Por Mario Melo
Esta semana comienza en Nueva York la XXI sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU con el tema especial: Pueblos indígenas, empresas, autonomía y los principios de derechos humanos asociados a la diligencia debida, incluido el consentimiento libre, previo e informado.
En Ecuador conocemos muy bien el desarrollo del foro atendido sistemáticamente por representantes de nuestras comunidades indígenas, y de gran importancia ya que el gobierno ecuatoriano tiene el hábito vergonzoso de ignorar, precisamente, “cuestiones indígenas” y de violentar su autonomía, territorios y derechos humanos.
El foro de la ONU arranca en un momento dantesco para los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, ya que apenas el 13 de abril de 2022, el gobierno ecuatoriano anunció el inicio de la explotación del campo Ishpingo, parte del polémico proyecto petrolero ITT que se desarrolla dentro del Parque Nacional y Reserva de Biósfera del Yasuní. La empresa china CNPC, operadora del proyecto, tendría previsto perforar 36 pozos para la extracción del crudo.
Este anuncio puede sonar a buena noticia en la voz de un gobierno que, una vez más, como todos los anteriores desde hace medio siglo, volvió a apostar el presente y el futuro económico del Ecuador a la explotación inmisericorde de los recursos naturales. Como si esa fórmula no hubiera resultado ruinosa para el país en todas las anteriores oportunidades en las que se la aplicó.
En cambio, para los pueblos Tagaeri y Taromenane, habitantes ancestrales del Yasuní que conservan su estilo de vida aislándose de la sociedad mayor que los acosa, el anuncio equivale a una catástrofe. Otra vez, la selva que constituye su hogar se llenará de ruidos, de explosiones, de extraños con motosierras derribado árboles milenarios. El hedor a químicos, a combustible, a muerte llenará sus pulmones, y el agua de sus ríos, tarde o temprano, se cubrirá de aceites y al beberla les provocará enfermedad y dolor. Como ya les ha sucedido a sus hermanos en otras zonas de la Amazonía.
Los voraces apetitos petroleros no muestran ningún escrúpulo al momento de aplastar y pisotear la dignidad y los derechos de las comunidades de la selva, aisladas o no, que pudieren colisionar con sus proyectos. El 17 de marzo de 2022, un editorialista sostenía en un diario nacional que para él no es posible reservar espacios para unas pocas docenas de indígenas aislados en zonas petroleras y que, incluso, se les podría reservar más en otros sitios donde no haya petróleo. Así, desde una supina ignorancia, aquellos que solo saben y entienden de dinero, pretenden ordenar la vida de los otros a su antojo, subordinándolos a sus propios intereses.
Los pueblos en aislamiento ocupan un espacio donde su historia milenaria los ubicó, como todos los pueblos, y tienen, como todos, el derecho a conservar su hogar sin ser desplazados ni hostigados ni masacrados, para vivir como ellos quieren en ejercicio de su autodeterminación.
El comunicado oficial sobre la explotación de Ishpingo la justifica en los 60 millones anuales que produciría para ser invertidos en salud, educación y seguridad. Con certeza, todos en el Ecuador creemos que se necesitan más recursos para cubrir esas y otras necesidades. Con el mismo argumento en 2013 se consiguió de la Asamblea Nacional el permiso para explotar el ITT, en base a sospechosos cambios en los mapas de ubicación de los pueblos en aislamiento. Ahora, a varios de los responsables de la política petrolera de aquel entonces se los encuentra procesados, presos o prófugos en casos de corrupción. Con semejante antecedente se hace difícil creer que ahora, más petróleo equivalga a más y mejores servicios públicos. Como siempre, más petróleo no es sino equivalente a más dinero para los mismos o para otros con parecidos apetitos.
Dentro de poco tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos convocará al Estado a responder en una audiencia pública sobre los derechos vulnerados de los pueblos indígenas en aislamiento del Yasuní. Ese proceso, abierto desde 2006, constituye una oportunidad para que, esta vez, los derechos humanos prevalezcan sobre los intereses petroleros transnacionales y lo poco que queda limpio en el Yasuní permanezca como el sitio más biodiverso del mundo y como el hogar de los pueblos ancestrales que lo habitan.
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*Mario Melo es decano de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y asesor legal de Fundación Pachamama. Abogado del Pueblo Kichwa de Sarayaku y de otras víctimas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
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