El sector del transporte aéreo reconoció su rol en la prevención de tráfico de vida silvestre a través de la iniciativa United for Wildlife y la Declaración de Buckingham. Ahora, esta industria trabaja de la mano con expertos para mejorar sus procesos.
El trabajo conjunto entre organizaciones no gubernamentales y pueblos indígenas ha logrado disminuir la dependencia de la cacería, al tiempo que aumentó el consumo de carne de animales domésticos.
Medios regionales visibilizan los impactos y a los responsables de la deforestación, la minería ilegal, el tráfico de vida silvestre, la pesca ilegal. También difunden las luchas de los pueblos y las nacionalidades indígenas para proteger sus territorios.
Por Ana Cristina Alvarado / @ana1alvarado
Desde la llegada de los españoles a América, se ha alimentado el mito de que la Amazonía es inagotable en recursos y hogar de los productos más deseados. En esa época fueron las especias, en el siglo XIX se descubriría el caucho, un siglo más tarde empezaría la extracción de petróleo y con esta industria llegaría la construcción de vías y la deforestación indiscriminada. Ahora también se extraen metales; flora y fauna para consumo, tenencia ilegal u ornamento, y energía a través de grandes hidroeléctricas. “Si bien los estados deben desarrollar políticas, todos podemos tener un rol para conservar el ambiente y disminuir las amenazas”, dice Sebastián Valdivieso, director de Wildlife Conservation Society (WCS) Ecuador.
Los miembros de la sociedad civil desempeñan roles importantes como actores sociales, políticos y culturales, en distintas áreas. En primer lugar, están la educación y la comunicación, para que la ciudadanía conozca sobre los delitos ambientales y cómo prevenirlos, y para promover mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de los estados.
Lo anterior se enlaza con el papel de los ciudadanos como agentes económicos, tanto del lado de la producción como del lado del consumo. Muchos consumidores pueden incentivar con sus compras el tráfico de fauna silvestre, la tala y el comercio ilegal de madera, la pesca y la minería ilegales o no reguladas.
Para evitarlo, Luis Suárez, vicepresidente de Conservación Internacional Ecuador, aconseja preguntarse de dónde vienen los productos; cómo fueron obtenidos, de manera legal o ilegal, y en qué condiciones ambientales y laborales fueron procesados. Los organismos de control y las certificaciones, como los sellos orgánicos, juegan un papel importante al etiquetar a los productos provenientes de cadenas de valor sostenibles.
En tercer lugar, está la importancia de la investigación y la generación de conocimiento independiente. Por ejemplo, Monitoring of the Andean Amazon Project, que levanta imágenes satelitales de alta calidad para reportar delitos como la deforestación, provocada por actividades como la tala ilegal de madera, la minería ilegal o no regulada, la apertura de vías o la expansión de la frontera agropecuaria.
Como cuarto punto, está la construcción o fortalecimiento de capacidades de los pueblos indígenas y comunidades locales en el manejo y defensa de sus territorios. Asimismo, la capacitación de autoridades judiciales, fiscales y de control, y de la empresa privada.
Por último, está la urgencia de que las y los ciudadanos se organicen para crear entidades de incidencia que se ocupen de fortalecer las políticas públicas, y para mantenerse vigilantes de su cumplimiento. En este sentido, también es importante fortalecer redes y comunidades de colaboración regionales, para acelerar los procesos de aprendizaje y la adopción de soluciones.
El periodismo y los ciudadanos pueden aportar
“Los delitos ambientales deben ser conocidos, denunciados, bien cubiertos, reportados e investigados”, afirma Verónica Goyzueta, coordinadora del Amazon Rainforest Journalism Fund, del Pulitzer Center. Goyzueta también es cofundadora del medio digital brasileño Sumaúma, conformado por periodistas que creen que su lugar es estar “junto a los pueblos-selva que están en la primera línea de guerra que se libra contra la naturaleza”, según su manifiesto. En este documento también se señala la importancia de un periodismo democrático, que cuestione las desigualdades de etnia, género, clase y especie que permiten los crímenes contra la naturaleza y los pueblos indígenas.
Alexa Vélez, editora del medio digital regional Mongabay Latam, considera que las audiencias informadas pueden exigir a las autoridades tomar acciones frente a problemas como la deforestación, la minería ilegal o el tráfico de tierras. La periodista peruana destaca la importancia de que varios medios den seguimiento a las historias, para profundizar en la información y llegar a distintas audiencias. “En esa difusión más amplia se consigue un cambio”, asegura.
Los periodistas que cubren estas temáticas deben capacitarse, para no poner en riesgo a defensores ambientales, líderes indígenas o a sí mismos. También deben evitar exaltar las ganancias de las personas involucradas en los delitos ambientales, caso contrario, se los podría promover en lugar de combatirlos y erradicarlos. No obstante, Vélez asegura que eso no significa que se deje de publicar cifras macro, lo que ayuda a entender la magnitud de los problemas.
“El buen periodismo es responsabilidad de la sociedad. Depende de una sociedad libre y de que haya recursos”, advierte Goyzueta. Pero, de acuerdo con Sebastián Valdivieso, los ciudadanos también tienen la responsabilidad de no involucrarse en los delitos ambientales, detenerlos y denunciarlos.
El sector privado reconoce su rol
Las empresas también tienen un rol en la prevención de delitos ambientales. “Algunas se involucran en cosas ilegales sin saber”, explica Valdivieso. Dentro de ellas está el sector del transporte. En Ecuador, WCS y la Policía Ambiental están capacitando sobre esta actividad ilegal al personal de terminales terrestres y compañías de buses. También se implementará información para que los usuarios conozcan que transportar animales silvestres o sus partes está penado con prisión.
United for Wildlife, una iniciativa de la realeza inglesa para combatir el tráfico de vida silvestre a escala global, es una de las experiencias más exitosas. 72 empresas y organizaciones no gubernamentales conforman el grupo de trabajo. En abril de 2022, bancos y transportistas de todo el mundo se comprometieron a luchar contra este delito, con la firma de la Declaración de Buckingham. Acordaron adoptar una postura de cero tolerancia ante el tráfico de vida silvestre, desarrollar mecanismos para obtener información oportuna y notificar a las autoridades sobre cargamentos sospechosos.
En julio de 2023, se lanzó en Colombia el Capítulo Latinoamérica y El Caribe de este proyecto, con el objetivo de facilitar el desarrollo de una estrategia conjunta para combatir este delito en la región, fortalecer las alianzas existentes y apoyar las prioridades locales.
Como parte de United for Wildlife, la aerolínea colombiana Avianca y WCS se aliaron. El personal de Avianca se capacitará en detección de especímenes silvestres, reporte a las autoridades e implementación de acuerdos y compromisos internacionales.
Antes, las empresas no se involucraban en la prevención de estos delitos, por lo que el hecho de que una compañía esté dispuesta a tener estas discusiones constituye un resultado relevante y sienta un precedente para que otras firmas que operan en la región adopten acciones similares.
La generación de información y la capacitación dan resultados
Con la llegada de la industria petrolera al norte de la Amazonía ecuatoriana, en los años 70, los habitantes indígenas requirieron de dinero para satisfacer nuevas necesidades. Entonces, se convirtieron en los principales proveedores de fauna silvestre del mercado de Pompeya, un pequeño poblado ubicado a menos de 15 kilómetros del Parque Nacional Yasuní (PNY). “Hicimos un monitoreo en Pompeya entre 2005 y 2011 y nos dimos cuenta de la magnitud del problema de tráfico de carne de animales silvestres”, cuenta Galo Zapata-Ríos, director científico de WCS Ecuador. 13 toneladas de carne se transportaban y comercializaban abiertamente cada año.
Habitantes kichwas de Pompeya, Nueva Providencia, Sani Isla, San Roque e Indillama, comunidades asentadas en el límite norte del PNY, presenciaron una reducción rápida de los animales que habitaban su entorno. WCS impartió capacitaciones sobre el impacto de la cacería intensiva, se acordaron vedas y se asignaron áreas de protección. También se crearon piscinas de cachama y aves de corral, con el fin de reducir la necesidad de cazar para la subsistencia. Este tipo de caza también produce impactos negativos. “Que sea legal no la hace sostenible, porque la densidad poblacional humana ha aumentado”, dice Zapata-Ríos.
Las medidas dieron resultado. El consumo promedio de carne de monte por persona se redujo en 33% entre 2006 y 2019. En 2006, cada persona consumía diariamente 55 gramos de carne de animales silvestres, de acuerdo con el director científico de WCS. En 2019, el consumo se redujo a 37 gramos. A esto se agregaron 24 gramos de proteína de pollo o cachama. En total, cada persona consumía diariamente 61 gramos de proteína animal, 6 gramos más que hace 17 años, pero 18 gramos menos de carne proveniente de cacería.
También se implementaron medidas de monitoreo y vigilancia para proteger los territorios de cazadores o madereros. Como resultado, se vio un aumento en la población de 21 especies animales. En 2006, en estas comunidades había menos de 2 monos araña por kilómetro cuadrado. En 2019 se registraron 6 individuos en la misma extensión. Los monos chorongo (Lagothrix poeppigii) pasaron de 5, en 2006, a 10 en 2019, por cada kilómetro cuadrado.
Valdivieso está convencido de que las organizaciones no gubernamentales y los pueblos indígenas necesitan el apoyo económico de la comunidad internacional para llevar estas experiencias positivas a más zonas. Además, destaca los resultados del Programa de recuperación de poblaciones de tortugas charapa (Podocnemis unifilis y P. expansa), en las mismas comunidades kichwa del norte del Yasuní antes mencionadas. En el río Napo, en 2009 se registró una tortuga por kilómetro y en el 2015 se realizaron cinco registros. A noviembre de 2023 se estaba realizando un nuevo conteo.
Esta publicación es posible gracias al apoyo de USAID. Todos los contenidos son responsabilidad de La Barra Espaciadora y no reflejan necesariamente los puntos de vista de USAID.
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