Por Juan Auz – Terra Mater
La cuestión
De las 7 preguntas que el presidente Lenín Moreno formuló a inicios de octubre para ser sometidas a consulta popular, una se refiere a ampliar la protección del Parque Nacional Yasuní:
¿Está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas?
Esta pregunta –al igual que la referente a la derogación de la llamada “Ley de Plusvalía”– no hace referencia a una enmienda ni reforma constitucional de ningún tipo. Era posible tramitar dicho planteamiento a través de un canal administrativo, como por ejemplo un Decreto Ejecutivo. Además, la pregunta tampoco incluye un anexo complementario.
El primer efecto de la interrogante es el incrementar el área de la Zona Intangible Tagaeri-Taromenane –aunque en la pregunta no se especifica cuál Zona Intangible–de 758.773 hectáreas a al menos 808.773 hectáreas.
El segundo efecto tiene relación con lo establecido en el Decreto Ejecutivo 74 de 2013, en el que el entonces presidente Rafael Correa limitó la actividad extractiva a un tope del uno por mil del territorio del Parque Nacional Yasuní, sustituyendo el Artículo 5 de dicho decreto. Dado que el Parque Nacional Yasuní tiene una extensión de 1’022.736 hectáreas, el uno por mil vendría a ser 1.023 hectáreas –no 1.030– las mismas que ahora, con los resultados del referéndum y consulta, se reducirían a 300 que equivalen al 29,3%.
Lo bueno
El Parque Nacional Yasuní es el área protegida más grande del Ecuador continental. Se calcula que en una de sus hectáreas se encuentran al menos 650 especies de árboles. Mucho más que lo encontrado en toda Norteamérica. El Yasuní alberga a más de 2 000 especies de árboles y arbustos, 204 especies de mamíferos, 610 especies de aves, 121 de reptiles, 150 de anfibios y más de 250 especies de peces. Adicionalmente, en el Parque y en áreas adyacentes, habitan varios grupos humanos provenientes de distintos orígenes étnicos y lingüísticos, entre ellos, mestizos, kichwas amazónicos y waoranis. Tanto dentro como fuera del Parque, pues no son grupos sedentarios, habitan los Pueblos Indígenas en Aislamiento Tagaeri y Taromenane, quienes desde 1999 gozan de un territorio protegido bajo una categoría denominada Zona Intangible Tagaeri-Taromenane. En esta Zona Intangible, la Constitución ecuatoriana ha vetado toda actividad extractiva. Finalmente, tanto el Parque Nacional Yasuní como la Zona Intangible y el adyacente territorio Waorani fueron declarados Reserva de la Biosfera por la UNESCO, en 1989.
En ese contexto, es relevante rescatar los argumentos que el presidente Lenín Moreno esgrimió para justificar la importancia de la pregunta, donde hizo referencia al Plan de Medidas Cautelares para la protección de los Pueblos Indígenas en Aislamiento; al carácter progresivo y colectivo de los derechos en la nueva Constitución; a la obligación del Estado de garantizar los Derechos de la Naturaleza como un salto paradigmático hacia la protección de la “casa común”. En ese sentido, los efectos positivos que generaría la pregunta deben constituirse en elementos que empoderen a la ciudadanía a mantener la vigilancia de su patrimonio natural.
La voluntad de incluir una pregunta específica a escala nacional respecto de un área protegida y de una zona de protección de un grupo humano particular reposiciona el debate sobre el desarrollo que el Ecuador quiere y necesita. El someter a la voluntad popular una pregunta sobre el Yasuní es una victoria de grupos de la sociedad civil como la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, (Conaie) y Yasunidos, quienes bregan incansablemente por la protección de esta zona importantísima para el país.
Lo no tan bueno
El Parque Nacional Yasuní no goza de una protección integral, pues en su interior ya fueron trazados varios bloques petroleros (14, 15, 16, 31 y 43) que han fomentado la proliferación de otras actividades perjudiciales para la biodiversidad y para la población, como la maderera y la caza ilegal.
¿Cuán vinculante puede ser el Sí a esta pregunta para el cumplimiento de los principios constitucionales? Si bien es positivo el incremento de la Zona Intangible, el utilizar innecesariamente un mecanismo plebiscitario para impulsar algo tan obvio da cuenta de la politización de la dignidad y de la instrumentalización de temas tan sensibles como la vida humana y la naturaleza.
Más allá de los reparos éticos evidentes, quedan aún dudas sobre la implementación de las reformas: al no existir un Anexo que proporcione una guía más técnica y específica, la ampliación de la Zona Intangible podría decidirse a discreción del funcionario de turno.
Por eso es urgente exigir que esta determinación surja de una debida diligencia técnica, basada en los patrones de movilidad de los Pueblos en Aislamiento aunque estos se superpongan a zonas de operaciones extractivas.
De otra parte, ¿cuál es el alcance de la frase “área de explotación petrolera”, la cual se vería reducida a 300 hectáreas? ¿Nos referimos al período de explotación definido en la Ley de Hidrocarburos y su Reglamento o a todas las fases de operación petrolera –exploración, perforación y transporte–? En el primer caso, es muy probable que los impactos ambientales generados por la apertura de trochas, la detonación de explosivos para la fase sísmica o la apertura de carreteras para el ingreso de maquinaria, se circunscriban a un radio de afectación mayor a 300 hectáreas, considerando los impactos de la explotación petrolera en ecosistemas tropicales, como lo registra este informe del colectivo Acción Ecológica.
El actual ministro de Hidrocarburos, Carlos Pérez, señala que el país recibirá 46.000 millones de dólares por concepto de renta petrolera hasta 2030 solo por lo extraído en el Yasuní, es decir alrededor de 2.400 millones de dólares anuales. Estas cifras tienen un claro propósito movilizador de conciencias. El discurso ecologista del gobierno de Lenín Moreno parece ser una bocanada de aire fresco para la ciudadanía, pero en realidad no es un eje central de su propuesta aparentemente reformista. Eso se muestra en la tibia formulación de la pregunta para proteger el Yasuní.
