Hábitat III ignora los desalojos forzados

Por Javier Pérez y Juan Mérida

Quito celebra la Conferencia Hábitat III. La ciudad anfitriona, Luz de América, se maquilla para recibir a representantes de los estados miembros de la ONU que definirán la Nueva Agenda Urbana para los 20 próximos años. Un helicóptero sobrevuela los cielos desde primera hora de la mañana. Los operarios apuran los últimos metros de ciclovías y se remarcan pasos cebra, en una ciudad en donde nunca se recuerda un coche cediendo el paso y en el que ser peatón es un acto heroico. La vigilancia se multiplica, los operativos de seguridad superan las 6 000 personas entre ejército, policía nacional y otros contingentes extranjeros. Una ciudad militarizada para defender las consignas de la hermética agenda oficial.

Enfrente, el Comité Popular por Nuestros Territorios organiza Resistencia Hábitat 3 para confrontar “la agenda oculta” del encuentro urbano más importante del planeta. En este mismo marco se reúne en su quinta sesión el Tribunal Internacional de Desalojos con el fin de sacar a la luz las amenazas y la violencia ejercida contra comunidades, sus viviendas y tierras. Su presidente, Cesare Ottolini, señala a los responsables: “los Estados reunidos en ONU-Hábitat III quieren implementar la misma agenda urbana que está provocando muertos, violaciones de derechos, encarcelados…”. Ottolini, fundador de la Campaña Cero Desalojos, asegura que las expulsiones de personas de sus territorios “son un tema tabú”.

Tras  un primer repaso de los atropellos sistemáticos que se viven en otras  latitudes del mundo, el Tribunal se centró en los casos del Ecuador, en  concreto de Muisne, Tundayme y Monte Sinaí, lugar elegido para el  comienzo del encuentro el pasado domingo 16.

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Afectados directos de las diferentes poblaciones mencionadas relataron cómo en este último año sus territorios se han visto afectados. El nexo común entre todos los casos es la colaboración del gobierno central y la inversión privada con el objetivo de invertir en sectores estratégicos para la producción de beneficios, ya tengan que ver con la extracción minera, la especulación urbana o el desarrollo de un corredor turístico en las zonas afectadas por el terremoto. Bajo el lema «cero desalojos, cero represión», el Tribunal condenó las invasiones realizadas y manifestó su apoyo a los procesos de lucha que viven los habitantes de estos territorios.

Por su parte, la declaración oficial Borrador sobre asentamientos humanos para todos nada precisa sobre desalojos. Este documento consta de 175 puntos que omiten un conflicto por el territorio. Nadie podría estar en contra de «eliminar la pobreza o el hambre», sin embargo, en su obsesión objetiva, este documento juega a la abstracción sin definir los términos o dar propuestas concretas para lograr sus aspiraciones. Aun pretendiendo la neutralidad, el texto cae en contradicciones. Abusa de la palabra ‘sostenible’ sin esconder lo inevitable: «crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, presente y futuro, impulsando la urbanización y la transformación estructural y una alta productividad» (punto 13 d).

Ante tal disimulo, ¿es posible conjugar los intereses de los pactantes −“los jefes de Estado y de Gobierno, Ministros y altos representantes”− y los de las mayorías? Guillermo Rodríguez, de  Alianza Internacional de Habitantes, identifica tres grandes ejes del  modelo de urbanización planetaria que se plantean desde las altas  esferas: «primero, declara que las ciudades son el mejor y único lugar  para vivir; segundo, la de convertir las ciudades en marca, en ciudades para el mercado; y tercero; fomentar la especulación inmobiliaria».

Más allá de la declaración de buenas intenciones manifestada por la Agenda oficial, existe un gran vacío a la hora de exigir responsabilidades. Los atropellos que sufren los condenados a este modelo urbanizador parecen no tener freno. Al menos, eso informa dicho borrador de la Agenda en el punto 4:

«(…) hay necesidad de tomar ventaja de las oportunidades de urbanización como un motor para el crecimiento sostenido e incluyente (…)”.

Siendo así, ¿nos enfrentamos a una urbanización planetaria de no retorno? Mientras se hace evidente un uso indiscriminado del derecho a la ciudad, ¿es posible su realización en megalópolis que condenan al automatismo del ser? Frente a este proceso supuestamente irreversible, Resistencia Hábitat 3 abre un debate que no solo reduzca el hábitat a lo urbano, sino que incluya otras territorialidades posibles. ¿Se puede comenzar a hablar del derecho a la no-ciudad?

El geógrafo urbano Henri Lefebvre diferenció hábitat o habitar. Mientras el primero alude a un espacio instituido y homogéneo, el segundo amplía la mirada del espacio como algo plural, en constante disputa y en donde los habitantes se apropian de este en su día a día, dándole un significado y orden concreto para sus vidas.