En 1985, una carretera se abrió a través de la comunidad kichwa Sinchiurco, en el norte de la Amazonía ecuatoriana. Con esta vía llegó la plataforma petrolera Guanta 1, que traería constantes denuncias por violaciones a los derechos humanos y de la naturaleza.
Hasta 1990, esta plataforma fue operada por Texaco. Las acusaciones contra esta empresa y contra las que le tomaron la posta fueron asociadas a los derrames de petróleo y diésel, la creación de piscinas de crudo y accidentes que causaron la muerte de un niño y la pérdida de visión en uno de los ojos de otra niña.
Después, la plataforma fue operada por Petroamazonas, PDVSA y, ahora, por Petroecuador. Las comunidades siguen exigiendo la remediación de los derrames anteriores y el mantenimiento de los oleoductos que, aseguran, siguen causando derrames que son atendidos a medias. Después de 37 años de estas operaciones, la comunidad dijo basta.
Por Ana Cristina Alvarado / @ana1alvarado
“Mi hijo se quemó toditito, pobre guagüito, ha caído muerto”, cuenta María Grefa, kichwa de Sinchiurco, una comunidad del norte de la Amazonía ecuatoriana. Cuando sucedió la tragedia, en los años 90, el pequeño de ocho años jugaba con otros niños a escalar el transformador de la plataforma petrolera Guanta 1, mientras sus padres campesinos trabajaban. Petroecuador, que se hizo cargo del campo operado por Texaco hasta 1990, cercó la plataforma después de que el pequeño muriera a causa de las quemaduras. “En ese tiempo no sabíamos cómo controlar, cómo poner la denuncia, no sabíamos”, recuerda Carlos Alvarado, el padre. “No reclamamos ni una palabra”, añade la madre del niño, mientras juntos observan desde la segunda planta de su casa el mechero que está solo a unos 30 metros de distancia.
En Sinchiurco, que quiere decir loma grande en kichwa, y que responde también al nombre de Voluntad de Dios, que fue como el Estado la nombró luego de reconocerla como comunidad, viven alrededor de 400 personas. El territorio está situado entre Lago Agrio y Coca, dos de las ciudades más grandes de la región, y comparte sus tierras con el Campo Guanta, del bloque 57, el cual le fue impuesto a la comunidad por el Estado ecuatoriano en 1985, cuando Texaco llegó para perforar el primer pozo. Ahora, el ingreso a Sinchiurco tiene un letrero que señala la dirección del campo y un guardia de Petroecuador registra a los visitantes, aunque la vía es pública.
Antes de llegar al centro poblado e incluso antes de llegar a la plataforma Guanta 1, una piscina de agua y petróleo, a la izquierda de la vía y a la entrada al pozo Guanta 8, da cuenta de lo que Carlos Alvarado, esposo de María Grefa, afirmará más adelante: “Sinchiurco está cubierto de petróleo”. A pesar de que han pasado unos 20 años desde el derrame que creó esa piscina, el área todavía está cercada con una cinta amarilla que dice peligro. Un equipo de Mongabay Latam y La Barra Espaciadora viajó al sitio para conocer de primera mano las denuncias por contaminación, los accidentes fatales por negligencia en las operaciones, la impunidad y el olvido que apuntan a las autoridades locales y estatales que se han sucedido durante décadas. Después del último derrame, el 10 de noviembre de 2021, la comunidad finalmente dijo basta.
Esta historia, que forma parte del especial #ManchadosXElPetróleo, grafica los impactos de la actividad petrolera en la Amazonía ecuatoriana. Y lo más preocupante es que a pesar de que existen casos como el de Sinchiurco, cuando la alianza periodística quiso reunir las multas que las petroleras han acumulado en esta zona del país, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) respondió a nuestro pedido de información con una lista de 1 200 derrames de petróleo desde 2011, pero no dio los nombres de las empresas detrás de estos derrames ni precisó las multas que fueron impuestas por estos problemas ambientales.
Lo que sí pudimos reconstruir en un mapa es cómo por lo menos 61 bloques petroleros —de 65 en total— se superponen sobre 501 territorios indígenas —de 634—. Este cruce de datos fue realizado por la alianza periodística en base a la información de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y específicamente de Ecociencia, organización ambiental que forma parte de RAISG y quienes han recopilado estos datos en los últimos años.
Sinchiurco es una de las comunidades afectadas por este problema y su historia deja entrever que muchas veces detrás de esa superposición se ocultan conflictos socioambientales que no han sido atendidos a cabalidad por el Estado. Petroecuador, además, lidera la lista de superposiciones en la Amazonía del país.
Llegaron como dueños, como si se tratara de territorios deshabitados
Los kichwas de Sinchiurco aseguran que nadie les preguntó si estaban de acuerdo con que en su territorio se extrajera petróleo. “Ni conocíamos pozos petroleros. Nadie de la comunidad conocía nada de petróleo”, dice Carlos Alvarado. Esto fue a mediados de los ochenta, 23 años antes de la Constitución ahora vigente que obliga al Estado a consultar a los pueblos y nacionalidades indígenas sobre actividades que afecten a su territorio. Lo único que supieron, cuenta María Grefa, es que iban a hacer una carretera que les permitiría sacar sus productos agrícolas y acceder a servicios con más facilidad. Entonces acercaron sus viviendas a donde sería la nueva vía. “Después hicieron un mechero, vinieron con sus máquinas, hicieron perforación, jalaron petróleo”, relata con un tono de decepción la pobladora kichwa y madre de siete hijos ya adultos.
En el bloque 57 están algunos de los yacimientos más antiguos de la Amazonía ecuatoriana. Se abrieron hace 50 años, precisa Pablo Fajardo, abogado de la Unión de Afectados por Chevrón-Texaco (Udapt). Uno de ellos, ubicado junto al campo Guanta, que lleva por nombre Dureno, está sobre el territorio de la nacionalidad Ai’Cofán. “En broma, los cofán dicen que ese pozo fue negociado con un plato de arroz y tres cucharas (por la petrolera Texaco)”, dice Alexandra Almeida, coordinadora del área de petróleo de la organización ambiental Acción Ecológica.
Años después, en 1985, la misma empresa llegó a Sinchiurco. Entonces la parte frontal de la propiedad de Carlos Alvarado y María Grefa les fue arrebatada, asegura la pareja, y sobre esas tierras se construyó parte de las instalaciones del pozo Guanta 1. Insisten, con tristeza, en que nadie les pidió autorización ni fueron informados y menos aún indemnizados. Pronto, cuentan Alvarado y Grefa, los gases y el hollín del mechero, que flamea una llama intensa y anaranjada, empezaron a contaminar el aire y sus reservas y fuentes de agua. Los niños y animales, que tuvieron que acostumbrarse a vivir en medio de plataformas petroleras, fueron víctimas de accidentes fatales. A esto se sumó el ruido molesto de los motores a los que los kichwa atribuyen dolores de cabeza constantes y que no para de sonar en el fondo, forma parte del paisaje, como pudimos comprobarlo durante la visita del equipo periodístico. Además, el paisaje empezó a transformarse con el paso de los años y fue acumulando poco a poco manchas oleosas de petróleo. De eso ya han transcurrido 37 años.
En febrero del 2008, la pesadilla empeoró. La llegada del expresidente Rafael Correa al poder, en enero de ese mismo año, implicó la inauguración de tres nuevas plataformas: Guanta 6, 9 y 15. Además de la entrega de la operación del campo Guanta, que estaba en manos de Petroecuador, a la venezolana PDVSA. Los habitantes de Sinchihurco aseguran que una vez más no fueron consultados. Para la inauguración de las nuevas plataformas, el presidente decidió visitar la zona y los militares intentaron desalojar a los pobladores kichwa de los alrededores. Los comuneros se negaron y respondieron recibiendo a la comitiva oficial con carteles que decían: “Somos ricos en la cultura, pero pobres en la riqueza”. Mientras un evento con invitados se gestaba al otro lado del cerco de la plataforma Guanta 1, los dueños del territorio permanecían observando desde afuera. Correa, que en sus primeros años usaba un discurso de inclusión e igualdad social, invitó a los comuneros a pasar. “El presidente dijo: ‘¿Por qué no hacen entrar primero a los dueños?”, recuerda Carlos Alvarado.
«Ellos (los kichwas) son nuestros mandantes, los dueños de esta torre (de perforación), de este petróleo, de esta tierra», dijo el exmandatario, según recogió en una publicación la agencia AFP. Pero los años pasaron y los pobladores de Sinchiurco se lamentan de que ningún cambio llegó con la actividad petrolera. Siguen sin tener agua potable ni un centro de salud con personal, equipo y suministros médicos, en lugar de eso aseguran que tienen que lidiar con la contaminación, las pérdidas de cultivos y animales, y las enfermedades crónicas. No tienen una escuela para terminar el bachillerato ni oportunidades laborales. La mayoría se dedica al cultivo de plátano, maní, cacao, café y maíz. Y apenas unos 13 hombres tienen trabajo en las plataformas, de acuerdo con Cenaida Alvarado, presidenta de la comunidad.
El 61% de la Amazonía ecuatoriana está concesionado al petróleo, con 7’143 845 ha de bloques petroleros. Mientras tanto, el territorio de los pueblos y nacionalidades de esta región suma 8’046 394 ha. El 63% o 5’069 228 de estos territorios está concesionado a esta actividad extractiva. Además, los bloques petroleros están superpuestos sobre 50 053 hectáreas de zona intangible de la Reserva de Producción Faunística Cuyabeno y del Parque Nacional Yasuní, donde habitan los tagaeri y taromenane, pueblos indígenas en aislamiento voluntario.
Esta comunidad es un reflejo de lo que dicen las cifras sobre la precariedad y la falta de acceso a servicios básicos en la Amazonía ecuatoriana. Mientras que de esta región se obtiene petróleo y minerales, 88,6% de sus habitantes está en la pobreza y en la pobreza extrema, de acuerdo con los indicadores de pobreza y pobreza extrema por ingresos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Según la definición de esta institución de diciembre de 2021, una persona es considerada pobre si percibe un ingreso familiar per cápita menor a 85,60 dólares al mes y es pobre extrema si percibe menos de 48,24 dólares al mes.
“Sinchiurco está cubierta de petróleo”
En el bloque 57, donde se encuentra el campo Guanta, hubo 333 derrames entre el 2012 y mayo de 2021, el caso más grande a nivel nacional, de acuerdo con información del Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica (Maate) publicada en la cadena de televisión Ecuavisa. El Maate no respondió a la solicitud de información sobre las afectaciones en Sinchiurco ni sobre los derrames de Petroecuador en los últimos 10 años. “El primer derrame por aquí era”, señala Carlos Alvarado desde su casa, “por allá también derramaron. El territorio de la comunidad de Sinchiurco está cubierto de petróleo”, asegura el hombre delgado y moreno que ha perdido casi toda su visión por genética, dice.
Además, Texaco creó al menos 1 000 piscinas de desechos de hidrocarburos durante su operación, entre 1964 y 1990, en el norte de la Amazonía ecuatoriana, de acuerdo con información publicada en línea por la Cancillería. Animales silvestres y domésticos se quedaban atrapados en estas lagunas químicas. Pero las empresas también quemaban estas piscinas para evitar que el crudo se derrame a las fuentes hídricas. “Salía un humo negro, negro”, hace énfasis María Grefa, mientras frunce el ceño y resalta las erres. Varias piscinas en Sinchiurco solo fueron cubiertas con tierra y la vegetación hizo su parte para esconder los daños, pero los comuneros se conocen de memoria cada uno de esos pantanos tóxicos.
El 10 de noviembre de 2021 hubo un nuevo derrame. Hasta el 5 de diciembre, el petróleo habría contaminado 11 969 m2 —un área un poco menor a dos canchas de fútbol— de acuerdo con la información que figura en la petición de medidas cautelares presentada por Petroecuador un día más tarde. Alexandra Almeida, de Acción Ecológica, explica que un tubo de cuatro pulgadas del pozo Guanta 6, enterrado a un metro y medio de profundidad, se rompió debido a la falta de mantenimiento. Según el informe del derrame realizado por el Maate, el 3 de diciembre de 2021, la causa fue un ‘pitting’, este es un tipo de corrosión extremadamente localizada. El petróleo se fue acumulando, no se sabe durante cuánto tiempo, hasta que se desbordó hacia el pantano. “Ellos (los petroleros) deben darse cuenta. Manejan válvulas con las que se detecta una baja de presión, ellos tienen que detectar eso y no lo hicieron”, precisa Almeida. Esa mañana los comuneros se despertaron con el olor inconfundible del petróleo y fueron a la plataforma a dar aviso.
Petroecuador recogió el petróleo en ocho tanqueros, de acuerdo con Almeida. Ni los comuneros ni los expertos consultados verificaron la capacidad de estos contenedores y Petroecuador no respondió a la solicitud de información. Sin embargo, si se tratara de tanqueros de 100 barriles, capacidad promedio de estos vehículos de carga, la empresa habría recuperado 800 barriles de petróleo. “El volumen derramado es de tres barriles de petróleo conforme se indica en el plan emergente”, respondió el Maate a una solicitud de información realizada por esta alianza periodística. Días después, trabajadores de la empresa repararon el tubo. “Hacen trabajos de limpieza alrededor del sitio de la rotura, pero a los 14 días de haber descubierto el derrame realizamos una inspección y el pantano seguía intacto, con todo el crudo derramado”, dice Almeida, de Acción Ecológica.
En el pantano nace un riachuelo que alimenta al río Sindiyaku, que riega ahora no solo con agua sino también con hidrocarburos las comunidades El Triunfo, 28 de Julio y Cofán Dureno. Alrededor de 1 000 metros de bosque primario también fueron contaminados y el petróleo se esparció por la carretera que atraviesa la comunidad afectando directamente a cinco familias, de acuerdo con la presidenta de la comunidad. Nancy Avilés es una de las damnificadas. Su casa está en el punto del derrame. La mayoría de su terreno fue afectado, asegura. Petroecuador ha botado al menos 80 plantas de plátano para retirar el petróleo del suelo con la ayuda de retroexcavadoras. La productora agrícola calcula que hasta ahora ha perdido 400 dólares en cabezas de plátano.
Sin un sustento diario, las primeras víctimas de la contaminación fueron cuatro de sus cinco perros y varias gallinas. Pero pronto, ella, su esposo y sus hijos empezaron a sufrir de dolores de estómago y cabeza, y malestar general. “Sigo mal”, dice somnolienta cuatro meses después del desastre. “Me duele todo el cuerpo, me duelen los huesos, me quema, no puedo dormir en la noche”, cuenta. Varios de sus hijos no han podido estudiar con normalidad, debido a los constantes malestares, y Nancy Avilés ha tenido inconvenientes para pagar el arriendo y la alimentación de sus hijos que estudian el bachillerato en Lago Agrio.
Pero esta no es la primera vez que esta agricultora sufre directamente las negligencias de la extracción petrolera. Viendo hacia su platanera, que fue arrasada por el petróleo y las retroexcavadoras, recuerda que hace unos 20 años, una de sus hijas, que entonces tenía un año y medio, pisó un cable de alta tensión que trabajadores de la empresa habían dejado enrollado en el suelo. Una chispa le saltó al ojo, dice Nancy Avilés, y le causó sangrado y dolor intenso. Con la ayuda de unos vecinos, llevaron a la pequeña al hospital y, meses después, la Misión de las Madres Carmelitas apoyó a la familia para que la niña sea tratada en el Hospital Pedíatrico Baca Ortíz. En la misma época, su esposo tuvo un accidente mientras pescaba y ella estaba embarazada nuevamente, así que ya no pudieron continuar con el tratamiento. “Ya no avanzamos, no teníamos recursos para los tratamientos, solo prestando vivíamos en ese tiempo, el Petro no reconocía”, relata. La niña perdió la visión del ojo izquierdo; a pesar de esto, ahora estudia ingeniería ambiental en la Universidad Estatal Amazónica, en Lago Agrio.
El petróleo llegó también a la casa de Bethy Huatatoca, a 500 metros de donde se originó el derrame. Sus gallinas, perros y chanchos, asegura la pobladora kichwa, también murieron por tomar agua contaminada. Y los que lograron sobrevivir ya no serán alimento. “Ya no sirve para consumir, la carne queda negra”, cuenta la mujer kichwa con una bebé en brazos. La pequeña tiene ronchas en la piel desde el derrame. En este tiempo, su familia narra que ha sufrido de mareos, dolores de cabeza constantes y hongos en la piel. Además, el petróleo contaminó el pozo del que esta familia obtenía agua. Donde era el pozo ahora queda un pantano cercado por cintas amarillas en las que se lee «peligro».
El victimario denuncia a la víctima
Los comuneros le exigieron a la empresa que les provea de agua limpia, que repare, descontamine e indemnice a las familias afectadas de manera inmediata. No obstante, todavía hay petróleo en el pantano, aceite flota en el riachuelo al remover la tierra y ninguna familia ha recuperado los recursos perdidos ni el dinero invertido en salud, aseguran. Además, los primeros tanqueros habrían llegado con agua sucia, de acuerdo con Pablo Fajardo, representante de la comunidad en este caso. Sinchiurco también pidió que se contrate mano de obra local para los trabajos de limpieza, pero señalan que Petroecuador les dijo que no tiene presupuesto para eso.
La defensa planteó una denuncia en la Fiscalía con el objetivo de que se levante información sobre los daños antes de que el lugar sea alterado por la empresa. Pero, “la Fiscalía no actuó de manera diligente”, asegura el abogado. Es decir, no realizó un reconocimiento del área afectada ni pidió información a Petroecuador sobre las causas y consecuencias del derrame, de acuerdo con el abogado.
Por eso los pobladores indígenas optaron por acogerse al derecho a la resistencia, amparados en el Artículo 98 de la Constitución. “Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas no estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales…”, se lee en este texto. La respuesta de la petrolera fue interponer una acción constitucional de medidas cautelares, presentada el 6 de diciembre. “Petroecuador, de manera vergonzosa, acusa a la comunidad de ser causante del daño a la naturaleza, de contaminación ambiental. Bajo su teoría, la comunidad ocasionaba que se expanda más el daño ambiental”, dice Fajardo.
Dos días más tarde, las medidas cautelares en favor de Petroecuador fueron aceptadas, por lo que la empresa podía continuar con la limpieza en compañía de la fuerza pública. “Si la comunidad se oponía a que la empresa haga un trabajo mal hecho, estaba expuesta a ser detenida. Esa es otra agresión más fuerte y grave”, indica el abogado. La defensa de la comunidad solicitó la revocatoria de las medidas cautelares para velar no solo por los derechos de la naturaleza, sino también por los derechos de los habitantes del sector. El documento fue trasladado a Petroecuador, en lugar de que el sistema de justicia llame a una audiencia a las dos partes, según Fajardo. La empresa, en su respuesta, defendió su pedido inicial y pidió que no se revoquen las medidas cautelares.
El abogado, también representante principal de los demandantes del caso Chevrón-Texaco, está trabajando en otras acciones para que las medidas cautelares sean revocadas o ampliadas. Además, sigue insistiendo para que la demanda en contra de Petroecuador prospere hasta obtener un dictamen que ordene a la empresa reparar el daño de manera integral e indemnizar a la comunidad.
El Maate inició “las acciones administrativas legales por el derrame suscitado, a través de la Dirección Zonal 9 Sucumbíos”, de acuerdo con información enviada por la dirección de comunicación del Ministerio.
Mientras tanto, el territorio de Sinchiurco sigue contaminado cuatro meses después del último derrame y ha sido contaminado durante 37 años. “Está bien que haya las plataformas, de eso nosotros vivimos”, dice Cenaida Alvarado, presidenta de la comunidad, quien también vive cerca de la plataforma Guanta 1. El problema es que no se cumple con las normas. “Siempre hay contaminación, derrames”, añade la líder de 29 años. Alvarado fue elegida como presidenta de la comunidad el 1° de diciembre de 2021 con el objetivo de que una mujer, sin el temor que tienen los hombres de Sinchiurco a no ser contratados por la petrolera, lidere la lucha que busca reparación y justicia. “Nos han querido manipular y humillar. Hemos dicho basta, hasta ahí no más. Exigimos el derecho al buen vivir”, afirma la madre de dos niños.
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