parte de Cascomi, no han recibido ningún documento formal que les blinde de nuevas amenazas de desalojo.
Los líderes en Tundayme temen por sus vidas
De acuerdo con testimonios de la comunidad, en febrero de este año, trabajadores de la empresa ECSA abordaron a la madre de Luis Sánchez para preguntarle sobre el paradero de su hijo. Esto les preocupó porque luego del asesinato del líder antiminero José Tendetza, en 2014, Sánchez empezó a recibir mensajes intimidatorios por oponerse a la explotación minera. “No me ha dado debilidad, no me ha dado miedo, pero sí he hecho un trabajo inteligente de cuidarme”, dice el líder, consciente de que es uno de los rostros más visibles de la lucha en Tundayme.
Este medio se comunicó con la compañía para conocer su versión sobre estas afirmaciones pero hasta el momento no se ha obtenido respuesta.
Sánchez y su madre no olvidan que el cuerpo de Tendetza apareció en el río Zamora, maniatado y con señales de asfixia y tortura. Ocho años después, la familia de José Tendetza sigue esperando justicia.
En Ecuador, el caso sigue sin hallar a los responsables y la denuncia contra el Estado ecuatoriano, presentada ante la CIDH está en proceso de ser admitida, de acuerdo con Luisa Villacís, coordinadora del área legal de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh). Tendetza fue uno de los signatarios de la demanda por el caso Mirador presentada ante la CIDH.
Carlos y Alfonso Tendetza, hermanos de José, son los únicos indígenas shuar que asisten a las reuniones de Cascomi. Los pocos shuar que quedan en el sector, después de haber sido desplazados por diferentes procesos migratorios y por la minera, prefieren no ser asociados con la comunidad ni con la familia del líder asesinado. “Estoy agotado de tanto hablar, de presentar denuncias nacionales e internacionales, de tantas demandas que hacíamos en Quito. Me quedé solo y ya no tengo más palabras”, dice Carlos Tendetza.
Luis Tiwiriam, un líder histórico shuar de la comunidad de Ayantas, a unos 10 kilómetros de Tundayme, se lamenta: “No entiendo cómo mi gente shuar por todo lado está entregando su casa, su familia. Todo esto fue de los shuar. Los compañeros mestizos entraron y vendieron las fincas, por eso se posesionó la empresa [ECSA]”.
Tiwiriam asegura que los shuar han sido asediados por la minería por estar asentados en la Cordillera del Cóndor, una región rica en cobre y oro. Al sur de Mirador, la canadiense Lundin Gold ya opera el megaproyecto Fruta del Norte. Al noreste está San Carlos Panantza, en fase de exploración avanzada y a cargo de Explorcobres S.A. (EXSA), filial de ECSA. También al norte, la canadiense Solaris Resources hace exploración avanzada del proyecto Warintza. Muchos shuar ya han cedido a las presiones de la minería y esperan acceder a trabajos que les permitan obtener un sueldo a fin de mes.
Mientras el drama social sigue en aumento en la zona, al profesor William Sacher y a la geógrafa Karolien van Teijlingen también les preocupa que cuando finalice la concesión minera de Mirador, en 25 años, grandes lagunas llenas de desechos quedarán en medio de las montañas amazónicas de la Cordillera del Cóndor. Los especialistas aseguran que las relaveras, que están en una zona altamente sísmica, de mucha pluviosidad y de alta pendiente, corren el riesgo de desmoronarse y podrían causar un desastre ambiental y social similar al que se vivió por la avalancha de lodo tóxico en la presa de Brumandinho, en Brasil, en el 2019.
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