Por Gabriela Verdezoto Landívar / @gabrielav1980
Estás muerto.
Ya no fluyes, sino que te arrastras como una masa espesa, marrón, inerte.
Has sido reemplazado por la lluvia.
Esta es la historia del río Chumbiyacu, un río que murió.
Esta es una historia de la deforestación y sus efectos en la Amazonía ecuatoriana.
¿Cómo es vivir junto al cadáver de un río?
El oro sale por cesárea. A la selva la abren por capas. La diferencia es que el bisturí es una retroexcavadora naranja con un solo brazo largo que termina en dientes puntiagudos.
Para alcanzar el oro que hay debajo de los suelos de la comunidad de Shiguacocha ―un poblado de cincuenta familias que viven al borde del Chumbiyacu, en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, provincia de Napo― las máquinas, primero, destruyen los árboles en la superficie: selva en estado puro (o zonas de pequeña agricultura). Llegan a un estrato de arcilla, lo remueven. Debajo, hay otra capa de piedras, la remueven; hasta llegar a los ansiados depósitos minerales. Ahí excavan alrededor de 10 metros más, formando enormes piscinas en las que las máquinas revolverán todo con grandes cantidades de agua, para separar los sedimentos ―que flotarán― del oro y otros materiales pesados, que se quedarán al fondo de tanques oxidados.
Eso se llama “lavar el suelo”. Suena menos duro —claro— que decir tala indiscriminada, deforestación y devastación.
Lo que quedará en el fondo de esos taques se cernirá, mezclado con mercurio y otros componentes químicos que eliminarán lo que no sirve, y dejará el oro en estado casi puro. Esa agua contaminada y esa tierra envenenada, en el mejor de los casos, deberían ir a piscinas de remediación. En el peor de los casos, se desfogarán directamente en los ríos.
Un estudio de la Universidad Amazónica Ikiam, realizado en 2020, determinó que el río Chumbiyacu tiene 500 veces más metales pesados —plomo, cobre, cadmio, zinc, boro, bromo y mercurio― que lo permitido. No hay oxígeno, no hay invertebrados ni plancton. Tampoco puede pasar la luz del sol, por la gran cantidad de sedimentos. Por eso, en 2021 Ikiam lo declaró río muerto. Tóxico. No apto para la vida. Un río peligroso.
La deforestación, la minería y la muerte del río tienen mucho que ver.
En Shiguacocha ya no hay agua
Es el mediodía de un sábado y el calor asfixia.
A lo largo de un camino empedrado y polvoriento, con hierbas gigantes en las dos orillas, una decena de habitantes de Shiguacocha van amontonados en la cajuela de una camioneta negra. Varios otros van en la cabina. Se dirigen a la casa del padre de Patricio Villamil, presidente de la comunidad. Desde hace tres días y dos noches el sonido de las retroexcavadoras no ha parado un segundo. El estruendo de la caída de árboles y las máquinas de diésel que bombean agua para ‘lavar el suelo’ amazónico ya desentrañado han inquietado a los ancianos del pueblo.
Llegan a la finca: una casa de madera, de dos pisos, sin puertas ni ventanas, solo divisiones hasta la mitad, con tablones horizontales; o del piso al techo, con maderas verticales. El suelo es de cemento, los espacios amplios. Hay hamacas y manos de plátano verde armoniosamente colgadas. La casa es un laberinto de luz y viento húmedo. Dos loros de colores miran desde la cocina al grupo, que se reparte unas bananas y se pone botas de caucho, dispuestos a enfrentar a sus vecinos que, a pesar de no tener permisos de operación, siguen minando la tierra y descargando los residuos al Chumbiyacu, el río que está a sus pies.
El Chumbiyacu luce completamente marrón y tiene un andar pesado en sus no más de cinco metros de ancho. Hay que cruzarlo sobre las piedras. Nadie lo toca, nadie festeja al agua ni intenta remojar las manos para refrescarse del calor. Al otro lado del río, en la orilla frente a la casa, hay un gallinero y, luego, un camino de lodo.
―Así nos dejan la tierra, inservible― se escucha entre esa masa de indignados.
―Con la justificación de que la maquinaria debe pasar, mire cómo van destruyendo todo, sin consentimiento ―dice Patricio Villamil.
―Esta es tierra muerta, ya todito está lavado ―dice Antonia Costales, esposa de Patricio.
La caminata continúa por unos 15 minutos más, ralentizada por el malestar, y ya con dudas sobre seguir o no, mientras el sonido de las máquinas se va acercando.
―Es que suelen ponerse violentos si uno les reclama ―dice una mujer adulta.
Llegan al filo de una gran piscina minera, profunda, enorme, con montones de escombros a los lados. Allí se quedan apretujados los habitantes de Shiguacocha.
Toman fotos, miran indignados y gritan bajito que dejen de dañar su tierra. Patricio Villamil discute con su vecino, quien alquiló sus 5 hectáreas a la empresa Terraearth Resources para que extraiga oro de lo que hasta hace un mes era selva y cultivos de yuca. La dueña del terreno murió y sus hijos decidieron negociar con la minera de capital chino.
―Te ofrecen 7.500 dólares para comprarte la propiedad, o 7.000 dólares si les alquilas para que puedan minar (el valor se paga una sola vez, hasta que la minera saque todo el oro). Uno cree que lo mejor es alquilar y quedarse con el terreno, pero mire, eso ya no sirve para nada ―dice uno de los comuneros, desde lo alto de la montaña de escombros.
Shiguacocha está dentro del campo minero Regina 1S, conformado por 1.650 hectáreas que el Estado concesionó desde 2001, para actividades mineras en pequeña escala. Pero fue a partir de 2016 que se intensificó la explotación. De acuerdo con un estudio de Ecociencia, entre ese año y 2020, la expansión del área minera en Napo se incrementó en 72%. Sólo en Regina 1S, entre marzo de 2017 y marzo de 2022, se identificaron 281 hectáreas de selva deforestada por la minería, equivalente a casi 400 canchas de fútbol profesional.
El joven heredero de las 5 hectáreas que alquiló a Terraearth Resources, vecino de Patricio, viene cargando un machete. Se enfrentan con palabras que se pierden entre el ruido de la maquinaria. Las mujeres con niños se quedan atrás. Los ancianos suspiran.
Luego del enfrentamiento entre Patricio Villarreal y su vecino, las familias de Shiguacocha se retiran con el paso lento del derrotado.
―¿Ha visto una pepita de oro?
―No, nunca.
―Es dura, pero al morderle, se vuelve hasta medio chiclosa.
Todos ríen.
Dejan atrás el sonido de las retroexcavadoras, que no deberían estar operando porque la concesión Regina 1S está suspendida desde el 6 de septiembre de 2022, por incumplimientos ambientales.
Atraviesan el Chumbiyacu nuevamente. Al otro lado de la orilla sientan a una nena de menos de dos años, para tomarle una foto. Nostalgia. La sientan sobre una piedra. No le sacan las medias. Toman rápido la foto y, de inmediato, le cambian de ropa.
Llegan nuevamente a la casa de los Villamil y se reparten vasos con agua de un botellón. En Shiguacocha no hay agua potable. El río —cuando no era un río muerto— era su única fuente.
Un tanque azul —alto y sin tapa— sobresale de esa construcción de madera húmeda. Es un recolector de agua de lluvia. Desde el tanque han adecuado dos tubos; uno va a una lavandería de cemento donde acumulan el agua captada y el otro atraviesa la madera y va a otro tanque azul más pequeño, en la cocina, que termina en una llave de agua de plástico en un lavadero de platos.
―Si las gallinas toman agua del río, se mueren ―dice una voz joven.
Por eso, el gallinero del otro lado del río está en la parte alta de la orilla y tiene también su propio recolector de agua de lluvia que, de una canaleta que cuelga del techo, baja en 45 grados hasta otro tanque azul. Del agua de lluvia también sobreviven los pocos animales domésticos que hay en la comunidad.
Luego de haberse refrescado se van despidiendo. Dos familias suben en la camioneta, quieren mostrar “el desierto abandonado”. Llegamos a lo alto de un cerro. Por hectáreas y hectáreas la vista se pierde en un campo de mala hierba que los comuneros llaman “cortadora”. Es verdad, parece una pampa.
―Este fue un campamento minero que los chinos cerraron hace más de tres años. Si usted raspa, encuentra solo piedras. Aquí no crece ni una yuca. Así nos dejan la tierra.
Dicen que ni vacas pueden traer porque ese suelo, además de inservible, es tóxico.
Los chinos de Terraearth Resources y la división de la población
―Esto es todo lo que hemos ganado en 20 años con la minería: una casa comunal. A cambio, hemos perdido el río que pasa por nuestras casas ―dice Patricio Villarreal al iniciar la asamblea. Luego, levantando la mano, los demás vecinos comparten su molestia.
Hace dos años, Terraearth Resources les dio 9 mil dólares en materiales de construcción y ellos, en minga, levantaron este único espacio para la comunidad. La casa comunal es un rectángulo de muros de cemento pintados de naranja, techo de zinc, piso de baldosas de color crema y ventanas de rejas negras sin vidrio. Adentro, acomodadas como clase escolar, hay sillas rojas de plástico en tres filas y contra las paredes. Afuera, junto a esta construcción, una cancha de fútbol abandonada se deja morir entre la maleza. La humedad no da tregua en el mínimo rincón.
―Yo no quiero compasión para Shiguacocha, sino justicia ―dice Natali Mishel Illapa Guallo, con sus ojos jóvenes y rebeldes, llenos de rabia. La voz temblorosa―. Recuerdo que antes de que llegara esta minera yo podía nadar en el Chumbiyacu. Yo podía pescar en el Chumbiyacu. Encontraba cangrejos y camarones de río. El agua era transparente. La empresa ha dejado todo pelado.
La Constitución de Ecuador obliga a que, antes de comenzar un proceso de prospección y explotación de recursos no renovables, se debe realizar una consulta previa a las comunidades, para saber si están de acuerdo. Nunca hubo consulta. Ecuador ni siquiera cuenta con un reglamento para implementar esa consulta obligatoria por mandato constitucional.
―Siempre hemos vivido con la minería, pero en los últimos 5 años, desde que llegaron los chinos, todo empeoró ―dice Antonieta Costales.
Así se refieren a los mineros: “los chinos”. Para los habitantes de Shiguacocha el tiempo y el agua se miden entre el antes y el después de la llegada de la empresa china Terraearth Resources.
―Es triste vivir aquí, no podemos usar el agua del río, no podemos tener gallinas ni chanchos, porque ¿qué van a tomar? Dependemos del agua de la lluvia― dice María Güeña.
La comunidad usaba el río para bañarse, para cocinar, para lavar, para pescar, para jugar, para coquetear, para sacar pepitas de oro que se regalaban en los matrimonios; para pensar, para llorar, para refrescarse de la imponente manta de calor que supone la Amazonía. Pero, de a poco, vieron que el agua venía turbia. Los niños comenzaron a presentar ronchas en el cuerpo. Los peces escasearon o llegaban muertos. Dejaron de ver cangrejos y camarones de río. Dejaron de ver el cielo verde tupido con aves y monos, para verlo destapado y azul, como un mal presagio.
Llegó una alarma: la hija de Antonia Guilda se fue a bañar al río, como todos los días, pero regresó con malestar en las vías urinarias. La llevaron al hospital de la ciudad y fue diagnosticada con envenenamiento por mercurio. Estuvo 15 días internada. Se recuperó. No quiso volver al pueblo. Su madre vive sola, junto al cadáver del río.
Mientras desaparecían las especies llegaron científicos, burócratas, activistas y defensores de la naturaleza a tomar muestras, fotos, videos con drones, puntos GPS y a contarles lo que pasaba.
Los pobladores tuvieron que salir de sus tierras por la falta de agua. La mayoría fue a Tena, la ciudad más cercana, a 30 minutos de distancia, a buscar un lugar donde vivir, a arrendar y conseguir trabajo. Algunas muchachas se dedican al servicio doméstico, los adultos se quedan durante días en las casas de sus hijos, en la ciudad, esperando que la lluvia llene sus tanques azules, para poder regresar a su hogar.
―¿Cuánto tiempo se quedan aquí, en Shiguacocha?
―El tiempo que nos dure el agua de lluvia ―responde Antonia Guilda.
Esa es la unidad de medida: el pueblo vive mientras haya lluvia. Antonia usa esa agua para cocinar y para los baños:
―La ropa se lava en una lagunita arriba de la montaña que, aunque dicen que está contaminada, al menos es transparente. A veces los vecinos se bañan ahí, pero hay el riesgo de que salgan con sarpullidos.
Los pobladores de Shiguacocha iniciaron protestas. Enviaron denuncias a la Dirección Zonal del Ministerio de Ambiente. Se contactaron con los presidentes de otras comunidades afectadas y con defensores de la naturaleza. Se pusieron de acuerdo para tomar medidas extremas, como cerrar el paso y arrebatar las retroexcavadoras que destrozaban la tierra. Comenzaron a rechazar la minería.
Pero un día llegaron, a bordo de camionetas, personas con palos y machetes: eran los habitantes de su pueblo vecino, Santa Mónica, que venían a defender a la minera, a Terraearth Resources. Quienes hasta hace un par de años eran casi familia, padrinos de bodas o de bautizo, amigos de deporte y de vida, ahora venían a enfrentarlos.
Las dos comunidades juntas hicieron una minga para construir el camino empedrado que los comunica con el exterior. Los campeonatos deportivos y las constantes reuniones sociales. Los partidos de fútbol y las cervezas, las risas, la complicidad.
―Nosotros vivíamos aquí y consumíamos lo que daba la tierra. Mi abuelo me cuenta que, como no había carretera, se comunicaban por el río. Hacían trueque de huevos por yuca o por servicio de transporte en canoa. Nosotros, junto a la comunidad de Santa Mónica, hicimos minga para abrir esta carretera vecinal ―dice Natali Illapa.
Cuatro familias de Shiguacocha decidieron separarse para crear un grupo llamado ‘El Progreso de Shiguacocha’ y trabajar junto con Santa Mónica en la defensa de Terraearth Resources. Una de estas familias vive frente a la casa comunal. Por eso el sigilo en las palabras, en la atención a las motos que se acercaban.
―Nos han separado. Los chinos compran la conciencia de otras comunidades. Todos fuimos mineros ancestrales, bateábamos, éramos hermanos. Ahora somos enemigos. ―dijo Norberto Urresta.
―Todo esto debe parar ―insistió, entre lágrimas, Antonia Guilda.
Dicen que por cada retroexcavadora que esos grupos salvan del secuestro de los pobladores indignados, los chinos les pagan con cigarrillos y licor, con dinero, con favores.
Dicen que los chinos se irán y solo quedará tierra seca y odio.
―A todo esto, ¿dónde están las autoridades?, ¿dónde está el Alcalde? —fue una de las últimas preguntas que retumbó entre la baldosa y el techo de zinc de la sala comunal.
Amenazas, persecución y sanciones tibias
Shiguacocha es parte del cantón Carlos Julio Arosemena Tola.
El cantón Carlos Julio Arosemena Tola tiene 3 730 habitantes, la mayor parte (76%) se identifica como kichwa.
8 de cada diez personas se encuentran en estado de extrema pobreza; es decir que viven con menos de dos dólares diarios, a pesar de que este es el cantón con más actividad minera en la provincia de Napo.
Junto con Tena, cargan con más del 97% de toda la explotación de la provincia.
8 de cada 10 habitantes de Carlos Julio Arosemena Tola no tienen agua potable.
El 46% de embarazos es de adolescentes y niñas de entre 12 y 18 años.
El alcalde del cantón es Issaías Pasochoa. Su padrino de bodas fue Peng Yongming, el gerente general de Terraearth Resources.
Terrearth Resources ha enfrentado varias suspensiones por no cumplir con la normativa ambiental.
De acuerdo con el Ministerio del Ambiente, desde 2013 se han ejecutado 29 inspecciones de control a la concesión minera Regina 1S. Se han solicitado siete acciones administrativas, de las cuales una fue una multa de 15 mil dólares por trabajar sin autorización ambiental. Las otras han quedado en simples llamados de atención.
Una de las inspecciones con más hallazgos de violaciones ambientales fue la del 3 de febrero de 2022, con 55 incumplimientos, entre los que constan: no tener piscinas de descarga ni kit de contingencia para derrames de combustible ni cunetas de drenaje para lluvia. También se encontraron descargas flagrantes de agua contaminada directamente al río Chumbiyacu que, ya muerto, sigue recibiendo veneno.
Aidde Arvizu es geóloga y experta en geofísica, geotecnia, mecánica de suelos y exploración minera. Vive en Alaska, Estados Unidos. Con toda la pasión de quien ama lo que hace, explica —por Zoom— la situación química y geológica de esta actividad extractiva. También insiste en que, si las empresas mineras tuviesen buenos controles ambientales, estos daños podrían evitarse.
Por ejemplo, las piscinas de sedimentación deberían estar forradas con geomallas: telas especiales impermeables que no permiten que los metales pesados se filtren en los suelos.
Si el nivel de las piscinas fuera controlado diariamente, Arvizu dice que se podrían evitar los desbordamientos que contaminan la superficie. En lugares como Shiguacocha, deberían hacerse controles diarios de agua.
Sin embargo, otro de los hallazgos de las inspecciones ambientales a Terraearth Resources fue que la remediación de las piscinas no es adecuada. Algunas zonas solo son abandonadas y otras no han sido revegetadas.
La extracción de oro es como una cesárea, en la que capa por capa se abre, y capa por capa se debería cerrar. Con una explicación clarísima, durante la visita al río Shiguacocha, un poblador dijo que, al terminar de “lavar el suelo”, la minera debería cerrar las piscinas estrato por estrato: regresar las piedras primero, luego las arenas, después las arcillas y, por último, reforestar.
―Pero no. Eso no hacen, sino que mezclan todo lo removido y lo tapan al apuro. Esa masa de tierra y material estéril no sirve para nada. Mire ―dijo el habitante de Shiguacocha mientras con sus manos tomó piedras, tierra, y arcilla—, si revolvemos todo esto, solo queda lodo. En el lodo nada crece.
Grupos ambientalistas y presidentes de otras comunidades se conmovieron luego de la muerte del Chumbiyacu y de dos ríos más y se juntaron para luchar. Primero, contra las mineras; y recibieron amenazas y denuncias.
Pepe Moreno, presidente del colectivo Napo ama la vida, es un hombre de mirada firme y poca risa, pero mucha determinación, vestido informal y moño sobre su cabello negro. Fue acusado por Terraearth Resources de intervención en sus terrenos y de incitar a la violencia. Iba a ir preso, pero una de las amnistías que la Asamblea Nacional dio a políticos, ambientalistas y defensores de Derechos Humanos, lo salvó de la cárcel en marzo de 2022. Junto con el colectivo Napo Resiste y otras 10 asociaciones y organizaciones puso una acción de protección contra el Estado por no velar por los derechos de la naturaleza.
―Nos dimos cuenta de que no podíamos luchar con una empresa y de ahí con otra. Además, el Estado es el que regula y emite los permisos de actividad minera, es quien debe controlar el respeto a las normas ambientales, que se ve claramente que no lo ha hecho ―insiste Moreno.
La sentencia de la acción de protección la ganaron en primera y segunda instancia. La Corte Provincial de Napo reconoció que se vulneraron los derechos de la naturaleza y que hubo negligencia, por parte del Estado, en el control a las actividades mineras. Resolvió que en un plazo de ciento ochenta días el Ministerio del Ambiente y la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables y Minería debían ejecutar un plan de restauración y recuperación de los daños ambientales causados por la minería. El 13 de octubre de 2022 se cumplió ese plazo.
―Y no han hecho absolutamente nada, por lo que ya ingresamos un informe de incumplimiento a la acción de protección ―concluye Moreno.
El proceso legal sigue lento, el avance de la deforestación por minería va veloz.
―Me han llamado la atención desde las mismas autoridades gubernamentales. Que vaya suave, que tenga cuidado. Sé que me siguen, que corro peligro, pero no puedo dejar de luchar ―sentencia Moreno.
Hay tres ríos muertos en la zona de influencia de Terraearth Resources. Y ahora la minera quiere operar en un cuarto río, el Sinchuyacu.
Terraearth Resources inculpa al Estado y busca usar otro río
Tena, 23 de septiembre de 2022.
10 a.m.
En el patio de las oficinas de la Dirección Provincial del Ministerio del Ambiente, más de 50 personas cargan carteles que dicen: “Apoyamos a la minería”. La mayoría son mujeres con niños pequeños. Todos están en silencio, esperando alguna señal. Delante de ellos un joven alto y robusto, llamado Jhon Castro, da una entrevista a una radio local asegurando que esta gente vino voluntariamente a apoyar a la empresa Terraearth Resources, que es “víctima de ataques infundados”. Que ellos han cumplido todas las normas ambientales y que lo que quieren es que se respete el derecho al trabajo.
Llega la señal. Un chino suelta un corto grito agudo y levanta el brazo. Todos caminan en fila hacia una especie de choza redonda de ladrillo con techo de paja.
Les dicen que esperen afuera.
Se sientan en el piso, se quedan de pie, los niños se enredan entre los tobillos de sus padres.
Dentro, la sala con ventiladores en el techo y sillas de teatro color marrón, divididas por un corredor, también dividen intereses. Al lado izquierdo está el abogado de Terraearth Resources, Daniel Cruz, junto al gerente general, Peng Yongming y cuatro personas más. A la derecha se encuentran los representantes de los 12 colectivos que luchan por el derecho a la naturaleza y se oponen a la minería.
La audiencia pública es a puerta cerrada. Afuera los niños corren, ríen y los curiosos se amontonan en las ventanas verticales y alargadas para intentar entender qué sucede adentro.
Sobre la tarima de fondo se encuentran Fiodor Mena, director zonal de Ambiente y Óscar Arcos, como secretario ad hoc. Se disponen a escuchar a las partes.
―En mi calidad de abogado de Terraearth Resources, vengo, junto con el gerente general, el señor Peng Yongming, a esta audiencia para solicitar el uso del recurso hídrico del río Sinchuyacu, que se encuentra dentro de la concesión Regina 1S, para el desarrollo de nuestra actividad minera. No entiendo qué hace a mi lado derecho este grupo de opositores, si esta es una petición particular, como empresa.
―Ellos han venido porque quieren apelar su solicitud de usar el agua del río Sinchuyacu y pidieron participar en la audiencia ―dice Fiodor Mena―.
―Bueno, me dirijo a usted para que nos conceda la autorización de uso del agua del río Sinchuyacu. El agua es un recurso fundamental para nuestra actividad minera.
Los de la derecha ríen. El abogado continúa con su exposición, de pie, terno azul, peinado perfecto y suaves movimientos de brazos.
―Además, el uso es eventual, el lavado de oro no es continuo. Hemos cumplido con lo establecido. Apelo al derecho al trabajo. Trajimos personas de la comunidad que nos respaldan porque son beneficiarias de la minería. Damos trabajo. Por lo tanto, solicito se nos conceda el uso del recurso hídrico del río Sinchuyacu.
Es el turno de exponer del abogado Andrés Rojas, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo.
―Antes de comenzar, quisiera preguntar, señor director, se certifique si la concesión Regina 1S tiene una suspensión activa de operaciones por parte del Ministerio del Ambiente.
―¡Objeción! ―dice en voz alta el abogado Cruz― esto no es materia de este asunto. Estamos hablando de una solicitud específica de uso de agua de un río.
El secretario ad hoc lee, con todo el desinterés que le cabe, oficios con miles de códigos, confirmando que la suspensión existe. El abogado de Terraearth Resources revisa papeles.
Afuera los niños empiezan a llorar, ha pasado más de una hora de audiencia.
―¿Cómo se puede dar permiso de uso de agua de río a una empresa que ha violado normativas ambientales? ―insiste Andrés Rojas.
Recuerda que hay tres ríos muertos dentro de la concesión Regina 1S y vuelve a lanzar otra pregunta: “¿Pretenden contaminar otro río?”.
―Por lo que pido que se deseche y se archive el pedido de la compañía minera ―concluye Rojas.
El abogado Cruz pide réplica. El director, que funge de juez, dice que se le concederá el uso de la palabra cuando termine el turno de quienes han pedido hablar.
Es el turno de Pepe Moreno, que con un power point hace una exposición con mapas, fotos, videos y datos sobre lo que ha sucedido en ríos afectados por la minería, como el Chumbiyacu. Recuerda que el 84% del cantón Carlos Julio Arosemena Tola no tiene agua potable y necesita acceder a los ríos. Y muestra que en la comunidad de Santa Mónica se abren canales para que el agua utilizada en la minería salga directamente al río.
“¡Qué vergüenza!”, grita una joven sentada al lado de los colectivos.
“Pido respeto”, dice el abogado de Terraearth Resources.
Héctor Tiser, presidente de la comunidad de Apuya, solo dice dos frases: “Ustedes se irán y no quedará nada para mis hijos y mis nietos” y “El enfrentamiento no llega a ningún lado”.
En ese mismo instante, Peng Yongming pierde la cabeza. Se levanta furioso y camina hacia atrás, abre a la fuerza la puerta de entrada, grita cosas inentendibles y, de inmediato, empiezan, temerosas, a entrar las personas que a estas alturas iban más de dos horas afuera. Entran de a poco, Yongming sigue gritando. Una activista se le pone enfrente.
El director zonal dice: “No vamos a aceptar presiones”.
La secretaria de Peng Yongming lo toma del brazo y lo lleva a su puesto. Tímidas, las personas que entraron, vuelven a salir a la interminable espera húmeda.
“Esto vivimos todos los días”, grita alguien por ahí.
Se calman todos y continúa otro representante de los ambientalistas.
Es el turno de la contrarréplica
El abogado Cruz se acomoda el traje y también lanza un dardo en forma de pregunta:
―¿Qué culpa tiene Terraearth Resources de que no haya agua potable? Eso es responsabilidad del Estado, nosotros no tenemos nada que ver con eso.
Se acomoda el cabello y continúa:
―¿Dónde dice que por tener una suspensión no se puede pedir recurso hídrico de otro río? Eso es capricho.
Peng Yongming sigue intentando calmarse.
―Sí ha habido descargas directas, pero son los mineros ilegales. Es gente que se filtra en nuestras concesiones y ese control es deber del Estado. No existen sentencias de remediación. Apenas un par de notificaciones, pero no hemos sido sancionados. Nosotros estamos aquí para una solicitud de uso de agua.
Pide la palabra, por parte de Terraearth Resources, Hernán Lema, consultor ambiental.
―Aquí estamos confundiendo las cosas, nosotros estamos pidiendo un recurso de uso de agua y vienen con otros temas fuera del fin de esta audiencia. Pero, bueno, aceptemos salirnos del tema. Esas fotografías y fotos y videos son de minería ilegal. Y esto solo muestra que el Estado no ha tenido la capacidad de controlar.
Los chinos aplauden.
Sandra Rueda, abogada de los 12 colectivos, termina diciendo que es muy fácil culpar a los ilegales, al Ministerio, a las comunidades. El secretario ad hoc con la misma indiferencia con la que empezó, termina cerrando su cuaderno de anotaciones. El director zonal, Fiodor Mena, dice que se termina la audiencia y que van a procesar la información. En quince días tomarían una decisión.
Salen los representantes de Terraearth Resources y quienes los esperaron durante tanto tiempo dicen que defienden la minería, que les dejen trabajar, que vayan a controlar a los ilegales. Un hombre asiático con ropa jean da una señal y todos se retiran en fila ordenada. Nadie quiere hablar. Caminan mirando al suelo.
Jessenia Hernández, de Napo Resiste, sale en su bicicleta y les dice que “no se dejen maltratar”.
Peng Yongming desaparece y con él no queda rastro de las madres con los niños. En cuestión de segundos, las oficinas del Ministerio de Ambiente de Tena se vacían.
«Que se vayan todos»
Raúl Grefa es representante de la comunidad de Santa Mónica. Dice que el problema empezó cuando el Estado dio concesiones.
―Si no hubiese dado concesiones a nadie, no tendríamos este problema. Yo fui el primero en poner una denuncia a la minera anterior, la Hampton.
Raúl habla rápido, acelerado, entre enojado con él mismo y con todos. También le llega la nostalgia.
―El río Chumbiyacu era limpio, yo pescaba de todo: bocachicas, carachamas, sardinas. Pero nos lo destruyeron, entonces, ¿qué nos queda? Al menos la empresa china nos da trabajito a la comunidad, nos permiten batear y de ahí, aunque sea un gramito sale, o a veces unas décimas.
―¿Cuánto vale un gramo?
―Por un gramo pagan 42 dólares; por décimas, de 4 a 5 dólares. Al menos algo de dinero nos sale para subsistir.
Raúl acepta que existe una parte negativa: el mal uso del río. Reconoce que la minería mató al Chumbiyacu y que esa falta de agua les ha dejado en indefensión.
―Ya no tenemos agua, mi río no sirve. Antes nos bañábamos ahí, ahora todo está destruido. Entonces, al menos el alcalde de Carlos Julio Arosemena Tola nos trae agua en tanqueros.
Antes de irse con los demás, Raúl dice que su sueño sería volver a ver limpio a Chumbiyacu.
―Por mí que se larguen todos.
―¿Incluido Terraearth Resources?
―Incluido, pero eso sí, que se vayan todos, no solo Terraearth Resources, sino todos.
DOCUMENTOS CITADOS EN ESTE REPORTAJE
Sentencia por delitos ambientales contra Terraearth Resources y otras
Maate notifica suspensión
Maate ratifica suspensión y detalla 55 incumplimientos
Informe Ikiam sobre afectaciones por actividad minera en redes hídricas de Napo
Este reportaje es parte de la primera edición del InvestigaTour Ecuador, organizado por Fundamedios, con el apoyo y acompañamiento de Convoca Perú.
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