La Barra Espaciadora
La mañana del 21 de agosto, los colectivos Quito Sin Minería y Yasunidos realizaron ruedas de prensa para celebrar los resultados de las consultas populares. En el primer caso, el 68% de los habitantes del Distrito Metropolitano de Quito le dijo sí a la propuesta de prohibir minería metálica en el Chocó Andino en sus cuatro categorías: artesanal, pequeña, mediana y a gran escala. En el segundo caso, el 58,98% de los ecuatorianos estuvo de acuerdo con que se mantenga en el subsuelo, de manera indefinida, el petróleo del bloque 43-ITT, ubicado en el Yasuní.
La rueda de prensa del colectivo Quito Sin Minería se realizó a las 10:00 en las instalaciones de la organización ambientalista Acción Ecológica, en el norte de Quito. Inty Arcos, biólogo y miembro del colectivo Quito Sin Minería, destacó que en las parroquias de Gualea y Pacto, donde se enfrenta la presión de las empresas mineras, la consulta alcanzó el 71,25% y el 75,8% de aprobación, respectivamente, promediando el resultado de las respuestas a las 4 preguntas.
Fred Larreategui, abogado y parte del Colectivo, anunció que se mantendrán vigilantes para cuidar los resultados. En la zona, dijo, hay 12 concesiones otorgadas y 8 concesiones en trámite. Estas últimas no deberían ser otorgadas, aseguró. Si es que se violara la decisión de las y los quiteños, el Colectivo está preparado para iniciar acciones por la vía constitucional y por la vía administrativa.
La rueda de prensa de Yasunidos se llevó a cabo a las 12:00 en la Casa de la Cultura, en el centro-norte de Quito. Allí se agruparon y tomaron la palabra líderes de los pueblos y las nacionalidades indígenas, representantes de organizaciones ambientalistas y miembros del colectivo Yasunidos. Sofía Torres, del Colectivo, arrancó la rueda de prensa con exigencias para las instituciones de Gobierno.
En primer lugar, pidió que se cumpla la prohibición de no efectuar nuevos contratos extractivos en el bloque 43. Recordó que el Estado ecuatoriano tiene 1 año término para retirarse del bloque 43 de manera progresiva y ordenada. Exigió que el plan de retiro incluya la reparación integral de la naturaleza y las comunidades, en coordinación con las y los proponentes de la consulta, el movimiento indígena y el Estado. Finalmente, requirió que el plan incluya una política integral de protección al Yasuní.
Juan Bay, presidente de la Nacionalidad Waorani del Ecuador, habló sobre la lucha de su nacionalidad en contra del extractivismo, que se inició hace 50 años, cuando fueron forzados a hacer contacto con la cultura occidental para liberar los territorios y ponerlos a disponibilidad de las petroleras.
Olmer Machoa, habitante del Yasuní, reveló que los habitantes del cantón Aguarico, donde se desarrolla la actividad del Bloque 43, no han sido beneficiados durante estos 10 años de explotación petrolera y recordó que esta zona de gran biodiversidad ha sido hogar, mercado y farmacia de los pueblos indígenas desde hace siglos. “Con esto escribimos una nueva historia en defensa del Parque Nacional Yasuní”, dijo.
Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), tomó la palabra para enumerar demandas para la protección de la naturaleza y de los pueblos y nacionalidades indígenas. En primer lugar, exigió a los países del norte global que condonen las deudas a los países del sur global como mecanismos de compensación ambiental.
A continuación, recordó que el Estado ecuatoriano debe respetar los derechos constitucionales y los acuerdos internacionales. Llamó a las bases del movimiento indígena a cuidar los territorios y a fortalecer la capacidad organizativa en todo el territorio nacional. Exigió a los candidatos a la Presidencia del Ecuador posturas claras sobre los extractivismos. Finalmente, invitó a las organizaciones ambientales a cuidar su capacidad organizativa y a mantenerse en pie de lucha.
Esperanza Martínez, de Acción Ecológica, adelantó que las organizaciones que forman parte de Yasunidos ya están discutiendo cómo se fiscalizará el retiro progresivo de la actividad petrolera del bloque 43 y cómo se vigilará para que se garanticen los derechos de las poblaciones “que estuvieron secuestradas por las petroleras, a las que les convencieron de que la única manera de tener empleo, salud o educación era con la petrolera, porque la ciudad no nos pide ese tipo de sacrificios”.
José Fajardo, parte de la Unión de Afectados por Texaco, lamentó que en Sucumbíos y Orellana, las provincias en las que se concentra la operación petrolera, haya ganado el No. Esto revela, aseguró, el rol que juegan las petroleras en la previsión de servicios básicos, empleo y fondos por la venta de cada barril de crudo que se destinan a los gobiernos autónomos descentralizados.
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La dependencia del petróleo prevalece a pesar de que estas provincias concentran más de la mitad de pasivos ambientales del país. De un total de 4675 residuos de la industria petrolera, en Sucumbíos se acumulan 2776 pasivos ambientales y en Orellana el impacto asciende a 1646 puntos no remediados.
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La rueda de prensa, que se extendió durante dos horas, también contó con la participación de Alexis Grefa, representante del colectivo Jóvenes Amazónicos; Monserrat Vásquez, del Frente Nacional Antiminero; Lolita Piyaguaje, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas del Ecuador; Esther Collaguazo, dirigente de la Ecuarunari, entre otros líderes y lideresas de colectivos ambientalistas y de los pueblos y nacionalidades indígenas.
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