Un equipo periodístico de Mongabay Latam, Agencia Ocote, Contracorriente y La Barra Espaciadora hizo 70 solicitudes de información a autoridades de Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala para conocer los procesos sancionatorios ambientales que se abrieron contra productores de palma aceitera entre 2010 y 2020.
La falta de información o la entrega de datos incompletos fueron los protagonistas. Se generó una base de datos con 231 casos donde se destaca que en 34 de ellos no se informó cuál fue la vulneración ambiental cometida, en 141 casos hubo alguna sanción pero no se informó cuál fue y en 37 de los casos ni siquiera se informó si se aplicó alguna sanción o multa.
Cinco países de Latinoamérica figuran entre los 10 más grandes productores del mundo de palma aceitera: Colombia en el cuarto puesto, Guatemala en el sexto, Honduras en el séptimo lugar, Brasil en la novena posición y Ecuador cerrando el listado en el puesto 10. Entre los cinco concentraron cerca de 55 000 millones de dólares en ventas en el 2020.
Todos estos países comparten algo más en común: sus extensas plantaciones de palma aceitera son protagonistas de múltiples conflictos socioambientales. Un estudio publicado en enero de este año, en la revista ‘Journal of Rural Studies’, resalta los conflictos entre “los pequeños productores de palma aceitera (a menudo colonos migrantes) y las comunidades dependientes de los bosques (indígenas y afrodescendientes) que se oponen a esta industria”.
Otro grave problema, en mayor o menor medida en cada país, es la deforestación. Un estudio publicado en la revista Science en el 2018, identificó a los monocultivos, entre los que se cuenta la palma, como uno de los mayores impulsores de la pérdida de bosque en todo el mundo.
¿Cuánta de esta deforestación es legal? ¿Qué tan eficientes son los estados a la hora de fiscalizar y sancionar las malas prácticas ambientales de la industria palmicultora? ¿Cómo puede saber un ciudadano o una comunidad indígena el historial ambiental de una empresa en su país?
Un equipo periodístico de Mongabay Latam en alianza con medios de cuatro de los países con mayor producción de palma en el mundo decidió investigar los impactos ambientales de esta industria. Agencia Ocote de Guatemala, Contracorriente de Honduras y La Barra Espaciadora de Ecuador solicitaron oficialmente todos los procesos sancionatorios ambientales que las autoridades de esos países han abierto contra empresas, productores y procesadores de aceite de palma entre el 2010 y el 2020.
¿Qué encontramos? En primer lugar, preocupante hermetismo y dificultades para acceder a datos oficiales. Y cuando se pudo obtener respuesta, se recibió información incompleta o desagregada. Después de verificar la información, se detectaron 231 casos entre violaciones a las normativas ambientales, quejas e investigaciones en proceso contra empresas y personas naturales de los cuatro países. El análisis realizado permitió además establecer que Colombia lidera la base de datos con 176 casos identificados y que, en general, las sanciones más recurrentes están ligadas al incumplimiento de las normas ambientales y la tala de bosques.
Las cifras preocupantes de la industria de la palma aceitera
A lo largo de los seis meses que tomó la investigación, se realizaron 70 pedidos de información a entidades oficiales y se obtuvieron 51 respuestas en total. Muchas de ellas venían acompañadas de frases como “la información no está sistematizada” o que en 11 años no habían registrado un solo caso asociado a faltas ambientales.
Con la información recolectada se construyó una base de datos en la que se identificaron 231 casos que reúnen sanciones, quejas e investigaciones en proceso. El país que lidera la lista es Colombia con 176 casos, seguido de Guatemala con 48, Ecuador con 6 y 1 en Honduras.
Asimismo, pudimos establecer que 147 productores, distribuidos entre empresas y personas, están detrás de los 231 casos detectados. De estos, 122 son de Colombia, 20 de Guatemala, 4 de Ecuador y 1 de Honduras.
Las infracciones más comunes son las de vulneración a la normativa ambiental, presente en 90 casos; tala de bosques en 48 casos y desvío o acaparamiento de agua en 42 de los registros.
Puedes revisar cada uno de los casos aquí, por año, por país, por afectación y por sanción:
Sin embargo, la falta de transparencia y de acceso a la información también jugaron un papel clave en esta investigación. Una muestra de ello es que si bien pudimos establecer, por ejemplo, que hubo algún tipo de afectación ambiental en 197 casos, no pudimos tener acceso al detalle exacto de la falta, a pesar de haberla solicitado a las autoridades.
Además, en 141 casos fue imposible determinar en qué estado se encontraba el proceso sancionador (categoría: estado indeterminado) y en 37 no se informó si se había iniciado una investigación.
Solo en 57 se pudo confirmar que el productor recibió una sanción, que tuvo que realizar alguna compensación ambiental, que hizo alguna mejora en su proceso de producción o que al final fue exonerado de culpa.
Asimismo, en 96 de los registros obtenidos no se informó el año exacto en que ocurrieron los hechos y en 12 no se menciona el nombre de la empresa o persona investigadas.
La carencia de estos datos, a pesar de haber sido solicitados, es preocupante pues evidencia la debilidad de las autoridades para controlar y dar seguimiento a las prácticas ambientales de la industria palmicultora.
Además de la información oficial recibida, hicimos 20 pedidos más a organizaciones sociales y ambientales que trabajan temas vinculados a la palma de aceite. Fue así como llegamos a quejas presentadas por las comunidades y, algunas de ellas, incluso fueron elevadas a las autoridades ambientales entre 2010 y 2020. De hecho, uno de los casos más significativos de Honduras, que involucra a una de las empresas de palma más importantes del país, ha sido abordado en uno de los reportajes de este especial a partir de una queja presentada ante la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés).
Pablo Pacheco, científico principal en el área de Bosques del Equipo Global de Ciencia de WWF e investigador asociado del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), comenta que, “en general, las autoridades ambientales en Latinoamérica tienen sistemas de gestión ambiental, monitoreo y fiscalización relativamente débiles o no reciben los recursos adecuados y necesarios para operar”.
Para Pacheco, que recientemente fue coautor de un estudio sobre el impacto de la palma aceitera en los medios de vida rurales y los paisajes forestales tropicales en nueve países de América Latina, urge una mejora en los sistemas de monitoreo del uso de suelos en la región, para identificar a los productores que no están respetando las regulaciones ambientales y así ponerlos a disposición de la justicia para que sean penalizados.
“Eso es lo básico, aunque sería ideal si tienes también monitoreos al tipo de prácticas que se están desarrollando dentro de los cultivos y un monitoreo científico que sea más inteligente (…) para que dependan menos de la apertura de nuevas áreas para cultivar”, dice Pacheco.
Ecuador y Honduras: sin información ni sanciones
En Ecuador, la distribución del negocio palmicultor es mixta. Está el grupo de los pequeños agricultores que poseen alrededor de un tercio del área de palma aceitera pero también existen 152 plantaciones industriales, cada una con un promedio de 746 hectáreas.
El país sudamericano sumó seis casos a la lista de denuncias por incumplimientos ambientales entre 2010 y 2020. Dos de ellos tienen que ver con la empresa Energy & Palma, que lleva varios años en tensión con comunidades indígenas y afrodescendientes en la provincia de Esmeraldas. Incluso, la compañía demandó a varios habitantes de la comuna Barranquilla por haber bloqueado la vía de acceso a sus plantaciones. A principios de septiembre de 2021, la justicia ecuatoriana condenó a varios de los líderes de la comunidad, que viven en situación de pobreza extrema, a pagarle a la empresa cerca de 200 mil dólares.
“Rechazamos la decisión del juez porque vulnera nuestros derechos. La comunidad está indignada, pero estamos manteniendo la calma. Esperamos que las autoridades superiores, que se encuentran en Esmeraldas o en Quito, miren el atropello que se está cometiendo contra nosotros”, dice Néstor Caicedo, presidente de Barranquilla. Son varios los habitantes de las comunas de Esmeraldas que han denunciado problemas ambientales en la zona tras la llegada de la empresa: “Tomábamos agua de ahí y no pasaba nada. Ahora los niños se bañan y les salen un poco de granos, les da picazón en el cuerpo. Los pescados llegan muertos acá”, dice José Mina, presidente de la comuna de San Juan de Chillaví.
La criminalización es una de las principales formas de ataque contra defensores de los derechos de los pueblos indígenas, de la tierra y el medioambiente. Según el último reporte de la organización Front Line Defenders, de las 193 agresiones reportadas globalmente en 2020 contra estos defensores, el 27 % se relacionaron con detenciones y/o arrestos y el 17 % con acciones legales en su contra. Por otra parte, en el informe 2020 de la organización Global Witness se revela que de los 227 asesinatos de líderes ambientales ocurridos en el mundo durante el año pasado, 17 casos estuvieron relacionados con la agroindustria, figurando entre las principales amenazas contra los defensores.
Los escándalos en torno a Energy & Palma crecen año tras año y aunque desde 2018 se ha intentado obtener declaraciones por parte de la empresa, nunca se han recibido respuestas.
Por otra parte, el acceso a información sobre la industria palmicultora en Ecuador es un verdadero obstáculo. El Ministerio de Agricultura, las prefecturas de Los Ríos, Sucumbíos, Orellana y Guayas, así como las oficinas de Defensoría del Pueblo en las provincias respondieron que no tenían información sobre procesos sancionatorios ambientales en contra de productores palmeros. La prefectura de Esmeraldas —que concentra el 67 % de los cultivos en el país— respondió que contaba con estadísticas pero nunca envió la información.
Esto guarda relación con una de las principales preocupaciones de las comunidades: denuncian pero no entienden por qué sus casos no aparecen. Sin embargo, el director de Ambiente de Sucumbíos, Pío Bravo, dio algunas luces sobre el problema que se esconde detrás de la ausencia de sanciones y procesos de investigación contra los productores de palma.
Bravo explicó en una entrevista para este especial que en las pequeñas plantaciones y en la única extractora de esa provincia han encontrado mal uso de pesticidas y descarga de aguas contaminadas en esteros y humedales pero no se han dado sanciones porque las empresas no están regularizadas ante el Estado, a pesar de que las autoridades las tienen localizadas. Lo más alarmante es que, según Bravo, solo el 30 % de las 960 palmicultoras de la provincia están intentando formalizarse y los tres centros de acopio de fruto de palma no son controlados por las autoridades provinciales.
“Lamentablemente, no tenemos una opción para sancionar lo que no está regularizado. Estamos haciendo un plan de acción, que no es inmediato”, dijo Bravo.
En Honduras, el panorama no es muy distinto al de Ecuador en términos de acceso a la información. En este país, donde la expansión del cultivo se concentra en pequeños agricultores, quienes poseen el 61 % del área sembrada, sólo se pudo detectar un caso de infracción ambiental ante una entidad fiscalizadora del país. Además, se investigó otra denuncia presentada contra la empresa Aceites y Derivados S.A. (Aceydesa) ante la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible (RSPO por sus siglas en inglés). En ella se señalan faltas como la modificación de escrituras de propiedad para remover áreas identificadas por el gobierno como zonas de protección ambiental, falsificación de datos, soborno a trabajadores y agencias estatales, manipulación de sistemas de escala para el peso del fruto y operación sin licencias ambientales.
Este equipo periodístico consultó a la RSPO para obtener más detalles de la denuncia pero dijo que no podía aportar más información mientras el caso se mantuviera en investigación. La empresa se limitó a indicar que todas las explicaciones se las daría a la RSPO. A pesar de la gravedad de los cargos, no hay ninguna investigación de las autoridades ambientales hondureñas contra Aceydesa.
El caso se agrava si se toma en cuenta que uno de los socios fundadores de la compañía es un diputado del Partido Nacional por el departamento de Colón desde el año 1990 que fue mencionado en un juicio en la Corte del Distrito Sur de Nueva York por presuntamente recibir sobornos para la protección de narcotraficantes que controlaban el tránsito de cocaína hacia Estados Unidos. El diputado figura actualmente en las listas de funcionarios sancionados por el país norteamericano bajo la Ley Magnitsky —creada en 2012 para sancionar a funcionarios implicados en violaciones de derechos humanos y delitos de lesa humanidad—y la reciente Lista Engel —creada en 2021 para sancionar a funcionarios del triángulo norte de Centroamérica que han estado involucrados en actos de corrupción de alto nivel—.
Para Pablo Pacheco, las falencias en los controles ambientales de los estados también están ligadas a “la visión económica de impulsar las fronteras agrícolas e impulsar la expansión de la agricultura y la ganadería en lugar de contenerla y mejorar la intensificación de estos sistemas. Es una visión medio esquizofrénica en la que se piensa que el desarrollo rural depende de la expansión de la agricultura a cualquier costo”.
La esperanza del experto está en discusiones como las que se están dando en la Unión Europea para imponer mayores restricciones y así reducir lo que llaman “importaciones de deforestación”. Pero también en que los mercados domésticos e internacionales cada vez hagan más presión para comprarle solo a productores que tengan buenas prácticas ambientales. “No solo son los estados los que deben penalizar sino los mercados”, asegura.
Colombia y Guatemala: la expansión de la agroindustria
Aunque la industria palmicultora se ha posicionado fuertemente en Colombia, Ecuador, Honduras y Guatemala, lo ha hecho de formas muy distintas en cada país. De acuerdo con el artículo ‘El impacto de la palma aceitera en los medios de vida rurales y los paisajes forestales tropicales en América Latina’, publicado en el 2021, Guatemala y Colombia siguen trayectorias de expansión basadas en la agroindustria a gran escala. De acuerdo a este estudio, en Colombia el 72 % del área sembrada con palma pertenece a grandes empresarios que son propietarios de vastas extensiones de este monocultivo y en Guatemala la cifra llega al 95 %, con una participación menor de los pequeños productores (3 %).
“La preeminencia de la agroindustria a gran escala en Guatemala, Colombia y Brasil es el resultado, en gran medida, de estructuras agrarias desiguales preexistentes, regímenes de tenencia de la tierra que presentan pocos obstáculos para la concentración de la tierra y, en algunos casos, políticas internas para la expansión de la palma que benefician a los productores a gran escala”, dice el artículo.
Colombia es el principal productor de aceite de palma de Latinoamérica y, según las cifras más recientes, su producción casi duplica la de Guatemala, el segundo país en la región. De los 231 casos detectados en la base de datos, 176 de ellos pertenecen a Colombia. Entre ellos destaca el caso de la extractora de aceite de palma Oro Rojo, una empresa que se creó en 2013 para aumentar la producción aceitera en la región del Magdalena Medio. De hecho, justo un año después de empezar operaciones, el municipio donde se ubica —Sabana de Torres, Santander— se convirtió en el segundo mayor productor de aceite de palma crudo en el país, pasando de 41 000 toneladas en 2013 a más de 72 000 en 2014.
De los tres permisos que le otorgó la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), una de las autoridades ambientales en el departamento donde se ubica Oro Rojo, dos tienen investigaciones en curso y uno ya le generó una multa. La extractora está siendo investigada por la contaminación de las aguas del caño o quebrada 41 que desemboca en la quebrada La Gómez y cuyas aguas llegan a la ciénaga de Paredes, un importante complejo hídrico de la cuenca del río Magdalena. De acuerdo con la bióloga Katherine Arévalo, coautora de una investigación sobre la calidad del agua en los sitios de preferencia del manatí antillano en la ciénaga, este animal catalogado como Vulnerable en la Lista Roja de la UICN se está viendo afectado por la contaminación de varias industrias, entre ellas la palmicultora.
James Murillo, director ejecutivo de la organización ambiental Cabildo Verde, que ha acompañado a las comunidades de la zona en sus demandas presentadas ante la CAS, cuenta en el reportaje que “el agua residual que salía de la extracción del aceite la depositaban en grandes lagos artificiales y cuando se llenaban, los descargaban inescrupulosamente en el Caño 41 que vierte a la quebrada La Gómez. Las descargas las hacían sobre todo cuando llovía, pero igual la gente se daba cuenta porque el agua se ponía oscura y olía feo”.
A pesar de todo esto, la empresa sigue operando. La tensión entre los impactos ambientales y sociales es tan grande que la exdirectora de la CAS, Flor María Rángel, llegó a reconocer públicamente, en 2016, que las faltas de Oro Rojo y otras palmicultoras ameritarían una suspensión pero que esta no sería impuesta porque “socialmente es muy difícil suspenderlas, pues hay aproximadamente 20 000 personas trabajando y la comunidad vive de este trabajo”.
Guatemala es el segundo país donde más casos se registraron en la base de datos (48) y ocho de esas denuncias corresponden a empresas pertenecientes a Agroindustrias HAME S.A, uno de los conglomerados más poderosos de palma aceitera en el país, que comercia con las marcas Ideal y Regia, y es proveedor de aceite para la compañía Nestlé.
A HAME se le ha acusado de un ecocidio, de desviar ríos, de drenar una laguna, de talar kilómetros de bosque y de operar sin estudios de evaluación de impacto ambiental y, a pesar de estos señalamientos, sus empresas prácticamente no han recibido sanciones. Solo en uno de los ocho procesos detectados en la base de datos se impuso una multa.
Julio González, activista del colectivo Madre Selva, una organización que investiga y da acompañamiento legal a comunidades en temas ambientales en Guatemala, asegura que “las sanciones son de risa. El daño ambiental es irreparable. Los ecosistemas no se recuperan”. Raúl Maas, director del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (Iarna) de la Universidad Rafael Landívar, añade que las sanciones son tan bajas que algunas empresas prefieren pagar una multa por no tener un estudio de impacto ambiental, antes que frenar las obras o los proyectos para dedicar tiempo a su elaboración, pues pueden seguir operando aún cuando no hayan cumplido con este requisito.
Además de los casos registrados oficialmente, organizaciones de la sociedad civil respondieron a nuestro pedido de información y nos enviaron denuncias específicas hechas contra empresas palmicultoras: 13 en Colombia y 1 en Guatemala.
*Esta investigación transfronteriza es coordinada por Mongabay Latam en alianza con Agencia Ocote de Guatemala, La Barra Espaciadora de Ecuador y Contracorriente de Honduras.
Edición general: Alexa Vélez, María Isabel Torres y Antonio Paz. Coordinación: Antonio Paz. Investigación y análisis de base de datos: Gabriela Quevedo, Carmen Quintela, Alejandra Gutiérrez, Jennifer Ávila, María Clara Calle, Lizz Gabriela Mejía, Alexis Serrano, Diego Cazar Baquero y José David López. Reporteros: Carmen Quintela, Jennifer Ávila, Lizz Gabriela Mejía, María Clara Calle, Antonio Paz, Alexis Serrano y José David López. Visualización de datos y diseño: Rocío Arias y Daniel Gómez. Audiencias y redes: Dalia Medina y Alejandra Olguín.*Imagen principal: ilustración de Kipu Visual.
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