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El 1 de mayo del 2018 fue particular. Luego de una década de que el gobierno del entonces presidente Rafael Correa intentara doblegar a la histórica marcha por los derechos de los trabajadores, con sus grupos de militantes oficialistas, esta vez los colectivos sindicalistas, estudiantes, maestros y demás marchantes cumplieron con la ruta y llegaron a su destino: la Plaza de San Francisco.
Sin embargo, y como si algo empezara a desatarse después de un duradero cautiverio, hubo funcionarios que reclamaron por el aumento de sus salarios y demandaron la reducción de los sueldos de los asambleístas, que en Ecuador equivalen a 5 009 dólares, sin contar con bonos y pasajes aéreos para quienes no viven en Quito. El inicio del gobierno de Lenín Moreno dio ciertas luces de que se podría restablecer un clima de diálogo entre las autoridades y el sector laboral. Pero los hechos no son muy claros: la reducción de personal sin planes concretos que permitan la reubicación de los trabajadores, la falta de estabilidad laboral y los engorrosos procesos de contratación fueron causas de las protestas ciudadanas. La temperatura mostró, más bien, un intento de reconocer un terreno nuevo.
