Por Manuel Bayón / @angrygeographer
Fotos: Edu León / @EduLeon_photo
El pasado 23 de junio, el Tribunal Contencioso Electoral negó al colectivo Yasunidos la apelación por fraude, luego de la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de anular más de la mitad de las firmas entregadas por este colectivo para convocar una consulta popular en defensa del Parque Nacional Yasuní.
Yasunidos recogió más de 750.000 firmas para rever la decisión del presidente Rafael Correa, del pasado 15 de agosto de 2013, de explotar el petróleo de este espacio amazónico considerado uno de los más biodiversos del mundo, y donde habitan los pueblos tagaeri y taromenane, en aislamiento voluntario. Más de las 584.000 firmas necesarias fueron entregadas el 12 de abril del 2014, es decir, más del 5% del padrón electoral que exige la Constitución ecuatoriana del 2008, para llevar a cabo un referéndum sobre cualquier asunto público.
El CNE consideró válidas menos de 360.000 firmas, luego de un proceso colmado de denuncias por irregularidades, presentadas por Yasunidos. Distintas encuestas mostraban que una clara mayoría de la población ecuatoriana demandaba que la cuestión del Yasuní-ITT fuese dirimida por referéndum. El órgano regulador de la democracia ecuatoriana no atendió los pedidos de transparencia de la Comisión mixta de alto nivel que se conformó por reconocidos juristas y personas vinculadas a la defensa de los derechos humanos. Una vez que han sido agotadas las instancias ecuatorianas, Yasunidos anunció que -por privación de los derechos civiles de participación política- presentará una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Durante el pasado julio, las acciones de Yasunidos así como las del Gobierno han puesto su vista en el propio Parque Nacional Yasuní. El debate sobre el territorio fue uno de los argumentos centrales durante la campaña de recolección de firmas. Por un lado, el gobierno considera que solo se afectará al uno por mil del espacio del PNY (es decir, menos de mil hectáreas, considerando únicamente el espacio deforestado por la infraestructura petrolera. Por otro lado, Yasunidos recogía firmas anunciando que más de 100.000 hectáreas serían afectadas si se explotan nuevos bloques en este área. Este debate llevó tanto al presidente Correa como al presidente del CNE, Domingo Paredes, a acusar de mentirosos a Yasunidos. Sin embargo, una simulación del Colectivo de Geografía Crítica (1) llevó a considerar que la afectación dentro del PNY por la explotación petrolera podría superar las 117.000 hectáreas en los bloques 31 y 43, tomando en cuenta que esta estimación termina siendo moderada pues solo tomaba en cuenta cinco variables de afectación en un territorio muy complejo, compuesto por ecosistemas enormemente biodiversos que incluyen pueblos indígenas sin contacto con la civilización petrolera que coloniza la Amazonía.
Durante las últimas semanas, un nuevo estudio presentado por investigadores italianos y estadounidenses mostró imágenes satelitales georreferenciadas que revelaron que la deforestación supera los límites permitidos por el Estudio de Impacto Ambiental. Las vías abiertas para la explotación del Bloque 31, consideradas por el gobierno “senderos ecológicos”, tienen un ancho mayor a 15 metros. En algunas zonas se alcanza incluso los 60 metros y se incluye la construcción de pasos elevados para el tránsito de vehículos pesados. La difusión masiva del informe llevó al Estado ecuatoriano a emprender una agresiva campaña de deslegitimación en contra de los investigadores responsables del estudio, sin embargo no hubo pruebas que desmintieran el incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental.
El vicepresidente Jorge Glas insultó repetidamente en su discurso semanal a Esperanza Martínez, defensora de los derechos de la naturaleza de Ecuador y parte de Yasunidos. El show incluyó el envío a través de los servicios postales públicos de un metro para que Esperanza Martínez «midiera bien el ancho de vía abierto en el Yasuní». En respuesta a estos ataques y con el objetivo de constatar las dimensiones de las vías, los pasados 19 y 20 de julio, una brigada de Yasunidos y varios representantes de prensa internacional intentaron acceder a la zona en bicicletas y con un metro de medir.
No obstante, a pesar de que hasta ese momento las visitas de turistas y activistas a las comunidades indígenas amazónicas afectadas por la explotación petrolera habían sido una constante, el grupo de activistas se encontró con que la lancha no pudo ingresar a las comunidades kichwas amazónicas pues la nueva legislación exige permisos especiales para hacerlo.
Los viajeros fueron custodiados por militares durante dos días a lo largo del trayecto y se les impidió el acceso a la vía construida en el Bloque 31. Ni siquiera el video del discurso del vicepresidente hizo que los militares cambiaran sus órdenes: por las carreteras construidas solo pueden transitar los vehículos autorizados por Petroamazonas. De manera que la propuesta del vicepresidente fue una burla, y la supuesta gestión transparente de la explotación petrolera del Yasuní fue pura propaganda.
El Yasuní es hoy un espacio militarizado al servicio del capital transnacional que será el mayor beneficiario de su destrucción. Aquí habitan más especies de árboles en una sola hectárea que en toda América del Norte. Aquí se está despojando de su territorio a los últimos pueblos que han decidido conservar su forma de vida sin contacto con la civilización.
El territorio está en el centro del debate del Yasuní porque son los territorios que se han mantenido fuera de la lógica del capital los espacios con una mayor disputa en el capitalismo contemporáneo, pues el sistema global necesita acelerar sus ciclos de reproducción y ensanchar su territorialidad en busca de materias primas. Y necesita hacerlo en un contexto de mayorías sociales que consideran que la promesa del desarrollo no puede aplastar la vida y los derechos de los pueblos indígenas o de la naturaleza, recogidos en la Constitución del Ecuador. En la actualidad es el capital chino el protagonista de la arremetida petrolera en Ecuador, aunque contiguo al Bloque 31, también en el Yasuní, la compañía Repsol opera el Bloque 16 desde hace 2001, donde se ha producido la última matanza de una treintena de personas taromenane en 2013.
Las venas de América Latina siguen abiertas por parte de unos gobiernos que se hacen llamar progresistas, y que creen que la profundización del modelo primario-exportador es la única forma de mejorar la vida de las clases bajas. Así, mantienen incólume el modelo de acumulación de capital y el papel de las nuevas y viejas oligarquías nacionales y transnacionales.
(1) Estudio geográfico que rebate la idea del 1×1000, al considerarlo una visión falaz sobre la realidad del espacio amazónico, que fue avalado a través de un manifiesto por más de 100 personas de la academia de 26 países.
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