Por Desirée Yépez/ @Desireeyepez
*Imagen de portada: La familia de Gabriela León, asesinada en agosto de 2020, lucha contra la impunidad. Foto: Desirée Yépez.
La palabra mujeres aparece más de 100 veces en los planes de gobierno de los 16 binomios presidenciales. Género, más de 80. Decir que en Ecuador una niña, mujer, anciana puede ser -o es- asesinada cada 72 horas, cada tres días, ya no conmueve. Es una cifra que se ultraja: que se utiliza de relleno en el discurso político.
Al leer las propuestas el hallazgo es contundente: son pocos los que mencionan la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra Las Mujeres (LOIV) que se aprobó -por unanimidad con 102 votos- en noviembre de 2017. ¿Quienes buscan el sillón de Carondelet han revisado ese mandato y sus pendientes?
Entre las intenciones de los candidatos están: «generar una Fiscalía preparada para investigar los casos de violencia e impedir la impunidad”. “Estrategia multisectorial para erradicar la violencia intrafamiliar”. “Garantizar presupuesto para la implementación de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de las Violencias”. “Retomar la Ley de Erradicación de las Violencias contra las Mujeres”. “Mandato para defender la vida de las mujeres y fomentar la erradicación de toda forma de violencia, garantizando la reparación integral de las víctimas y procesos ágiles y expeditos, que no sacrifiquen el debido proceso”. “Mecanismos efectivos de prevención, detección, vigilancia, cobertura y asistencia a víctimas de la violencia intrafamiliar”. “Reforzar el Plan Nacional de Erradicación de toda clase de Violencia contra Mujeres, Niños y Adolescentes”. “Creación del sistema único de registro de víctimas para evitar la revictimización y fortalecer la prevención de situaciones de riesgo”.
Pero todo eso que algunos candidatos proponen ya lo consigna la legislación. Y muy poco se ha concretado. Para dibujar el escenario es posible comparar las encuestas que presentó el INEC en 2011 y 2019, respectivamente. Las cifras no son alentadoras.
Mientras que en el 2011 el 60,6 % de encuestadas sufrió algún tipo de agresión, en 2019 el número escaló al 64.9 %. Hace diez años, el 25,7 % de encuestadas reconoció haber sido víctima de violencia sexual; y en 2019 lo hizo un 32,7 %. Ambos ejemplos exponen que existe una mayor conciencia sobre las manifestaciones de lo violento, pero también que la política ha sido ineficiente.
Antes de la LOIV, Ecuador ya era signatario de convenios internacionales impulsados para enfrentar esta realidad. Hace 26 años, en el 95, el Congreso emitió la Ley 103, que reconoció a la violencia intrafamiliar como un problema que trasciende la vida privada hacia lo público.
La de 2017 surge, tal como dice el texto, porque las medidas han sido insuficientes. Su misión es articular un Sistema Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género.
Política intersectorial para atender, proteger y reparar a las víctimas. Al leer los planes y cotejar la ley resulta evidente que la urgencia es cómo viabilizar la legislación vigente. Las herramientas están ahí, pero no se aplican.
Uno de los objetivos de la LOIV es un Registro que permita procesar y actualizar data. En el país se sabe que una mujer es asesinada cada tres días por el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil, como la Alianza para el mapeo de femicidios. La información oficial generalmente es un subregistro, por variantes en la metodología y en el abordaje de los casos. Por ejemplo, de acuerdo con las oenegés, en 2020 hubo al menos 118 muertes por cuestión de género (se incluye bebés y personas trans); pero la Fiscalía habla de 77. Para alimentar la duda, Silenciadas (proyecto que monitorea los femicidios en el contexto de la pandemia) reporta 84 muertes solo entre marzo y diciembre de 2020.
La misma ley reza que es obligación del Estado evitar la revictimización e impunidad. Entonces, ¿por qué una se encuentra con casos como el que Diana Maldonado, activista por los derechos humanos, expuso en redes este 25 de enero? Este lunes, cuando una joven quiso poner una denuncia por violencia y acoso sexual ante la Fiscalía, una funcionaria le dijo: «Ah, eres tú, palo te voy a dar, vamos». ¿Qué esperar de esa institución cuyas oficinas en Guayas fueron allanadas la noche del 15 de enero? ¿La razón? Posibles actos de corrupción en la investigación del femicidio de Lisbeth Baquerizo, de 30 años, a quien su marido mató a golpes, en Guayaquil, y cuyas heridas en la cabeza pegó con goma para que no se dieran cuenta…
La LOIV demanda la creación del Observatorio Nacional de la Violencia contra las Mujeres, para levantar informes y propuestas para la correcta implementación de la norma. Para eso, se precisa producción, sistematización y análisis con base en el Registro Único de Violencia. Es un círculo vicioso. El 29 de enero de 2020, hace un año, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) acreditó a 84 personas para integrar esa instancia. ¿Los resultados? ¿Quién los evalúa? ¿Por qué ningún candidato se acuerda de esa herramienta?
En marzo del año pasado, el Sistema Nacional Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, presidido por la Secretaría de Derechos Humanos, hizo una rendición de cuentas. Según recoge la prensa, desde Educación se implementaron “mecanismos de sensibilización y concientización para eliminar progresivamente los patrones socioculturales y estereotipos que justifican la naturaleza de la violencia”. El Ministerio de Gobierno capacitó a 1400 funcionarios. Además, se entregó un bono a 33 niñas, niños y adolescentes huérfanos por femicidio.
La niñez es otra cara a la que casi nadie mira. El Código Orgánico Integral Penal (COIP) garantiza que solo los huérfanos de femicidios con sentencia ejecutoriada pueden recibir una compensación económica. La realidad es que en muchos casos el femicida se suicida y el proceso penal no avanza. Esas niñas y niños no son sujetos de reparación integral.
La ley es letra muerta. Su presupuesto se redujo en 84% de 2019 a 2020. Y a los candidatos hay que recordarles que los derechos no son dádivas. La pregunta no es quién da más, sino quién lo puede hacer.
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