Por Gabriela Ruiz Agila
Fotos: Andrés Yépez
PACAYACU, Ecuador – Le pedí a Sixto Martínez que me llevara a su casa. Quería ver con mis propios ojos el color del agua. “Es como leche pura”, me aseguró. Así que enseguida salimos del GAD de Pacayacu, parroquia rural del cantón Lago Agrio, y fuimos en camino.
Sixto y yo nos conocimos en la audiencia pública #VerdadParaLaVida, convocada por la organización Acción Ecológica. Tomamos un vehículo para llegar al sitio por la vía a Tarapoa, sobre el kilómetro 42, y luego de pocos minutos pasamos frente a la Estación Pichincha, una de las cuatro plantas de producción que Petroamazonas administra en Pacayacu. Cada una de ellas –incluidas Secoya, Shushuqui y Shuara– dispone de mecheros de 15 metros de alto, vehículos, maquinaria pesada y una infraestructura imponente en comparación con las viviendas de la zona.
“Nos están siguiendo”, advirtió el hombre de 61 años, señalando discreto a una camioneta blanca que circulaba sin logotipo ni placas. El asedio duró hasta llegar a la casa de Sixto, una vivienda de un solo piso construida con madera y latones. Nos orillamos en el camino y el persecutor se detuvo también. Bajamos del vehículo. Nuestra incertidumbre creció cuando nos fotografió con el celular. Sintiéndonos amenazados, caminamos en medio de su terreno flanqueado por un cultivo de maíz. Un tendedero de ropa se levanta sobre el pozo del que Sixto y su familia se abastecen de agua. La casa está rodeada de palmeras y de pequeños huertos para el consumo doméstico. El techo es de zinc, como el de la mayoría de casas rurales de esta región.
Hasta hace un año y medio, el agua del profundo pozo familiar era clara. Hasta que empezaron los derrames. “En siete meses –me cuenta Sixto–, las tuberías se rompieron en cinco ocasiones. Usted puede ver aquí el derrame de agua de formación en 100 metros. Es lógico –reflexiona– que si la tierra es como nosotros y tiene venas, el agua de formación se filtre hasta llegar a los pozos de agua familiares”. El color de la tierra se va volviendo opaco a medida que se acerca al lugar por donde pasan las tuberías petroleras.
Sixto Martínez nació en la provincia costera de Los Ríos y vive 32 años en Sucumbíos, otra provincia ecuatoriana ubicada en plena selva amazónica. Cambió su residencia de Ucano a la localidad de Pacayacu cuando su esposa murió de cáncer, hace siete años, y actualmente batalla por cuidar la salud de la menor de sus hijos. Sixto asegura que las dos mujeres de su vida han sido víctimas de la contaminación que trae la explotación petrolera.
Ante los reclamos constantes de Sixto y de otros habitantes de Pacayacu, los funcionarios de la estatal Petroamazonas llegaron a hacer pruebas y después alegaron que “el agua está digna”. Pero en 2010, la Clínica Ambiental, Acción Ecológica y el Centro de Estudios y Asesoría Legal (CEAS) hicieron sus pruebas de contaminación en las aguas de Pacayacu y Sacha y las encontraron reprobadas para el consumo humano. Se estudió niveles de acidez y turbiedad y se encontró que las aguas de Pacayacu son tres veces más turbias que las de Sacha, por lo que es más difícil desinfectarlas con propósitos de potabilización. “Esta agua contaminada la seguimos consumiendo porque no tenemos otra opción”, dice resignado Sixto.
A Sixto, un funcionario de la empresa estatal Petroamazonas le regaló 100 pollos. Como muestra de apoyo a la economía familiar, le dijeron. Los funcionarios le pidieron firmar unos documentos a cambio de desistir de la demanda de reparación ambiental. Él aceptó el trato. Cuando se acabaron los 4 o 5 quintales de abono que la empresa le entregó para alimentar a las aves, él pidió más, pero se lo negaron.
Detrás de la casa hay un corral donde Sixto cría unas 20 gallinas. Hay tres costales de granos de maíz arrumados junto a una palmera. Él ya no se sorprende cuando encuentra muerta a una. Así fue esa tarde. Mirando al animal abatido, Sixto Martínez insistió en que la muerte fue por culpa del agua. Él y las gallinas beben agua del mismo pozo, y a pesar de todo, este hombre no quiere abandonar su hogar ni la tierra que ha hecho suya con el trabajo de más de tres décadas.
Para salir de la casa de Sixto Martínez y retornar a la audiencia en el GAD de Pacayacu, la carretera nos obliga a emparejamos con el acechador. Sixto baja la ventana del auto y con un gesto le pide hacer lo mismo. Con las dos ventanas abajo, Sixto confronta al conductor de la camioneta blanca. “¿Por qué vigilan, por qué persiguen?”, pregunta. El conductor es un muchacho de unos 30 años vestido con el overol azul que usan los empleados de la petrolera. Tememos que la confrontación sea violenta así que registramos con cámara el momento. El sujeto se niega a identificarse o a dar explicaciones. “¡Queremos agua!”, se lamenta Sixto, desde este pueblo fronterizo a más de 300 kilómetros de Quito, la capital del país. Reclamar por agua es su derecho constitucional y su derecho humano. Pero la petrolera estatal parece no entenderlo. Petroamazonas le dio seis bidones de agua cuando sucedió el último derrame. La empresa –que ostenta un logo de “petróleo verde”– utiliza sus recursos para amedrentar a la comunidad.
Pacayacu es una ciudad pantano
A una hora de viaje por carretera, llegamos desde Lago Agrio a Pacayacu. La vía Tarapoa (carretera E10) conecta con poblados como Puerto Libre, Dureno, San Jacinto, Secoya, Shuar, Cofanes. Los ríos Putumayo y Aguarico riegan las tierras de la provincia de Sucumbíos. El calor se incrementa con el paso de las horas hasta superar los 25°C.
En esta pequeña ciudad fronteriza, 11 000 habitantes viven rodeados de cientos de piscinas y fosas de desechos petrolíferos. Entre casas de bloque o de madera y techos de zinc, mecheros de pozos petroleros permanecen encendidos como bocas de hornos que jadean gases tóxicos y escupen lluvia ácida. El diagnóstico consultado señala como áreas de posible contaminación 2 kilómetros alrededor de la plataforma (aire) y 100 m (suelo). Pero estos datos son rebatibles. Los mecheros permanecen encendidos día y noche y en estas circunstancias, los habitantes de Pacayacu están expuestos a las formas de contaminación que envenenan permanentemente el aire, el suelo y el agua.
Según el informe de Valoración Pasivos Ambientales, elaborado por el Ministerio del Ambiente (Programa de Reparación Ambiental y Social -PRAS), el sistema de explotación hidrocarburífera conlleva la tala de árboles y el incremento de gases que, al contacto con el aire y el agua, disminuyen el oxígeno para animales, plantas y el ser humano. Por lo tanto, se incremente el gas residual que causa la muerte de insectos y aves.
Las fuentes oficiales se contradicen entre sí: El estudio de impacto ambiental para trabajos en el Campo Libertador (Bloque 57), realizado por Petroamazonas, responsable de la exploración y el desarrollo de campos petroleros, enumera las actividades previas a la perforación. Estas son: acercamiento a la comunidad, levantamiento topográfico, estudio de impacto ambiental, acuerdos comunitarios, desbroce y limpieza, construcción de vía de acceso hacia la plataforma y construcción de la plataforma.
Poco de eso parecería haberse cumplido. Los edificios y caseríos de Pacayacu están dentro del Campo Libertador (Bloque 57). Las petroleras cavaron piscinas, fosas y pozos en busca de petróleo, y prácticamente han dejado a las viviendas superpuestas en el tablero de perforaciones y piscinas de contaminación. La historia de derrames, enfermedades y desalojos ha dejado rastros burdos: los pozos nunca desaparecen. Solo se tapan. Un sencillo tapón o una placa marcan discrecionalmente el pozo cerrado. Ahora, estas marcas forman parte del paisaje de Pacayacu. ‘Muñecos’. Así llaman los lugareños a los tubos que quedan a la vista de todos, como cicatriz.
- Para ver el mapa del colectivo Geografía Crítica (2012) que detalla los sitios de agresión a la naturaleza y las comunidades en el Campo Libertador, Parroquia Pacayacu. Pincha aquí.
Según ese estudio, la fauna de Pacayacu (aves, insectos, peces, etc.) no cuenta con especies endémicas o propias del lugar, y por tanto, no son sensibles al impacto ambiental que se calcula en un área de 100 m alrededor de la plataforma: “Las acciones que demandará la ejecución del proyecto, ocasionarán ciertas alteraciones y la destrucción de algunos hábitats y microhábitats específicos en especial para los grupos de fauna que tengan desplazamientos cortos. Sin embargo, los impactos serán temporales y reversibles, mientras duran las actividades de la prospección sísmica” (sic). En el documento también se explica que los desechos serán depositados en la plataforma para descomposición o llevados al relleno sanitario. ¿Dónde se encuentran esos rellenos sanitarios? ¿Hay suficientes para tratar la enorme tragedia ambiental?
No sorprende que para atenuar la evidencia dañina de la explotación, el gobierno haya implementado en el 2015 el Proyecto Manejo Integrado a Escala de Paisaje (Ver Video). Las autoridades se concentran en mejorar el paisaje en una provincia que tiene luz eléctrica pero que no cuenta con alcantarillado. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Pacayacu, de 2015, registró que el 40% del alcantarillado estaba obsoleto. En 2013 se conformó una Veeduría ciudadana para vigilar la calidad del agua potable que se consume en este poblado y en las comunidades de Los Laureles, Virgen del Rosario, 1 de Mayo, y de Harbert y La Granito, pero las gestiones que constan en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no han dado resultados. Los informes comprueban los niveles de contaminación del agua y, sin embargo, los gobiernos locales no han realizado ninguna acción para solucionarlo. Los pobladores continúan comprando agua de tanqueros o consumiendo agua que se acarrea entubada desde el río Aguarico.
La remediación de los daños provocados al agua de la parroquia consiste en llevar a cabo un ligero lavado de la tierra, succionar el crudo y envasarlo en contenedores. ¿Dónde se han guardado los contenedores con crudo derramado? ¿Hacia dónde se llevaron los líquidos recolectados? Según la fuente oficial, “se vierten 4 millones de barriles de lodo de perforación y 40 mil barriles de otros químicos altamente tóxicos, sin tratamiento previo”, por lo que los esteros y ríos que proveen de agua a Pacayacu tienen tóxicos que sobrepasan en 10 mil veces los niveles de contaminación tolerables.
Alexandra Ávila, vocera de Acción Ecológica, denunció que los contaminantes se tiran en otros ríos y esteros o se ocultan debajo de la tierra. La información se socializó y discutió ampliamente en la Audiencia Pública del 7 de octubre. Informes científicos de peritos así como testimonios de la población de Pacayacu evidencian la repetición de estas prácticas en los últimos 40 años de explotación petrolera. Una de las voces más reconocidas y críticas de la explotación petrolera es la de Alicia Cawiya, Vicepresidenta de la Nacionalidad Waorani del Ecuador (Nawe).
El antecedente jurídico más importante se dio el 8 de mayo de 2013, cuando la Corte Nacional de Justicia obligó a Petroecuador a pagar la indemnización a los afectados. Este es el resultado de una larga pugna que se inició con la demanda interpuesta por Fernando Sarzosa, representante de la comunidad, en noviembre de 2008. No obstante, en enero de 2016, la Corte Constitucional dejó sin efecto el dictamen de 2013 por considerar que el proceso debía llevarse por la vía legal sumaria y no ante lo contencioso-administrativo. El Ministerio de Hidrocarburos se mostró satisfecho con la decisión argumentando que “la Sala de la Corte Nacional no aplicó las normas jurídicas pertinentes, así como realizó valoración de pruebas”. El caso ahora se intenta pelear en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
Un terreno de dimensiones similares a las de una cancha de fútbol comunitaria colinda con la Estación Pichincha. Ahí es evidente el intento de camuflaje. Se trata de una piscina cubierta con cultivo de maíz que no crece más allá de los 30 centímetros. Ante la indiferencia de las autoridades, Acción Ecológica organizó un plantón silencioso frente a las instalaciones de la empresa. Los manifestantes abrieron bolsas plásticas de basura y las colocaron sobre sus cabezas. El conductor de la camioneta que nos siguió a casa de Sixto Martínez reapareció ahora acompañado de una pareja en motocicleta, sin placas. Nos fotografiaron una vez más. Agricultores, colonos, indígenas, defensores, peritos y periodistas, en doble fila, representamos un caudal oscuro en medio de los pantanos. En esto consistió la protesta pacífica en esta ocasión. Pero este no es el único símbolo de resistencia.
En la fachada de la escuela pública de Pacayacu, el artista visual amazónico Jorge Betancourt (Sowith) pintó un mural. La pieza de arte urbano da la impresión de partir del gran rugido de un jaguar. Se observan dos imágenes: un jaguar a todo color reflejado contra un jaguar delineado con brea. “El espíritu del jaguar” simboliza el llamado urgente a luchar y exigir respeto por la vida.
Los muertos y las mujeres de Pacayacu
La tragedia familiar acentuó una certeza en Fany Calero: “Nosotras utilizamos el agua para lavar la ropa, asear a nuestros hijos, limpiar los alimentos y cocinar. Por eso tenemos los problemas más serios en nuestro cuerpo”. Ella es una de las madres de familia y mujeres activistas que luchan para denunciar los daños ambientales causados por Petroamazonas. Las madres de Pacayacu exigen agua, reparación. Justicia.
Fany Calero, madre de familia residente en Pacayacu, es la representante del Comité de Afectados en Los Tetetes, parroquia de Pacayacu. Este es un Comité que se sostiene, sobre todo, en el reclamo de las madres de Pacayacu. Los niños se acercan al agua a jugar y a lavarse y consumen el agua sin temor. Por eso, las primeras víctimas de la contaminación son ellos, explica Fany. Recuerda, por ejemplo, a Olga Sánchez (14 años) y a Lucía Paca (10 años), las primeras víctimas en su comunidad. En esos casos, los diagnósticos fueron de leucemia o no encontraron algo definitivo. Me dice: “Yo también soy una madre que tiene tres hijas con cáncer”. A la primera, le encontraron un problema en el hígado y en el útero a los 14 años. La segunda hija enfermó de neumonía crónica. A la tercera hija le detectaron cáncer de seno a los 25 años. Ante el hecho fatal, el padre protestó: “¡Cómo le van a arrancar los senos a mi hija!”. Solo en el tratamiento de ella, invirtieron 9 000 dólares.
En 1985, Fany Calero migró con su esposo desde Loja. Se instalaron en San Antonio, Shushufindi, en una finca que producía plátano verde, café, yuca, maní, limones, naranjas y toronjas. Guatusas y guantas se avistaban con facilidad para la cacería, y la pesca se daba bien. Unos años más tarde, en 1996, Fany se mudó a Chone 1, vía a Los Tetetes, que se surtía de agua en el Estero La Providencia. En este lugar se han producido varios derrames, como el de 1995, cuando la línea de flujo de Petroproducción se rompió y afectó al río Teteye. Fany Calero asegura que “con pisar nada más ahí, se levanta el petróleo. Aparentan que limpian pero no hacen nada”.
Para Fany, las pérdidas económicas y personales se han ido acumulando. Ella y su familia debieron abandonar su propiedad en Los Tetetes y buscar fortuna en Lago Agrio. Y a la enfermedad de sus hijas, se sumó la muerte de su sobrina de 4 años con un dolor de estómago inexplicable, y la muerte de su padre, Hortencio, a los 74 años, con un herpes incurable. Para pagar estos y otros gastos médicos, la familia ha solicitado préstamos a lo largo de 10 años.
La fuente oficial señala que alrededor del 21% de la población de Sucumbíos y solo el 4% de la población de Pacayacu cuenta con afiliación al seguro social, es decir, con acceso al Centro de Salud Pública, Dispensario Médico y Hospital de Lago Agrio. Fany cuida a tres hijas con cáncer y se alerta cuando observa que el color de la piel de una de ellas se vuelve amarillento. Sabe que el cáncer puede recrudecer.
¿Remediación? La mano sucia de Petroamazonas
Como parte de la estructura institucional, el gobierno ecuatoriano creó en 2015, el proyecto Amazonía Viva, de remediación de pasivos ambientales. En 2013, Petroamazonas EP asumió las actividades de exploración y desarrollo de campos petroleros bajo el lema de un manejo ambiental “Green oil” o de petróleo verde. Petroamazonas EP y EP Petroecuador se crearon en 2010 por el gobierno del expresidente Rafael Correa, para gestionar el sector de los recursos hidrocarburíferos. Las condiciones deberían ser de “preservación ambiental y de respeto a los derechos de los pueblos”, según consta en el Decreto Ejecutivo 1351-A.
Petroamazonas tiene a su cargo la operación de 21 bloques, 18 ubicados en la cuenca Oriente del Ecuador y tres en la zona costera del Litoral. En su página institucional afirma que “varios puntos de su operación cuentan con certificaciones internacionales que avalan sus procedimientos y prácticas”. Pero el caso de Pacayacu pone en evidencia las faltas a las leyes vigentes y el doble discurso del Estado ecuatoriano: ecologista y capitalista.
En 2008, el Ministerio del Ambiente puso en marcha el Programa de reparación ambiental y social (PRAS), que levantó una línea de base que consideró a 332 527 personas afectadas por hidrocarburos, 333 776 afectados por economía industrial, 269 505 afectados por industria textil, 3 632 por minera no metálica, y 1 303 por generación eléctrica. A los reclamos ciudadanos en Pacayacu, el gobierno ha respondido con programas y planes como los descritos. Sabemos poco sobre el cumplimiento de las promesas de reparación y saneamiento de los focos de contaminación. Boletines institucionales esporádicos entregan datos parciales. Nos preguntamos, por ejemplo, qué sucedió con el Plan de Reparación Integral de la microcuenca del río Pacayacu, junto a los ríos Cofanes, Tetete, Eno, Shushufindi y Zábalo, afluentes del río Napo.
Amazonía Viva es una empresa adscrita a Petroamazonas. Pero, ¿es Petroamazonas el actor más idóneo para remediar a los afectados de Pacayacu, siendo juez y parte? De 2014 a 2015, Amazonía Viva reportó la recuperación del equivalente a 22 347 barriles, y para 2016, reportó 343 000 m3 de suelo que la empresa considera benefició a 82 comunidades. Con este informe, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos intentó demostrar que su trabajo “es superior a la cantidad de pasivos ambientales eliminados en los anteriores 30 años”. Si es difícil imaginar el volumen de estos espacios, consideremos que son 714 piscinas o fosas a las que en informes técnicos denominan “fuentes de contaminación” las que el gobierno eliminó entre 2005 y 2013. Petroamazonas ha dicho que eliminó 180 fuentes de contaminación entre 2013 y 2014 en un espacio de 237 000 m2. Para ello, el proyecto contrató a trabajadores de la zona. El empleo de personal local es otro factor que la compañía usa para esquivar las demandas. Según informan varios medios, los casos donde es imputable la actuación de Amazonía Viva se dieron en el pozo Shuar 3, pozo Shushufindi 38, campo Secoya.
Campo Guarumo del Bloque 57-Libertador fue también intervenido por Amazonía Viva. Como la misma fuente oficial reseña: “Técnicos de la empresa explicaron que para la remediación de este pasivo, dejado por operaciones anteriores, se necesitó el contingente de 44 trabajadores, quienes durante siete meses dejaron el sitio en óptimas condiciones para que la comunidad utilice en su quehacer diario”.
En clara confrontación con la campaña que el Estado ecuatoriano mantuvo en contra de la transnacional contaminante Chevron-Texaco bajo el eslogan “La Mano sucia de Chevron”, Alexandra Ávila denuncia: “Los afectados de Pacayacu demostraron que también existe una Mano Sucia de Petroamazonas… 9 000 moradores ubicados en el campo Libertador donde nunca estuvo Texaco sino las empresas estatales CEPE, Petroecuador y ahora Petroamazonas EP”.
Las denuncias de la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil apuntan a un mero encubrimiento de las fosas, piscinas y derrames, con plantaciones de ciclo corto.
Ecuador se ve abocado a una nueva consulta popular. La pregunta 5, según lo propuso el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno cuestiona a los votantes: ¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50 000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní, de 1 030 hectáreas a 300 hectáreas?
Las evidencias condenan la explotación petrolera en contra de las nacionalidades indígenas y el agua en territorio amazónico.
Cronología de hechos relevantes en Pacayacu
- 2003, denuncia de habitantes de Pacayacu
- 2005, el Comité de Afectados por la Contaminación Petrolera en Pacayacu demandó a Petroproducción, empresa estatal. Unas 86 familias afectadas solicitaron
la remediación ambiental, la compensación social y económica. - 2008, creación del Programa de Reparación Ambiental y Social (PRAS)
- 2012, informe de Defensoría del Pueblo.
- 2013, rotura de tuberías en campo Secoya
- 08 de mayo de 2013, un grupo de afectados demanda al Estado. Campo Libertador,
Pacayacu. - 13 de enero de 2016, la Corte Constitucional anuló la sentencia del 08 de mayo de
2013. Caso N° 1705-13-EP. - 2016, Proyecto Manejo Integrado a Escala de Paisaje.
