Las carreteras para la industria petrolera han facilitado la extracción de madera desde hace décadas. Recientes alertas de deforestación muestran que esta problemática sigue vigente.
En la Vía Auca, una de las zonas más deforestadas del país, los campesinos se están volcando a sembrar palma de aceite bajo el modelo de agricultura por contrato.
En la Vía a Loreto, indígenas kichwa le apuestan al cultivo de balsa, un material altamente demandado en los últimos cinco años para la industria de la energía eólica.
Por Ana Alvarado / @ana1alvarado
La deforestación sigue siendo una constante en la Amazonía ecuatoriana, una región marcada por medio siglo de presencia de industrias extractivas, principalmente la petrolera. En los años recientes se consolida una nueva amenaza para la conservación de esos bosques: los cultivos de balsa y palma aceitera bajo el modelo de agricultura por contrato, es decir, producción desarrollada bajo un acuerdo previo entre los agricultores y los compradores.
Así lo corroboró un equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora que visitó la Vía Auca y la Vía a Loreto, en el centro-sur y oeste de la provincia de Orellana, y acudió a varios de los puntos que fueron deforestados entre enero y marzo de 2023, según información de la plataforma Global Forest Watch (GFW).
“Ecuador está entre los cinco países en los que más se deforesta [considerando su extensión territorial] en Latinoamérica”, asegura Natalia Greene, vicepresidenta de la Coordinadora Ecuatoriana de organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma). Los focos de deforestación, dice Greene, están alrededor de los grandes proyectos extractivos para los que se han construido carreteras desde mediados del siglo XX. Esa infraestructura ha dado vía libre a los madereros y a colonizadores en búsqueda de tierras para la producción agrícola y ganadera. En Orellana, estos puntos colindan con el Parque Nacional Yasuní y con las estribaciones de la cordillera de los Andes, donde hay ecosistemas diversos y endémicos. “Su destrucción puede causar fragmentación de hábitats y extinción de especies”, comenta Greene.
El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) afirma lo contrario en respuesta a una solicitud de información realizada por esta alianza periodística: “Existe un riesgo bajo de fraccionamiento [en la provincia], debido a que se cuenta con categorías de conservación como el Proyecto Socio Bosque, Sistema Nacional de Áreas Protegidas, Bosques y Vegetación Protectora, Zonas intangibles e iniciativas impulsadas por esta cartera de Estado que están conservando el bosque en la provincia de Orellana”. Pero las imágenes satelitales y la reportería en campo muestran otra realidad
Orellana: una de las provincias más deforestadas de Ecuador
La serie histórica de mapas de cambio de cobertura de la tierra del Maate muestra que entre 2018 y 2020, el último periodo publicado, Orellana estuvo entre las cinco provincias con mayor deforestación bruta anual, con 8417 hectáreas de bosque perdidas, una superficie igual a 25 veces el Central Park de Nueva York. Mientras tanto, GFW reporta que sólo en el 2022, la provincia perdió 6 170 hectáreas únicamente de bosque primario.
Según las alertas tempranas del Sistema Nacional de Monitoreo de Bosques del Maate, en Orellana se generaron 376 alertas de deforestación entre enero y marzo de 2023, principalmente en los cantones Joya de los Sachas y Francisco de Orellana, también conocido como Coca. Una alerta representa la pérdida de, al menos, una hectárea de bosque en áreas que no tienen permisos ambientales para aprovechamiento forestal, concesiones mineras o petroleras, actividades agropecuarias, entre otras, según indica Álex Quizhpe, coordinador de Gobernanza Forestal del Programa REM del Maate, financiado por la cooperación internacional para lograr reducción en las emisiones derivadas de la deforestación.
Por su lado, GFW registró entre enero y marzo pasado 64 316 alertas de deforestación en toda la provincia de Orellana. Para GFW, cada alerta representa la posible pérdida de 30 x 30 metros de un bosque tropical, aproximadamente el tamaño de una cancha de baloncesto.
Al aumento de la deforestación “se suma la falta de congruencia entre las normativas”, cuestiona Alonso Jaramillo, parte del Grupo Social Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) y exdirector del Parque Nacional Yasuní (PNY). “Si bien es cierto que existen leyes que protegen la biodiversidad, también existe normativa que permite explotación forestal a gran escala”, añade. De hecho, entre 2018 y 2022, el Maate entregó 1364 licencias de aprovechamiento forestal en 25 952 hectáreas de Orellana, de acuerdo con la información enviada por la entidad a esta alianza periodística.
Las licencias de aprovechamiento forestal “permiten el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales (maderables y no maderables) de los bosques húmedos, andinos y secos […] son emitidas a los propietarios de los predios en los cuales previamente se han aprobado Planes de Manejo Integral, Programas de Manejo Forestal y de Corta”, dijo el Maate en su respuesta. Jaramillo asegura que este tipo de explotación se beneficia de la extracción ilegal de madera. “Hacen un lavado, es decir, extraen madera de zonas protegidas donde no tienen licencia y la cargan donde sí tienen licencia. Así se legaliza”, denuncia.
Vía Auca: una historia de deforestación
La Vía Auca está ubicada en el cantón Francisco de Orellana (Coca), el más deforestado de Ecuador entre 2001 y 2020, de acuerdo con un informe de Mapbiomas —iniciativa que integra a una red colaborativa de especialistas en temas como uso del suelo, sensores remotos y programación— presentado a finales de 2022. Según la información enviada por el Maate, entre 1990 y el 2000 se deforestaron alrededor de 5339 hectáreas por año en este cantón; entre el 2000 y el 2018, la superficie que perdió cobertura forestal se mantuvo alrededor de las 3000 hectáreas anuales pero, entre el 2018 y el 2020, la deforestación se volvió a disparar y se perdieron alrededor de 4300 hectáreas cada año.
GFW tiene datos más actuales y registra que, en 2022, Francisco de Orellana perdió 3 480 hectáreas de bosque primario. Además, entre enero y marzo de 2023, este cantón registró 36 561 alertas de deforestación, es decir, el 56,8 % de todas las alertas de la provincia.
La carretera Auca conecta a Francisco de Orellana, la capital de la provincia, con el bloque petrolero 61 Auca, operado por la estatal Petroecuador. Tanto la vía como el bloque reciben este nombre porque la zona era territorio de los waorani, llamados “aucas” —salvajes en español— por los indígenas kichwas. Hoy ya queda poco de los bosques y pantanos que albergaban cultivos históricos de palmeras de morete o aguaje, fruto con el que los waorani hacen chicha, o especies de mamíferos que servían como alimento para los habitantes ancestrales. Ahora, esta zona está habitada principalmente por colonos y, en menor medida, por indígenas de las nacionalidades waorani, kichwa y shuar.
La Vía Auca se construyó en la década de los setenta, cuando empezó la exploración de la empresa Texaco en el campo Auca y cuando migrantes mestizos de las provincias de Manabí, Bolívar, Guayas y Loja llegaron en búsqueda de tierras productivas. La carretera atraviesa la ciudad de Francisco de Orellana, así como sus parroquias rurales El Dorado, Dayuma e Inés Arango. Estas dos últimas albergan parte del Parque Nacional Yasuní.
“El tema de la agricultura está bastante explotado”, cuenta Carlos Martínez, presidente de Inés Arango. En décadas pasadas, los colonos se dedicaban principalmente a sembrar cacao, café o maíz pero, mientras tanto, la actividad petrolera no dejó de crecer: el bloque Auca produce unos 70 000 barriles de petróleo por día en 246 pozos activos, según el reporte de producción de Petroecuador del 29 de mayo de 2023.
El crecimiento de las fronteras agrícola y petrolera ha pasado su factura. Por un lado, los derrames de petróleo son frecuentes, de acuerdo con Washington Wilca, técnico de territorio de la Fundación Alejandro Labaka, dedicada a la investigación, promoción cultural y acompañamiento organizativo de los pueblos indígenas de la Amazonía norte ecuatoriana. Por otro, “hay muy pocos bosques primarios —según afirma Martínez—, la mayoría fueron explotados hace muchos años para extraer madera ilegalmente. Los bosques primarios que se conservan están en los territorios de las nacionalidades indígenas”.
Este equipo periodístico captó imágenes y videos de zonas deforestadas que fueron reportadas entre enero y marzo de 2023 en las alertas de GFW. Wilca asegura que estas zonas están destinadas al cultivo de balsa y palma. De hecho, en las imágenes satelitales se distinguen algunos cultivos de palma. El técnico de la Fundación Labaka ha observado un fenómeno relacionado con esta última plantación donde pequeños inversionistas, con ahorros o con dineros recibidos de las liquidaciones de las empresas petroleras, compran fincas en Inés Arango o Dayuma para sembrar palma africana, ya que son más económicas comparadas con localidades más cercanas a las capitales provinciales. “¡Es increíble cómo avanza el cultivo de la palma aceitera!”, expresa Alonso Jaramillo, del FEPP.
Hasta el 2022, la superficie destinada a la producción de palma de aceite en Ecuador estaba en caída debido a la “pudrición del cogollo (una plaga que afecta a la planta), la reducción en el rendimiento productivo, los impactos del COVID-19 y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania”, según indicó el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en respuesta a una solicitud de información de esta alianza periodística. La superficie plantada era de 16 071 hectáreas en 2017 y pasó a 11 546 hectáreas en 2022. El Ministerio no ofreció datos para el 2023, pero dio a conocer que Francisco de Orellana es el cantón de la provincia con mayor superficie de cultivo de palma aceitera con 7955 hectáreas sembradas en 2022.
Tanto Wilca como Jaramillo coinciden en que este monocultivo requiere de muchos pesticidas que, por el ciclo del agua, terminarán en los ríos y causarán bioacumulación de toxinas en las especies más grandes de peces, y después en los humanos. Además, también hay otros efectos: “Hay una tala completa de los terrenos, evitando la reforestación con el ecosistema nativo”, dice Natalia Greene. De acuerdo con Carlos Martínez, presidente de Inés Arango, hay alrededor de 150 hectáreas destinadas al cultivo de palma en esta parroquia. Además, asegura que en pocos meses, “más plantas de palma [de pequeños inversores] estarán listas para el trasplante en nuevas hectáreas”.
El aumento en los cultivos de palma en parte se explica porque las empresas aceiteras dan facilidades para que los agricultores siembren: proveen semillas, dan asesoramiento técnico y aseguran la compra de la producción.
Vía a Loreto: la balsa los mantiene a flote
La Vía a Loreto avanza desde el cantón Francisco de Orellana hacia el cantón Loreto, en el oeste de la provincia. Lo hace sobre un tramo de la Transversal Norte E20, que conecta a la Amazonía con Quito, en los Andes, y con la provincia costera de Esmeraldas. Entre Francisco de Orellana y Loreto se asientan, en su mayoría, comunidades kichwa que cuentan con títulos de propiedad globales, aunque también hay comunidades colonas, según indica Marino Calva, empleado de la Dirección de Ambiente del cantón Francisco de Orellana.
La mayor parte de la deforestación en esta zona ocurrió entre 1990 y 2010, según reflejan los datos de la serie histórica de mapas de cambio de cobertura de la tierra del Maate. Por lo tanto, “los bosques actuales son, en su mayoría, secundarios”, dice Calva.
GFW registró la pérdida de 1 370 hectáreas de bosque natural en 2022 en el cantón Loreto y generó 9 963 alertas de deforestación entre enero y marzo de 2023, equivalentes al 15,4% de las alertas de la provincia de Orellana. En la actualidad, añade el trabajador municipal, la deforestación en estas zonas responde a la agricultura rotativa a pequeña escala.
Ramón Grefa, líder de la Comuna Kichwa Altomanduru, ubicada en un tramo de la Vía a Loreto en el cantón Francisco de Orellana, asegura que su comunidad conserva el 60 % del territorio, mientras que el 40 % restante está dedicado a la construcción de viviendas, siembra de chacras y cuidado de ganado. Desde hace unos tres años los comuneros cultivan melina (Gmelina arborea Roxb), una especie maderable introducida, y balsa.
“Aún existe alta demanda de este producto [balsa], a pesar de que el precio fluctúa entre los 30 y 40 dólares por el metro cúbico de madera rolliza. Se ha evidenciado que la mayoría de las autorizaciones administrativas de programas para aprovechamiento de balsa son emitidas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a pesar de que en algunos casos son árboles de regeneración natural y no plantaciones”, respondió el Maate a esta alianza.
“La balsa es una especie pionera que se regenera en sitios de producción agropecuaria o en sitios abandonados que no constituyen bosque nativo”, aclaró por su parte el MAG. En los últimos seis años, esta institución emitió 262 autorizaciones administrativas de programas para aprovechamiento de balsa en Orellana, con un volumen aprobado de 172 376 metros cúbicos. En 2018 fueron 2 538 metros cúbicos; en 2019 la cifra fue de 4 515; en 2020 subió a 12 717; en 2021 disminuyó a 1 115 y en 2022 el volumen aprobado llegó a un récord de 80 988 metros cúbicos. Sólo hasta mayo de 2023 las aprobaciones ya iban en 70 504 metros cúbicos aprovechados de balsa, es decir, si la tendencia se mantiene, 2023 será el año de mayor aprovechamiento de esta madera reportado en la provincia.
El aumento en la demanda de balsa se debe al repunte de las energías renovables, pues se utiliza en la construcción de aspas para la energía eólica. Su cultivo requiere de menor inversión y esfuerzo que la palma, y además, unos seis meses después de la deforestación, esta especie nativa de la Amazonía nace gracias a que sus semillas se dispersan con el viento y es de rápido crecimiento.
“Uno de los principales efectos del cambio de bosque secundario a cultivo de balsa es la disminución de la recuperación del ecosistema”, asegura Belén Paéz, presidenta de Fundación Pachamama, una organización no gubernamental que trabaja con los pueblos indígenas amazónicos en la gestión autónoma de sus territorios.
A pesar de ser una especie nativa, tener un monocultivo de balsa, para luego explotarlo, evita que los bosques se recuperen. Como consecuencia, hay pérdida de servicios ecosistémicos como la fijación de nitrógeno, la mejora del suelo y la prevención de la erosión. Además, puede haber pérdida de fuentes de carbono y hábitats, así como cambios de microclimas y de patrones de agua. La alta demanda de este producto causa “un aumento exponencial en la tasa de deforestación, no sólo interviniendo áreas de bosque secundario, sino que también se está extendiendo a zonas de bosque primario”, alerta Páez.
Grefa estima que en su comunidad, que tiene una superficie de 3 000 hectáreas, hay unas 50 hectáreas de balsa. “No ha habido afectación al bosque, han sembrado, pero no en el bosque primario, sino en el secundario”, dice. Marino Calva corrobora que a lo largo de la vía a Loreto, los cultivos de balsa han aumentado en terrenos que ya habían sido intervenidos. “Muy pocos son los que talaron bosque para sembrar la balsa”, añade. Sin embargo, le preocupa que esta nueva dinámica comercial promueva la tala de esta especie que cumple funciones ambientales.
A diferencia de la Vía Auca, las comunidades kichwa que se asientan a lo largo de la vía a Loreto no siembran palma africana. “No nos conviene eso. Se utilizan muchos químicos, hay que estar fumigando a cada rato, no nos gusta eso, queremos cultivar naturalmente, orgánicamente, así no se afecta el suelo ni el aire ni el agua”, dice Grefa.
Frente al incremento de la superficie dedicada al cultivo de palma y balsa, los expertos consultados para este reportaje concuerdan en que es urgente que el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Agricultura aumenten esfuerzos para capacitar a los agricultores en función de que sus cultivos se vuelvan más productivos. Fundación Pachamama, por otro lado, creó junto a la comunidad achuar de Sharamentza, en la provincia de Pastaza, un plan de manejo sostenible de balsa, basado en compensaciones por no talar en zonas frágiles, y es algo que esperan que se pueda replicar en Orellana.
Natalia Greene considera que otra opción para enfrentar la deforestación causada por monocultivos de palma y balsa es que se involucre a más comunidades en el monitoreo de la naturaleza y el territorio.
* Este reportaje es una alianza periodística entre Mongabay Latam y La Barra Espaciadora de Ecuador.
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